Los casos recientes de la
dimisión del Máxin Huerta como ministro de cultura o de la destitución de Julen
Lopetegui como seleccionador de “la Roja”, por su repercusión en la opinión
pública, traen a colación el frecuente tema de discusión sobre “legitimidad” y
“legalidad” de cualquier conducta humana en las relaciones de convivencia.
Cierto es que cuanto mayor sea el números de los convivientes y mayor el
espacio en el que conviven, mayor necesidad habrá de regular aquellas
relaciones, poniendo por escrito el sentido de las mismas. Es lo que todos
conocemos por Ley. Pero ésta, por muy objetivada y tipificada que sea su redacción,
siempre será relativizada por visiones subjetivistas o interesadas a la hora de
su puesta en práctica. De la calculada ambigüedad de su redacción o de los
inevitables resquicios de que el lenguaje adolece, se aprovechan los “leguleyos” de todo tipo y
los “advenedizos” a la Democracia. Para ellos basta con cumplir “literalmente”
la ley, aunque sea fraudentándola o manipulando a los tribunales encargados de
su aplicación, para creerse más demócratas que nadie, y proclamar que el Estado
que así funciona es el llamado constitucional
y de derecho.
Desde luego, la norma escrita es imprescindible. Mucho más, como señala
Javier Pérez Royo (Normas no escritas eldiario.es
14-6-18) en una sociedad individualista, en la que las relaciones entre los
ciudadanos forman cadenas “sinfín”. Disponer,
dice el catedrático sevillano, de
normas (escritas) acerca de lo que
cabe esperar de cada una de las partes de la relación jurídica es la única
manera de disponer de una referencia objetiva para dar respuesta a los mismos (conflictos
que de manera regular se producen).
Pero la norma escrita o Ley, en absoluto excluyen, ni puede excluir la
norma no escrita, que también es Ley. La instauración de aquélla viene
ocasionada por circunstancias externas de orden cuantitativo (aumento del
número de ciudadanos y un proceso de creciente globalización territorial),
mientras que la necesidad de la no escrita viene motivada desde el mismo
interior de quien solamente puede instaurarlas (la una y la otra), si no quiere
impedir que el instinto de supervivencia y cultura sea derrotado por el de
destrucción animalesco. Y por eso, entiendo con Pérez Royo, que cuanto mayor es la presencia de la norma
escrita, más indispensable resulta el respeto de las pocas, poquísimas normas
no escritas, que son en cierta medida la atmósfera que hace posible la vida del
universo de la norma escrita. Yo diría más; son lo mismo. La una no tiene
sentido sin la otra. Lo que hace que un ciudadano normal, con conciencia ética
y con sentido de la lealtad hacia su vecino y hacia el sistema de convivencia
democrática, es la propia interiorización de la Ley ante el Tribunal de su
Conciencia. Sin esa capacidad que todos
los ciudadanos tenemos de autoimponernos
normas para organizar la propia convivencia, ésta tendría que ser impuesta por
el interés de algunos, de los que
seríamos meros súbditos, o bien la convivencia social, fundamentada sólo en
nuestros instintos vitales y primarios, acabaría, en el mejor de los casos,
regida por un sistema robotizado, del que cada uno de los ciudadanos seríamos
parte inerme del gran mecanismo.
El incumplimiento de la lealtad debida por parte de los dos ciudadanos
“mediáticos” citados, ciertamente, no podrá ser considerado como un delito
tipificado en los códigos legales pertinentes, ni castigado con las
sanciones previamente establecidas en ellos;
pero que tales conductas desleales quedasen indemnes hubiera supuesto un mal
ejemplo más de los muchísimos que han venido corroyendo nuestro sistema
democrático. Y, aunque con cierto retraso, la dimisión del ministro de cultura,
sin tener que obligar formalmente al Presidente a cesarle, en cierto sentido ha
cumplido con una norma no escrita, si bien hubiera sido mejor que hubiera
puesto en conocimiento del Presidente del incumplimiento en su día de la norma
sí escrita que le ha obligado a dimitir.
