En esta España de pandereta y circo, cualquier acto protocolario alterado por el más mínimo contratiempo que haga deslucir la fiesta, puede levantar auténticas tempestades políticas. El acto de entrega de despachos a la 69 promoción de jueces, celebrado este viernes 25 en la Escuela Judicial de Barcelona, por mucha oficialidad que se le quiera dar, no deja de ser un acto protocolario, a cuya asistencia ni siquiera están obligados los “despachandos”. Mucho menos requiere la asistencia del Rey, cuya ausencia, por decisión del Gobierno, ha provocado todo un huracán contra el mismo. El papel simbólico del Rey está perfectamente definido en el art. 56 de la Constitución, así como sus funciones están relacionadas en el art. 62 de la misma, sin que figure la de presidir este tipo de actos, sobre todo si el Gobierno considera que su presencia puede conllevar efectos negativos tanto para la propia institución monárquica, como consecuencias no deseadas para la política nacional.
No me preocupa que este vendaval sea fomentado por el PP y cía., algo a lo que nos tiene acostumbrado, sino que, al haberse sumado el Órgano de Gobierno de los jueces y demás asociaciones profesionales de la magistratura, otras asociaciones de “poderes fácticos” como la CEOE y CEPYMES, me hace pensar que la “marejada” es “de fondo”, y que el ataque no va sólo contra el Gobierno progresista, sino contra la propia democracia. A veces pienso que el propio Felipe VI, con su llamada, ni torpe ni ingenua, al sr. Lesmes, también se ha sumado a la conjura de los poderes fácticos contra el Gobierno y al law fare que el PP viene tejiendo con el Órgano de Gobierno de la Judicatura. El “Preparao” parece que lo está más para apoyarse en esos poderes y otros como la Iglesia y el Ejército, que con el rol que la Constitución le asigna como Monarquía parlamentaria. Todo ello me trae malos recuerdos. Las palabras de Pablo Casado pidiendo la dimisión del ministro Garzón y la reprobación parlamentaria del Vicepresidente Iglesias suenan apocalípticas a la vez que reclamante de un “salvador”... ¡Y todo por ocultar la corrupción en su partido y que no se hable del caso Kitchen!... Seguramente, de haber estado gobernando el PP, el acto de la Escuela Judicial que ha provocado la tormenta, hubiera pasado desapercibido, como desapercibida pasó la ausencia del Rey Juan Carlos en 1013, recién imputada la infanta Cristina en el caso Nóos.
Lo triste para nuestra inmadura democracia es que a un deslucimiento folklórico se le dé más importancia que al cumplimiento estricto de la ley, en este caso de la Constitución. Porque lo que el Gobierno ha hecho es cumplir con lo que le ordena el art. 64 de la misma, referente a refrendar todos los actos “oficiales” del Rey. Lo sorprendente, sin embargo, es que ha sido el Rey quien, obviando su papel de “monarca parlamentario”, se ha saltado ese trámite constitucional, tratando directamente con los organizadores del acto de la entrega de despachos a los neófitos jueces, su asistencia al mismo.
Sorprende también la hipócrita compunción del Presidente del Tribunal Supremo y demás excelsos togados de no obedecer las disposiciones constitucionales. Que sea, sin embargo, una “aparente minucia” la que provoque tamaño disgusto en el Consejo, y no su vergonzante provisionalidad, su bloqueada renovación y sus descarados nombramientos a las más altas Magistraturas, la que le ocasione tantos desvelos..., no tienen más remedio que provocarme el grito de ¡”lagarto, lagarto”!...
Las lacrimógenas palabras del presidente Lesmes, que no me resisto a transcribir, revelan su talante mental y físico de un socio tertuliano de casino decimonónico.
"Nuestro lamento no sólo obedece al hecho de que se rompe con una tradición de más de 20 años, sino también, y sobre todo, porque la presencia de Su Majestad el rey, del Jefe del Estado, en la ceremonia de entrega de despachos a los nuevos jueces responde al especial vínculo constitucional de la Corona con el Poder Judicial, vinculación que forma parte de nuestra tradición histórica desde la Constitución de Cádiz de 1812, y que sirve además para resaltar la dignidad de nuestra función".
No vamos a negar ahora el avance que “La Pepa” supuso respecto del absolutista Fernando VII, pero también revela, como el mimo Lesmes dice, el especial vínculo de la Corona con el Poder Judicial. Puesto a poner ejemplos de aquel contexto histórico, podría citar el vínculo que la misma Corona tenía con la Iglesia y otros poderes fácticos. No sé si como reminiscencia de esa tradición, a que alude el Presidente, o por presión de los propios “vinculados”, persisten en la Constitución vigente (art. 117.1) el artículo 257 de la de 1812 (La Justicia se administra en nombre del Rey), o el 249 (Los Eclesiásticos seguirán gozando del fuero de su estado) en la mención especial que de la iglesia Católica se mantiene en su art. 16.3. ¿Quiere el órgano de gobierno de la judicatura y el Partido Popular volver a los privilegios de que gozaban en el siglo XIX?...
La llamada del Rey a Lesmes, poniéndole de manifiesto su deseo de estar presente en la entrega de despachos, es un abandono del papel simbólico que le reserva la Constitución, y una forma de hacer política, tomando partido por los que no cumplen la Constitución, y un grosero afeamiento de la conducta constitucional del Gobierno, precisamente, en defensa de la institución monárquica. Más le hubiera valido a Felipe VI, como dice Elisa Beni, llamarle para decirle que deje de hacer nombramientos ilegítimos, o haber llamado al PP para exigirle a cumplir la Constitución, desbloqueando la renovación del Consejos y otras instituciones... (El Rey se la juega, el diario.es de 25-9-20).
Si el Rey quiere mantener la Monarquía, debe saber cuál es el camino... El alternativo fue el de su bisabuelo, Alfonso XIII, al optar por Primo de Rivera, o el de su emérito padre...
Y no me alargo más...
Manuel Vega Marín. Madrid, 27, Septbre. 2020 www.solicitoopinar.blogspot.com.es
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