EL CGPJ SE ALINEA CON LOS QUE PRETENDEN DERRIBAR AL GOBIERNO LEGÍTIMO

   En esta España de pandereta y circo, cualquier acto protocolario alterado por el más mínimo contratiempo que haga deslucir la fiesta, puede levantar auténticas tempestades políticas. El acto de entrega de despachos a la 69 promoción de jueces, celebrado este viernes 25 en la Escuela Judicial de Barcelona, por mucha oficialidad que se le quiera dar, no deja de ser un acto protocolario, a cuya asistencia ni siquiera están obligados los “despachandos”. Mucho menos requiere la asistencia del Rey, cuya ausencia, por decisión del Gobierno, ha provocado todo un huracán contra el mismo. El papel simbólico del Rey está perfectamente definido en el art. 56 de la Constitución, así como sus funciones están relacionadas en el art. 62 de la misma, sin que figure la de presidir este tipo de actos, sobre todo si el Gobierno considera que su presencia puede conllevar efectos negativos tanto para la propia institución monárquica, como consecuencias no deseadas para la política nacional.

    No me preocupa que este vendaval sea fomentado por el PP y cía., algo a lo que nos tiene acostumbrado, sino que, al haberse sumado el Órgano de Gobierno de los jueces y demás asociaciones profesionales de la magistratura,  otras asociaciones de “poderes fácticos” como la CEOE y CEPYMES, me hace pensar que la “marejada” es “de fondo”, y que el ataque no va sólo contra el Gobierno progresista, sino contra la propia democracia. A veces pienso que el propio Felipe VI, con su llamada, ni torpe ni ingenua, al sr. Lesmes, también se ha sumado a la conjura de los poderes fácticos contra el Gobierno y al law fare que el PP  viene tejiendo con el Órgano de Gobierno de la Judicatura. El “Preparao” parece que lo está más para apoyarse en esos poderes y otros como la Iglesia y el Ejército, que con el rol que la Constitución le asigna como Monarquía parlamentaria. Todo ello me trae malos recuerdos. Las palabras de Pablo Casado pidiendo la dimisión del ministro Garzón y la reprobación parlamentaria del Vicepresidente Iglesias suenan apocalípticas a la vez que reclamante de un “salvador”... ¡Y todo por ocultar la corrupción en su partido y que no se hable del caso Kitchen!... Seguramente, de haber estado gobernando el PP, el acto de la Escuela Judicial que ha provocado la tormenta, hubiera pasado desapercibido, como desapercibida pasó la ausencia del Rey Juan Carlos en 1013, recién imputada la infanta Cristina en el caso Nóos.

   Lo triste para nuestra inmadura democracia es que a un deslucimiento folklórico se le dé más importancia que al cumplimiento estricto de la ley, en este caso de la Constitución. Porque lo que el Gobierno ha hecho es cumplir con lo que le ordena el art. 64 de la misma, referente a refrendar todos los actos “oficiales” del Rey. Lo sorprendente, sin embargo, es que ha sido el Rey quien, obviando su papel de “monarca parlamentario”, se ha saltado ese trámite constitucional, tratando directamente con los organizadores del acto de la entrega de despachos a los neófitos jueces, su asistencia al mismo.

   Sorprende también la hipócrita compunción del  Presidente del Tribunal Supremo y demás excelsos togados de no obedecer las disposiciones constitucionales. Que sea, sin embargo, una “aparente minucia” la que provoque tamaño disgusto en el Consejo, y no su vergonzante provisionalidad, su bloqueada renovación y sus descarados nombramientos a las más altas Magistraturas, la que le ocasione tantos desvelos..., no tienen más remedio que provocarme el grito de ¡”lagarto, lagarto”!...

   Las lacrimógenas palabras del presidente Lesmes, que no me resisto a transcribir, revelan su talante mental y físico de un socio tertuliano de casino decimonónico.

