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Amigos lectores, aparte de la falta de ortografia, os habréis dado cuenta de que la conclusión de las reflexiones, lógicamente, debe ser la contraria a la que está escrita: la enseñanza pública no debe ser subsidiaria de la privada...
-- Artículo corregido a día 3/11/2020 --
Las siguientes reflexiones me las sugiere el reportaje-reseña que Ángel Munárriz publica en infolibre.es, de 26-10-20, sobre el fallo de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo, desestimando el recurso presentado por la Generalitat Valenciana en Mayo de 2018, referente a los conciertos educativos (Bendición judicial para la expansión de la concertada: la Iglesia logra el blindaje del dinero público para sus colegios). La autoridad educativa alegaba para no renovar el concierto solicitado, que la Comunidad podía cubrir las necesidades en la red pública. La sentencia del Alto Tribunal niega a ésta la potestad de revocar conciertos, y blinda, según la Conselleria de Educación, a pesar de tratarse de unidades de enseñanza no obligatorias, y cuyas plazas pueden ser cubiertas en centros públicos. En respuesta al periódico la Comunitat denuncia una grave intromisión en las competencias autonómicas e hipotecan de por vida a la administración con contratos suscritos con el sector privado. Invito al lector interesado a leerse el citado artículo...
Mi propósito con estas reflexiones no es entrar en contenidos doctrinales, ni pormenorizar en regulaciones legales o en litigios planteados por los afectados. Sobre ello ya escribí en el mes de octubre de 2015 (Sobre la enseñanza de la religión y la libertad religiosa), y, complementando al anterior, otro en diciembre del mismo año (Sobre la enseñanza de la religión). Los interesados lo pueden leer en mi blog o “bajarse” de Amazón mi recopilación “Escritos sobre temas religiosos”.
No es la primera vez que la Iglesia Católica manifiesta su gran poder; en estos casos, sirviéndose de miembros de sus diferentes instituciones “infiltrados” en los diferentes niveles de los Tribunales de Justicia. En abril de 2018 ocho de doce magistrados del T. Constitucional fallaron a favor de seguir dando dinero público a colegios que segregan a sus alumnos por sexo. Uno de los firmantes del fallo fue el ultraconservador diputado del PP Andrés Ollero y miembro destacado del Opus Dei. En el fallo reseñado, el magistrado ponente ha sido José Luis Requero, conservador y también miembro de “la Obra”. Este magistrado es acérrimo de la enseñanza privada-concertada como si fuese algo natural. En algunas entrevistas reconoce la influencia de la religión en su forma de pensar, aunque critica la influencia de la ideología en los que no piensan como él.
El ser humano viene al mundo tan débil física y mentalmente, que necesita en su proceso de desarrollo de los demás. Primero de sus padres, y, a medida que se va independizándose de la familia, se va haciendo dependiente de la sociedad. De manera que podemos decir que su proceso de desarrollo, y, sobre todo, su educación y cultura es una continua adaptación a la civilización y a su entorno. El humano que nace o se cría en la selva muy poco se diferenciará del resto de animales con los que en ella convive. La lucha, pues, por poseer el control de la educación es una lucha por la “hominización”. En esa guerra han batallado todos los poderes, tanto laicos, como, fundamentalmente, religiosos. Y por ganar esa contienda permanente, los contendientes no ahorran medios; desde los más violentos hasta los más refinados como la pseudociencia, las mentiras o los mitos y leyendas...
Hace más de dos milenios, en la lucha de los judíos-palestinos por independizarse del dominio romano, destacó el movimiento cristiano, que, a partir del s. IV se sobrepuso a sus predecesores, más “religiosos” y conformistas con el Imperio: las otras sectas judías; y ya como Iglesia Católica, repartiendo su área de influencia con sus vástagos musulmanes, y, emulando los usos y costumbres del Imperio romano, se constituye en la gran institución que estará presente en todos los ámbitos de la vida y de la sociedad durante la Edad Media, hasta el s, XVI con las divisiones protestantes. Aún hoy, en una brutal competición con las principales sectas protestantes, quedan más que vestigios de lo que fuera su gran influencia y poder. Basta hacer un repaso por el sector artístico, desde la música, pasando por la pintura y la escultura, hasta la arquitectura, para darnos cuenta de cuán inmenso fue, y sigue siendo, su poder, y lo difícil que una sociedad moderna y laica lo tiene, aunque sólo sea para competir; no digamos ya para, si quiera, intentar derrotarlo. No es que deseemos la desaparición de esta riqueza artística. Pero, como material que es, el paso del tiempo y la simple erosión se han ido encargando de que el esplendor pasado sólo se insinúe en los restos arquitectónicos que adornan parajes despoblados... Otras manifestaciones artístico-religiosas, como grandes catedrales y suntuosos templos, alguno de ellos vacíos de fieles, y procesiones de Semana Santa, perdurarán gracias al negocio turístico...
