LA EUTANASIA; EL DERECHO A MORIR DIGNAMENTE...

 

   Dentro del eterno, ético-religioso y universal debate sobre la Vida y la Muerte, y de las diferentes formas de pensar, según momento y circunstancias, sobre estos trascendentales hechos, creo que podemos coincidir unánimemente en una conclusión: no decidimos sobre la fatalidad y facticidad de ambos eventos. Quiero decir que son fatums y, como tales, independientes de nuestra voluntad. Sobre su concepción y nacimiento, el nacido “no ha tomado parte ni arte”. Como mucho, a partir de cierto tiempo y con mucha suerte, podrá planificar su vida e intentar que en su intervalo vital, su proyecto se ajuste lo más y mejor posible a su deseo. Ante la “fatalidad” e inexorabilidad de la muerte, el viviente sólo puede optar por dos cosas: anticiparla mediante el suicidio y evitar sufrimientos, o aliviarlos con “cuidados paliativos” y recurrir a un profesional de la medicina que le ayude en su deseo de morir dignamente sin esperar el curso natural del triste acontecimiento, es decir; la eutanasia. El suicidio no es delito a pesar de ser un acto voluntario. Otra cosa es tener derecho a poder hacerlo, es decir; tener el derecho a exigir a la sociedad y a los profesionales que quieran la ayuda necesaria para aligerar ese amargo trance de la manera más digna posible. Lo cual incluye también poder estar en ese último momento acompañado de familiares y amigos. La nueva ley de eutanasia viene a convertir en legal lo que hasta ahora era un delito.   Tampoco es ilegal la aplicación de cuidados paliativos, que, si bien no tiene por qué desearlos activamente el paciente, en su aplicación participan activamente profesionales sanitarios. Aunque, materialmente, los cuidados y la eutanasia coinciden en el mismo objetivo, jurídica y penalmente, son dos eventos distintos. Si bien en su etimología griega, eutanasia significa buena muerte, por su descripción jurídico-penal, más exacto sería definirla como suicidio asistido, un derecho introducido por la nueva ley, que hace más digna y humana el final de nuestra vida. 

   En el preámbulo de la Ley se define la Eutanasia como la actuación que produce la muerte de una persona de forma directa e intencionada mediante una relación causa-efecto única e inmediata, a petición informada, expresa y reiterada en el tiempo por dicha persona, y que se lleva a cabo en un contexto de sufrimiento debido a una enfermedad o padecimiento incurable que la persona experimenta como inaceptable y que no ha podido ser mitigado por otros medios. Esta nueva ley introduce en nuestro ordenamiento jurídico un nuevo derecho individual.

   El derecho a la vida es fundamental y está protegido por la Constitución vigente en su artículo 15: Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan sr sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos y degradantes... Pero este derecho hay que cohonestarlo con otros de similar rango como, p.ej., el derecho a la dignidad humana (art. 10 CE), ya que en un contexto eutanásico descrito en la definición, según el mismo preámbulo, no existe un deber constitucional de imponer o tutelar la vida a toda costa y en contra de la voluntad del derecho a la vida.

   Si “el Constituyente” no incluyó la eutanasia en la Constitución es que, aparte de que el “horno no estaba para bollos”, el contexto social no lo urgía, por la misma razón que, si bien en el citado artº 15, abolió la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra.

   Actualmente, la exigencia de la eutanasia vine siendo debatida y aceptada socialmente casi por un 87% de ciudadanos de toda ideología y religión. Es por ello que un poder político laico y democrático no está legitimado ni puede tener argumentos para no regular la manera de morir dignamente. Además, el legislador debe encontrar múltiples razones en el artículo 1.2 de la Constitución. No se entiende, pues, si no es por motivos dogmáticos-religiosos, que durante el debate han venido manteniendo determinados sectores ultras, hasta estallar en una especie de “bramido” del obispo de Alcalá de Henares, proclamando que la aprobación de la Ley de la Eutanasia ha convertido a España en un campo de exterminio...

   Triste, más que raro, es que “hombres de ciencia” y sus colegios oficiales, agrupados en la Organización Médica Colegial (OMC), pretendan oponer su Código deontológico a lo establecido en la Ley de eutanasia 3/2021 de 24 de Marzo, aprobada por el órgano de representación de la soberanía nacional. El citado código establece en su artículo 36.3 que el médico nunca provocará intencionadamente la muerte de ningún paciente, ni siquiera en caso de petición expresa por parte de éste. Igual que PP, Vox y la Conferencia episcopal, las organizaciones médicas han venido teniendo durante su debate y aprobación una actitud muy crítica con la nueva ley. No sólo en base al citado artículo 36, sino aduciendo principios generales del médico por el cuidado de la salud del individuo. ¡Como si ayudar a un enfermo terminal a morir dignamente no fuese un importante cuidado médico!... Es una actitud muy hipócrita que el presidente, Dr. Rodríguez Sendín, de la Comisión Central de Deontología de la OMC, quiera zanjar el tema acudiendo a la disposición final segunda del dichoso código, que excluye el castigo al profesional que actúe conforma a la ley. El médico que actuara amparado por las leyes del Estado no podrá ser sancionado deontológicamente. ¡Quizá con esa norma se pretenda justificar y despenalizar sibilinamente la presencia en la ejecución  de un reo del cura y el médico!.. Sólo los hipócritas y “desconcienciados” pretenden salvar los prejuicios dogmáticos-religiosos buscando atajos leguleyos. Se creen los únicos profesionales que actúan guiados por principios ético-morales. ¡Hasta un verdugo tiene su código deontológico, aunque no está escrito y estructurado!..

