CUANDO LAS BARBAS DE TU VECINO VEAS PELAR…

   Los  “topos” de Pedro Sánchez no sólo siguen en Ferraz, sino que alguno ha logrado introducirse en su Gobierno. Estuvieron al lado de Susana cuando lo defenestraron de la Secretaría General; mantuvieron sumisos sus respectivas poltronas aprovechando el “tirón” que supuso la vuelta de Pedro, pero conservan intacto su deseo de venganza por la victoria que los militantes socialistas de base supuso sobre la vetusta cúpula del partido. El lector ya habrá adivinado a quiénes me estoy refiriendo. Descontando a Susana, cuya “derrota” son las barbas del vecino, estoy hablando de los “barones” Fernández Vara,  Presidente de Extremadura, García-Page, de Castilla-La Mancha y de Javier Lambán, de Aragón. Todos ellos forman parte del grupo que perdió las primarias frente a Sánchez, y no escatiman “puntada”, aunque tangan que criticar, como lo hacen los líderes de la “derechona”, a los partidos que apoyaron la moción de censura, que llevó de nuevo a la Moncloa al Psoe. Las declaraciones de los dos últimos pidiendo la ilegalización de los partidos independentistas, ponen en evidencia su interés más por mantenerse en sus poltronas, que por mantener la Democracia o solucionar el problema catalán. Antes que tener que remojar sus barbas, no les importa -al menos es lo que sus conductas objetivamente indican-, que rasuren las de Pedro Sánchez. Ven la salida de Susana de San Telmo como un preanuncio de la posible pérdida del Gobierno de sus Comunidades en las próximas elecciones autonómicas. Vara ya vio cómo el PP de Monago le arrebató el gobierno al Psoe por el continuo desprecio de IU; cómo García-Page o Lambán mantienen sus presidencias a los apoyos Unidos Podemos. Su convencimiento de que sólo ellos son la Izquierda, les ciega para no ver que sus programas políticos, en la práctica, poco se diferencia de la derecha. E incluso, no les importó apoyar la investidura de Rajoy, a pesar de la ruptura que se produjo en el grupo parlamentario del Psoe, o, como en Andalucía, buscar el apoyo de Ciudadanos, después de aprobar los presupuestos con la IU de Valderas al comienzo de la anterior legislatura

CARLOS LESMES Y MANUEL MARCHENA (continuación del artº. anterior)

   En mi escrito anterior me decantaba por la fórmula vigente, entre las varias que la Constitución ordena y permite, para la elección y formación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La considero más democrática y ajustada al modelo constitucional; lo que no quiere decir que esté de acuerdo con el “pasteleo” que el “bipartidismo” ha venido utilizando para repartirse la tarta. Reparto que se hubiera seguido produciendo a pesar de sus continuas críticas y, actualmente, por lo desajustado a la pluralidad social que hoy representa el multipartidismo parlamentario. El WhatsApp del portavoz del PP en el Senado ha supuesto sólo la guinda que culmina la tarta, y que ha puesto de manifiesto, por su difusión, hasta qué nivel estaba subiendo la corrupción. Pero que nadie se engañe; pues esa divulgación ha sido intencionada, ya que el sector más conservador del PP no estaba de acuerdo con lo pactado con el Psoe. Temía que la Presidencia del magistrado Marchena, aún siendo “de los suyos”, no compensara suficientemente la diferencia de dos vocales en el grupo de “progresistas” cedidos al Psoe. Falsa alarma; pues ya Marchena, aún siendo sólo candidato a presidir la institución, tuvo ocasión de poner y quitar de la lista de sus “teóricos” electores a aquellos/as que no eran de su cuerda.

LOS MAGISTRADOS CARLOS LESMES Y MANUEL MARCHENA, TAL PARA CUAL

   El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) es un órgano, el máximo, de naturaleza constitucional, ya que es de la Constitución de donde emana y la que establece sus funciones y competencias, etc. (Art. 122 CE).

   La fórmula actual de elección de sus miembros y presidente lleva vigente más de 33 años. Exactamente desde junio de 1895 en que la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) la estableció, modificando la de 1980, que fijaba que los doce vocales del turno judicial fuesen elegidos por todos los jueces y magistrados que se encuentren en servicio activo. Ello permitió que la Asociación Profesional de la Magistratura, la más conservadora y corporativista de todas (en aquellos tiempos, mucho más), se hiciera con las doce plazas de procedencia judicial, dejando fuera las opciones representadas en las restantes asociaciones o jueces independientes (no asociados). Dicha fórmula no sólo no reflejaba el pluralismo existente en la sociedad o, si quiera, en el interior del propio Poder  Judicial; sino que de alguna manera no se conformaba al Art. 1,2 CE: La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado.

