jueves, 22 de octubre de 2020

LA CIEGA OBSTINACIÓN DE PABLO CASADO ES DE PSIQUIÁTRICO

   Esa obstinación, compartida en parte por la derecha política y judicial, se concreta en echar a Unidas Podemos del Gobierno. Con algo así concluía mi anterior artículo, Quien se pica, ajos come, en que reflexionaba sobre la renovación del CGPJ (16-10-20). En el mismo defendía que, aunque la proposición del Psoe y de UP puede no ser la más óptima, en absoluto es inconstitucional. Lo que sí resulta contrario a la Constitución es la cerril actitud del PP en su pertinaz e interesado bloqueo en no renovar el Órgano de Gobierno de los jueces. En una reciente encuesta entre 1000 jueces de todo tipo y condición, encargada por el propio CGPJ a Metroscopia, una mayoría de aquéllos (54% frente a 43%) considera que el Consejo no ha trasmitido una imagen de independencia e imparcialidad de la Justicia española. Igualmente, los encuestados dudan de que los nombramientos realizados por el Consejo hayan tenido en cuenta criterios de mérito y capacidad de los nombrados (48% frente a 42%). Dudo que ese tipo de suspicacia se deba a la fórmula con la que son seleccionados sus vocales. De cualquier manera, como muestra el sondeo, es lógico que hayan recibido presiones de políticos y medio, igual que ellos intentan influir en la vida social y política. Lo que ocurre es que hay muchos magistrados que se creen no pertenecer al mundo de los humanos...

   Sabemos que, a pesar de su rimbombante nombre, no ostenta el Poder judicial. Éste lo exhiben en sus autos y sentencias los más de 5000 jueces de las primeras instancias, casi ignoradas por el Consejo y desconocidos del gran público. Es muy sospechoso que hayan sido las asociaciones más conservadoras de jueces (APM, AJFV...), que copan las salas de gobierno de los Tribunales Superiores, las que promueven los comunicados de rechazo a la reforma propuesta por los partidos del Gobierno de coalición. Hasta ahora, han sido las salas de gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia Madrid, Extremadura y Castilla-León y de Andalucía las que, atribuyéndose funciones que los artículos 152 y 395 no les permiten, no han dudado en “pasárselos por el forro”. Dado que los miembros de estas salas son elegidos por  sus colegas directamente, ello nos puede adelantar la idea del control corporativista del CGPJ, si se vuelve a la fórmula anterior a la vigente... Seguramente, en evitación de que se produjera tal gremialismo, como así ocurrió anteriormente, el art. 122.3 de la Constitución quedó redactado como está. Si el “constituyente” hubiera querido que los doce vocales del grupo judicial fuera elegido directamente por sus colegas, nada le impedía reflejarlo en el texto constitucional...  El hecho de defender volver a  la antigua fórmula, entre otras cosas, muestra su escasa confianza en sus colegas del grupo de los doce si no son elegidos directamente por ellos, además de mostrar poca fe en la Política y en la honestidad del Parlamento (vicio heredado del franquismo) si sus representante parlamentarios no cuentan con los escaños suficientes para la mayoría de 3/5 con la que bloquear, si no les conviene, la renovación del Consejo (vicio del bipartidismo).

   Ni siquiera el pleno del CGPJ convocado por su Presidente, sr. Lesmes, para el próximo día 28, a instancia de siete vocales conservadores, tiene por qué elaborar un informe sobre la “ortodoxia” de la reforma, ya que ésta es una proposición de ley y no un proyecto de ley... Pero, sin duda, como son ellos mismos los que se autocontrolan, terminarán uniéndose a la juntas de salas, bajo el “seudopretexto” de que está en juego la independen judicial o la división de poderes... Lo sospechosamente cierto es que hasta ahora estos señores togados no se han preocupado de la renovación constitucional de su órgano de gobierno, mientras éste siga siendo  “mangoneado” por ellos...

   Por otra parte, no logro comprender por qué un determinado vocal no es el mismo y su conducta profesional y ética intachable no permanezcan invariables, ya lo  elijan sus colegas o el Parlamento. Sólo lo entiendo si el tal vocal, abandonando sus sanos principios, considera que le es más fácil promocionarse egoístamente si le votan sus pares influyentes...

   Por cierto, ¿qué es de aquello de que La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que manan los poderes del Estado, del artículo 1.2 de la Constitución?...   

   Es cierto que la Comisión Europea recientemente ha tratado, como de otros asuntos de un Estado miembro, sobre el nombramiento de los vocales del CGPJ. Pero es falso que la Comisión haya condenado, según dan a entender algunos políticos y “medios” interesados, la reforma propuesta por vulneración de normas comunitarias. Según leo en el artículo del catedrático de la Carlos III, Antonio Estella, (La Comisión Europea y la reforma del Consejo General del Poder Judicial. infolibre 20-10-20), las palabras exactas del funcionario Christian Wigand, son las que transcribo: La Comisión está al corriente del anuncio de este nuevo proyecto de ley. Seguimos de cerca su progreso. En el Informe sobre el estado de derecho de 2020, la Comisión destacó la importancia de reducir la influencia del poder legislativo o ejecutivo sobre el poder judicial para fortalecer la independencia judicial. El capítulo del Informe sobre el Estado de Derecho 2020 sobre España mencionó como un desafío la situación del Consejo de la Judicatura en España. Es importante garantizar que el Consejo no sea percibido como vulnerable a la politización y, de manera más general, cuando los Estados miembros reforman sus poderes judiciales, esto siempre debe hacerse en consulta con todas las partes interesadas relevantes, incluida la Comisión de Venecia. Los Estados Miembros deben seguir las reglas de la UE para garantizar que la independencia judicial no se vea comprometida.