"Nuestro lamento no sólo obedece al hecho de que se rompe con una tradición de más de 20 años, sino también, y sobre todo, porque la presencia de Su Majestad el rey, del Jefe del Estado, en la ceremonia de entrega de despachos a los nuevos jueces responde al especial vínculo constitucional de la Corona con el Poder Judicial, vinculación que forma parte de nuestra tradición histórica desde la Constitución de Cádiz de 1812, y que sirve además para resaltar la dignidad de nuestra función".

    No vamos a negar ahora el avance que  “La Pepa” supuso respecto del absolutista Fernando VII, pero también revela, como el mimo Lesmes dice, el especial vínculo de la Corona con el Poder Judicial. Puesto a poner ejemplos de aquel contexto histórico, podría citar el vínculo que la misma Corona tenía con la Iglesia y otros poderes fácticos. No sé si como reminiscencia de esa tradición, a que alude el Presidente, o por presión de los propios “vinculados”, persisten en la Constitución vigente (art. 117.1) el artículo 257 de la de 1812 (La Justicia se administra en nombre del Rey), o el 249 (Los Eclesiásticos seguirán gozando del fuero de su estado) en la mención especial que de la iglesia Católica se mantiene en su art. 16.3. ¿Quiere el órgano de gobierno de la judicatura y el Partido  Popular volver a los privilegios de que gozaban  en el siglo XIX?...

   La llamada del Rey a Lesmes, poniéndole de manifiesto su deseo de estar presente en la entrega de despachos, es un abandono del papel simbólico que le reserva la Constitución, y una forma de hacer política, tomando partido por los que no cumplen la Constitución, y un grosero afeamiento de la conducta constitucional del Gobierno, precisamente, en defensa de la institución monárquica. Más le hubiera valido a Felipe VI, como dice Elisa Beni, llamarle para decirle que deje de hacer nombramientos ilegítimos, o haber llamado al PP para exigirle a cumplir la Constitución, desbloqueando la renovación del Consejos y otras instituciones... (El Rey se la juega, el diario.es de 25-9-20).

   Si el Rey quiere mantener la Monarquía, debe saber cuál es el camino... El alternativo fue el de su bisabuelo, Alfonso XIII, al optar por Primo de Rivera, o el de su emérito padre...

   Y no me alargo más...

 

 

 

   Manuel Vega Marín. Madrid, 27, Septbre. 2020   www.solicitoopinar.blogspot.com.es

 

 

LA ABSORCIÓN DE BANKIA POR CAIXABANK, UNA OPORTUNIDAD PERDIDA

   Fue el Presidente Rajoy quien nos dijo que el “reflote” de Bankia no nos costaría ni un duro a los españoles. Fueron más de 24 mil millones de euros lo que costó al Erario público tal operación de rescate, de los que hasta hoy sólo se han recuperado 3.000. Esta “inversión” dio al Estado, a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), el derecho a poseer el 61,8% del accionariado de la entidad bancaria rescatada. Con el 16% de las acciones de la nueva entidad, el Estado no sólo pierde valor, sino, lo que es más importante, capacidad de decisión, ya que de los quince miembros que formarán el Consejo directivo, solo uno representará al FROB. El Estado, pues, renuncia de facto a la oportunidad de tener una banca pública –tesis de Podemos- en estos actuales y venideros momentos de crisis económica y social, incrementada por la pandemia del COVID-19. Precisamente, la crisis socieconómica causada por la pandemia está poniendo de manifiesto la necesidad de tener un Estado fuerte económicamente que pueda hacer frente y “llevar la batuta” inversora en los sectores más básicos e importantes en el estado del bienestar, como la sanidad, educación, el sector laboral, etc., así como otros servicios que los ciudadanos demandan. La necesidad, pues, de una banca pública resulta fundamental para llevar a cabo las transformaciones industriales y de todo tipo que España va a precisar para su modernización. Como indica Vicent Navarro, tanto el New Deal social, como el New Deal Verde, requerirán de grandes inversiones públicas que no estén sujetas a los objetivos e intereses de las entidades privadas, sino a los intereses del bien común.

