martes, 18 de septiembre de 2018

JUSTIFICAR LA VENTA DE BOMBAS CONLLEVA JUSTIFICAR LA MUERTE DE INOCENTES



   No entiendo que la venta de un paquete de bombas a Arabia Saudí, conocida hace unos pocos días, haya levantado tantas protestas, cuando todos sabemos que el negocio de armamento de guerra, junto con el narcotráfico y la prostitución, son habituales entre los países que fabrican tales armas y los que pueden pagarlas para utilizarlas en hacer daño e imponer sus intereses en determinadas zonas del planeta. Tales nauseabundos negocios son denunciados una y otra vez por organismos internacionales, de los que ellos mismos forman parte, sin que semejantes advertencias surtan efecto. Sólo en 2016 –dice Nazanín Armanian- la ONU documentó 119 incursiones de la Coalición EE. UU- Arabia en Yemen violando el derecho internacional humanitario: ataques a campos de refugiados, bodas, funerales, escuelas, hospitales, mercados y mezquitas (publico.es 13-9-18). Si alguna justificación tiene la protesta en España, que no es nueva, es porque la Alcaldía de Cádiz, capital de la provincia en la que está instalada la empresa Navantia (en San Fernando) fabricante de las armas, está ocupada por José Mª González (Kichi) de Podemos. La industria armamentística viene fabricando material bélico ocupando el Gobierno de España tanto el PP, como el Psoe. Es más, el pedido de Arabia, cuyo contrato se cuestiona ahora, es de 2015, estando Rajoy en la Moncloa.

   Me parece falso, por hipócrita, el dilema pan o paz. Y no entiendo que Kichi no haya enjuiciado con el mismo rigor ético la compra privada de la vivienda de Pablo Iglesias y el problema laboral provocado  en un primer momento   por  el Ministerio de Defensa de no entregar los 400 misiles al Gobierno árabe. El responsable de ese  ilegal negocio es ese ministerio y no el Alcalde de Cádiz. El mismo Kichi lo reconoce en su artículo, Por la carga de trabajo en Navia, en eldiario.es de 7-9.   Así pues, Kichi, tanto como miembro relevante de Podemos y como alcalde ha cometido con sus declaraciones públicas una gran torpeza que perjudica a su propio partido, en el que, estoy seguro, no todos piensan como él, menos Pablo Iglesias, respecto del tema laboral generado en Navantia. Respecto del chalet, ya quedó claro la opinión de las bases. En cambio, como militante de Podemos, máxime siendo del sector anticapitalista, Kichi hubiera estado más en consonancia con la “filosofía” de su partido sobre el  tema de la guerra y el negocio de la venta de armas. Debía haber aprovechado la ocasión para criticar y profundizar en el uso que el sistema capitalista hace de las armas y de las guerras. En este caso, no sólo Kichi, sino también los trabajadores, sindicatos y partidos de izquierdas o progresistas se han apuntado al oportunismo electoralista y miope, actuando al toque capitalista y neoliberal de ¡sálvese quien pueda! Con la idea de que si no lo hacemos nosotros (las armas), otros lo harán, han olvidado vergonzantemente la solidaridad internacionalista de los trabajadores, que no distingue quiénes ni de qué país son las víctimas, en su lucha por el desmantelamiento de ese mortal negocio de las élites capitalistas. Pero, aparte de la participación, directa o indirectamente, en la matanza de inocentes, lo preocupante –es una idea que da la citada autora- es que parte de la clase trabajadora, a cara descubierta, defienda este trabajo, convirtiéndose además en un “grupo de presión” (lobby) al estilo de la banca o las compañías de armas. No sé si es oportuno mencionar aquí la risible justificación que, para la venta de las 400 bombas laser, ha dado primero nuestro ministro de exteriores, sr. Borrell, antinacionalista y defensor del internacionalismo obrero, y luego la portavoz del Gobierno: algo así de que por ser armas de precisión, son escasos los efectos colaterales…. Si la ministra Margarita Roble tuviera la más mínima coherencia ética, debiera haber dimitido, sabiendo que su primera decisión fue la correcta y legal, enmendada después por el Presidente Sánchez.
   El problema del paro es un problema estructural del capitalismo que no lo va a solucionar ni el Alcalde de Cádiz, ni Susana Díaz ni una política socialdemócrata al uso; ni el mantenimiento de los 6.000, o los que sean, puestos de trabajo, lo va a conseguir una política turística de sol y playa. No es preciso ser un recalcitrante comunista para saber que la empresa capitalista tiene como objetivo primordial el máximo beneficio, y ello, a pesar de caiga quien caiga. Lo mismo le da crear maquinaria que fabrique armas mortíferas o robots de última generación, con tal de reducir mano de obra y aumentar el “ejército de reserva” de parados, que es el mejor método de reducir salarios y aumentar los beneficios. Con ello consigue además provocar una lucha entre los trabajadores, pretendiendo así neutralizar la “conciencia de clase obrera” en su lucha contra la clase capitalista.
   El dilema pan o paz no es tal, ya que sus dos términos no son contradictorios. Quizá con la mejor voluntad, el Alcalde “podemita” piensa que, defendiendo el pan está afianzando los puestos de trabajo en riesgo. Y no digo que en el corto plazo esto sea así, en cuyo caso el Gobierno gozaría de una excelente razón frente al de Arabia Saudí, por incumplimiento de contrato, para romper las relaciones comerciales. Lo que sí enseña la experiencia es que el pan que hoy defiende tanto Kichi como Pedro Sánchez, es el “hambre de mañana”. No es evidente que con la opción del pan se esté defendiendo a los trabajadores como clase. En ese sentido, tanto Kichi, como los que piensan como él, están olvidando la solidaridad internacionalista de la izquierda clásica. ¿Es que a ese pan y esa paz no tienen el mismo derecho los niños y las personas inocentes, víctimas de ese mortal negocio? Un obrero en paro en países como el nuestro, temporalmente puede ser subsidiado y llevar a sus hijos a comedores sociales mientras se soluciona el problema; un ciudadano yemení, en cambio, hoy, es “carne de cañón” por muy refinadas que estén las bombas que lancen los sátrapas del petróleo…
     No somos tan ingenuos como para creer que las guerras y las herramientas (las armas) con las que se llevan a cabo van a desaparecer. Desde los primeros antropoides, y antes que ellos muchas especies animales, en su evolución y lucha por la vida, utilizaron herramientas para comer, para defenderse o para su gradual adaptación a la Naturaleza. Por lo tanto, el dilema pan o paz no es nuevo. Lo novedoso es la utilización de la inteligencia, que a los humanos nos distingue de otras especies,  para crear herramientas mucho más sofisticadas, y emplearlas, no como éstas, manteniendo un equilibrio biológico intra o extra  especies, sino dando a su empleo una finalidad mortífera muy lejana de ese equilibrio ecológico y, redundando, “natural”, para la que nuestra ciencia está capacitada. Es triste, y ello no tiene por qué ser así; pero lo que la Historia nos dice hasta ahora es que las grandes crisis de las Naciones en su lucha por el poder y su mantenimiento en él desde la época del colonialismo y más con el avance en la industria armamentística, se han intentado resolver con guerras, bien mundiales, como las dos ocurridas en el  siglo pasado, o bien con el fomento de otras en zonas más alejadas de la nuestra, consiguiendo así que los ciudadanos del primer mundo sean insensibles al dolor y a las muertes diarias que estas guerras causan. Pero en ambos casos resaltan dos elementos esenciales: el mantenimiento del poder y los beneficios, directos e indirectos, que el negocio de las armas proporciona a los grandes trust financieros que dominan las Naciones.