Mucho más lento y complicado es deconstruir el bagaje educativo y cultural, que los que nacimos y vivimos en Occidente llamamos civilización cristiana. El “superEstado” que es la Iglesia Católica lo sabe perfectamente, y, por ello, en aquellos países en los que, como España, la influencia y poder del catolicismo ha sido brutal, sus representantes y administradores, no sólo se resisten a perderlo, sino que, valiéndose de todos los medios legales o ilegítimos, procuran ampliarlo. Es una forma de compensar la pérdida continua de fieles y mantener el casi monopolio en la enseñanza, que la dictadura franquista puso en sus manos mediante el “Concordato”, todavía en vigor, por mucho que se cambie de nombre o por muchas visitas de Pedro Sánchez al Vaticano. La democracia aún no ha sido capaz en este tema de desatarse de lo “atado y bien atado”. Aunque nuestra Constitución en su art. 27 reconoce a los padres el derecho sobre la educación de sus hijos, comprometiendo a los poderes públicos a garantizar ese derecho, incluso ayudando a centros docentes que reúnan los requisitos, en absoluto establece que esa ayuda tenga que ser a base de conciertos económicos eternos. Un trasvase de dinero público para engordar las escuelas privadas-concertadas, en detrimento y adelgazamiento de la red de colegios públicos....
Bien estuvo que en la década de los ochenta, gobernando Felipe González, con tal de universalizar la enseñanza obligatoria, y, dada la escasez de escuelas públicas,se acudiera de manera pasajera y subsidiaria a concertar el excedente de plazas escolares con instituciones privadas, mayoritariamente propiedad de la iglesia católica. Es la muy bonificada herencia del nacionalcatolicismo, que aún hoy se sigue viendo cuando se construyen colegios privados en terrenos públicos cedidos gratuitamente a la iglesia. Ni siquiera los sucesivos Gobiernos de izquierda han podido acabar con la provisionalidad de los conciertos. Por el contrario, cada vez más se viene afianzando la red privada, y financiando incluso asignaturas, como la religión, que debiera ser impartida en la catequesis parroquial por el cura responsable. Lo cierto es que la iglesia católica siempre “saca tajada” en los litigios que le facilitan el “batiburrillo” de leyes orgánicas reguladoras de la Enseñanza.
Lo preocupante es que los españoles estén “normalizando”, cada vez más, este sistema de enseñanza concertada. ¡Ojo!, que no somos contrarios a la enseñanza privada; pero el que quiera, que se la pague, y siempre que lo privado no sustituya a lo público... La Constitución de la República de 1931, aun respetando la libertad de conciencia y el derecho a profesar cualquier religión (art. 27), es más “tajante” cuando afirma que las creencias religiosas no podrán ser fundamento de privilegio jurídico (art. 25), o al ordenar que El Estado, las regiones, las provincias y los municipios, no mantendrán, favorecerán, ni auxiliarán económicamente a las Iglesias, Asociaciones e Instituciones religiosas (art. 26).
El lector amante de datos respecto de este tema, puede encontrarlos en el artículo reseñado al comienzo, y que me ha sugerido escribir esta columna. Sólo destacar el trasvase creciente de dinero público a la enseñanza privada-concertada en detrimento de la pública. Lo más preocupante es, sin embargo, que bajo ese trasvase de dinero se está fomentando un proceso segregador en el alumnado, y, quiera que no, con ese proceso de mercalización y privatización se produce, dada la tierna edad del alumnado, por parte de los educadores una manipulación de sesgos ideológicos y religiosos condecentes a un elitismo confesional...