   Es mucho más honesto acudir a los cauces legales que las propias leyes proveen para los que tienen problemas en su cumplimiento.  En la ley que nos ocupa se garantiza la prestación (de la eutanasia) sin perjuicio de la posibilidad de objeción de conciencia del personal sanitario. El capítulo IV, que transcribo a continuación lo dice bien clarito...

Artículo 16. Objeción de conciencia de los profesionales sanitarios.

1. Los profesionales sanitarios directamente implicados en la prestación de ayuda para morir podrán ejercer su derecho a la objeción de conciencia.

El rechazo o la negativa a realizar la citada prestación por razones de conciencia es una decisión individual del profesional sanitario directamente implicado en su realización, la cual deberá manifestarse anticipadamente y por escrito.

2. Las administraciones sanitarias crearán un registro de profesionales sanitarios objetores de conciencia a realizar la ayuda para morir, en el que se inscribirán las declaraciones de objeción de conciencia para la realización de la misma y que tendrá por objeto facilitar la necesaria información a la administración sanitaria para que esta pueda garantizar una adecuada gestión de la prestación de ayuda para morir. El registro se someterá al principio de estricta confidencialidad y a la normativa de protección de datos de carácter personal.

   Como podemos ver, esta ley no sólo no obliga a los profesionales sanitarios a cumplirla si ello les acarrea problemas serios de conciencia, sino que les facilita los medios. Por  el contrario, es el rechazo de la misma, fundamentalmente en España, por criterios morales de gran parte de la jerarquía de la iglesia católica, que quiere seguir imponiendo a una ciudadanía que hoy ya, mayoritariamente, no los comparte y prefiere respetar laicidad y neutralidad del Estado frente a convicciones o prejuicios religiosos. Pero ¡no nos confiemos, porque el “nacionalcatolicismo” parece resurgir!...

   El presidente del Colegio madrileño de médicos, Manuel Martínez-Selles, creyéndose representar a todos los profesionales de la salud y sin hacer distinción de sus creencias personales de las de los colegiados, no tiene inconveniente en manifestarse ante el Congreso, junto con otros ciudadanos “ultras” y declarar que la eutanasia va contra la esencia de la medicina... De hecho, la eutanasia va contra el código deontológico que tenemos todos los médicos en España, que prohíbe explícitamente la eutanasia. Ni el mismísimo Juramento hipocrático, ni el código deontológico de la OMC, aunque estuviesen tallados en piedra, están por encima de una ley elaborada por un Parlamento democrático. ¡Hasta la Constitución es reformable y adaptable a cada época!...

   El Dtor. Martínez-Sellés tiene todo el derecho a mantener privadamente su posición fundamentalista y mantener buenas relaciones con las asociaciones “pro-vida, todas ellas “integristas”. Pero lo que, a juicio de Javier Velasco, presidente de la organización Derecho a Morir Dignamente, los colegios médicos no resultan suficientemente representativos de la pluralidad de la profesión.

   Estoy de acuerdo con el profesor Pérez Royo de que la aprobación de la Ley de Eutanasia es un primer paso en el reconocimiento de un derecho. Pero, la autonomía para poder tomar la decisión de poner fin a la propia vida acabará siendo reconocida en ´términos más amplios de los que figuran en la ley aprobada hoy (“Derecho a una muerte digna: un primer paso”, el Diario.es de 18 de Marzo de 2021).

 

 

   Manuel Vega Marín. Madrid, 28, Marzo, 2021     www.solicitoopinar.blogspot.com.es

 

 

 

 

GABILONDO PIENSA SEGUIR DORMITANDO AÚN SI GANA LA PRESIDENCIA DE MADRID

 

   Es lo que cabe deducir después de leer su entrevista con García Ferreras, ¡cómo no!,  en La Sexta este lunes (22-3-21). Creo –dice el candidato Gabilondo- que con sinceridad, en esta coyuntura, en estos dos años, no hay que tocar la fiscalidad. No entiendo, pues, cómo con una fiscalidad débil y sin, como el mismo reconoce, presupuestos, se puede reforzar la sanidad pública y la educación de calidad, manteniendo el trasvase de dinero público a las escuelas privadas-concertadas, así como el desvío de servicios sanitarios a los hospitales privados. Espero y deseo que ello sólo sea parte de los ensueños disfrutados mientras daba sus “cabezaditas”, oponiéndose a duras penas a la señora Díaz Ayuso en la Asamblea de la Comunidad de Madrid.