IGNACIO COSIDÓ, SENADOR DEL PP, ES UNA DESHONRA PARA LA DEMOCRACIA

   ¿Cuándo caerá la gota que colme el vaso? No caben disculpas. El lenguaje utilizado en el whatsApp a sus senadores no puede ser más mafioso; los vocablos jugada estupenda y control desde atrás de las Salas II y 61 del Tribunal Supremo sólo son entendibles en la mentalidad de un policía procedente de las cloacas del Estado. Quiero recordar que este sujeto fue director de la Policía Nacional en el Gobierno de Rajoy (2011-2016), siendo ministro de Interior Fernández Díaz, al que algunos fiscales le “afinaban” algunos asuntos o tenía comisarios que le facilitaban informes falsos contra Podemos y otros adversarios políticos. Últimamente, según revelaciones de El Mundo y El Español, también se le relaciona con la “operación Kitchen”, organizada por Villarejo, por la que, con fondos reservados, se ha estado sobornando al chofer de Bárcenas, para que se hiciera con documentos que éste conservaba para chantajear al PP y al gobierno de Rajoy en su defensa. En fin, todo un émulo de Al Capone.

SÓLO CON LA DIMISIÓN DE LOS PRESIDENTES LESMES Y DIEZ-PICAZO EL SUPREMO RECUPERARÁ ALGO DE LA CONFIANZA PERDIDA.

   En un artículo inmediatamente anterior a este defendía que No es suficiente con pedir perdón, para reparar el daño causado a la ciudadanía por la mala conducta de políticos o de otros cargos relevantes de nuestro sistema democrático. De los señores citados decía: estos señores jueces, que se creen por encima del bien y del mal, y que pueden disponer de la vida y hacienda de los ciudadanos cuando éstos han obrado mal, no pueden conformarse con sólo pedir perdón cuando han sido ellos los que han perjudicado a los ciudadanos. Ahora, además, el sr. Lesmes, Presidente del Supremo, debería dimitir por mentiroso; pues después de que la Sección II de la Sala III el 16 de octubre sentenciara que era la banca quien debería hacerse cargo del impuesto por AJD de las hipotecas, a requerimiento de la prensa declaró a los pocos días, que tal sentencia era firme y no susceptible de revisión, produciendo plenos efectos en relación con las partes en litigio… Asímismo recordó que tanto los magistrados de dicha sección y sala, como su presidente, Díez-Picazo, han actuado con plena lealtad al Alto Tribunal, así como con independencia, profesionalidad y competencia técnica en la interpretación y aplicación de la ley, y con escrupuloso respeto a las normas procesales aplicables al presente caso. Este miércoles, 7-oct.-18, después de saberse el resultado vergonzoso del pleno de la Sala, manipulada por su presidente, Díez-Picazo,  el Presidente del Supremo y del CGPJ vuelve a declarar a la prensa sin asumir ninguna responsabilidad. Después de eximirse y de eximir a su subalterno de toda responsabilidad, cínicamente dice: Aceptamos las críticas, pero esta situación se ha producido por una falta de claridad de la ley. E, hipócritamente, afirma que la decisión del pleno de la Sala se tomó con libertar e independencia de criterio… Y, cuando los periodistas le preguntan por su dimisión, cobardemente, hace mutis por el foro… (Los textos de las declaraciones están tomados del diariopúblico.es).

¡NO ES SUFICIENTE CON PEDIR PERDÓN!

   Ni siquiera ese gesto de buena educación les bastaría a las conciencias “atribuladas” que se acercan al confesionario; porque, si los daños causados por los que se pide esa gracia pueden repararse, ni las tres Avemarías penitenciarias, ni el propósito de enmienda redimirán del “remordimiento”,  si no se desagravia al ofendido o se restituye al prójimo lo robado. Sólo los beatos hipócritas confundirán un simple empujón en el Metro con el injusto pago de un impuesto, con un desahucio a un “parao”, un “ere” injustificado, o…, o…, o….. Solamente el “robagallinas”, en expresión del Presidente del T. Supremo, estaría dispensado de ese requisito, ya que su hambrienta familia habría “devorado” a la presa de corral antes de desplumarla. Pero no por eso el pobre ladronzuelo evitaría la cárcel.

¿SE IMPONDRÁ LA III REPÚBLICA SIN TENER QUE REFORMAR LA CONSTITUCIÓN?

   A finales de Abril escribí y “colgué” en mi blog, solicitoopinar.blogspot.com.es, un artículo, El Régimen de 1978 está agotado. En él defendía la tesis de que los tres pilares básicos en que se fundaba la dictadura franquista: el establishment empresarial y financiero, la Iglesia católica jerárquica y el Ejército, es el entramado de poder presente en la Constitución de 1978. Su legitimidad democrática, pues, no procede de un proceso constituyente. Cuando A. Suarez convocó las primeras elecciones generales, las Cortes que salieron de éstas fueron “constituidas”, convertidas en “seudoconstituyentes” por presión del PCE, una vez que la Monarquía y la “indisoluble unidad de la Nación Española” (artº 2 CE) fueron impuestas sin previo debate, encargando, además, a las Fuerzas Armadas, que ello quedara “atado y bien atado” (artº 8). Hubiera sido demasiado torpe, por otra parte, no reconocer la diversidad sociocultural de los pueblos que habitamos la “piel de toro”, sobre todo, las “nacionalidades” reconocidas por la II República. Ese reconocimiento obliga a constitucionalizar (art.68 CE) un sistema electoral proporcional, sistema que, en la práctica, se convierte en mayoritario por la Ley Electoral, que beneficia el modelo “bipartidista” (PP, Psoe) y ha garantizado (y garantiza) la continuidad del modelo autoritario franquista.