   Pero, no nos escandalicemos; similar uso perverso se les da a otras herramientas no hechas expresamente para matar. Justificar, pues, la fabricación y venta de armas con la excusa de los puestos de trabajo que crean, es tanto como justificar esas otras herramientas, también de uso inicuo (narcotráfico, prostitución, etc.), con el mismo argumento. Sabemos que los 1.800 millones de euros de las corbetas o los 9,2  de las 400 bombas no nos van a solucionar el problema del desempleo en general, ni el particular alto porcentaje del mismo en la bahía de Cádiz. Intuyo, y sólo intuyo, pues no tengo datos para trabar una prueba, que mientras los EE.UU. mantenga su poderío naval en San Fernando, el aéreo en Morón de la Frontera o la industria aeronaval de Puerto Real, ni siquiera una reconversión industrial, que podría ser una solución para la zona, sería permitida. Mucho más se recaudaría controlando la evasión de impuestos o las comisiones con las que los corruptos llenan sus bolsillos aumentando el presupuesto de las contratas públicas. Además, no sería España la primera ni única Nación que se opusiera a la venta de armas, al menos a aquellos países dictatoriales o que no respetan los Derechos Humanos.
   Mucho me temo que, con el pretexto del mantenimiento de los puestos de trabajo, el Gobierno español esté siendo chantajeado por el Saudí, con la amenaza de éste de lanzar a la opinión pública las comisiones y mordidas, que, no sólo en el negocio armamentístico, se embolsaban desde nuestro Rey Emérito hasta el último page de su séquito. Los españolitos podremos hablar de los trabajos que el chantaje saudí puede destruir; pero, en absoluto, podremos hacerlo de los dineros que los citados comisionistas ingresan en los bancos suizos. Ello lo impide el veto que los autollamados “constitucionalistas” (PP, Psoe y C´s) han impuesto al Parlamento para investigar las famosas grabaciones de la querida de Juan Calos I, Corina, y el comisario Villarejo… (Aconsejo leer el artículo, El chantaje de la Guardia Mora a Sánchez de F. López Agudín, en público.es de 18.9.18).
   Sólo en Estados dictatoriales o Repúblicas “bananeras” es permitido mantener como “altos secretos de Estado” este tipo de “relaciones”. Hasta es comprensible que un Gobierno desautorice a uno de sus miembros por un error de gestión; pero es incomprensible que la ministra de Defensa no dimita, habiendo sido obligada a no cumplir la Ley 54/2007 que prohíbe la venta de armas a países con indicios racionales de violar los Derechos Humanos. En el caso de Arabia Saudí no sólo hay indicios, sino hechos denunciados por diferentes ONGs de que en Yemen se han bombardeados hospitales, escuelas, mercados, plantas de agua, etc… Pero es del todo escandaloso que un Gobierno del Psoe, que se jacta de defender los DDHH y la Justicia Universal, pueda poner en riesgo el sistema democrático español, al que homologan con otros países del entorno –Alemania, Suecia, Bélgica, etc.-, cumplidores de la ley o del Tratado sobre el Comercio de Armas de la ONU, suscrito también por España.
   ¿Tan comprometedor es ese “alto secreto” como para poner en riesgo de que nuestra democracia sea denunciada de cómplice de crímenes de guerra, como viene advirtiendo la plataforma Armas Bajo Control, integrada por Amnistía Internacional, Oxfám Intermón o Greenpeace?
   Manuel Vega Marín. Madrid, 17 Sptbre, 2018  www.solicitoopinar.blogspot.com.es






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