   No entiendo su intención de pactar el Gobierno comunitarios con Ciudadanos y Más Madrid, pero no con Unidas Podemos, o que prefiera con este Iglesias, no...  ¿Es que no se ha enterado el candidato Gabilondo de que Ciudadanos ha pactado con el PP en las Autonomías en las que gobierna la derecha con el apoyo de Vox?

   Ángel Gabilondo confunde su lema de campaña, Soso, Serio y formal, descriptivo de su carácter, con las cualidades que debe tener un buen gestor político, máxime si tal gestor toma esas notas adjetivas y las enmaraña con la sustancia ideal que un intelectual socialista debiera defender. Llamar extremista o radical a Pablo Iglesias por mantener las mismas ideas que no hace mucho defendía el Psoe y sigue defendiendo la socialdemocracia europea, es caer en la “equidistancia” tramposa, que apoyada por los medios de comunicación, pretenden equiparar las políticas defendidas por la izquierda y por UP, basada en derechos fundamentales y constitucionales: aumento del salario mínimo interprofesional, renta mínima vital, mejora de las pensiones, una fiscalidad justa y progresiva, una ley de vivienda limitadora de los precios del alquiler, etc., con las políticas  antiderecho-fundamentales mantenidas por Vox, similares al ultramontano liberalismo practicado por la Ayuso. Una vez más, con ayuda de los medios, los “poderes fácticos” muestran su único objetivo de atacar a Unidas Podemos. Pocas veces, cuando Iglesias reivindica un derecho, no cita el artículo de la Constitución que lo establece. Me gustaría, por el contrario, que tantos críticos, que sólo se fijan, p.ej., en su indumentaria, debatieran el contenido de sus propuestas. En el caso que nos ocupa, me gustaría que Gabilondo explicitara, como docente y pedagogo honesto, la radicalidad y el extremismo  de las propuestas del líder de Podemos. No basta, pues, convertir en eslogan electoral notas psicológicas de la personalidad individual...  

  Lo comprendería sólo si, como ya declaró Pablo Iglesias, fuese una estrategia electoral para rapiñar votos de C´s. O como, declara el Secretario de Organización del Psoe, Sr. Ábalos, las preferencias de Gabilondo no se han tratado en Ferráz, donde además se tiene una experiencia muy positiva del Gobierno de coalición progresista. Yo diría más: que, según el resultado de las elecciones del 10-N y las matemáticas parlamentarias, era la única opción que le quedaba a Pedro Sánchez para presidir el Gobierno de España. Dudo mucho que, sin el trabajo de Iglesias, el líder del Psoe ocupara la Moncloa. ¿Todavía está tan dormido Gabilondo, que no se ha enterado de esta circunstancia? ¿Es que ha olvidado que las bases del Psoe gritaban ¡con Rivera, NO!...? ¿Es que este señor, con sus lecturas de Kant, no lee las encuestas vaticinadoras del derrumbe del partido de Arrimada? ¿Es que prefería esperar a que le cayera la breva de ser nombrado Defensor de los madrileños, en vez de insistir en la Moción de  Censura propuesta por Más Madrid y Podemos, y seguir buscando el imprescindible apoyo de Ciudadanos? Pero, para conseguirlo, hubiera hecho falta más arrojo en el ofrecimiento que se le hizo de la Presidencia al inútil vicepresidente Ignacio Aguado? Total, tan ineficaces son el  “vice”, como la “presi”. El gobierno madrileño está en manos del jefe de gabinete de la Presidenta, MAR, que, cual maestro polichinela maneja los hilos de la “cristobita pimpinela”...

   No creo, en absoluto, que el filósofo Gabilondo conciba la política democrática como un juego de malabares y tuits demoscópicos, aunque por sus desacertadas declaraciones, lo parezca. Más bien me creo, como ha vuelto a decir Pablo Iglesias, sea sólo pura estrategia electoral.  

   Quien ha introducido polarización y extremismo en la campaña, ¡entérese sr. Gabilondo!, ha sido la Presidenta Ayuso, primeo convocando una elecciones en su propio beneficio, y luego con sus eslóganes socialismo o libertad, comunismo o libertad. A su vacío seso le hubiera sido lo mismo gritar ¡Socialismo o muerte!...

   Lleva razón Ester Palomeras (Huir del ruido, elDiario.es, 22-3-21) al escribir que No es que Ayuso haya inventado al enemigo, pues su talento –añado yo- no llega ni a eso, pero sí ha hecho de él la quintaesencia de su discurso. IDA, como arquetipo del nacional populismo, ha sabido conjugar su total carencia de ideas con el miedo  y la desazón que está produciendo la pandemia, y ha sabido estimular las bajas pasiones asomadas en esta grave crisis. De ah, sigue diciendo Palomeras, que haya dibujado al líder de Unidas Podemos como una especie de delincuente común que viene a Madrid con un programa (no sé dónde lo ha leído, añado) que “fomenta la okupación, la expropiación y los adoquines de las calles... Que es un caribeño con chándal que vive de los demás en mansiones y con séquito de mujeres. Este es el percal de la mujer que muchos madrileños tenemos que aguantar y que otros, apoyándola y votando a los fascistas de Vox, pretende conseguir la mayoría absoluta. Para evitar tal hecatombe es por lo que el Vicepresidente Iglesias baja a la contienda, intentando movilizar a tope a la izquierda.