ELLOS SOLITOS SE DESHONRAN

   Desde que comenzó el folletín de los másteres, comprendí lo absurdo de perder el tiempo escribiendo sobre el tema. En este país el “enchufismo”, la “recomendación” o el “usted no sabe con quién está hablando” siguen estando a la orden del día. Tenía, por otra parte, la confianza en que la magistrada del juzgado de instrucción 51, CARMEN RODRIÍGUEZ-MEDEL, con su investigación honesta, haría recuperar a la Universidad Pública el prestigio perdido por las actividades mafiosas del “chiringuito” del ¿catedrático? Álvarez Conde y algunos alumnos políticos privilegiados.  Igualmente confiaba en que la indagación profesional, seria e independiente de eldiario.es sobre este asunto, pondría en evidencia ante los ciudadanos de hasta dónde puede anidar la corrupción en nuestra ma”dura” democracia…

EL CHAT CORPORATIVO EN QUE SE MANIFIESTAN ALGUNOS JUECES Y FISCALES

   Sería mucho más honesto y acorde con la realidad acabar con el mito de que los jueces son imparciales en la aplicación de la Ley. Es una hipocresía creer y afirmar que, aunque a los jueces, como ciudadanos, tienen derecho a tener ideología, ésta la dejan en sus casas cuando forman parte de un tribunal; que, si en su función juzgadora yerran aplicando las leyes o introducen sus opiniones particulares, para corregir está el sistema de recursos. Sobre el mito de la imparcialidad del juez se ha fundamentado todo el sistema judicial. Y hasta en su aspecto externo, como en las funciones religiosas o mágicas, los magistrados se “disfrazan” de raros ropajes y extraños abalorios, para infundir al ciudadano medio la sensación de que la justicia es algo sagrado proveniente de difusos espacios siderales o que sus administradores actúan como chamanes asexuados o arcángeles desapasionados. Pero, igual que nadie en una sociedad democrática y crítica puede imponer a nadie la creencia en el dogma de la virginidad de María, nadie podrá hacer tragar el “dogma” de la imparcialidad de los jueces. Tal creencia es  desmentida por la realidad cotidiana, por la actuación de muchos jueces y fiscales, o por la forma torticera que su órgano de gobierno, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con su Presidente, Carlos Lesmes, que también lo es del Supremo, están ejerciendo su función. El procès catalán, el máster de Casado o el “chat corporativo, al que dedicamos este escrito, está poniendo en entredicho la confianza social en la que se debe basar la verosimilitud o legitimidad del “tinglado” juridiscional. Precisamente, si dedicamos este trabajo al asunto del “chat corporativo”, es debido a la escasa difusión que los “medios generalistas” han hecho de este grave problema.

JUSTIFICAR LA VENTA DE BOMBAS CONLLEVA JUSTIFICAR LA MUERTE DE INOCENTES

   No entiendo que la venta de un paquete de bombas a Arabia Saudí, conocida hace unos pocos días, haya levantado tantas protestas, cuando todos sabemos que el negocio de armamento de guerra, junto con el narcotráfico y la prostitución, son habituales entre los países que fabrican tales armas y los que pueden pagarlas para utilizarlas en hacer daño e imponer sus intereses en determinadas zonas del planeta. Tales nauseabundos negocios son denunciados una y otra vez por organismos internacionales, de los que ellos mismos forman parte, sin que semejantes advertencias surtan efecto. Sólo en 2016 –dice Nazanín Armanian- la ONU documentó 119 incursiones de la Coalición EE. UU- Arabia en Yemen violando el derecho internacional humanitario: ataques a campos de refugiados, bodas, funerales, escuelas, hospitales, mercados y mezquitas (publico.es 13-9-18). Si alguna justificación tiene la protesta en España, que no es nueva, es porque la Alcaldía de Cádiz, capital de la provincia en la que está instalada la empresa Navantia (en San Fernando) fabricante de las armas, está ocupada por José Mª González (Kichi) de Podemos. La industria armamentística viene fabricando material bélico ocupando el Gobierno de España tanto el PP, como el Psoe. Es más, el pedido de Arabia, cuyo contrato se cuestiona ahora, es de 2015, estando Rajoy en la Moncloa.

