martes, 30 de noviembre de 2021

LA MUTACIÓN “AYUSINA” DEL COVID-19 AFECTA A LA SALUD DE LOS MADRILEÑOS


   Aunque la política restrictiva y privatizadora del PP respecto de la Sanidad no es nueva en la Comunidad de Madrid, uno no tiene más remedio que “llevarse las manos a la cabeza” escandalizado por la noticia que Fátima Caballero detalla en su columna de elDiario.es de 27 de Noviembre: Ayuso planea despedir a 690 médicos con las listas de espera en máximos históricos. Es, más o menos, el 10% de los 7.000 trabajadores de la sanidad pública, cuyo despido ya ha sido anunciado para principios del año 2022 por la Consejería de Sanidad a las diferentes unidades hospitalarias de la Comunidad madrileña. Esos profesionales que serán despedidos el uno de Enero próximo supone el 65% de los más de 11000 se acogieron y firmaron en Marzo de 2020 un contrato Covid, aunque la mayoría ya trabajaban con diferentes contratos en el Servicio de Salud de la Comunidad. La razón que, según Fátima Caballero, alegó la dirección de recursos humanos a la mesa sindical del sector es que no hay capacidad presupuestaria propia para financiar esos puestos de trabajo, que en el último año y medio han sido sufragados por los fondos que el Gobierno central ha venido transfiriendo a la Comunidad de Madrid. Mientras, la Presidenta Ayuso alardea de bajar impuesto, y en lo presupuestado para 2022 recoge una merma de 178 millones de euros respecto a lo ejecutado en 2019, año previo a la pandemia, Isabel Díaz Ayuso, sigue prefiriendo dejar de recaudar para las arcas comunitarias, de la que se benefician los madrileños, 334 millones de euros anuales para que las clases pudientes se los puedan gastar en cerveza y jaranas, servida posiblemente por titulados sanitarios echados al paro.

   Pero muy a pesar de que las reclamaciones y protestas de los sanitarios se multiplican por su injusta situación humana, laboral y profesional, las listas de espera continúan disparándose ad infinitum, y la curva de contagios del “bichito” sube en toda las regiones a pesar del alto porcentaje de vacunados. Cuando sepamos más de la variante africana, ómicron, que tanto preocupa a Organización Mundial de la Salud, hablaremos de tal mutación vírica, cuyas intenciones amenazan con “aguar” las Navidades...

   Frente al aumento de contagios y la aparición de nuevas mutaciones  del  coronavirus, que amenaza con una nueva saturación hospitalaria y con alejar la salida de la pandemia, no está de más exigir la primacía de la Salud sobre la Economía. Es preciso optar por la solidaridad, aunque sólo sea por intereses individuales y egoístas. Hay que exigir a los países ricos que por mucho dinero que se gasten en vacunar a sus ciudadanos, será dinero malgastado mientras no se inmunice a los países pobres aunque sea con las vacunas sobrantes. En un mundo global la salida de la pandemia, también tiene que ser globalizada: ¡o nos salvamos todos, o todos pereceremos! Sabemos que mientras los Estados ricos financien los enormes beneficios de la industria farmacéutica, mirando con indiferencia las miles de muertes de ciudadanos  en los Estados pobre, aquéllos sólo mostrarán su connivencia, torpe y estúpida, con una de las industrias más representativas del sistema capitalista. Pero el Estado debe asumir de una puta vez que en situaciones de riesgo como la que está revelando la pandemia, su principal razón de ser es procurar el bien común, y no el bienestar de unos pocos...

   Si partimos, pues, de la premisa de la prevalencia de la Salud sobre la Economía, al ciudadano medio y no fanatizado, los recortes en la Sanidad pública ha de resultarle una aberración tal, que a la hora de votar debería repensar muy mucho el sentido de su voto...  

   Los madrileños sabemos –y de recordárnoslo se encarga la articulista que glosamos- que la Comunidad de Madrid es la que destina menos porcentaje de su PIB al gasto sanitario: un 3,7% en el ejercicio de 2019, dos puntos menos que la media nacional (5,6%) del mismo año. Sin embargo,  y a pesar de que la Presidenta Díaz Ayuso prometió en su campaña electoral del las elecciones de 4 de mayo reducir las listas de esperas médicas a la mitad, lo cierto es que éstas, según resumen de la articulista, han aumentado 3.500% desde que comenzó la pandemia. Una mentira más de las muchas a las que nos tiene acostumbrado la Presidenta Ayuso, que contrasta con su propósito de echar del sistema al personal sanitario arriba indicado.