   Estas son las consideraciones que el candidato socialista debiera tener en cuenta, y no caer en la equidistancia del centro, ni querer practicar una política “transversal”. Eso no existe. Es tan sencillo como evitar atacar a Más Madrid o a Unidas Podemos, partidos de los que puede depender su Presidencia. Y sobre todo, y con esto termino, hablar más con Pablo Iglesias, quien viene diciendo una y otra vez que, para conseguir su objetivo de parar a la ultraderecha, no tendrá necesidad de arremeter contra los colegas de izquierda en la campaña electoral..

 

 

   Manuel Vega Marín. Madrid, 23, Marzo, 2021    www.solicitoopinar.blogspot.com .es

 

 

 

 

   

 

  

ÍÑIGO ERREJÓN VUELVE A LAS ANDADAS....

   La inesperada y desinteresada – y digo desinteresada, dado el riesgo que corre el líder de Podemos, Pablo Iglesias, de acabar su carrera política-, si no logra su objetivo de echar a la Ayuso de la Presidencia de la Comunidad Autónoma madrileña. En tal caso, dudo que se consiguiera, si quiera,  la deseada reunificación de la izquierda. De lo que no me cabe la menor duda es que el gesto de Pablo ha supuesto una magnífica ocasión, para que el líder de Más País reconociera y pidiera perdón a los madrileños por el gran daño que les ocasionó el desastroso pacto (de las “magdalenas”) con la Alcaldesa Manuela Carmena, Más Madrid, con el que fueron desbancado del Gobierno municipal por la derecha en 2019.  Cuatro años antes, en 2015, Manuela Carmena, ya retirada de la vida pública, propuesta y apoyada por Podemos formaron la plataforma Ahora Madrid, que ilusionó y movilizó a la aletargada izquierda, “reconquistando” la Alcaldía de la capital del Reino. No sé si la conducta de ambos se debió a un ataque de egoísmo o un exceso de confianza. Lo cierto es que, aunque tuvieran derecho a ello, objetivamente, supuso un gran golpe para los madrileños de izquierda., que, al menos, merecen disculpas.

   En dos artículos que escribí sobre el asunto en Enero de 2019, califiqué la conducta de Íñigo  Errejón de traición. Ambos  trabajos los puede encontrar el lector interesado, ya que  fueron publicados en mi blog, www. solicitoopinar.blogspot.com.es con los Títulos Una en toda regla y A pesar de todo..., ha habido traición. En el primero de ellos le reconocía a Errejón su derecho a fundar o a unirse a otro partido. En el segundo, afirmo que la traición no consiste en ejercer un derecho, sino en la forma en que se ejerce. La RAE en su primera acepción define el concepto como falta que se comete quebrantando la fidelidad o lealtad que se debe guardar o tener. En fin, no es plan de repetir aquí mis argumentos expuestos en los artículos citados.  

   En cuanto a la señora Carmena, con motivo de unas declaraciones suyas en infolibre.es de 24-1-21 respecto de las declaraciones de P. Iglesias y los exiliados catalanes, aproveché papa recordarle en un artículo, Señora Manuela Carmena..., lo primero, pedir perdón, publicado en mi blog el 25-i-21, que ella tampoco ha pedido perdón a los madrileños.

   Por el contrario, leo en elDiario.es de 4-3-21 que los ediles Marta Higueras, Manuel Calvo, Luis Cueto y Felipe Llamas del Ayuntamiento de Madrid, que formaron parte de la plataforma Ahora Madrid, abandonan el partido de Errejón, Más Madrid, creado posteriormente, porque, dicen, no se identifican con el proyecto originario. Con esta ruptura, según elDiario.es, el  concejal José Manuel Calvo, que en 2019 salió de Podemos para integrarse en Más Madrid, entona el mea culpa y asegura que fue un “error” aquello porque la izquierda se dividió. No deja de ser una forma de pedir perdón.

   Sin embargo, el generoso gesto de Iglesias, por más razones que amigos o enemigos hayan querido buscar, no deja de ser un acto de arriesgado altruismo ilusionante para la unidad de la  izquierda. Y a ello contribuían las primeras declaraciones de la portavoz de Más Madrid  en la Asamblea de Madrid, Mónica García. Pero, pasado esos primeros momentos de euforia, pienso que una vez que el líder de Más País ha intervenido en el tema, Errejón ha  “vuelto a las andadas”. Pues las posteriores declaraciones de la misma portavoz, hablando de irresponsabilidad, de frivolidad, de espectáculo y de testosterona, para justificar la presentación de Más Madrid a las elecciones el 4 de Mayo con lista propia, no deja de ser un jarro de agua fría, por mucho que hable de colaboración, cooperación y diálogo con el resto de formaciones progresistas, para conseguir un acuerdo de gobierno. Últimamente, además , se está viendo la alta “volatilidad” de los pactos de la “politiquería” que muchos sufrimos...  