LOS MEDIOS INFORMATIVOS, PROPAGANDISTAS DE BULOS

    Terminaba mi anterior artículo, Las zanahorias con las que Lesmes gobierna el CGPJ, criticando el nefasto papel que el “amarillismo partidista” de los medios de información tradicionales están representando especialmente en el “embrollo” catalán. Es una pena –decía- que con la capacidad de influir en la ciudadanía y los instrumentos de largo alcance de que disponen las empresas de la información, no contribuyan, al menos, a evitar el enfrentamiento y deterioro que este pugilato está causando entre los españoles. Y, como tal artículo se alargaba, me comprometí a exponer algunas ideas sobre el asunto, que bien merece el trabajo que ahora tiene el lector ante su vista.

LAS ZANAHORIAS CON LAS QUE LESMES GOBIERNA EL CGPJ

   El título hace referencia a las declaraciones a El Confidencial (18-3-14) de Carlos Lesmes recién nombrado Presidente del órgano de gobierno de los jueces. En aquellas desafortunadas declaraciones aseguraba que a los jueces se les controla con un palo y una zanahoria. Con razón las asociaciones de jueces, conservadoras y progresistas, tacharon aquellas palabras de torpes y denigrantes, de grosería inaceptable, de desconsideradas y de menosprecio hacia los que forman parte de la carrera judicial. Pero con la actitud corporativista y de adhesión a la concesión de amparo promovida por la CP del Consejo, han perdido la razón que fundamentaban el rechazo hacia su presidente. Ahora, con su sumisa actitud, ponen de manifiesto el significado más duro del verbo controlar, no el de premiar o castigar la conducta profesional de los jueces, sino el de imponer, dirigir o determinar e interferir en la independencia del juez. La salida en tromba y el “prietas la filas” en solidaridad con Llarena y el ampliar el objeto de la demanda civil contra él a todo el sistema jurídico español, más bien evidencia un toque de control y “arrebato” por parte de Carlos Lesmes, y un reconocimiento de que es el “presi” el que reparte las zanahorias. Sin embargo, tan fanática solidaridad no fue suscitada cuando los compañeros Baltazar Garzón y Epidio Silva fueron “inquietados” y “perturbados” en su independencia judicial. En este caso no fue el reparto de zanahorias lo que estaba en juego, sino el palo que se llevó por delante a los jueces citados, sirviendo de aviso a navegantes.

LO QUE EL CGPJ HA CONCEDIDO A LLARENA NO ES AMPARO; ES UN RESCATE

   Bajo las solemnes y rimbombantes declaraciones del Consejo General del Poder Judicial, lo que se esconde es todo un interés corporativo de disimular la incompetencia profesional de ciertos jueces y su torpeza en la solución de determinados asuntos. Pero muy a su pesar, su exuberancia verborréica no les libra de mentir y de confundir a la opinión pública. Máxime cuando casi todos los más importantes medios de información se prestan a difundir tales falsedades. Muy raro es, p. ej., que en estos grandes medios, se puedan leer, ver o escuchar las razones de la parte “litigante” que se pretende desprestigiar. Sin embargo, leyendo o viendo las declaraciones del Consejo o del propio Pablo Llarena, sobre la demanda civil presentada contra él por Puigdemont y sus cuatro exconsejeros en el exilio en un juzgado belga el 5 de junio, el ciudadano poco instruido saca la conclusión de que TODO el sistema judicial español ha sufrido un ataque de las hordas jueomasónicascomunistas europeas. Y nada más lejos de la realidad. Lo que tratan realmente los demandantes es ejercer su derecho fundamental de defensa y exigir la presunción de inocencia ante unas imprudentes manifestaciones efectuadas por el juez Llarena, instructor de la causa catalana, el 23 de Febrero en Oviedo, en unas conferencias ajenas a la instrucción, y que, según aquéllos, denotan prejuicios y escasa imparcialidad en el magistrado. Ha sido, pues, la torpeza de Pablo Llarena, apoyada por la Sala del Supremo, la que ha facilitado a Puigdemont la demanda ante la justicia belga. Después de la retirada de la euroorden, como afirma Pérez Royo, Puigdemont, que es un ciudadano en pleno ejercicio de todos sus derechos fundamentales, porque no ha sido privado de ninguno de ellos mediante sentencia judicial firme, que reside en Bélgica y que se ha visto afectado en el ejercicio de sus derechos por el juez instructor sin darle posibilidad de defenderse, tiene todo el derecho del mundo a demandar a dicho juez instructor y a exigirle responsabilidad por su errática instrucción (el diario.es 19-8-18, Sorpresa judiciales). Y eso es lo que han hecho Puigdemont y sus consellers, por más que esa acción se intente desprestigiar, suponiéndole toda clase de raras y rebuscadas intenciones.

