Parece una broma; pero si alguien con sentido común no lo remedia,
veremos a multitud de españolitos reunidos ante el palacio real, si no
quejándose del “contubernio europeo judío-masónico-comunista” contra Europa, sí
gritando a por ellos, oé… o cantando el
¡Que vive España! de Manolo Escobar… Y por las declaraciones que le hemos
oído a Pons y Casado del PP y a A. Rivera de C´s en contra del Tratado de
Schengen, deducimos que este “trío” estaría dispuesto, brazo en alto, a ocupar el balcón central del Palacio, y desde
él pronunciar los gritos de rigor con que finalizaban aquellos jolgorios
franquistas.
Sólo los medios de comunicación, obedientes a sus respectivos
“patrones”, tergiversaron, manipularon o quitaron importancia al comportamiento
del Gobierno de Rajoy, que, abusando de Fiscalía y Tribunales, provocaron el
“laberíntico procés”. Solamente esos mismos medios casi hicieron oídos sordos a
las opiniones de ilustres penalistas y constitucionalistas sobre el fantasioso relato que el magistrado del
Supremo, Pablo Llarena, venía haciendo en su instrucción de personas y hechos,
para adaptarlos al tipo penal de rebelión, pudiendo así conseguir el objetivo
de encarcelar a los políticos catalanes. Los mismos especialistas en Derecho
venían advirtiendo de la actitud anticonstitucionalista y cuasi prevaricadora
del juez instructor y de “las Salas” que confirmaban sus autos. No debería
extrañar, pues era ya algo anunciado, el “sopapo” que la Justicia
europea/alemana ha propinado a la española. Pero a los “españoliStos” les da
igual. Por algo tuvimos un Siglo de Oro en la literatura, del que formaban
parte las novelas del Lazarillo de Tormes
o El Buscón… Y por algo casi seis siglos después de la derrota de La
Invencible, seguimos echándole la culpa a “los elementos”… Y que lo
mismo que somos capaces de cantar ¡que
viva España!, gritamos ¡vivan las
caenas!...
Pero, como españoles serios, se nos debería caer la cara de vergüenza al
ver que la Justicia de Alemania, cuna del nazismo, y tanto tiempo gobernada por
la derecha política, haya construido una democracia madura y renovado a sus
jueces y tribunales, mientras en este País, después de soportar la dictadura
franquista, ni siquiera la “ejemplar Transición” haya sido capaz de renovar a
los jueces franquistas o a sus herederos.
Yo mismo –perdón por la autocita-, sin ser especialista, pero usando el
sentido común y apoyado en la lectura de los especialistas citados arriba, en
uno de los varios artículos que sobre el tema tengo “colgados” en mi blog (www.solicitoopinar.blogspot.com.es),
titulado El Régimen de 1978 está agotado.
Escribí en Abril de 1918 lo siguiente: Basta
leer los autos del magistrado Llarena y, sobre todo, los recursos contra ellos
de los abogados defensores, para darse cuenta del enorme atropello a la
democracia y a los derechos humanos, políticos y sociales, que se están
cometiendo contra los líderes políticos en prisión preventiva por imputación de
delitos, rebelión y sedición, de muy dudosa realidad. Los Tribunales
internacionales pondrán las cosas en su sitio, dejando a los jueces y fiscales
españoles en el más absoluto de los servilismos. Pues bien, la Justicia
europea ya está actuando, y muchos españoles, en vez de hacer la autocrítica
correspondiente, siguen con su actitud chulesca… Y no es este el momento más
oportuno en el que toda la prensa europea, con la publicación de las
grabaciones de Corinna, exmante del rey emérito, sobre las fechorías de éste,
pone en entredicho nuestra institución monárquica, mirando con cierta sorna la
“marca España”.
Unos de los efectos más
inmediatos que debe producir el comunicado de la Justicia alemana es la puesta
en libertad de los presos políticos, cuya situación obedece a haberlos
calificado como cabecillas e instigadores de rebelión y sedición. Sobre el
delito de “malversación de fondos públicos”, por el que los jueces alemanes acceden
la extradición de Puigdemont, los medios informativos que han venido actuando
de voceros de los tribunales españoles, sin molestarse en cotejar las razones jurídicas
de los abogados defensores, debieran haber aprendido algo y ser más objetivos y
comedidos en sus manifestaciones. De momento
están dejando en la ambigüedad que la extradición por malversación supone el
ingreso en las prisiones españolas para cumplir en ellas hasta un máximo de
doce años. Lo cual es rotundamente falso. La extradición por ese motivo sólo
significa que el delito de malversación también está tipificado como delito en
el Código Penal alemán. Sólo Puigdemont puede recurrir en amparo, ya ha
anunciado que lo hará, ante el Constitucional alemán. Para el resto de las
partes, según Pérez Royo, la Fiscalía alemana, los tribunales españoles y otras
acusaciones implicadas, la decisión del Tribunal Superior de Schleswig-Holstein
es firme y de obligado cumplimiento. Pero además, como no confiando mucho en
que así sea, dicho Tribunal asume que los tribunales españoles respetarán
el principio de especialidad, de acuerdo con el cual el enjuiciamiento en
España se limita ahora a la extradición declarada admisible por malversación, y
que no procesarán al perseguido Puigdemont tras su extradición, por cargos de
corrupción o rebelión (citado en negrilla por Pérez Royo en su artículo
¡Hay jueces en Berlín!, eldiario.es
de 12-7-18). Mientras, pues, Puigdemont no sea juzgado por tal delito, puede
entrar y salir de España, según el artº 19 CE.