Creo sinceramente que ni siquiera los gobiernos de izquierda están haciendo lo necesario en conseguir una educación laica y libre de todo adoctrinamiento religioso, en consonancia con una sociedad democrática avanzada.
Escalofríos me dan de pensar que, en base a sentencias como la que ha dado pie a estas reflexiones, los ciudadanos lleguen a pensar que la educación pública debe ser subsidiaria de la educación concertada, y no al revés...
Ahí lo dejo...
Manuel Vega Marín. Madrid, 29, Oct., 2020 www.solicitoopinar.blogspot.com.es
No se conformó Casado con los aplausos protocolarios de su bancada al terminar su discurso contra el candidato Abascal, sino que pidió a la Presidenta cinco minutos extras para, subiendo a la tribuna, lanzar desde ella toda una soflama ad hominem contra Pablo Iglesias, después de que éste le reconociera gentilmente su “canovista” e “inteligente” discurso contra Vox y su líder. Por el contrario, la réplica de Casado a Iglesias, despreciando toda gentileza, sólo buscaba arrancar de sus dóciles fans, puestos en pie, el aplauso que le facilitara “salir a hombros” de la plaza. Cinco minutos (convertidos en casi el doble) concedidos por la Presidencia del Congreso en base al art. 73.1 de su Reglamento (aunque la Sra. Batet dijo de la Constitución). Tiempo que Casado pudiera haber omitido, o bien haberlo empleado en agradecer al Vicepresidente su felicitación por su brillante discurso. Pero, para el líder del PP, era mucho más importante dejar claro antes sus fanáticos adeptos la distancia ideológica, yo diría la envidia, que tiene a su tocayo Iglesias, por la superior inteligencia y sabiduría histórico-política de éste... El señor Casado consiguió su propósito aun a costa de un minidiscurso chapucero, que, además, evidenció la vergonzante “adicción” al jefe.
Fueron nueve minutos mal empleados por el líder de la Oposición repletos de inexactitudes sobre los procesos judiciales en curso o ya sobreseídos contra Iglesias u otros militantes de Podemos. ¡Para difamar contra Podemos, vele todo!... Una ristra de dichos o hechos, cuya descontextualización los convierte, como mínimo, en inexactos. Por ejemplo, comparar el gesto reciente de la Canciller Merkel de no aceptar el uso de la bandera de todos los alemanes por un militante de su partido, con el hecho de que S. Carrillo, quizá obligado por las circunstancias, prohibiera que “la tricolor” ondeara en un mitin en Valladolid, sin concretar fecha. Intentó tocar las fibras emotivas aludiendo a los abrazos de Suárez con Alberti y de la Pasionaria con el general Gutiérrez Mellado. Como si esos gestos dieran a entender que todos pensaban igual... , en una exaltación de la mitificada Transición... Este “vendepatrias”, que no repara en ir a Bruselas a convencer a sus comisarios del derroche que supondría entregar al actual Gobierno los 140.000 millones de euros aprobados, tiene la caradura de endosarle los efectos producidos por los recortes de las políticas neoliberales cuando ellos gobernaban: paro, emigración de titulados, etc., etc... Casado se permite criticar a los ministros de Podemos de ocupar cargos en instituciones estatales que ellos creen reservados para ellos... Por último, y para colmo, cree que atacando a los Ministros de Podemos por haber prometido lealtad al Jefe del Estado, pretenden defender a la institución monárquica, introducida e impuesta por Suárez en la Constitución, cuando, en realidad, está consiguiendo el efecto contrario... En definitiva, en esos nueve minutos Casado puso en evidencia lo poco que, ideológicamente, le separa de su “hermanastro” Abascal, candidato y líder de Vox...
Con la desnudez exhibida por Casado, éste ha exhibido también una retahíla de disparates difícil de resumir en tan escaso tiempo. Razón demás para hacer que no sea fácil creer que el líder del PP haya retomado el eterno rumbo al centro político. Por algo ha aprovechado hasta el último minuto, para mostrar a todos los españoles, mucho y muy españoles, el sentido de su voto en esta pantomima de moción de censura.