   Que España tenga una banca pública que compita con la privada no es ninguna anomalía en el actual sistema neoliberal vigente en todos los países de nuestro entorno. EE.UU, Alemania, Francia, Italia, etc. disponen de instituciones bancarias o financieras de titularidad pública, que incluso funcionan mejor que las de titularidad privada. En Europa, proporcionalmente, la operación Bankia-Caixabank incrementaría aún más la concentración bancaria y el poder político y mediático que ello conlleva, en manos de entidades privadas. Pero, además de eso, como dice Vicent Navaro, La banca privada española siempre ha recibido un trato preferencial por parte del Estado español. En realidad, tiene un trato impositivo especial, pues es uno de los sectores con mayores beneficios y con menor carga impositiva de la UE, y, por cierto, es uno de los sectores que tiene mayores depósitos en paraísos fiscales (“Lo que no se dice sobre la privatización y fusión de Bankia con Caixabank”, publico.es de 17-9-20).

   Claro que la actitud de ser “más papista que el Papa” no es nueva. Desde el desmontaje del Instituto Nacional de Industria (INI) y la privatización de empresas nacionales, que, con diferentes pretextos y por los distintos Gobiernos del bipartidismo se ha venido haciendo, lo dice todo... El PP y el Psoe son expertos en privatizar empresas boyantes, como Telefónica o Endesa, o en sanear con dinero público empresas como Bankia, para privatizarla después. Lo mismo se puede decir de la privatización y concentración  que, casi simultáneamente, se vino haciendo con entidades bancarias estatales, como, por ej., Argentaria...

   Es lógico que desde la ideología neoliberal-capitalista, y desde un punto de vista abstracto y técnico- especulativo, esta operación sea considerada exitosa Mis insuficientes conocimientos técnicos me impiden analizarla en profundidad. Incluso para la parte menos socialista del Gobierno, incluido su Presidente, esta absorción de Bankia hasta traiga consecuencias beneficiosas para la sociedad. Espero que de su aval a la Vicepresidenta económica algún día nos de explicación. De ambas cosas, de momento, yo desconfío... Para ello, es suficiente con lo que enseña la experiencia...

    Lo que sí es evidente, hasta el propio José Ignacio  Goirigolzarri (actual presidente de Bankia y lo será de la nueva entidad) lo reconoce, es que por mucho que se revaloricen las acciones estatales, nunca se llegará a recuperar los cerca de 24.000 millones que costó al Estado el rescate de Bankia. No sé si en un futuro los accionistas actuales de Bankia verán incrementado su patrimonio.

   Da que sospechar la alegría con que se anuncia los 770 millones de euros de beneficios por ahorro de costes y los 290 millones de nuevos ingresos generados por la fusión. De lo que ni el sr. Goirigolzarri, ni el sr. Gonzalo Cortázar, consejero ejecutivo de Caixabank, se muestran tan alegres en su famosa rueda de prensa de 18 Sept., es de explicar de dónde emanará tal suma de millones. Es más, ni se preocupan del asunto como si no les atañera. Habrá que recordárselo alto y fuerte: ¡¡¡Del cierre de sucursales y del reajuste de plantilla de 8.000 empleados que ello supondrá!!!

Ya tenemos nuevos perjudicados; como siempre serán los trabajadores, los que por muy beneficiados de salgan de las negociaciones, no les compensará del trauma psicológico que supone perder el empleo a determinada edad. Los clientes de ambas entidades, que con el cierre de oficinas, al menos, se verán perjudicados, por lejanía en el servicio... Hay ya asociaciones de usuarios y plataformas de pequeñas empresas “protestando” porque ven en la “fusión” un incremento casi monopolístico, que se traducirá en una reducción de la sana competencia... Y, nuevamente será “papá Estado”, es decir, todos los cotizantes y contribuyentes, quien, de una u otra manera, pondrá el dinero necesario para que los “ultraliberales” ejecutivos de esas empresas sigan con sus boyantes negocios y standing de vida, mientras que las indemnizaciones por despidos forzosos o voluntarios, y las prejubilaciones resulten lo menos traumáticas posible... Pero los empresarios y los altos ejecutivos seguirán criticando el derroche económico que suponen las prejubilaciones, la jubilación a los 65 años, o, sobre todo, los subsidios a los necesitados y la renta mínima vital...