ACUERDOS Y DESACUERDOS CON EL PROFESOR JUAN TORRES LÓPEZ

   Soy lector de los escritos y seguidor del pensamiento económico del catedrático sevillano. Eso no quita que le niegue la razón, cuando creo que no la tiene, por muy catedrático que sea. El sr. Torres, después de hacer un comentario político en su artículo Los otros datos del CIS en publico.es (6-8-18), dice que el comentario que deseaba hacer en este texto no tiene que ver exactamente con los datos políticos del Barómetro del CIS… Pero lo ha hecho, y, en este caso, a mi parecer, desafortunado. No es la primera vez que el sr. Torres López inculpa –no sé porqué- a PODEMOS de que Pedro Sánchez no fuese investido Presidente, en lugar de Rajoy, en la anterior legislatura. Para ello hubiera hecho falta un acuerdo de mínimos entre un Ciudadanos volcado a la derecha y el PSOE, según escribe. Pero omite que tal acuerdo fue una “pantomima”, pues, como él propio Sánchez reconoció en Salvados, los capitostes y ad lateres de su partido no se lo hubieran permitido, e igualmente, la regeneración democrática, representada por los de Riveras, como se ha demostrado después, no era más que un “podemos de derechas”, inventado por el Ibex-35, para detener al PODEMOS, surgido del 15M… ¿Era tan disparatado, por otra parte, aceptar la propuesta que Iglesias hacía a Sánchez de entrar en su gobierno? Después de todo, no eran tantos los votos populares que les separaban. Sin embargo, gracias a la negativa de las baronías socialistas y a los medios de comunicación, mediatizados como siempre por quienes nunca dan la cara ante el electorado, aquella propuesta del líder de PODEMOS quedó ante la opinión como un afán de poltronas… No, señor Torres, “la burbuja de Podemos”, como usted la llama, no explotó porque la sociedad comprobó que (Podemos) ni comía ni dejaba comer, o porque se hubiera convertido en un partido que frenaba la generación democrática deseada. Usted, sr. Torres, sabe muy bien que fueron las mismas fuerzas “fácticas” las que impusieron al Psoe de Felipe González la renuncia a su “Programa máximo”, al marxismo y al socialismo “científico”, a cambio de llegar en 1982 al Gobierno de España. Con la ayuda de los marcos alemanes y la connivencia de los dólares USA,  no hubo escrúpulos en dejar en la estacada al PCE y otras fuerzas que habían luchado contra la dictadura. Son esas mismas fuerzas las que hoy están impidiendo, no ya que PODEMOS llegue a gobernar, sino, al menos, a regenerar la democracia.

EL JUEZ LLARENA SE “CABREA” POR LA DECISIÓN DE LA JUSTICIA ALEMANA

   En dos artículos consecutivos publicados en el diario.es (12 y 13-07-18), el catedrático sevillano de Derecho Constitucional, defiende que la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Schleswig-Holstein es firme, pudiendo ser recurrida al Constitucional alemán por Puigdemont.  Al resto de las partes, es decir, tanto a la Fiscalía del Land alemán, como a la Fiscalía y a los tribunales españoles, no les queda otra que su cumplimiento. Y, como dice el profesor, todo lo que se está diciendo de que el Tribunal Supremo puede rechazar la extradición en los términos acordados por el mencionado tribunal alemán y condenar a Puigdemont a permanecer indefinidamente en el exilio o a poder procesarlo por rebelión si regresa a España, es de una anticonstitucionalidad manifiesta.

   La calificación jurídica como constitutiva del delito de rebelión ha sido borrada por la decisión del tribunal alemán. De manera definitiva e irreversible. El Tribunal Supremo no puede proceder contra Carles Puigdemont por ese delito.

MUCHO ESPAÑOLES, MUY ESPAÑOLES SE CONCENTRAN EN LA PLAZA DE ORIENTE

   Parece una broma; pero si alguien con sentido común no lo remedia, veremos a multitud de españolitos reunidos ante el palacio real, si no quejándose del “contubernio europeo judío-masónico-comunista” contra Europa, sí gritando a por ellos, oé… o cantando el ¡Que vive España! de Manolo Escobar… Y por las declaraciones que le hemos oído a Pons y Casado del PP y a A. Rivera de C´s en contra del Tratado de Schengen, deducimos que este “trío” estaría dispuesto, brazo en alto, a  ocupar el balcón central del Palacio, y desde él pronunciar los gritos de rigor con que finalizaban aquellos jolgorios franquistas.