     Estas actuaciones respecto de lo público, como la Sanidad o la Educación y otros servicios, nos llevan al convencimiento de que el proyecto de gobierno del PP consiste en un trasvasar los servicios públicos y el consecuente desmantelamiento de los mismos a favor de las empresas privadas. No es que, por principio, estemos en contra de la gestión privada; pero en sectores como los citados, el Estado debe mantener su hegemonía y control riguroso de los cedidos, sobre todo si son financiados con el dinero de los contribuyentes. Habrá una minoría que pueda financiar sus necesidades privadamente; pero para, la gran mayoría de los ciudadanos tal privatización sería lamentable, además de muy onerosa y de muy difícil ejecución. El atasco que, debido a esos recortes presupuestarios, se está produciendo en la Sanidad pública, no hace más  que aumentar las colas de los ciudadanos en sus citas con las clínicas y médicos privados. Quienes salen mejor parados son la Cías de Seguros, que no dejan de publicitarse contratar pólizas de salud. Mientras tanto, el deterioro del servicio sanitario,  como estamos constatando, se está produciendo en ambos sistemas.

   Ante una imaginable situación de caos sanitario que conllevaría locura y desesperanza en la población enferma o necesitada de cuidados, ¿qué haría el Estado o el Gobierno de turno? ¿Se cruzaría de brazos por respetar “formalmente” las competencias cedidas a las Comunidades Autónomas, cuyos gobiernos provocaran tal confusión y caos a los ciudadanos?

   Para cualquier otra cuestión de menor importancia desde el punto social y político, como, p.ej.: el tema de la inmersión lingüística en Cataluña, las derechas, incluso malinterpretando las Sentencias judiciales, están prontas a poner en práctica el famoso artículo 155 de la Carta Magna. Y yo me pregunto, para terminar, ¿estaría la misma derecha dispuesta a exigir con la misma urgencia la aplicación del fatídico artículo al desgobierno de la Comunidad de Madrid? ... ¿...?

 

 

   Manuel Vega Marín. Madrid, 30 Novbre. 2021   www.solicitoopinar.blogspot.com.es

   

lunes, 22 de noviembre de 2021

LA LEY DE AMNISTÍA, UN HILVÁN QUE REFUERZA “LO ATADO Y BIEN ATADO”


   Nos referimos a la ley 46/1977 aprobada por un Congreso salido de las elecciones democráticas, pero “preconstitucional”, y vigente desde Octubre de 1977. Debamos recordar que anteriormente, en el mes de Abril de ese mismo año, el Estado español ratificó el Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles. Dicha ratificación del mencionado Pacto lleva consigo la observación y cumplimiento de todas sus partes. Los expertos jurídicos debieron saber cuáles eran los límites, es decir: los delitos no amnistiables e imprescriptibles  que imponía el Pacto firmado, pudiendo, por tanto, ser juzgados y, en su caso, sr condenados por los tribunales de Justicia españoles. No hubiera hecho falta una Ley de Amnistía para sacar de las cárceles a los que fueron injustamente condenados por la dictadura franquista; hubiera bastado, como afirma Martín Pallín, con declarar la nulidad de todas las Sentencias dictadas en Consejos de Guerra y por el Tribunal de Orden Público (“Una Ley de Amnistía atípica”, público.es de 19-11-21). Pero la cuestión no es la propia Ley, sino la interpretación y la aplicación que la mayoría de los Tribunales españoles ha hecho de ella. Éstos la han entendido, como también afirma el constitucionalista Pérez Royo, como una “Ley de Punto Final, que se extiende a todo tipo de delitos, independientemente de que sean susceptibles de ser amnistiados o no (“La Ley de Amnistía no es el problema”, elDiario.es de 19-11-21).

   La Constitución, además, en su art. 10.2 mandata que Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades... se interpretarán (modo imperativo) de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España.

   Si, a pesar de los que ordena la Constitución vigente durante más de cuarenta años los Tribunales españoles han venido aplicando y manteniendo la interpretación de la Ley de Amnistía como si se tratara de una Ley de Punto Final, lo lógico es deducir que así la van a seguir entendiendo, en beneficio de las autoridades o funcionarios que aún vivan. Estos posibles amnistiables, recogidos en el artículo segundo, apartado “e”: los delitos y faltas que pudieran haber cometido las autoridades, funcionarios y agentes del orden público, con motivo u ocasión de la investigación y persecución de los actos incluidos en esta ley, y “f”: los delitos cometidos por los funcionarios y agentes del orden público contra el ejercicio de los derechos de las personas. Tales, entre otras enmiendas, son los que pretende suprimir Unidas Podemos, aprovechando la tramitación de la nueva ley de Memoria Democrática.

   Si, como hemos mantenido junto con Martín Pallín, Pérez Royo y otros juristas, la citada Ley de Amnistía no hubiera hecho falta para a amnistiar lo “amnistiable”, ducho mucho que las enmiendas de la izquierda a la Ley de Memoria Democrática  consigan cambiar las intenciones políticas e ideológicas de la actual interpretación de la Magistratura. Pero sí que, aparte de concretar e individualizar los delitos no amnistiables, tales modificaciones visualizarán de qué parte están los diferentes grupos políticos y parlamentarios a cerca de la negativa de la Justicia española a aplicar el Derecho humanitario internacional.

 

   Manuel Vega Marín. Madrid,21, Noviembre, 2021   www.solicitoopinar.blogspot.com.es