   Ahí lo dejo...

 

 

   Manuel Vega Marín. Madrid, 21, Septbre. 2020   www.solicitoopinar.blogspot.com.es

 

 

EL SUMARIO KITCHEN ATRINCHERA AL P. POPULAR EN EL CONSEJO G. DEL P. JUDICIAL

   La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado (artº 1.2 de la Constitución). Es lógico, pues, que sea el Parlamento, como también lo ordena la Constitución, quien elija esos Poderes y la forma de su elección. Transcribiré, como tengo por costumbre, los diferentes artículos constitucionales.

   Art. 122.3. ORGANIZACIÓN DEL PODER JUDICIAL.- El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un período de cinco años. De éstos, doce entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la ley orgánica; cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados y cuatro a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros, entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio en su profesión.

   Exactamente igual dice el artº 7 de la Ley 1/1980 por la que, provisionalmente, hasta la vigente Ley Orgánica de 1985, reformada en junio de 2013. Esta Ley, en su art. 568.1 mandata a los Presidentes de Congreso y Senado: El Consejo General del Poder Judicial se renovará en su totalidad cada cinco años, contados desde la fecha de su constitución. Los Presidentes del Congreso de los Diputados y del Senado deberán adoptar las medidas necesarias para que la renovación del Consejo se produzca en plazo. En ninguno de los restantes apartados del art. se dice que tal renovación se tenga que hacer en un “mercadeo” entre los líderes de los partidos políticos...

   Art. 68.4.- EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS.- El congreso es elegido por cuatro años. El mandato de los Diputados termina cuatro años después de su elección o el día de la disolución de la Cámara.

   Art. 69.6.- EL SENADO.- El Senado es elegido por cuatro años. El mandato de los Senadores termina cuatro años después de su elección o el día de la disolución  de la Cámara.

   Art. 99, obviamente regula el nombramiento del Presidente del Gobierno y su investidura.

   Art. 101.1 CESE DEL GOBIERNO.- El Gobierno cesa tras la celebración de elecciones generales, en los casos de pérdida de confianza parlamentaria previstos en la Constitución, o por dimisión o fallecimiento de su Presidente.

   Hace unos días se inauguraba el nuevo curso judicial, en cuyo discurso el Presidente del CGPJ, sr. Carlos Lesmes, calificaba de seria anomalía la no renovación del órgano de gobierno de los jueces. Pero, si el lector hace memoria, verá que sólo en las dos veces, años 2000 y 2011, que el Partido Popular ganó por mayoría absoluta las elecciones generales con Aznar y Rajoy respectivamente, la renovación tuvo lugar en el tiempo establecido. El año de más, el quinto, es el tiempo justo que “el constituyente” pensó para que esa renovación coincidiera con la renovación de los otros poderes que representan a la sociedad, y que el partido perdedor en la alternancia democrática no alargara su influencia por esta vía espuria. Sin embargo, el PP, “utradefensor” de la Constitución, incumpla tal precepto, aprovechando que tal conducta no tiene consecuencias jurídicas negativas.

   La renovación periódica de los órganos que representan los tres poderes del Estado democrático, cada cuatro años el Congreso y el Senado y cada cinco, el CGPJ, según los artículos citados anteriormente,  es un mandato constitucional derivado del artículo 1.2 de la propia Constitución, que no puede ser alterado ni por las ley orgánica reguladora de las elecciones generales  ni por la que regula  el CGPJ. Como dice el catedrático Pérez Royo, La periodicidad de la renovación es un elemento definitorio de la naturaleza democrática del Estado. Sin renovación no hay democracia  (“Mucho más que una seria anomalía”, eldiario.es de 8-9-20).