Por eso, y conociendo su trayectoria de bulo y mentiras, me cuesta confiar en su verborrea. Y por ello, también pienso que Pedro Sánchez, pasándose de buenismo, se ha “bajado los pantalones” con demasiada ligereza. Pues, apenas había acabado el debate, ya el secretario general del PP, ducho en escupir huesos de aceitunas, García Egea, ha declarado y publicado en twist que, para negociar la renovación del CGPJ siguen vigentes las condiciones exigidas de tiempo atrás. Bajo el disfraz de otras condiciones, en absoluto escritas en la Constitución, el PP se guarda en la manga otra carta, que no es la exigir a los vocales propuestos para Consejo, órgano de por sí político, su despolitización. Lo cual sería, además, confundir su independencia de los otros dos poderes, Parlamento y Ejecutivo, con la autonomía del Poder Judicial que cada día ejercitan más de 5.500 en sus autos y sentencias, a los que debe proteger el CGPJ. Como ya dictaminó el T. Constitucional por sentencia 108/1986, la LOPJ vigente está en consonancia, aunque mejorable, con la Carta Magna.
En cuanto a la exclusión de Podemos en las negociaciones se refiere, el Partido Popular tendrá que indicar en qué artículo de la Constitución está escrito que las negociaciones para llegar a la mayoría de 3/5 tenga que ser, formal y exclusivamente, entre PP-Psoe... ¿Qué ocurriría si con los escaños de uno de los dos no se alcanzara dicha mayoría? En un Parlamento tan fragmentado como el actual, podría suceder...
En cuanto lo que nos dice Europa, además de remitirme a mi anterior artículo, transcribo al lector lo que nuestro ministro de Justicia contesta en una entrevista respecto de la corrección que GRECO hace a la proposición de los partidos del Gobierno:: creo que parte de algunas imprecisiones... Parte del error es que se habla de una mayoría simple. En absoluto, la proposición presentada habla de tres quintos, y sólo subsidiariamente de una mayoría absoluta, que es bien diferente a la mayoría simple... (elDiario.es de 23-10-20).
Por todas estas (sin) razones y pretextos, no tengo más que concluir como ya lo hacía en mi anterior artículo: Además de la obsesión neurótica de hacer desaparecer a Podemos, es mucho más importante para el PP controlar a los jueces y magistrados que tienen que juzgar sus endémicos casos de corrupción...(“La ciega obstinación de Pablo Casado es de psiquiátrico”, de 21-oct., 2020).
Manuel Vega Marín. Madrid, 24, Oct., 2020 www.solicitoopinar.blogspot.com.es
Esa obstinación, compartida en parte por la derecha política y judicial, se concreta en echar a Unidas Podemos del Gobierno. Con algo así concluía mi anterior artículo, Quien se pica, ajos come, en que reflexionaba sobre la renovación del CGPJ (16-10-20). En el mismo defendía que, aunque la proposición del Psoe y de UP puede no ser la más óptima, en absoluto es inconstitucional. Lo que sí resulta contrario a la Constitución es la cerril actitud del PP en su pertinaz e interesado bloqueo en no renovar el Órgano de Gobierno de los jueces. En una reciente encuesta entre 1000 jueces de todo tipo y condición, encargada por el propio CGPJ a Metroscopia, una mayoría de aquéllos (54% frente a 43%) considera que el Consejo no ha trasmitido una imagen de independencia e imparcialidad de la Justicia española. Igualmente, los encuestados dudan de que los nombramientos realizados por el Consejo hayan tenido en cuenta criterios de mérito y capacidad de los nombrados (48% frente a 42%). Dudo que ese tipo de suspicacia se deba a la fórmula con la que son seleccionados sus vocales. De cualquier manera, como muestra el sondeo, es lógico que hayan recibido presiones de políticos y medio, igual que ellos intentan influir en la vida social y política. Lo que ocurre es que hay muchos magistrados que se creen no pertenecer al mundo de los humanos...
