lunes, 10 de febrero de 2020

IMPOSIBLE LA NORMALIZACIÓN POLÍTICA CON ESTE SISTEMA JUDICIAL



   En mi anterior artículo intenté explicar las carencias de nuestro Estado Democrático que el  procès catalán está poniendo de manifiesto. Una inestimable oportunidad para subsanarlas. El nuevo Gobierno de coalición parece estar haciendo esfuerzos en ese objetivo. Pero, más bien parece que son las altas instancias judiciales las que aprovechan el problema de Cataluña, según dice Gonzalo Boye, para poner en valor su propia agenda política y, también, su visión de lo que ha de ser el estado español (sic), que, sin duda, dista mucho de ser el compartido por la mayoría de la sociedad (“Cataluña es una oportunidad”, el.nacional.cat de 7-2-20). Frente a la buena voluntad que se viene mostrando en los contactos políticos, fundamentalmente en la visita del Presidente del Gobierno a Cataluña y su encuentro con el President Torra, la actitud de las instituciones y jueces relacionados con el conflicto catalán no parece estar en la misma sintonía. Tanto al instructor Llarena, como a la JEC,  no parece haberles importado  mucho  lo dictaminado por el TJUE respecto de los europarlamentarios catalanes, por ejemplo.

lunes, 3 de febrero de 2020

EL PROCÈS PONE DE MANIFIESTO CARENCIAS EN EL ESTADO DEMOCRÁTICO


   Si bien el artículo 1,1 de nuestra Constitución dice que España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho..., en la práctica parece confirmarse que España sólo es un  Estado de Derecho, para el que solamente basta contar con un conjunto de leyes, y unos órganos dispuestos a interpretarlas torticeramente. Así lo ve el letrado Gonzalo Boye cuando afirma que lo que está sucediendo en España, y que se está poniendo en evidencia desde Cataluña, es que leyes tenemos, tal vez demasiadas, y también cada día vemos que hay gente dispuesta a hacerlas cumplir al precio que sea, porque, en realidad lo que les acomoda es vivir en un “estado de derecho” sin que el prerrequisito democrático sea para ellos un impedimento. La aplicación irrestricta de esas leyes, incluso su uso torticero, es lo que nos ha llevado hasta el punto en que nos encontramos que, cada día, está más cercano al de no retorno (“Estado de desecho”, el Nacional.cat de 31-1-2020).