¿SE IMPONDRÁ LA III REPÚBLICA SIN TENER QUE REFORMAR LA CONSTITUCIÓN?

   A finales de Abril escribí y “colgué” en mi blog, solicitoopinar.blogspot.com.es, un artículo, El Régimen de 1978 está agotado. En él defendía la tesis de que los tres pilares básicos en que se fundaba la dictadura franquista: el establishment empresarial y financiero, la Iglesia católica jerárquica y el Ejército, es el entramado de poder presente en la Constitución de 1978. Su legitimidad democrática, pues, no procede de un proceso constituyente. Cuando A. Suarez convocó las primeras elecciones generales, las Cortes que salieron de éstas fueron “constituidas”, convertidas en “seudoconstituyentes” por presión del PCE, una vez que la Monarquía y la “indisoluble unidad de la Nación Española” (artº 2 CE) fueron impuestas sin previo debate, encargando, además, a las Fuerzas Armadas, que ello quedara “atado y bien atado” (artº 8). Hubiera sido demasiado torpe, por otra parte, no reconocer la diversidad sociocultural de los pueblos que habitamos la “piel de toro”, sobre todo, las “nacionalidades” reconocidas por la II República. Ese reconocimiento obliga a constitucionalizar (art.68 CE) un sistema electoral proporcional, sistema que, en la práctica, se convierte en mayoritario por la Ley Electoral, que beneficia el modelo “bipartidista” (PP, Psoe) y ha garantizado (y garantiza) la continuidad del modelo autoritario franquista.

   Aunque la Constitución prevea su propia reforma, los requisitos establecidos para ello son tan incumplibles, que la hacen imposible. No es más que un pretexto hipócrita con que se llenan la boca los autodenominados partidos constitucionalistas, para amenazar a los que ven en esos exagerados requisitos un síntoma del “atado y bien atado”. Pero la tozudez de la realidad es una fuerza más poderosa que la de otros intereses reflejados en un papel; y más temprano que tarde, aquélla acabará imponiéndose por otras vías. Construir sobre cauces naturales de ríos por muy secos que éstos puedan estar, conlleva las consecuencias no deseadas que en estos días se están produciendo con las lluvias torrenciales que exigen lo arrebatado por otros intereses ajenos. Si observamos la actualidad sociopolítica, notaremos ciertas circunstancias y hechos muy similares a los que terminaron trayendo la República de 1931. Por ello, no debería parecer extraño al lector, aunque sea en interrogante, el título de este trabajo. Hace poco le he oído decir al catedrático de constitucional, Pérez Royo, que el advenimiento de la III República se impondrá por esas otras vías no previstas, antes que por un proceso constituyente, para el que, según él, nuestros parlamentarios no sabrían hacerlo por falta de entrenamiento. Efectivamente, en nuestra historia constitucional nunca hubo una reforma de ninguna constitución. ¿No habrá sido porque la monarquía borbónica hasta 1931 nunca fue parlamentaria, y la actual tampoco lo es, dado que no se ha sometido al principio de legitimidad democrática, que descansa en la voluntad constituyente? Recuerde el lector que la anterior caída de la Monarquía fue causada por unas elecciones municipales, y la proclamación de la II República se hizo con presos políticos excarcelados… La “filípica” –nunca mejor dicho- del Rey “preparao” contra las instituciones y políticos catalanes el tres de octubre del año pasado fue la prueba evidente de que nuestra Monarquía no es parlamentaria. ¿Se imagina el lector a la reina de Inglaterra, por ejemplo, poniendo “a caer de un burro” a las instituciones y políticos ingleses por el tema del “Brexit”?

   Efectivamente, cuando estamos a punto del cuarenta aniversario de la Constitución vigente, hay elementos y hechos suficientes que indican que la “democracia” instaurada por aquélla deja mucho que desear, para ser digna de tal nombre, y que, sin una reforma radical de la Constitución que lo fundamenta, el Régimen del 78, no sólo está agotado, sino que pronto terminará muriendo, para ser sustituido por otro más retrógrado y autoritario. Sería muy largo relatar todos los hitos en que el bipartidismo gobernante –PP, Psoe- se ha mostrado como auténtico guardián de una Constitución que nació con la intención oculta de petrificarse. El proyecto democrático de una sociedad más justa e igualitaria, en pro del  que las fuerzas luchadoras contra la dictadura, habían cedido muchas de sus reivindicaciones, hoy está tocando a su fin, sin que tales cesiones hayan servido para nada. Si ir más lejos, los hijos y nietos por los que se sacrificaron aquellos luchadores, tienen que exiliarse en busca de una vida digna, al mismo tiempo que éstos, ya mayores, tienen que volver a salir a las calles en reivindicación de pensiones suficientes para llegar a fin de mes.