   Es cierto, y así lo creo, que la médica-anestesista y portavoz de Más Madrid  ha cumplido con nota su papel de oposición al Ejecutivo madrileño en la Asamblea Vallecana, y que por ello es normal que quiera ser la próxima  Presidenta de la Comunidad de Madrid. Pero su carácter impulsivo le ha llevado a usar un lenguaje impropio de un feminismo integral y sosegado, para caer en un “antimachismo chabacano”, con el que no estarán de acuerdo muchísimas feministas. Porque ¿qué quiere decir señalando que las mujeres están cansadas de hacer el trabajo sucio, para que en momentos históricos como este tengan necesidad de la  tutela de un “macho alfa”, para combatir a la derecha? Ha sido ella la que ha hablado de frivolidad y de testosterona en referencia al gesto de Pablo Iglesias. ¿Por qué Mónica no repiensa mejor el machismo atribuido a Iglesias, cuando éste, aparte de renunciar a la Vicepresidencia del Gobierno, deja en su lugar a una mujer, Yolanda Díaz, posiblemente candidata a liderar la candidatura de UP en las próximas elecciones generales al Gobierno nacional, además de a otra mujer, Ione Belarra, como ministra de asuntos sociales?

   En mensaje del lunes de Iglesias, proponiendo unas “primarias” conjuntas y de reconocer que sería difícil la reunificación, dadas las muchas heridas por cicatrizar, el objetivo a lograr, no obstante, merecía la pena el esfuerzo. En ningún momento de sus varias declaraciones, Pablo ha propuesto la suplantación de Mónica García. ¿No será más bien el miedo de ésta a perder su oportunidad, el que, igual que el de Isabel Díaz Ayuso, las ha puesto nerviosas ante un más que posible triunfo de Pablo Iglesias?...

   Justificar la concurrencia en solitario de Más Madrid a las elecciones del 4 de Mayo con el pretexto de que está claro que todas las opciones superarán la barrera de 5%, para entrar en la Asamblea, no es suficiente garantía. Pues hace dos años, si bien todas las listas progresistas con siguieron entrar en el Parlamento vallecano, fue la suma de PP, Ciudadanos y Vox la que llevó a la Presidencia a Díaz Ayuso. Tampoco es muy evidente que el electorado de derechas esté supermovilizado, mientras juega a favor de la izquierda la gran movilización que supondrá la presencia de Pablo Iglesias. Tengo claro que Errejón no ha superado la derrota sufrida en Vistaalegre II, a pesar de la generosidad de su amigo Pablo, ofreciéndole la candidatura a la Comunidad. Por ello creo que el objetivo de Más Madrid es quedar por delante de Pablo Iglesias 4 de Mayo. De ahí el portazo a la candidatura unitaria propuesta por el líder de Podemos. Y por mucho que Mónica García que el objetivo a batir es el mismo: Díaz Ayuso, hay toda una campaña electoral, en la que tendrán que competir ambas izquierdas, aunque cada una intente desempeñar su rol sin el menor roce... ¡Siempre las rencillas personales salen a flote!....

   Esperanzado, me quedo con las palabras de Pablo Iglesias: Máximo respeto a los dirigentes de Más Madrid. Ahora, a salir con todo para frenar a los ultras y ganar Madrid.

 

   Manuel Vega Marín. Madrid 18, Marzo, 2021     www.solicitoopinar.blogspot.com.es

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

UN VETO NO SUFICIENTEMENTE CRITICADO, NI CONTUNDENTEMENTE CONDENADO

   Me estoy refiriendo a la prohibición por la Comunidad de Madrid de un encuentro-charla de la Ministra de Igualdad, Irene Montero, organizado por la Comisión de Igualdad del Instituto público Gómez Moreno del distrito madrileño San Blas-Canillejas. El encuentro se iba a celebrar con motivo del 8M, en el que la Ministra tendría oportunidad de debatir con los alumnos/as sobre el tema de la igualdad entre hombre y mujer. Ni siquiera se iba a hablar sobre el tema tabú para la derecha carpetovetónica, que es el “feminismo”.

   Las dos mentirosas razones alegadas por el Consejero de Educación, Enrique Osorio, han sido “total deslealtad” en la comunicación del evento a su Consejería y el adoctrinamiento que el contenido del  mismo supondría. Y digo mentirosas razones, porque la auténtica razón de la prohibición es la pertenencia de la Ministra a PODEMOS. Si la persona invitada hubiera sido de otro ministerio o de otro partido, seguro que tal acto se hubiera celebrado, incluso, sin la más mínima trascendencia. Pero,... ¡contra PODEMOS todo cabe!...

