EL CHAT CORPORATIVO EN QUE SE MANIFIESTAN ALGUNOS JUECES Y FISCALES

   Sería mucho más honesto y acorde con la realidad acabar con el mito de que los jueces son imparciales en la aplicación de la Ley. Es una hipocresía creer y afirmar que, aunque a los jueces, como ciudadanos, tienen derecho a tener ideología, ésta la dejan en sus casas cuando forman parte de un tribunal; que, si en su función juzgadora yerran aplicando las leyes o introducen sus opiniones particulares, para corregir está el sistema de recursos. Sobre el mito de la imparcialidad del juez se ha fundamentado todo el sistema judicial. Y hasta en su aspecto externo, como en las funciones religiosas o mágicas, los magistrados se “disfrazan” de raros ropajes y extraños abalorios, para infundir al ciudadano medio la sensación de que la justicia es algo sagrado proveniente de difusos espacios siderales o que sus administradores actúan como chamanes asexuados o arcángeles desapasionados. Pero, igual que nadie en una sociedad democrática y crítica puede imponer a nadie la creencia en el dogma de la virginidad de María, nadie podrá hacer tragar el “dogma” de la imparcialidad de los jueces. Tal creencia es  desmentida por la realidad cotidiana, por la actuación de muchos jueces y fiscales, o por la forma torticera que su órgano de gobierno, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con su Presidente, Carlos Lesmes, que también lo es del Supremo, están ejerciendo su función. El procès catalán, el máster de Casado o el “chat corporativo, al que dedicamos este escrito, está poniendo en entredicho la confianza social en la que se debe basar la verosimilitud o legitimidad del “tinglado” juridiscional. Precisamente, si dedicamos este trabajo al asunto del “chat corporativo”, es debido a la escasa difusión que los “medios generalistas” han hecho de este grave problema.

JUSTIFICAR LA VENTA DE BOMBAS CONLLEVA JUSTIFICAR LA MUERTE DE INOCENTES

   No entiendo que la venta de un paquete de bombas a Arabia Saudí, conocida hace unos pocos días, haya levantado tantas protestas, cuando todos sabemos que el negocio de armamento de guerra, junto con el narcotráfico y la prostitución, son habituales entre los países que fabrican tales armas y los que pueden pagarlas para utilizarlas en hacer daño e imponer sus intereses en determinadas zonas del planeta. Tales nauseabundos negocios son denunciados una y otra vez por organismos internacionales, de los que ellos mismos forman parte, sin que semejantes advertencias surtan efecto. Sólo en 2016 –dice Nazanín Armanian- la ONU documentó 119 incursiones de la Coalición EE. UU- Arabia en Yemen violando el derecho internacional humanitario: ataques a campos de refugiados, bodas, funerales, escuelas, hospitales, mercados y mezquitas (publico.es 13-9-18). Si alguna justificación tiene la protesta en España, que no es nueva, es porque la Alcaldía de Cádiz, capital de la provincia en la que está instalada la empresa Navantia (en San Fernando) fabricante de las armas, está ocupada por José Mª González (Kichi) de Podemos. La industria armamentística viene fabricando material bélico ocupando el Gobierno de España tanto el PP, como el Psoe. Es más, el pedido de Arabia, cuyo contrato se cuestiona ahora, es de 2015, estando Rajoy en la Moncloa.

LOS MEDIOS INFORMATIVOS, PROPAGANDISTAS DE BULOS

    Terminaba mi anterior artículo, Las zanahorias con las que Lesmes gobierna el CGPJ, criticando el nefasto papel que el “amarillismo partidista” de los medios de información tradicionales están representando especialmente en el “embrollo” catalán. Es una pena –decía- que con la capacidad de influir en la ciudadanía y los instrumentos de largo alcance de que disponen las empresas de la información, no contribuyan, al menos, a evitar el enfrentamiento y deterioro que este pugilato está causando entre los españoles. Y, como tal artículo se alargaba, me comprometí a exponer algunas ideas sobre el asunto, que bien merece el trabajo que ahora tiene el lector ante su vista.