ALGO MÁS QUE UN ENCUENTRO PROTOCOLARIO ENTRE P. SÁNCHEZ Y Q. TORRA

   El hecho más importante del que se nutre el relato del instructor Llarena para calificar y tipificar el procés como un continuado acto de “rebelión”, es el registro por la G.Civil el 20-9-2017 de la Consellería de Economía. Algunos disturbios, habituales en manifestaciones masivas, son considerados por la Benemérita como actos violentos, en los que el juez ve la suficiente violencia para su tipificación de “rebelión”. Pues bien, nueve meses después la secretaria del juzgado de Granollers, que levantó acta del registro en el domicilio de José M. Jové, exsecretario de la Vicepresidencia de la que dependía la citada Consellería, desmiente los hechos declarados por la G. Civil al magistrado instructor (Cfr. Art. de O. Solé Altamira en eldiario.es de 26-6-18). Según dicho artículo, también la secretaria judicial del juzgado núm. 13 de Barcelona, encargado del registro de la Consellería, deja constancia en un escrito de la negativa de la G. Civil a pactar con Jordi Sánchez el acceso matinal al despacho de Jové, que hubiera evitado el incremento de manifestantes que se fue produciendo durante la jornada.

PREVIAS A LA NORMA ESCRITA, LA LEY, ESTÁN LA LEALTAD Y LA ÉTICA

   Los casos recientes de la dimisión del Máxin Huerta como ministro de cultura o de la destitución de Julen Lopetegui como seleccionador de “la Roja”, por su repercusión en la opinión pública, traen a colación el frecuente tema de discusión sobre “legitimidad” y “legalidad” de cualquier conducta humana en las relaciones de convivencia. Cierto es que cuanto mayor sea el números de los convivientes y mayor el espacio en el que conviven, mayor necesidad habrá de regular aquellas relaciones, poniendo por escrito el sentido de las mismas. Es lo que todos conocemos por Ley. Pero ésta, por muy objetivada y tipificada que sea su redacción, siempre será relativizada por visiones subjetivistas o interesadas a la hora de su puesta en práctica. De la calculada ambigüedad de su redacción o de los inevitables resquicios de que el lenguaje adolece,  se aprovechan los “leguleyos” de todo tipo y los “advenedizos” a la Democracia. Para ellos basta con cumplir “literalmente” la ley, aunque sea fraudentándola o manipulando a los tribunales encargados de su aplicación, para creerse más demócratas que nadie, y proclamar que el Estado que así funciona es el llamado constitucional y de derecho.

SEÑOR RAJOY, USTED NO SE VA, LOS ESPAÑOLES LE ECHAN

   Para “consolar” a los suyos es comprensible que mienta y hasta que se emocione; pero su no disimulado orgullo le ha llevado a mentir por enésima vez y “en abierto” a todos los españoles. Se va de la Moncloa tal como entró: ¡diciendo medias verdades, que es mucho peor que mentir! Su dimisión digna y democrática debió de tener lugar cuando le envió un SMS a su tesorero, Bárcenas, pidiéndole que fuese fuerte y resistente a la corrupción. En tapar o tratar de disimular el latrocinio de su partido ha empleado su tiempo como Presidente. Y, para ello, ha utilizado todas las instituciones del Estado como un cortijo propiedad del Gobierno y del partido que lo ha venido sustentando. En esa conducta no ha escatimado en vaciar la hucha de las pensiones, o utilizar todo el dinero ahorrado en servicios públicos, no para librar a España de ser rescatada, sino para rescatar bancos y empresas privadas de sus pérdidas con el dinero de todos los contribuyentes…

INDIGNANTE REACCIÓN DEL “REGENERADOR” CIUDADANOS ANTE LA MOCIÓN DE CENSURA

   Cuando Rubalcaba, ante la mayoría del PP, no se atrevió a presentar su anunciada moción de censura en Julio de 2013, una vez sabido el SMS de Rajoy a Bárcenas, por miedo a perderla, Rajoy se le adelantó compareciendo en el Senado, a petición propia, el 1 de Agosto. La “duda” del entonces “Jefe de la Oposición” evitó que en la Sede de la soberanía popular se entablara un debate sobre la trayectoria delictiva del partido gobernante, que, independientemente de su resultado, el resto de grupos se hubieran “retratado”, y sus retratos hubieran sido difundidos por todos los medios. Casi cinco años después, PODEMOS pierde la suya en el pleno del 14 de Junio de 2017 por la anunciada abstención del Psoe; pero consiguió, al menos, las instantáneas que frustró Rubalcaba, dando a la nueva “portavoza”, Irene Montero, la posibilidad de extenderse en un relato inolvidable de los más importantes casos de corrupción del Partido Popular.

.EL ESTERTOR PARTURIENTO DEL MONTE DIO A LUZ UN RATÓN EN CATALUNYA

   Para apaciguar, que no resolver, el tema de vascos y catalanes –entonces ni siquiera se denominaba problema de integración de las Nacionalidades históricas-, Franco y Carrero Blanco disponían de su propio artículo 155: el Estado de excepción. Durante la dictadura los súbditos españoles tuvimos que aceptar como algo normal la suspensión de determinados derechos, como si fueran pocos los suspendidos habitualmente, cada vez que los ciudadanos de aquellos territorios amagaban con movilizarse por la consecución de sus derechos.

¿TENGO QUE ACEPTAR QUE ESPAÑA ES UN PAÍS DEMOCRÁTICO?