   En cuanto a la falta de comunicación aducida por la Consejería, es más verosímil el desmentido de la propia Comisión organizadora del evento académico, asegurando que el suspendido acto fue comunicado con suficiente antelación. Igualmente, y cumpliendo con los protocolos sanitarios antipandemia, se notificó  el lugar, al aire libre, de su celebración, así como la programación y el número de participantes.

   Pero lo que me ha motivado escribir este artículo, y lo que más me preocupa es la otra razón aducida por las autoridades comunitarias y municipales: el adoctrinamiento en que convertiría el encuentro académico con la Ministra de Igualdad. El Consejero Osorio dice que los centros educativos están para aprender y no para adoctrinar... En la misma línea de pensamiento cavernícola se sitúa Martínez-Almeida, Alcalde de Madrid y portavoz nacional del P. Popular, celebrando la suspensión, ya que la charla de la Ministra sería especialmente nociva  para los alumnos, y afirmando que lo que realmente se ha suspendido ha sido un ejercicio de adoctrinamiento. Recuerdo a este señor bajito y dándoselas de gracioso, cayendo en el más grande de los ridículos ante la sensata respuesta de unas pequeñas alumnas que preferían salvar la Amazonia a restaurar la incendiada Notre Dame, opción por la que él se inclinaba... Tan impertinente y simplona como él fue la pregunta...

   La RAE define al concepto adoctrinar como instruir a alguien en el conocimiento o enseñanzas de una doctrina, inculcarle determinadas ideas o creencias.

   María Moliner, decirle a alguien cómo tiene que comportarse u obrar en un asunto determinado o, en general, inculcarle determinadas ideas.

   Ciertamente, el concepto “adoctrinar” conlleva un cierto matiz peyorativo, y así parece entenderlo tanto la RAE, como María Moliner al mentar el vocablo inculcar en sus respectivas definiciones. Es como decir comer el coco a alguien. No cabe duda de que ha sido este sentido el expresado por los políticos arriba citados. Pero también es cierto que en un proceso educativo es muy difícil separar lo instructivo de lo doctrinario. Consideramos que ese proceso educativo, si es público, es el mejor instrumento para corregir las desigualdades fácticas con las que el hombre se encuentra al nacer. Pero, para ello es indispensable que en las escuelas y centros educativos exista libertad de cátedra y una participación activa de todos los implicados en tan importante empresa. Es indispensable también, especialmente en la enseñanza media, que los profesores consideren cada asignatura no como un “tocho” que hay que memorizar para “aprobar”, sino como un utensilio adecuado para formar mentes críticas, enviando al ámbito de lo privado y fuera de las aulas y de los currículos los dogmas religiosos y las creencias no científicas e irracionales.

   La tradición pedagógica en España, salvo breves excepciones como la Institución Libre de Enseñanza, quizá por haberla delegado el Estado en la Iglesia Católica, ha adolecido y sigue adoleciendo de un excesivo adoctrinamiento dogmático. Muchos padres de alumnos deberían revisar si cuando, al amparo del art. 27 CE, reclaman el derecho a que sus hijos reciban una educación acorde con sus convicciones, no están pretendiendo transmitir e inculcar en ellos sus propias creencias y convenciones. Estos padres deberían tener presente también el artículo 39 CE (Protección a la familia y a la infancia) en relación con la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor (LOPJM) de 1996, que insta a los padres y tutores a reclamar de los poderes públicos velar porque la información que reciban los menores ser veraz. Un padre responsable y respetuoso con la forma moderna  y crítica de pensar de los hijos, no debería permitir, p. ejem., que éstos fueran adoctrinados en el “creacionismo” u obligados a aceptar como hecho histórico el mito religioso de Adán y Eva...

   Esa mentalidad casposa y anacrónica es la que han demostrado las actuales autoridades educativas al vetar el acto académico de Irene Montero con los alumnos del Instituto de Educación Secundaria Gómez Moreno de Madrid. Pero lo más preocupante no es esa mentalidad retrógrada, sino la actitud hipócrita y antidemocrática mostrada por los políticos, Martínez-Almeida, Alcalde de Madrid por el PP y el Concejal por Vox Ortega Smith, que días antes habían visitado diferentes centros de enseñanza.

   Es cierto que desde la izquierda, Psoe, UP, ERC, EHBildu, Más País y Compromís han rechazado por sectario el veto del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.  De “doble rasero” ha considerado CCOO esta actuación del Gobierno autónomo, que no sólo vulnera la libertad de cátedra del centro educativo, sino que, además, no se corresponde con la actuación  que tiene el Gobierno de Madrid respecto de sí mismo.

   Pero de la que he echado de menos una crítica contundente, inclusive una demanda judicial, ha sido de la Ministra de Educación, sra. Celaá. Su talante un tanto apocado no se corresponde con la medida que debiera haber hecho frente a la bravuconada de la derechona que nos desgobierna en la Comunidad de Madrid...

   Aquí lo dejo...

