En mi anterior artículo intenté explicar las carencias de nuestro Estado
Democrático que el procès catalán está poniendo de manifiesto. Una inestimable
oportunidad para subsanarlas. El nuevo Gobierno de coalición parece estar
haciendo esfuerzos en ese objetivo. Pero, más bien parece que son las altas
instancias judiciales las que aprovechan el problema de Cataluña, según dice
Gonzalo Boye, para poner en valor su
propia agenda política y, también, su visión de lo que ha de ser el estado
español (sic), que, sin duda, dista
mucho de ser el compartido por la mayoría de la sociedad (“Cataluña
es una oportunidad”, el.nacional.cat de 7-2-20). Frente a la buena voluntad
que se viene mostrando en los contactos políticos, fundamentalmente en la
visita del Presidente del Gobierno a Cataluña y su encuentro con el President
Torra, la actitud de las instituciones y jueces relacionados con el conflicto
catalán no parece estar en la misma sintonía. Tanto al instructor Llarena, como
a la JEC, no parece haberles
importado mucho lo dictaminado por el TJUE respecto de los
europarlamentarios catalanes, por ejemplo.
Si algo caracteriza a nuestros sistemas democráticos es la división de
poderes –Legislativo, Ejecutivo y Judicial-, que lo configura y el equilibrio y
respeto entre ellos. Sin embargo, hace tiempo que se viene advirtiendo,
especialmente en todo lo relacionado con el procés
y las instituciones catalanas, de la falta de contrapesos y control con que
viene actuando nuestras más altas instancias jurisdiccionales. No es una
novedad escuchar de los expertos que el esfuerzo que otros organismos y estamentos
hacen por adaptarse al sistema democrático, en el mundo de la judicatura esa
renovación brilla por su ausencia. Si a esa falta de contrapesos de que goza la
estructura del poder judicial, le añadimos su enorme y crónico corporativismo,
el Poder Judicial se convierte en un “poder fáctico” más del Estado al que
nadie elige y ante nadie responde. Mientras que estos altos togados se sigan considerando
ángeles intocables e impunes, lo peor no será que no paguen por sus “torpezas
prevaricadoras” en temas de su competencia, sino que otro tipo de conflictos de
naturaleza no jurídica, difícilmente encuentren solución satisfactoria. Y esto
es lo que viene pasando con el conflicto catalán. Que de ser un problema
esencialmente político, el “tancredismo” del Presidente Rajoy lo convirtió en
un conflicto jurídico de muy difícil y compleja solución. Rajoy y su partido,
desde que instalaron mesas petitorias de firmas, repartidas por todo el
territorio nacional, en contra de los catalanes y de la reforma de su Estatuto
(2005-2006, calcularon que les sería más fácil gobernar España teniendo a la
mayor parte de la judicatura a su favor (por delante y por detrás), que obtener
el apoyo de los ciudadanos. Así, en vez de afrontar un diálogo político serio
con los catalanes, le encargó a un Tribunal Constitucional ad hoc que, despreciando al Parlamento español, al Parlament y a la
voluntad de los catalanes expresada en referéndum, emitiera la sentencia
31/2010, rompiendo el pacto territorial de 1978, que en Cataluña venía funcionando
normalmente desde la reforma del Estatuto en 2006. Con esa famosa sentencia y
la mayoría absoluta (186 diputados) en las elecciones generales de 2011,
obtiene lo buscado con tanto ahínco: tener “domeñada” y de su parte a la
mayoría de la alta magistratura. Al PP ya no le importa la pérdida de
electorado o casi desaparecer de las “nacionalidades” vasca o catalana. Le es
suficiente su infiltración a largo plazo en las altas magistraturas, para
seguir gobernando sin estar en la Moncloa. Tampoco le importa que el problema
catalán siga distorsionando la política nacional, con tal de caer bien en las
“nacionalidades o regiones” del ¡a por
ellos!...
Cualquier interpretación de la
Constitución y de las leyes que hagan “sus”
jueces y fiscales será acogida con aplausos patriotas, con tal de fastidiar
a otro Gobierno alternativo, no teniendo en cuenta el bochornoso ridículo de
nuestros tribunales ante instancias u organismos europeos e internacionales; en
el fondo lo que parece interesar a aquéllos es el progresivo ascenso en sus
carreras profesionales.
Naturalmente, una judicatura democrática e independiente no hubiera
actuado en el tema catalán atribuyéndose competencias forzando la ley procesal.
Al entonces Fiscal General y a nuestra Suprema Magistratura les faltó tiempo
para, a la mínima señal, ponerse a disposición del Presidente Rajoy. Ellos son
los culpables del tremendo galimatías jurídico, que tendrá muy difícil
solución, si la judicatura no reconoce su error y abandona la idea de querer
seguir “mandando”. Máxime si, además, nuestros Tribunales, por simple orgullo
cañí, dan la espalda a los dictámenes de sus colegas europeos. Y todo ello,
claro, causando perjuicio a nuestra democracia, y forzando a los agentes
políticos a despreocuparse de los problemas, que, cada día, afectan a los
ciudadanos. Pues, como afirma Gonzalo Boye, el
poder, al menos el poder real, no está hoy en manos de aquellos a quienes la
mayoría de los españoles confiaron los destinos de España, sino en las de otros
a quienes nadie eligió, sin que, además, exista forma real de exigirles ni la
más mínima responsabilidad... al menos no al sur de los Pirineos (ibídem).
Pero ese griterío y el recurso permanente de la derecha a los tribunales
de justicia no indican más que una falta de autoritas,
porque, cuando ésta es reconocida por los ciudadanos, no es preciso acudir a
los jueces para que la proporcionen. Los cálculos cortoplacistas y una insulsa
pugna electoral entre las derechas por ganarse la confianza de los ciudadanos
no harán sino terminar en una confrontación de mentiras y medias verdades, que
harán que el noble ejercicio de la política se vea absolutamente desprestigiado.
Algo así sintetizaba la frase franquista de ¡no
te metas en política!... Dicho que a unos cuantos listillos les sirvió de
pretexto para “forrarse”...
Y lo más preocupante es que la sociedad acabe aceptando como normal lo
que, en absoluto, lo es. El fácil acceso a las redes sociales, la manipulación
de la información que los poderes fácticos hacen en sus medios, la facilidad con que se confunde lo virtual con lo real,
y lo cómodo que, gracias a todo ello, viene siendo a muchos aceptar como dogmas
las fake news, terminará por hacernos
vivir en un mundo de zombis insolidarios e incultos, cuya única justificación
de vida será el ¡sálvese quien pueda!...
Y, mientras tanto otros listillos, quizá herederos de los anteriores, continúen
llenándose los bolsillos con toda impunidad....
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