   No crea el lector que la pregunta sólo es retórica. Se nos viene repitiendo por todos los “medios interesados” que, porque los españoles tenemos una Constitución, no debe haber la menor duda de que vivimos en democracia, y que el solo hecho de dudar, aunque sea retóricamente, puede conllevar verse imputado judicialmente, si aquélla se exterioriza en acciones que no concuerden con el sistema establecido y procuren mejorarlo o cambiarlo. Es  tan enorme el poder de que disponen ciertos agentes sociales y económicos, que pueden modificar a su favor sin que se note, incluso, los tres poderes “formales” –legislativo, ejecutivo y judicial-, que constituyen las bases de nuestro sistema democrático. La vida y la historia nos enseña lo “normal” que ha sido y es que responsables políticos claudiquen, y que jueces y fiscales corran en su ayuda, a la espera de que su prevaricación sea compensada.

EL RÉGIMEN DE 1978 ESTÁ AGOTADO

   Los que vivimos aquellos años, incluso militando contra el franquismo y sus herederos, sabemos cómo se gestionó el “proceso constituyente” y la tenida por “ejemplar” Transición. La larga dictadura franquista se basó en tres pilares: el establishment empresarial y financiero, la Iglesia católica jerárquica y el Ejército. Y todo ese entramado de poder está presente en la Constitución de 1978, articulado en torno a la “indisoluble unidad de la Nación española” (Art. 2 CE), la Monarquía (Art. 56 CE), el artº 8 otorgando al Ejército la misión de “defender la unidad territorial, el artº 16 nombrando a la Iglesia Católica por encima de otras religiones, el modificado artº 135, garantizando  al capital el cobro de su trozo de tarta, y, últimamente ha cogido un rango inesperado el artº 155 en su abuso para suspender la Generalitat.

EL MAGISTRADO LLARENA, UN JUEZ PARCIAL Y “TOZUDO”

   En un artículo anterior, en el que comentaba el auto de la Sala Penal del Supremo rechazando la excarcelación de Oriol Junqueras, decía que más que un auto judicial, es un discurso político, precocinado por unanimidad y de acuerdo con la Fiscalía y el Ejecutivo del Estado, para evitar que el exvicepresident del Govern pueda tomar posesión del cargo para el que ha sido elegido el 21-D (“Más que un auto judicial, un Alegato político”). Unas líneas más abajo tachaba el discurso de los magistrados de apriorístico e interesadamente preventivo, un tanto incoherente y contradictorio.

   En otro posterior trabajo (El Magistrado Llarena, erre que erre…”) en el que comento la negativa de este instructor a la petición de Junqueras de ser trasladado a una prisión cercana a su familia, además de reafirmarme en mi idea anterior, digo que el magistrado Llarena no tiene el más mínimo escrúpulo en seguir utilizando argumentos escasamente jurídicos y, algunos de ellos, dudosamente democráticos. A ambos trabajos remito al lector

EL ATAQUE MACHISTA DE VARGAS LLOSA CONTRA EL FEMINISMO

   No es extraño que “lo que tiene más desmoralizado (a Vargas Llosa) es que la literatura pudiera desaparecer”. Él dice que porque es lo  que mejor le ha defendido del pesimismo. No voy a entrar en su psiquismo para ver de qué pesimismo se trata. Desde luego, lo que sí podemos constatar, pues es público y notorio, es el alto standing social que le ha proporcionado “vivir del cuento”. Hasta un Nobel le ha proporcionado su arte de juntar palabras. No dudo de sus méritos. Pero eso no le da derecho ni título a ir por el mundo pontificando de omnibus rebus,  cual gran gurú, desde la política hasta el psicoanálisis. Por esto me cae tan antipático el porcelanoso. Reconozco que su pomposo nivel de vida y el optimismo que éste y la lectura de Popper le proporcionan, hasta ahora, sólo se lo haya podido disminuir la amenaza de ser envenenado en un restaurante ruso o el  “irresponsable y tercermundista Trump apretando el botón nuclear. Qué ocurra en su patria, Perú, una vez instalado en Europa de “beautiful peuplel”, después de perder en el enfrentamiento electoral con Fujimori.

CRÍTICA SOBRE LA “INFORMACIÓN” DEL LUCTUOSO SUCESO DE GABRIEL

   Desde que el pasado 27 de Febrero se conoció la noticia de la desaparición del niño de ocho años, Gabriel Cruz, apodado por sus colegas el “Pescaíto” por su afición a estos animalitos, todos los medios informativos, sobre todo las televisiones, han dedicado tiempo y espacio más que suficientes para difundir los pormenores de tan desagradable suceso. Ello nos libera de repetir lo que ya todo el mundo sabe, para centrar nuestro trabajo en comentar el comportamiento de los vecinos ante la casa-cuartel de la Guardia Civil de Almería, donde desde ayer se encuentra detenida la presunta autora (o inductora) del trágico final de Gabriel. Una multitud de ciudadanos, cual jauría humana, rodeaba la verja del cuartel de la Benemérita “aullando”, más que reclamando, cadena perpetua o pena de muerte para la detenida, y exigiendo el asalto al calabozo o la expulsión de la detenida a la calle, donde fácilmente hubiera podido ser lapidada por la multitud enrabiada. Al tratarse de una inmigrante de piel morena, no han faltado, además, todo tipo de expresiones xenófobas.