 

 

   Manuel Vega Marín. Madrid, 13, Marzo, 2021    www.solicitoopinar.blogspot.com.es

 

   

       

 

  

 

EL LARGO “BIPARTIDISMO” HA HECHO DEL PSOE UN PARTIDO CONSERVADOR

   En alguna parte he leído o escuchado decir que Pablo Casado no se aviene a renovar el Consejo General del Poder Judicial por miedo a que Vox desplace al Partido Popular de ser el primer partido de la Oposición. No dudo de que algo de ello pueda haber. Pero, como se ha visto en las elecciones autonómicas catalanas, Vox le ha cuadruplicado, sin que tuviera nada que ver la puesta al día del CGPJ. Más bien los votantes, teniendo un original, votan a éste mejor que a la copia. Y mientras el PP siga con la mirilla del ojo la política vacía de Vox, llegará el momento, más temprano que tarde, en que el PP se vea obligado a cogobernar con Vox o, simplemente, desaparecer del tablero político. En ninguna parte está escrito que, dado su coyuntural origen, éste le confiera estatus de eternidad. Lo mismo que nació, puede morir. Así ha ocurrido con otros partidos desde la caída de la dictadura franquista. Más bien ha sido el espíritu de ésta el que, latentemente, ha permanecido en el PP, hasta su resurgimiento en Vox. Es muy difícil creer que multitud de ciudadanos se acuesten franquistas, y amanezcan demócratas de toda la vida. El propio secretario general, García Egea, dice que, si no es por Casado, el PP ya habría desaparecido.

   Pero no le demos más vueltas al asunto. La negativa de Pablo Casado a renovar el CGPJ tiene que ver con mantener control del Poder Judicial, que tendrá que juzgar sobre los múltiples casos de corrupción en el partido que preside. Desde esta óptica, puede que García Egea lleve razón en lo dicho sobre su presidente Casado. El resto son sólo elucubraciones para confundir...

   Es una corrupción más que a estos señores se les llene la boca, dándoselas de ser más “constitucionalistas” que nadie, al mismo tiempo que incumplen tan flagrantemente el artículo 122 CE, importantísimo para el equilibrio de los tres poderes clásicos de la democracia. Tampoco es que les importe mucho la democracia cuando no es la de ellos. El citado artículo, en su apdo.2  dice que El Consejo General del Poder Judicial es el órgano de gobierno del mismo. Por la importancia que tiene en este asunto, transcribiré lo que su apdo.3 mandata: El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un período de cinco años. De éstos, doce entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la ley orgánica; cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados y cuatro a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros, entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de quince años en el ejercicio en su profesión.

   Como bien dice el art. 1.2 de la Constitución, La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. Uno de esos poderes es poder judicial, como mandata el art. 117 CE, Jueces y Magistrados (son los) integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley. Contra lo que su nombre pueda dar a entender, el CGPJ no es un órgano judicial, sino que, como el Ejecutivo o las Cortes Generales, son órganos de naturaleza política, o, como dice el art. 122.2, el Consejo General del poder judicial es el órgano de gobierno del mismo. Y como tal órgano de  gobierno, igual que los otros, en una democracia, su renovación forma parte esencial de la misma. Son la expresión de la renovación que cada cierto tiempo se produce en la sociedad, y que ésta  manifiesta en las elecciones. Cada vez que la ciudadanía  vota expresa su voluntad de cómo debe ser la composición  de los órganos de gobierno de todos los poderes. Es la puesta en práctica de lo dictaminado por la Constitución en el artículo 1º citado. Ningún órgano de gobierno, pues, debe quedar exento de adecuarse a la voluntad manifestada por el electorado, único órgano constitucional compuesto por todos los ciudadanos en condiciones de igualdad. Como dice el profesor Pérez Royo, en torno a la manifestación de la voluntad del cuerpo electoral tienen que girar “todos los órganos de gobierno. Las mayorías y minorías se constituirán después en las Cortes Generales, a partir de las cuales se constituyen tanto el Gobierno del Estado, como el de los Jueces.

  Sólo el “constituyente” es quien puede decidir cuándo y cómo ha de renovarse cada uno de los órganos de gobierno de los poderes del Estado. Y según estableció en la Constitución, es cada cuatro años para el poder legislativo, del que saldrá el poder ejecutivo, y cada cinco años para  el órgano de gobierno del poder judicial. La única excepción, establecida también por el constituyente, que puede interrumpir el proceso de renovación democrática es la referida, lógicamente y según establece el art. 101.2 CE, al Ejecutivo: El Gobierno cesante continuará en funciones hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno. Con toda lógica, y para evitar un  vacío de poder, en el intervalo del tiempo discurrido desde la disolución de las Cortes Generales, hasta la elección e investidura por el Congreso del nuevo Presidente, el Gobierno anterior estará en funciones, muy limitadas durante un tiempo de dos meses, en el que, si el candidato no consigue ser investido Presidente, se deberá convocar nuevas elecciones (art. 99.5) El Gobierno saliente, pues, renovará su “status funcional”, a la espera de que uno nuevo surja de esas nuevas elecciones. Nada de esto establece la Constitución respecto del CGPJ. Sólo que su mandato tiene una duración de cinco años. Si el constituyente hubiera pensado en otros requisitos para su renovación. Lo habría explicitado. Así que mientras no se reforme la Constitución en ese sentido, un CGPJ como el actual, que lleva más de dos años “en funciones”, y las instituciones que deben renovarlo, están cometiendo una ilegalidad desde el punto de vista constitucional. Dado que su renovación no depende del propio Consejo, bien podrían, al menos, dimitir sus actuales vocales para forzar su renovación, en vez de seguir nombrando a los titulares de los altos Tribunales de justicia. 