Y, desde luego, muy difícil lo van a tener los tribunales españoles para
probar, si es que la hubo, que la financiación por las arcas públicas catalanas
de los gastos ocasionados por la puesta en práctica del referéndum del 1-O,
decidida por las autoridades e instituciones legítimas de la Generalitat, fuera
ilegal o delictiva. Las declaraciones del ministro de Hacienda, Montoro, en el
Congreso se lo ha puesto tan difícil al juez Llarena, que incluso el martes
pasado ha renunciado al informe solicitado al Ministerio de Hacienda, que tenía
intervenidas las cuentas de la Generalitat durante 1017-18, por ver si se había
hecho utilización de dinero público para financiar el proceso independentista.
Ahora el instructor, bajo el pretexto de dar celeridad a la tramitación en pro
de los procesados, lo que realmente oculta es el haber tenido que demorar la
suspensión de los procesados, diputados en el Parlament catalán. Mejor hubiera
sido esperar el informe de Hacienda, dando tiempo a conocer la decisión del
tribunal alemán, con la que Llarena hubiera podido ahorrar el complicado auto
de suspensión de las funciones parlamentarias de los procesados, en una más que
interpretable aplicación del artículo 384 bis de la LECrim. Pues con la
desimputación del delito de rebelión la Fiscalía española, en sus conclusiones
provisionales, bien podría retirar tal delito, y, con ello eliminar la causa
justificativa de la suspensión. Sería una salida más airosa y elegante, que
seguir con “el erre que erre”… Más
difícil lo tendría el Ministerio del Interior en justificar el dispendio del
gasto en el traslado y la incómoda estancia de policías nacionales y guardias
civiles a Cataluña, incapaces, además, de impedir el referéndum o de encontrar
las urnas.
Más difícil aún de justificar lo tendría el tribunal que sentenciara a
prisión por malversación de dinero público a Puigdemont y otros consellers,
teniendo en cuenta los dineros públicos dilapidados por gobernantes y políticos
de otros partidos, no ya en sobrecostes por comisiones por contratas de obras y
servicios públicos, sino en copas en clubes de alterne o en “volquetes de
putas”, y que siguen disfrutando de libertad.
Por otra parte, se está sugiriendo la especie de que el Supremo puede
rechazar la extradición y dejar a Puigdemont en un exilio indefinido, o, si
vuelve a España, poder ser juzgado por rebelión. Además de ser mentira, como
afirma nuestro constitucionalista de cabecera, Pérez Royo, es una inconstitucionalidad manifiesta (diario.es de 13-7-18).
Pero el efecto más importante de la sentencia de la Justicia alemana es
dar a la española la oportunidad de “desfacer el entuerto” creado por el
Gobierno del PP, apoyado en la Fiscalía General y en magistrados del Supremo,
que, como Pablo Llarena, se han prestado a disimular el inmovilismo
anticatalanista de Rajoy. Claro que no ha faltado irresponsabilidad,
infantilismo político y demasiada prisa por parte de los soberanistas. De esta
triste experiencia los nuevos Gobiernos deberían extraer las oportunas
enseñanzas, dejando lo pasado en pasado, y hacer todo lo posible para que las
revueltas aguas vuelvan a su cauce. Y, para que esto suceda, la Fiscalía
debería retirar a todos los querellados la imputación del delito de rebelión
inexistente, evitando así la ridícula incongruencia entre la libertad de
Puigdemont y el resto de presos. El camino se lo indicaban los cientos de miles
de manifestantes convocados por Omnium Cultural, la Asociación Nacional
Catalana y la Asociación Catalana por Derechos Civiles (ACDC): ¡Ni
prisión, ni exilio, os queremos en casa!... El Tribunal Supremo debiera
de desistir de su autoatribuida competencia, y dar traslado del procedimiento a
los tribunales predeterminados por la Ley, que en este caso sería el Tribunal
Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). Si algo queda que juzgar, que sea este
Tribunal el que lo haga imparcialmente, y las derivaciones y consecuencias
políticas, ¡que las solucionen los políticos!...
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