Sabemos que, a pesar de su rimbombante nombre, no ostenta el Poder judicial. Éste lo exhiben en sus autos y sentencias los más de 5000 jueces de las primeras instancias, casi ignoradas por el Consejo y desconocidos del gran público. Es muy sospechoso que hayan sido las asociaciones más conservadoras de jueces (APM, AJFV...), que copan las salas de gobierno de los Tribunales Superiores, las que promueven los comunicados de rechazo a la reforma propuesta por los partidos del Gobierno de coalición. Hasta ahora, han sido las salas de gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia Madrid, Extremadura y Castilla-León y de Andalucía las que, atribuyéndose funciones que los artículos 152 y 395 no les permiten, no han dudado en “pasárselos por el forro”. Dado que los miembros de estas salas son elegidos por sus colegas directamente, ello nos puede adelantar la idea del control corporativista del CGPJ, si se vuelve a la fórmula anterior a la vigente... Seguramente, en evitación de que se produjera tal gremialismo, como así ocurrió anteriormente, el art. 122.3 de la Constitución quedó redactado como está. Si el “constituyente” hubiera querido que los doce vocales del grupo judicial fuera elegido directamente por sus colegas, nada le impedía reflejarlo en el texto constitucional... El hecho de defender volver a la antigua fórmula, entre otras cosas, muestra su escasa confianza en sus colegas del grupo de los doce si no son elegidos directamente por ellos, además de mostrar poca fe en la Política y en la honestidad del Parlamento (vicio heredado del franquismo) si sus representante parlamentarios no cuentan con los escaños suficientes para la mayoría de 3/5 con la que bloquear, si no les conviene, la renovación del Consejo (vicio del bipartidismo).
Ni siquiera el pleno del CGPJ convocado por su Presidente, sr. Lesmes, para el próximo día 28, a instancia de siete vocales conservadores, tiene por qué elaborar un informe sobre la “ortodoxia” de la reforma, ya que ésta es una proposición de ley y no un proyecto de ley... Pero, sin duda, como son ellos mismos los que se autocontrolan, terminarán uniéndose a la juntas de salas, bajo el “seudopretexto” de que está en juego la independen judicial o la división de poderes... Lo sospechosamente cierto es que hasta ahora estos señores togados no se han preocupado de la renovación constitucional de su órgano de gobierno, mientras éste siga siendo “mangoneado” por ellos...
Por otra parte, no logro comprender por qué un determinado vocal no es el mismo y su conducta profesional y ética intachable no permanezcan invariables, ya lo elijan sus colegas o el Parlamento. Sólo lo entiendo si el tal vocal, abandonando sus sanos principios, considera que le es más fácil promocionarse egoístamente si le votan sus pares influyentes...
Por cierto, ¿qué es de aquello de que La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que manan los poderes del Estado, del artículo 1.2 de la Constitución?...
Es cierto que la Comisión Europea recientemente ha tratado, como de otros asuntos de un Estado miembro, sobre el nombramiento de los vocales del CGPJ. Pero es falso que la Comisión haya condenado, según dan a entender algunos políticos y “medios” interesados, la reforma propuesta por vulneración de normas comunitarias. Según leo en el artículo del catedrático de la Carlos III, Antonio Estella, (La Comisión Europea y la reforma del Consejo General del Poder Judicial. infolibre 20-10-20), las palabras exactas del funcionario Christian Wigand, son las que transcribo: La Comisión está al corriente del anuncio de este nuevo proyecto de ley. Seguimos de cerca su progreso. En el Informe sobre el estado de derecho de 2020, la Comisión destacó la importancia de reducir la influencia del poder legislativo o ejecutivo sobre el poder judicial para fortalecer la independencia judicial. El capítulo del Informe sobre el Estado de Derecho 2020 sobre España mencionó como un desafío la situación del Consejo de la Judicatura en España. Es importante garantizar que el Consejo no sea percibido como vulnerable a la politización y, de manera más general, cuando los Estados miembros reforman sus poderes judiciales, esto siempre debe hacerse en consulta con todas las partes interesadas relevantes, incluida la Comisión de Venecia. Los Estados Miembros deben seguir las reglas de la UE para garantizar que la independencia judicial no se vea comprometida.
Sería contradictorio, sigo la deducción del citado Estella, la forma de decidir de la CEE de 1957, basada en la unanimidad, de seis o doce miembros, con la de una UE, que cuenta con 27 Estados miembros. Igualmente, no es la misma la España de 1978, que la de 2020. Pretender fijar para siempre determinadas normas, como pretenden las derechas conservadoras, es ir a contracorriente de la dinámica histórico-social...
