Los casos recientes de la
dimisión del Máxin Huerta como ministro de cultura o de la destitución de Julen
Lopetegui como seleccionador de “la Roja”, por su repercusión en la opinión
pública, traen a colación el frecuente tema de discusión sobre “legitimidad” y
“legalidad” de cualquier conducta humana en las relaciones de convivencia.
Cierto es que cuanto mayor sea el números de los convivientes y mayor el
espacio en el que conviven, mayor necesidad habrá de regular aquellas
relaciones, poniendo por escrito el sentido de las mismas. Es lo que todos
conocemos por Ley. Pero ésta, por muy objetivada y tipificada que sea su redacción,
siempre será relativizada por visiones subjetivistas o interesadas a la hora de
su puesta en práctica. De la calculada ambigüedad de su redacción o de los
inevitables resquicios de que el lenguaje adolece, se aprovechan los “leguleyos” de todo tipo y
los “advenedizos” a la Democracia. Para ellos basta con cumplir “literalmente”
la ley, aunque sea fraudentándola o manipulando a los tribunales encargados de
su aplicación, para creerse más demócratas que nadie, y proclamar que el Estado
que así funciona es el llamado constitucional
y de derecho.
sábado, 16 de junio de 2018
martes, 5 de junio de 2018
SEÑOR RAJOY, USTED NO SE VA, LOS ESPAÑOLES LE ECHAN
Para “consolar” a los suyos es comprensible que mienta y hasta que se
emocione; pero su no disimulado orgullo le ha llevado a mentir por enésima vez
y “en abierto” a todos los españoles. Se va de la Moncloa tal como entró:
¡diciendo medias verdades, que es mucho peor que mentir! Su dimisión digna y
democrática debió de tener lugar cuando le envió un SMS a su tesorero,
Bárcenas, pidiéndole que fuese fuerte y resistente a la corrupción. En tapar o
tratar de disimular el latrocinio de su partido ha empleado su tiempo como
Presidente. Y, para ello, ha utilizado todas las instituciones del Estado como
un cortijo propiedad del Gobierno y del partido que lo ha venido sustentando.
En esa conducta no ha escatimado en vaciar la hucha de las pensiones, o
utilizar todo el dinero ahorrado en servicios públicos, no para librar a España
de ser rescatada, sino para rescatar bancos y empresas privadas de sus pérdidas
con el dinero de todos los contribuyentes…
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