Sería mucho más honesto y
acorde con la realidad acabar con el mito de que los jueces son imparciales en
la aplicación de la Ley. Es una hipocresía creer y afirmar que, aunque a los jueces,
como ciudadanos, tienen derecho a tener ideología, ésta la dejan en sus casas
cuando forman parte de un tribunal; que, si en su función juzgadora yerran aplicando
las leyes o introducen sus opiniones particulares, para corregir está el
sistema de recursos. Sobre el mito de la imparcialidad del juez se ha
fundamentado todo el sistema judicial. Y hasta en su aspecto externo, como en
las funciones religiosas o mágicas, los magistrados se “disfrazan” de raros
ropajes y extraños abalorios, para infundir al ciudadano medio la sensación de
que la justicia es algo sagrado proveniente de difusos espacios siderales o que
sus administradores actúan como chamanes asexuados o arcángeles desapasionados.
Pero, igual que nadie en una sociedad democrática y crítica puede imponer a
nadie la creencia en el dogma de la virginidad de María, nadie podrá hacer
tragar el “dogma” de la imparcialidad de los jueces. Tal creencia es desmentida por la realidad cotidiana, por la
actuación de muchos jueces y fiscales, o por la forma torticera que su órgano
de gobierno, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con su Presidente,
Carlos Lesmes, que también lo es del Supremo, están ejerciendo su función. El procès catalán, el máster de Casado o el
“chat corporativo, al que dedicamos este escrito, está poniendo en entredicho
la confianza social en la que se debe basar la verosimilitud o legitimidad del
“tinglado” juridiscional. Precisamente, si dedicamos este trabajo al asunto del
“chat corporativo”, es debido a la escasa difusión que los “medios
generalistas” han hecho de este grave problema.
Como todos sabemos, el llamado Poder judicial está constituido por
jueces y magistrados a título individual, aún cuando éstos formen parte de
un tribunal de más de un juez. Ni
siquiera, como muchos parecen creer, el CGPJ es poder judicial. Además, por
ley, los jueces son funcionarios del Estado, y en tanto que tales, están
condicionados por la división de poderes del Estado Constitucional. Por tanto,
en cuanto “portadores” de ese “poder omnímodo”, mucho más que otros
funcionarios, como policías o militares, los jueces tienen limitado el derecho
a manifestar en público sus opiniones particulares. A fortiori si el medio en que se expresan es un “chat corporativo”,
al que, mediante clave, sólo tienen acceso ellos. Sería absurdo intentar privar
a los jueces de su derecho a tener ideología u opinión política. De hecho, el
que existan diferentes asociaciones de jueces y fiscales revela que esas
diferentes opciones de asociación lo hacen por algo más que por intereses
profesionales. Asunto bien distinto es que esas opiniones hagan proselitismo
entre colegas, para tomar posturas comunes sobre personas o hechos que pueden
tener que juzgar. Cuando un juez, aunque sea en privado, emite su opinión sobre
un determinado asunto, debe tener en cuenta que, de cara al público, y por
estatus individual de poder del Estado, está trasmitiendo una especie de
calificación de lo opinado. No hay más que ver el follón que ha montado Llarena
con sus declaraciones sobre los presos políticos.
No se puede llamar imparciales a magistrados que, a través del chat
corporativo, buscando la adhesión de otros compañeros, tildan de nazis,
golpistas, criminales independentistas, etc. a cientos de miles de catalanes
que no piensan como ellos. No son, precisamente, muy neutrales esos
calificativos que circularon por esa red corporativa los días previos y
posteriores al 1-O, y que prepararon los ánimos de ciertos jueces para que los
políticos catalanes se vieran obligados a elegir entre el exilio o la prisión. Asombra,
en cambio, el corporativismo con el que todas las asociaciones de jueces han
tratado de disculpar tan aberrantes comentarios.
Tampoco se puede reiterar, como
ha hecho el Presidente Sánchez, la confianza en la imparcialidad e
independencia de la justicia habiendo oído o leído de sus representantes frases
como quien la hace la paga, con los
golpistas no se negocia ni se dialoga… O frases “mafiosas” como las
pronunciadas por quien está llamado a presidir el Gobierno, Pablo Casado, de
que no se puede dialogar con independentistas con la pistola sobre la mesa.
¡Más que bochornoso!
Tiene razón el profesor Antón Losada cuando en su artículo, Ellos son la justicia, (El Nacional,
22-9-18) dice: Los funcionarios públicos tienen la obligación de comportarse
respetando los principios del código de conducta que establece el Estatuto
básico del empleado público, en público o en privado. Que se manifiesten en
privado, su posición de servidores de la justicia no les exime de la
responsabilidad que tal estatus les confiere. Cuando un juez –sigue
Losada- dice que alguien ha cometido un
delito de rebelión importa, en un chat privado o en una conferencia, porque
ellos son la justicia, ellos son quienes interpretan y aplican una ley donde
caben diferentes interpretaciones y grados de aplicación.
Asimismo es lamentable el clamoroso silencio mantenido al respecto por
el Consejo del Poder Judicial. Su presidente, Carlos Lesmes, que tan dado es a
emitir titulares políticos, siendo, además, magistrado/presidente del Tribunal
Supremo, mantiene un absoluto silencio, del que se puede fácilmente entender
que, si no sanciona a estos magistrados es porque con sus declaraciones siguen su “doctrina oficial” expuesta ante el
Rey en su discurso de apertura del año judicial. En aquel parlamente… el presidente del CGPJ y del Supremo –cito a
David González- advirtió que los jueces
“ampararán” a quien haga “cumplir la ley” en Catalunya y proclamó que la
Constitución “como máxima expresión de la soberanía nacional” y de la “indisoluble unidad de la Nación española”
deviene “un mandato jurídico que corresponde garantizar al poder judicial…, en
definitiva, un deber para todos nosotros de inexcusable cumplimiento”.