Para mí, sin embargo, el caso del
seleccionador nacional, Julen Lopetegui, añade un matiz, que, aunque no
jurídicamente, sí lo hace distinto del de el ministro. Lopetegui fue nombrado
seleccionador mediante un contrato con fecha de comienzo y vencimiento, y,
aunque en ese contrato hubiera una cláusula de rescisión, dudo de que ésta le
liberara de, al menos, comunicar a la otra parte, la Federación Nacional de
Futbol, las negociaciones que, soto voce,
venía manteniendo con el Real Madrid, para entrenar al club blanco, una vez
terminado el compromiso de la Competición Mundial. Hasta aquí todo más o menos
normal en lo que respecta al cumplimiento o no de una norma, escrita o no. Lo
que añade una significación nueva a esta conducta es la presencia es un tercero
en discordia que es, ni más ni menos,
que el Real Madrid con su presidente, Florentino Pérez. Me pregunto qué hubiera
ocurrido en este País si un desplante de tal calibre a la Selección Nacional
hubiera procedido del Futbol Club Blau Grana o de su presidente Bartomeu.
¡Hasta el magistrado Llarena hubiera intervenido! Ya sabíamos quién manda en
este país y desde qué tribuna se dirige la política. Ahora este gesto lo
ratifica. Desengáñense los auténticos patriotas que tienen a la Selección como
un símbolo de su patriotismo. Para los “patrioteros” que esconden su
nacionalismo tras los silbidos a Piqué, pero se quejan de las “pitadas” al
Borbón y a la marcha de Granaderos; para los que, valiéndose del fanatismo
deportivo por un equipo o por unos colores, dirigen esos sentimientos contra
una parte de la ciudadanía al son del a
por ellos, oe, la negociación del presidente del Madrid con el entrenador
de la Selección ha dejado claro que los intereses que prevalecen sobre un falso
honor de contribuir a la “alineación” de la Roja, son los puramente económicos…
Ante la rapidez con que se han sucedido los acontecimientos políticos en
los últimos días, el inmenso ego de Florentino, no se había quedado satisfecho
con el reciente triunfo en la Champion, y tenía necesidad del soltar el boom de
la noticia casi al mismo tiempo en que daba comienzo el Campeonato Mundial. Pero,
para que ese notición fuera un escándalo controlado, el dueño de varias
empresas constructoras importantes, además del Madrid, también ha hecho alarde
de su poderío en el mundo de los medios de comunicación y en los “chiringuitos”
deportivos. La Sexta, la TV del fino
manipulador García Ferreras, aparte de culpabilizar en su programa Al Rojo Vivo
al Presidente de la Federación del cese de Lopetegui, como era su deber, en la
misma tarde en que daba comienzo el Mundial, el programa vespertino MVT
retransmitía la toma de posesión del nuevo entrenador del Madrid, incluido el
discurso de su presidente. Dicho programa fue un alarde de pluralidad
informativa, cargando contra el Presidente federativo, pero omitiendo todos los
argumentos justificativos de su difícil decisión. ¡Ya podía haber esperado el
regreso de Rusia de los jugadores madridistas, incluido su capitán Sergio
Ramos, teóricamente afectados por el sorprendente cese del entrenador.
No, Florentino Pérez, ciertamente no ha podido ser juzgado ni castigado
por no haber cumplido con una norma escrita. Pero, gracias a su influencia en
“los medios”, a la cantidad de periodistas peloteros y a los políticos
invitados que pasan por la tribuna del Bernabeu, tampoco va a ser
suficientemente “castigado”, no ya sólo por sus fanáticos partidarios, sino por
el resto de los españoles, que, además de haberse sentido ofendidos como
aficionados al deporte, no han sido respetados en su calidad de tales,
incluidos los catalanes.
A los dos personajes que han debido dejar sus cargos por no haber
cumplido una norma no exigible judicialmente, habría que sumar un tercero, por
su trascendencia mediática, Florentino Pérez, al que alguien más influyente que
él, si es que lo hay, debería recordarle que, como dice Pérez Royo, es imprescindible cumplir las normas no
escritas, a través de la cuales se reconoce en una sociedad la honorabilidad de
una conducta. No solamente se han faltado
el respeto a sí mismos, sino que nos han faltado el respeto a todos.
Ahora sólo faltaría que los millones de euros que debiera pagar el club
madrileño por la rescisión anticipada del contrato del entrenador nacional, los
tuviera que pagar la Real Federación de Futbol por una demanda de éste por su
cese anticipado. No sería nada de extraño dado lo ventajosos que a Florentino
le salen los negocios que, como el Castor, hace con el Estado.
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