   En lo referido a la composición del CGPJ y lo difícil  que lo pone el Partido Popular cada vez que hay que renovarlo, sobre todo cuando no gobierna,  el “constituyente”, aunque podría haberlo redactado mejor, expresó su intención  en el transcrito arriba artículo 122.3. Está claro que, aparte de su Presidente, el Consejo está integrado por veinte vocales divididos en dos grupos: uno formado por doce Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales, y otro de ocho, cuatro propuestos por el Congreso, y cuatro por el Senado, escogidos entre abogados y juristas de reconocida competencia y con más de 15 años de ejercicio profesional. La manera de elegir a este segundo grupo exige en ambos casos una mayoría cualificada de 3/5  de sus miembros. En cuanto a la lección del grupo de Jueces y Magistrados, su forma de ser elegidos, lo establecerá no la Constitución, sino una ley orgánica, para cuya aprobación es suficiente una mayoría.

   La Ley Orgánica en vigor de 1985 es la que crea confusión al dividir los veinte vocales en dos grupos de diez, asignando uno al Congreso y otro al Senado, exigiendo de ambas Cámaras la mayoría de los 3/5 para su elección.

   Es precisamente esa Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) vigente, aunque renovada, desde 1985, la que en su artículo 568.1 insta a la renovación del Consejo cada cinco años, y encarga a los Presidentes/as de Congreso y Senado a adoptar las medidas necesarias para que la renovación del Consejo se produzca en plazo. Además, ninguno de sus artículos dice que tal renovación deba convertirse en un “mercadeo” entre los líderes del bipartidismo, debido a una incorrecta e interesada interpretación de la mayoría de 3/5. Mucho menos que, como se ha dicho para disimular el veto del PP a Podemos, la negociación tenga lugar entre la Moncloa y Pablo Casado.  El mismo Carlos Lesmes, Presidente del Consejo, con motivo de la apertura del curso judicial en 2020, recordaba a las instancias concernidas de la  seria anomalía de su no renovación. Ciertamente, aunque la responsabilidad del mandato constitucional de renovación recae directa y formalmente en los Presidentes/as de las Cámaras, indirectamente la capacidad material de desbloqueo la tienen los partidos hasta ahora mayoritarios. Es decir; Psoe y PP. Es, por otra parte, lo que ha venido ocurriendo durante el “bipartidismo”. En este, como en otros asuntos, durante ese largo trayecto ambos partidos se han venido repartiendo mutuamente tanto los privilegios, como el tapado de corruptelas bajo la alfombra. De ahí la blandura que el Psoe está demostrando en la negociación de esta cuestión. Y es esta misma actitud blandengue la que internamente cohesiona este trabajo con el título que lo encabeza.

   Quizá el constituyente, previendo que la composición del Parlamento pudiera ser más varia y atomizada de los que entonces era, redactó el artículo 122.3 CE de forma que pueda ser interpretada de manera abierta y en función de cada momento histórico. El legislador ordinario, con el visto bueno del Tribunal Constitucional, dictaminó la vigente ley orgánica, reguladora (LOPJ) del actual Consejo, y el mismo legislador ordinario, por reforma de  la misma ley podrá cambiar, más acorde con la letra de la Constitución, la mayoría para la elección de los doce Jueces y Magistrados. ¿Qué ocurriría si en el Parlamento concurrieran multitud de grupos, de manera que hicieran casi imposible alcanzar la mayoría reforzada de 3/5?... ¿..?... Es, a efecto de la renovación del Consejo, la misma situación provocada por el Partido Popular.

   Es muy sospechoso que el CGPJ sólo se haya renovado normalmente las dos veces que el PP obtuvo mayoría absoluta, en 2000 con Aznar y en 2011 con Mariano Rajoy. Ello indica, como he dicho antes, que no son razones jurídico-técnicas, las que impiden su renovación, sino artimañas para alargar en los Tribunales el poder perdido en las urnas. Postura coherente si tenemos en cuenta la cantidad de casos de corrupción que esos Tribunales tendrán que juzgar y sentenciar.

   En adelante, los españoles tendremos que acostumbrarnos a un Parlamento bastante fragmentado, quizá no del todo previsto ni por los fundadores de la Constitución vigente, ni por el legislador de la ley Orgánica del Poder Judicial. Y, quiéralo o no el PP, mucho más reacio a la alternativa de reformar la Constitución, saldrá adelante la Proposición para reformar la ley presentada por Psoe y Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados.

 

 

   Manuel Vega Marín. Madrid, 6, Marzo de 2021    www.solicitoopinar.blogspot.com.es