De la soberbia, la obstinación y la ignorancia de Pablo Casado quedó constancia en las declaraciones de éste el lunes pasado. Destacaré algunos párrafos o frases que por sí mismo se comentan: Me da igual si sólo fuera con un interlocutor del Partido Socialista. Lo que no voy a hacer es sentarme a negociar con las reivindicaciones de un partido como Podemos. Ya en las negociaciones que mantuvo con el Psoe este verano, y después de las elecciones de noviembre, sugirió no aceptar a ningún jurista de reconocido prestigio que considere afín a Unidas Podemos entre los ocho, que, como dispone la Constitución, deben ser designados por los 3/5 de ambas Cámaras parlamentarias. ¡Claramente manifiesta que su problema no es la cuantía de la mayoría!... Encima dice que no está bloqueando la renovación. Y admitiendo que desde hace más de dos años hay ya una lista de 50 jueces y magistrados de procedencia judicial, propuestos por sus colegas, y de los que, según establece la Constitución, doce serán elegidos por el Congreso, según manda la vigente LOPJ, Casado, además, en lo que se refiere al grupo de los ocho juristas de reconocido prestigio, cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados y cuatro a propuesta del Senado, ignorando lo que dice la Constitución, insiste en que éstos también sean elegidos por los jueces, o, por lo menos, condicionando su elección a que en ningún momento hayan ejercido responsabilidades políticas y que los candidatos tuvieran un mayor aval de las asociaciones de jueces. Él solito se vale para que la Constitución exija lo que el constituyente no exigió. ¡Olé por el licenciado por Harvard!...
Lo curioso de este ignorante, en su afán hipócrita de despolitizar la Justicia y su Órgano de gobierno, es que tuvo que admitir lo habitual que es en países de nuestro entorno la participación del Parlamento o del Gobierno en la designación de los miembros del citado Órgano. El caso de Italia el Consiglio Superiore della Magistratura, formado por 27 miembros divididos en tres grupos, uno de ellos lo conforman miembros natos, como el Presidente de la República, el Presidente y el Procurador general del Tribunal de Casación... En Alemania y EE.UU, donde no existe un Consejo de gobierno de los jueces, la influencia del Poder Ejecutivo sobre el Judicial es aún más directa. En EE.UU los magistrados del Tribunal Supremo son nombrados por el Presidente con carácter vitalicio... En Alemania los magistrados de los Tribunales Federales Supremos son designados por el ministro federal competente respectivo y, conjuntamente, con una Comisión para la elección de jueces compuesta por los ministros competentes de cada Länder y un número igual de miembros elegidos por el Bundestag... Y así podríamos seguir con más ejemplos...
Pero, para combatir su ignorancia, el peor camino elegido por el candidato a presidir algún día Gobierno de España, sea el de mentir continuamente... No es verdad que las negociaciones para renovar el Consejo siempre hayan sido en exclusiva con el Psoe. Por no alargar este artículo, sólo recordar que en 2013, teniendo mayoría el PP, los 20 vocales renovados fueron propuestos por cinco partidos, y cada uno de ellos obtuvieron sus respectivos vocales: 10 el PP, 7 el Psoe y 1 CiU, 1 el PNV y 1 IU. Como los vocales afines al PP tenían el control, se eligió Presidente a Carlos Lesmes, alto cargo en el ministerio de Justicia en el Gobierno de Aznar. Otra anomalía de la que poco se habla, es que el Presidente del Consejo, que debe ser elegido por los 20 vocales, es pactado previamente por los negociadores...
Pero lo que se esconde detrás de tanta mentira, ya es “un secreto a voces”. Además de la obsesión neurótica de hacer desaparecer a Podemos, es mucho más importante para el PP controlar a los jueces y magistrados que tienen que juzgar sus endémicos casos de corrupción...
Este dictadorzuelo, por si no era ya suficiente la dificultad para renovar el Consejo, chantajea con condiciones tales como tipificar como delito la convocatoria de referéndums ilegales, prohibir los indultos a los condenados por rebelión o sedición y aumentar las penas para estos últimos. ¡Todo un toque de atención a P. Sánchez para que no negocie con los catalanes!...
El Rey Sol y su L´Etat, c´est moi se queda en pañales...
Manuel Vega Marín. Madrid, 21, Octubre, 2020 www.solicitoopinar.blogspot.com.es