EL MAGISTRADO LLARENA, ERRE QUE ERRE…

   En mi anterior comentario sobre el auto que rechazaba la apelación de Junqueras para su salida de prisión, tachaba su discurso de apriorístico e interesadamente preventivo, un tanto incoherente y contradictorio. Pues bien, este nuevo auto con el que este juez deniega el traslado a otro centro penitenciario del exvicepresident, aparte de confirmarme en mis consideraciones anteriores, me sugiere la idea de que el Tribunal Supremo intenta tutelar y controlar los efectos del resultado electoral del 21-D. Para ello, el magistrado Llarena no tiene el más mínimo escrúpulo en seguir utilizando argumentos escasamente jurídicos y, algunos de ellos, dudosamente democráticos. Veamos.

   El magistrado no da credibilidad a las alegaciones de los presos electos ni a sus promesas de utilizar únicamente las vías pacíficas y legales para defender su proyecto político independentista. Es más, supone la posibilidad de que su liderazgo (confirmado en las citadas elecciones) volviera a manifestarse con (nuevas) movilizaciones ciudadanas colectivas violentas y enfrentadas al marco legal de nuestra convivencia. Suprimiendo lo de violentas y enfrentadas, supuesto sólo existente en la imaginación de este magistrado, ¿qué ley democrática prohíbe a los ciudadanos manifestarse pacíficamente incluso contra decisiones judiciales consideradas injusta o ilegitimas? Considero, además, un mero guiño hipócritamente democrático aquello de que para evitar una modificación de la aritmética parlamentaria configurada por la voluntad popular en las urnas, conceda la delegación de sus respectivos votos para la formación del nuevo Parlament. No así concede lo mismo a los electos de Bruselas, a los que se sigue considerando “huidos de la justicia”, cuando su salida de España se produjo antes de que la Justicia actuara sobre ellos.

MÁS QUE UN AUTO JUDICIAL, UN “ALEGATO POLÍTICO”

   No soy jurista ni abogado en ejercicio, por lo que no estoy versado en la lectura de autos o sentencias judiciales. Sólo, pues, el sentido común y mi intuición política me bastan para atreverme a afirmar que lo emanado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, respecto de la apelación de Oriol Junqueras, más que un auto judicial, es un discurso político, precocinado por unanimidad y de acuerdo con la Fiscalía y el Ejecutivo del Estado, para evitar que el exvicepresident del Govern pueda tomar posesión del cargo para el que ha sido elegido el 21D. Como seguramente no tenían previsto el resultado de esos comicios, y, dado el obstáculo que el artº 23 CE, en concordancia con el artº 6, 1 y 2 de la LOREG, les supone, los tres Magistrados de Sala se ven obligados a buscar un atajo “leguleyo” con el fin de llegar a la meta convenida.

SOBRE EL TRADICIONAL MENSAJE DEL REY EN LA NOCHEBUENA DE 2017

   El artº 56,1 de la Constitución dice que el Rey, como Jefe del Estado, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones. Y, aunque no pertenece a ningún partido político, y no está implicado en tareas legislativas, ejecutivas o judiciales, no por eso debe carecer de criterios propios. Pues difícilmente se pueden ejercer tales tareas sin tener conocimiento de lo que tiene que arbitrar y moderar. Cosa distinta es que dicho conocimiento le lleve a tomar partido públicamente por los asuntos que las instituciones deben regular. Por supuesto, no estamos negando que el Rey, como cualquier ciudadano, goce del derecho a tener su propia opinión sobre la multitud de problemas a los que la Administración debe hacer frente. Pero, como mediador y árbitro que representa a todos los ciudadanos españoles, y por la influencia que en la “práctica política” tales opiniones suelen tener con  su solo enunciado,  no deberían salir del ámbito de la privacidad. El Rey reina, pero no gobierna, se suele decir. Pero tal aforismo no pasa de ser un simple desiderátum. Pues la Monarquía y el Rey no son entes etéreos y abstractos, sino que tienen una historia, pertenecen a una clase social, y, por muy limitados y “constitucionalizados” que estén, tienen sus propios intereses. Intereses que, de alguna manera, vienen salvaguardados, porque, como dice el apdo. 3 del artº citado, la persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Y dicha inviolabilidad radica en el artº 64,1 que expresa que los actos del Rey serán refrendados por el Presidente del Gobierno y, en su caso, por los Ministros competentes, y que de los actos del Rey serán responsables las personas que los refrenden (apdo.2).