   La “rebelión” democrática y pacífica de un 15-M, que alumbró el nacimiento de PODEMOS, y que creó la esperanza de un cambio de las estructuras de poder, que, a su vez, acabara con la inercia del bipartidismo beneficiario y benefactor de los de siempre, fue contrarrestada por un “podemos de derechas”, que no venían a fomentar la regeneración política, como en un principio cínicamente dijeron, sino que, creado, avalado y financiado por la gran patronal empresarial, está sirviendo de centinela-comodín de relevo del bipartidismo. Este papel de centinela y comodín lo estamos viendo, hoy más que ayer, en Ciudadanos, el partido de A. Rivera, dispuesto a apoyar tanto al PP, como al Psoe, en los gobiernos, o votando con ellos en el Parlamento. No con la intención de dar estabilidad al Estado y a su Gobierno, sino, como ellos confiesan, impedir que PODEMOS, sea cual sea el número de votantes, llegue al poder.

   Pero el síntoma más importante del deterioro de nuestra democracia y del régimen que la sustenta, se pone en evidencia en el llamado procès catalá. Huelga repetir aquí y ahora toda la historia del mismo repleta de irregularidades, jurídicas sobre todo, y políticas del mismo. El problema catalán se agudiza, cuando los catalanes se ven frustrados y privados de un Estatuto de Autonomía, que un Tribunal Constitucional ad hoc, tira por tierra ilegalmente, a pesar de haber cumplido todos y cada uno de los requisitos que la Constitución y las Leyes dictaminan.  El conflicto catalán, independiente de la importancia que de por sí tiene, es significativo respecto de lo que venimos diciendo, porque es el síntoma detrás del cual se esconden los aparatos del Estado; desde los partidos constitucionalistas, PP, Psoe y C´s, las grandes empresas del Ibex-35, los grandes medios de información, al cuyo servicio se dispone toda la maquinaria judicial, con la intención de dar un barniz de legalidad. Y sin entrar en cada uno de los hitos puntuales, en los que la prevaricación ha estado a la orden del día, destacaremos por su esencial importancia en un Estado de derecho liberal, la casi desaparición de la división de poderes. Desde el Ejecutivo de Mariano Rajoy, interfiriendo con su mayoría absoluta o manipulando y obstaculizando, en minoría, la labor legislativa del Parlamento, y utilizando primero la Fiscalía General, para después y por su mediación, delegar y transferir a la judicatura la resolución de lo que era un conflicto político, sólo resoluble por la vía política. Pero no ha sido sólo que el Ejecutivo se haya entrometido en los otros poderes, sino que el propio poder judicial, a través del juez LLarena, ha interferido en el Parlament catalán. Igualmente, en un sistema judicial politizado, como el que tenemos, los jueces pierden su imparcialidad, y utilizan la Ley y el Derecho no para perseguir a delincuentes comunes, sino que aprovechan el poder del que están investidos, para perseguir  e, incluso, meter en la cárcel a adversarios políticos, no dudando para ello en aducir informes manipulados ad hoc por las Fuerzas de Seguridad que les auxilia.

   Tenemos una oposición, PP y C´s, cuyo objetivo, más que corregir al Gobierno en sus errores, compite entre sí en la lucha por el voto ciudadano. Para ello, tanto uno como otro partido no dudan en mentir o en reescribir la historia desde una perspectiva sesgada o ignorante. El PP, que lleva en su ADN los títulos de propiedad del cortijo que, para ellos, es España, no acaba de digerir haber sido desalojado del Gobierno, por muy constitucional que sea la moción de censura. Y los de Rivera tampoco acaban de aceptar el palo que les ha supuesto el retraso de unas elecciones prometedoras de buenos resultados. Para conseguir sus objetivos partidistas, estos abanderados patriotas no tienen escrúpulos en acudir a Europa, aún a costa de ceder soberanía, para hablar mal de España o tumbar los PGE por parte del PP, o de Ciudadanos sembrando la discordia entre los españoles, pensando en adelantar las elecciones antes que una buena gestión del  nuevo Gobierno les deje en la cuneta. Pero lo triste será que, si no recuperaran el poder en una convocatoria electoral tan reclamada, tampoco aceptarían de buena gana el resultado.

   Pero, además, no veo la razón política para tener tanta inquina a un Gobierno de P. Sánchez, cuya gestión hasta el presente es poco más que “de boquillas”. El solo anuncio de sacar a la momia del dictador de Cuelgamuros ha supuesto tal revuelo en las derechas, que parece que, al remover la tonelada de mármol que la cubre, se hallará la clave con la que se pueda descifrar el mensaje en el que todo quedó “atado y bien atado”. Lo cierto es que lo conseguido de momento ha sido que la Iglesia, que apoyó al dictador en vida, no vea razones para acogerlo en su seno; y para que determinadas fundaciones o personajes, en la reserva o en activo en las Fuerzas de Seguridad, saquen de sus roperos los uniformes y camisas azules, y vayan ensayando, impunemente, el pomposo desfile ceremonial con que sus herederos pretenden chantajear al Gobierno. Pero que no se preocupe la oposición, que no será ella la que echará a Pedro de la Moncloa. Será la misma oposición interna que ya lo expulsó de Ferraz, la que lo desahucie del “palacete”, una vez que el Psoe se recupere del declive electoral que sufría. Desagradecidamente, el Psoe está olvidando que la moción de censura triunfó gracias a PODEMOS y a la labor dialogante de Pablo Iglesias con el resto de partidos; y con la misma actitud, reforzada por el complejo ante la derecha opositora, parece despreciar ese diálogo, que, sin complejos vuelve a tener Pablo con los mismo actores, incluidos los presos, para sacar adelante el “pacto presupuestario”, de los que, presumiblemente, no sólo dependa la permanencia de Pedrito en la Moncloa, sino que los ciudadanos recuperen parte de los derechos perdidos por la forma en que el neoliberalismo y Rajoy administraron la supuesta crisis. Si el esfuerzo fracasa, será PODEMOS quien asuma el desgaste. El Psoe, si pierde, tendrá, como siempre, a quien culpar. Y si gana, como ya hizo, pactará con el demonio antes que, por el miedo al qué dirán y el terror a sus “cavernícolas”, nombrar ministro a algún líder de PODEMOS.