(“¿Por qué Lesmes no sanciona a los jueces…” El Nacional cat. De 20-9-18).Hay
juristas que, si bien dudan de si estas inecuánimes y partidistas expresiones
sean punibles por delictivas, sí debieran ser objeto de una sanción disciplinaria, ya que
constituyen un exceso verbal clarísimo (Joan Queralt) o “van más allá de la opinión jurídica (J.A. Martín Pallín). Por otra
parte, algunos de los correos pueden incurrir en falta grave referida en el
art. 418.3 de la Ley O. del P. Judicial: Dirigir
a los poderes, autoridades o funcionarios públicos o corporaciones oficiales
felicitaciones o censuras por sus actos, invocando la condición de juez, o
sirviéndose de esta condición. ¿Cómo considerar la frase con los golpistas, se llamen Tejero o
cualquier otro de actualidad, no se puede dialogar? Ya el CGPJ expulsó de la carrera judicial a
Santiago Vidal por escribir en sus ratos libres una hipotética constitución
catalana; y más reciente aún fue sancionado otro Vidal, esta vez Federico del
nº 17 de lo Contencioso de Barcelona, por llamar terroristas de uniforme a los policías que protagonizaron la
represión del 1-O en un foro privado, o por haber censurado la actitud del Rey
respecto de la crisis catalana.
Parece
ser que el autor de la frase “con los golpistas ni se negocia ni se dialoga” es
el juez Agustín Vigo Morancho; pero tiene su antecedente en aquella otra,
“cuando la Constitución resulta golpeada,
no puede renunciar a defenderse”. Esta frase no es pronunciada por un “juez de
paz” en un juzgado de pueblo, sino por el mismísimo Presidente del Tribunal
Supremo y del CGPJ ante el Jefe del Estado, en el discurso citado arriba, dando
por hecho juzgado que lo que se ha producido en Catalunya ha sido un golpe de
estado. Calificación con la que no están de acuerdo juristas de reconocido
prestigio o la justicia de otros países de la UE que se van decantando sobre el
tema.
Es curioso, por otra parte, y no tiene nada de extraño que la sala 61
del Supremo, presidida por Lesmes, se haya retrasado en la publicación del auto
que, por unanimidad, rechaza el recurso de recusación de los cinco magistrados
que tienen que juzgar a los procesados catalanes. No es este el espacio
adecuado, ni he tenido ocasión todavía de formarme una opinión del citado auto.
Pero una de las frases del auto para rechazar el recurso, que los presos políticos catalanes buscan tan
sólo empañar la honorabilidad de la justicia española, más que jurídica es
política, amén de “topicazo manido”. Parecido seudoargumento se ha utilizado
para justificar los honorarios en defensa del juez Llarena frente a la demanda
civil en un juzgado belga por Puigdemont
y otros exconsellers. Dudo mucho que los abogados de la defensa, sabiendo al
“bunker” al que se enfrentan, hayan alegado razones ambiguas y poco jurídicas,
como para no merecer ser contradichas por la Sala con argumentos más jurídicos.
Lo que realmente empaña la honorabilidad de la justicia española son las
irregularidades que ésta ha venido cometiendo desde que Rajoy dio orden al
entonces fiscal general, sr. Maza para que pusiera en marcha todo el procès. ¿O es que también los juristas y
magistrados españoles de gran prestigio o los tribunales europeos que han
venido denunciando esas irregularidades son antipatriotas que pretenden
deshonrar el sistema del que viven? Más bien es la impunidad y la arbitrariedad
con la que muchos jueces juzgan, actuando como hooligans, lo que hace que los ciudadanos pierdan la confianza en
la justicia. Que los magistrados de la Sala 61 del Supremo pretendan solventar
una recusación legal, amparada por el derecho de defensa, con un empañar
la honorabilidad de la justicia española, más bien denota en ellos una
especie de paranoia conspiranoide, propia de quien ha gozado de una excesiva
protección durante el franquismo y la “transición”, que les ha anulado la
capacidad de autocrítica y no soportan que otros profesionales y tribunales les
enmienden la “plana”…
Creo interpretar bien a Elisa Beni si considero que esa honorabilidad de la que hablan está
referida a la “honrilla ofendida”, típicamente española, por la que muchos se
batían en duelo. El procès catalán
está enseñando, al menos, que con el
honor y con lo español hemos topado. Pero como sigue diciendo E.Beni, el honor entendido como una forma de
blindaje ante cualquier control, inspección, escrutinio, crítica o denuncia
respecto a cómo algunos hacen funcionar el sistema, o sobre sus
posicionamientos políticos que, por supuesto, en su imaginario no afectan jamás
a su imparcialidad. (La conspiración
contra los jueces. El Nacional,26-9-18).
Los jueces y fiscales que se han expresado de la manera que lo han hecho
en el chat corporativo, no sólo denotan la ignorancia de su posición en el
Estado constitucional. Lo cual es grave. Pero más sería que estuviese en sus
manos la solución del problema catalán. Y más grave aún es el riesgo que la
actitud “fanática” de esos jueces supone para la Democracia.
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