   Lo que hace, pues, el PP obstaculizando repetitivamente la renovación del Consejo es una estrategia corrupta, claramente anticonstitucional, que se atrinchera detrás de los Tribunales de Justicia, cuyos titulares nombró en sus tiempos de mayorías absolutas, que, una vez perdida, pretende mantener por la espuria vía del “alargamiento en funciones”. Pero lo más vergonzante de la conducta de estos patrioteros de banderitas, es que no lo hacen por seguir manteniendo el poder por el poder, sino por ganar tiempo y capacidad para poner al servicio de sus intereses corruptos todas las instituciones del Estado, especialmente, la maquinaria judicial. Es lo que puso de manifiesto “la Gürtel”, y actualmente, toda la “operación Kitchen”. El bloqueo de Pablo Casado a renovar el Gobierno de los jueces, intacto desde 2013 con la última mayoría absoluta de Rajoy, y en funciones desde diciembre de 2018, ha asignado plazas a 12 magistrados del Supremo, 13 en los Tribunales Superiores autonómicos y 14 a presidentes de Audiencias Provinciales. Y así seguirá, según lo anunciado por el sr. Lesmes... ¿Hasta cuando esta anómala situación?...

   Soluciones jurídico-técnicas para abandonar la práctica rutinaria con la que se han beneficiado/chantajeado los dos partidos mayoritarios, PP, Psoe, con el pretexto de los “tres quintos”, las hay. Falta voluntad política y poner los intereses democráticos por encima de los de partido.

   Para empezar, el desbloqueo atañe, según el anterior artículo 568 citado, al Parlamento, cuyos respectivos/as Presidentes deberán adoptar las medidas necesarias para que la renovación del Consejo se produzca en plazo. Como dice Elisa Beni, de momento la “pelota está en el tejado” de Meritxel Batet y Pilar Llop (El mandato incumplido de Batet y Llop, eldiario.es de 9-9-20).  ¿Hacen lo suficiente?... Los concernidos a los que instaba el Presidente del Consejo a cumplir con el mandato constitucional de renovación, son, por tanto, directa y formalmente los Presidentes/as de las Cámaras, si bien, indirectamente, la capacidad material de desbloqueo la tienen los dos partidos mayoritarios.

   Si se lee detenidamente la literalidad del texto del art. 122.3 de la Constitución, se verá que los veinte vocales están divididos en dos grupos: doce extraídos de Jueces y Magistrados, y ocho de entre abogados y otros juristas. El grupo de los doce serán elegidos en la forma que establezca la Ley Orgánica; y el grupo de los ocho, en tandas de cuatro, serán elegidos por ambas Cámaras por la mayoría de tres quintos de sus miembros.

   El la vigente Ley de 1985 la que crea confusión, estableciendo un bloque de veinte vocales, de los que diez serán elegidos por el Congreso y diez por el Senado por la mayoría cualificada de tres quintos. Cada una de las Cámaras elegirá, por mayoría de tres quintos de sus miembros, a diez Vocales, cuatro entre juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio en su profesión y seis correspondientes al turno judicial (art.567.2)

   La intención, pues, del constituyente fue establecer dos  distintas mayorías para la elección de los vocales del CGPJ: para el grupo de Jueces y Magistrados lo que establezca la Ley Org. del Poder Judicial, y para los juristas de reconocida solvencia, los tres quintos de ambas Cámaras exigidos constitucionalmente. Esto es importante, porque sólo bastaría modificar la Ley Orgánica por mayoría absoluta, menos difícil de reformar, que cambiar la Constitución y la mayoría de los 3/5, reservada a los vocales extrajudiciales. Así, sin tener que variar el texto constitucional, se acabaría con el bloqueo interesado practicado por el Partido Popular habitualmente. Pero, con lo que se le viene encima al PP con la “operación Kitchen”, ya se buscará, mejor dicho, ya se está buscando Pablo Casado argumentos para seguir con su estrategia filibustera: que si la presunción de inocencia, que si él no estaba en el momento de los hechos, que si Podemos, etc., etc...

   Pero, como siempre viene ocurriendo, serán la Justicia de la Unión Europea, los organismos internacionales y las normas aceptadas universalmente por los sistemas judiciales , quienes exijan a nuestros políticos mayor conciencia democrática, y a nuestros Jueces y Magistrados, más independencia y menos politización...

 

 

 

   Manuel Vega Marín. Madrid, 14, Septbre., 2020    www.solicitoopinar.blogspot.com.es