   Sería contradictorio, sigo la deducción del citado Estella, la forma de decidir de la CEE de 1957, basada en la unanimidad, de seis o doce miembros, con la de una UE, que cuenta con 27 Estados miembros. Igualmente, no es la misma la España de 1978, que la de 2020. Pretender fijar para siempre determinadas normas, como pretenden las derechas conservadoras, es ir a contracorriente de la dinámica histórico-social...

   De la  soberbia, la obstinación y la ignorancia de Pablo Casado quedó constancia en las declaraciones de éste el lunes pasado. Destacaré algunos párrafos o frases que por sí mismo se comentan: Me da igual si sólo fuera con un interlocutor del Partido Socialista. Lo que no voy a hacer es sentarme a negociar con las reivindicaciones de un partido como Podemos. Ya en las negociaciones que mantuvo con el Psoe este verano, y después de las elecciones  de noviembre, sugirió no aceptar a ningún jurista de reconocido prestigio que considere afín a Unidas Podemos entre los ocho, que, como dispone la Constitución, deben ser designados por los 3/5 de ambas Cámaras parlamentarias. ¡Claramente manifiesta que su problema no es la cuantía de la mayoría!... Encima dice que no está bloqueando la renovación. Y admitiendo que desde hace más de dos años hay ya una lista de 50 jueces y magistrados de procedencia judicial,  propuestos por sus colegas, y de los que, según establece la Constitución, doce serán elegidos por el Congreso, según manda la vigente LOPJ, Casado, además, en lo que se refiere al grupo de los ocho juristas de reconocido prestigio, cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados y cuatro a propuesta del Senado, ignorando lo que dice la Constitución, insiste en que éstos también sean elegidos por los jueces, o, por lo menos, condicionando su elección a que en ningún momento hayan ejercido responsabilidades políticas y que los candidatos tuvieran un mayor aval de las  asociaciones de jueces. Él solito se vale para que la Constitución exija lo que el constituyente no exigió. ¡Olé por el licenciado por Harvard!...

   Lo curioso de este ignorante, en su afán hipócrita de despolitizar la Justicia y su Órgano de gobierno, es que tuvo que admitir lo habitual que es en países de nuestro entorno la participación del Parlamento o del Gobierno en la designación de los miembros del citado Órgano. El caso de Italia el Consiglio Superiore della Magistratura, formado por 27 miembros divididos en tres grupos, uno de ellos lo conforman miembros natos, como el Presidente de la República, el Presidente y el Procurador general del Tribunal de Casación... En Alemania y EE.UU, donde no existe un Consejo de gobierno de los jueces, la influencia del Poder Ejecutivo sobre el Judicial es aún más directa. En EE.UU los magistrados del Tribunal Supremo son nombrados por el Presidente con carácter vitalicio... En Alemania los magistrados de los Tribunales Federales Supremos son designados por el ministro federal  competente respectivo y, conjuntamente, con una Comisión para la elección de jueces compuesta por los ministros competentes de cada Länder y un número igual de miembros elegidos por el Bundestag... Y así podríamos seguir con más ejemplos...

   Pero, para combatir su ignorancia, el peor camino elegido por el candidato a presidir algún día Gobierno de España, sea el de mentir continuamente... No es verdad que las negociaciones para renovar el Consejo siempre hayan sido en exclusiva con el Psoe. Por no alargar este artículo, sólo recordar que en 2013, teniendo mayoría  el PP, los 20 vocales renovados fueron propuestos por cinco partidos, y cada uno de ellos obtuvieron sus respectivos vocales: 10 el PP, 7 el Psoe y 1 CiU, 1 el PNV y 1 IU. Como los vocales afines al PP tenían el control, se eligió Presidente a Carlos Lesmes, alto cargo en el ministerio de Justicia en el Gobierno de Aznar. Otra anomalía de la que poco se habla, es que el Presidente del Consejo, que debe ser elegido por los 20 vocales, es pactado previamente por los negociadores...  

   Pero lo que se esconde detrás de tanta mentira, ya es “un secreto a voces”. Además de la  obsesión neurótica de hacer desaparecer a Podemos, es mucho más importante para el PP controlar a los jueces y magistrados que tienen que juzgar sus endémicos casos de corrupción...

    Este dictadorzuelo, por si no era ya suficiente la dificultad para renovar el Consejo, chantajea con condiciones tales como tipificar como delito la convocatoria de referéndums ilegales, prohibir los indultos a los condenados por rebelión o sedición y aumentar las penas para estos últimos. ¡Todo un toque de atención a P. Sánchez para que no negocie con los catalanes!...

   El Rey Sol y su L´Etat, c´est moi se queda en pañales...

 

 

   Manuel Vega Marín. Madrid, 21, Octubre, 2020   www.solicitoopinar.blogspot.com.es

 

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