   Por último, aunque merece un artículo aparte, y a riesgo de alargar éste más de lo previsto, no puedo de dejar de referirme al Poder Judicial y al desprestigio que está sufriendo, gracias a la “prevaricadora” actitud del Presidente de la Sala III del T. Supremo. No voy a repetir lo que ya todo el mundo conoce respecto de la sentencia de su Sección segunda sobre quién debe pagar el impuesto de las hipotecas como acto jurídico documentado (AjD). Lo vergonzante a destacar respecto del tema de este artículo, es la injerencia de ese “cuarto poder”, no constitucional, que es el económico-financiero, representado por la Banca, en el teórico auténtico poder que, en democracia, aparte de vigilar el equilibrio entre los otros dos constitucionales, tiene también encomendado evitar los desequilibrios entre los “poderes fácticos” y la ciudadanía. Pero lo más preocupante no es la influencia, que, como “lobby”, las empresas financieras pretendan ejercer sobre la más alta Magistratura, amén de la opacidad con que lo vienen haciendo. Lo realmente preocupante para todo demócrata debe ser la facilidad y la diligencia con que los Presidentes del Supremo, en este caso, el sr. Lesmes y el sr. Diez-Picazo, han transigido, por no decir aceptado, tal injerencia. Claro que, después de lo que venimos observando o leyendo en personas entendidas, en el citado procés catalá, la actuación en lo respectivo a los “masters” del presidente del PP, del nepotismo y favoritismo existente entre los “mandamás” de esa alta institución, etc., etc., sin que, aparentemente, no pase nada debido a la escasa relevancia que “los medios” dan a estos hechos, no es de extrañar que estos señores, disfrazados de poderes angelicales por sus rituales togas y condecoraciones, se sientan frente al común de los mortales como de  “ir de sobraos”. ¡No pasa ná, hombre!...

   El sr. Carlos Lesmes debe saber mejor que nadie que el poder judicial descansa individualmente en cada uno de los jueces; desde el primer escalón al último del escalafón de la “carrera” judicial. Y que, no ya como Presidente del CGPJ, sino también en su calidad de Presidente del Tribunal Supremo, debe evitar cualquier gesto que aparentara injerencia en ese poder que el mismo posee cuando juzga. Por tanto, esa reunión con el presidente de Sala y los magistrados sentenciadores, no sólo carecen de la ejemplaridad debida, sino que más bien parece como un “toque de llamada al orden”, que atufa a prevaricación. Gesto similar es el que ha tenido el Presidente de la Sala III de lo Contencioso, sr. Díez-Picazo, con la convocatoria para el día cinco de noviembre de los 31 magistrados que la componen, a efectos de revisar la sentencia, dado, según él, por el giro radical o por la enorme repercusión económica y social que supondrá la sentencia. Razones extrajurídicas, que lo que esconden, según la que querella anunciada por PODEMOS, es un claro interés particular de defensa de los intereses económicos de la banca española y en perjuicio de los intereses generales de la sociedad y de los miles de ciudadanos que han sufrido el abuso de las entidades financieras. Ese interés particular tiene que ver con los años que Díez-Picazo fue profesor en CUNEF, un centro universitario propiedad de la banca española… Y seguiremos esperando dudosamente si el Tribunal Supremo, podrá salir del lodazal en el que él solito se ha metido, toda vez que el Presidente de la Sala de Penal, sr. Marchena, será quien tenga que admitir a trámite la querella y que también fue docente en el colegio universitario de la fundación AEB (Asoc. Española de Banca). No hará falta que la Justicia Europea ridiculice a la Española…

   Y así podríamos seguir. Pero, aún sin haber nombrado la corrupción como tal, creemos que los hechos señalados son suficientes para pensar que el “Régimen del 78” (aunque el vocablo no les guste a sus defensores) está acabado. Y ¿por qué pensamos que su sustituto debe ser una República, y no una Monarquía auténticamente parlamentaria? Porque el “jacobismo” borbónico, restaurado, además, por la dictadura, es contranatura con la pluralidad de las Españas. Así se viene demostrando desde Felipe V… Pero tiempo tendremos para desarrolar esta tesis….

   Manuel Vega Marín. Madrid, 25. Octubre, 2018  www.solicitoopinar.blogspot.com.es