Ni siquiera ese gesto de
buena educación les bastaría a las conciencias “atribuladas” que se acercan al
confesionario; porque, si los daños causados por los que se pide esa gracia pueden
repararse, ni las tres Avemarías penitenciarias, ni el propósito de enmienda
redimirán del “remordimiento”, si no se
desagravia al ofendido o se restituye al prójimo lo robado. Sólo los beatos
hipócritas confundirán un simple empujón en el Metro con el injusto pago de un
impuesto, con un desahucio a un “parao”, un “ere” injustificado, o…, o…, o…..
Solamente el “robagallinas”, en expresión del Presidente del T. Supremo,
estaría dispensado de ese requisito, ya que su hambrienta familia habría
“devorado” a la presa de corral antes de desplumarla. Pero no por eso el pobre
ladronzuelo evitaría la cárcel.
No es casualidad que el mismo día, 25-X-18, en que el Supremo publica el
auto de apertura del juicio oral a los políticos catalanes, el artífice del
milagro económico español, Rodrigo Rato, y el máximo responsable, Carlos
Lesmes, del Tribunal que, con su sentencia ha causado tanto estropicio social y
económico, tengan el mismo gesto protocolario. El primero, a las puertas de la
prisión, donde cumplirá pena de 4,5 años; el segundo, sin dimitir él ni exigir
la dimisión de su subordinado, Diez-Picazo. Pero, para estos señores jueces,
que se creen por encima del bien y del mal, y que pueden disponer de la vida y
hacienda de los ciudadanos cuando han obrado, no pueden conformarse con sólo
pedir perdón cuando han sido ellos los que han perjudicado a los ciudadanos.
Esa disculpa, como dice Antón Losada, tiene
algo de displicente y paternalista y, definitivamente, no exime al tan alto
tribunal de la obligación de que alguien asuma la responsabilidad y se vaya a
su casa a defender el estado de derecho, antes de que acabe de romperlo
gambeteando el alguna sala del Supremo (“¿A dónde va el Supremo?”, El
Nacional cat, 27-X-18). ¡A ver quién es el guapo que osa penalizarlos siquiera
con un “padrenuestro”! Hasta ahora, sólo PODEMOS se ha atrevido a querellarlos;
pero ya los padres “penitenciarios” andan peloteándose la responsabilidad y
competencia de tener que absolver de tan escandaloso pecado. Con esto último no
pretendo desviarme del tema, sino resaltar que con esa aparente coincidencia, fomentada
por los medios afines, se pretende evitar que se hable del desprestigio sufrido
de la justicia española en todo el procés
catalá, intentando con esos hipócritas perdones desagraviarla.
El gesto de pedir perdón que se ha puesto de moda, en vez de dimitir o
ser dimitido, no ha cambiado nada en el continuo deterioro de nuestra
democracia. Pidió perdón el Rey Juan Carlos, y, aunque no tuvo más remedio que
abdicar por interés de la monarquía, no sólo sus “pecados” fueron ignorados,
sino que su persona reforzó su impunidad. Está claro que, para la Monarquía y
sus defensores, la Jefatura del Estado es un tema de familia. Imploró perdón el
Presidente Rajoy por proteger a su tesorero Bárcenas, pero siguió gobernando,
y, después de haber sido forzado a declarar como testigo en el tribunal que
pronunció la primera sentencia sobre la Gürtel, condenando y declarando al PP
como un partido corrupto, ni él, ni su partido lo aceptaron, siendo forzado a
dejar el Gobierno por una moción de censura. Tuvo que dimitir la Presidenta
Cifuentes en un escueto comunicado, no por la obtención corrupta de su
inexistente máster universitario, sino por “presión amiga”, al publicarse un
vídeo robando cremas maquilladoras en un supermercado. Pero lo más escandaloso
es que no sólo no se haya disculpado o esté en la cárcel quien fue
corresponsable de una guerra injusta, mintiera a los españoles en los atentados
del 11-M, y que, por ello, su partido no aceptara la derrota electoral frente a Zapatero; que de uno de sus
gobiernos, un 75% de sus ministros estén en la cárcel o imputados. Este sujeto,
que el lector ya ha identificado como José M. Aznar, no sólo no tiene la menor
intención de aceptar errores y disculparse por ellos, sino que, después
distanciarse y criticar chulescamente a quien él mismo designó como su sucesor
al frente del PP, su política retrógrada y sus ideas cuasi fascistas vuelven a
florecer de la mano del que otrora fuera su pupilo, Pablo Casado, presidente
hoy del Partido Popular. Por cierto, que a este señor, sólo por estar aforado,
y por “ser vos quien sois”, a instancia del fiscal se evitó su investigación
como lo venía haciendo la jueza de la instancia inferior sobre otros alumnos en casos similares. El
Tribunal Supremo le ha dispensado de tener que pedir perdón por su fantasmal
máster universitario y condenarlo por corrupto mentiroso.
En absoluto estamos exigiendo el don de la “infalibilidad” a nuestros
gestores de lo público; son humanos y pueden cometer errores. Y no de todos los
desaciertos se deben exigir las mismas responsabilidades; pero, puesto que su
gama es muy amplia y variada, obviaremos aquí una extensa clasificación de los
mismos. Nos referiremos a aquellos errores que, o bien ocultan una
intencionalidad dolosa, o bien son ocasionados por una ignorancia no esperable
en un profesional de alta cualificación. Los primeros, por ser delitos, sus
autores no sólo deben ser cesados en sus cargos, sino juzgados sin privilegios
de aforamientos, y, si así los dispone la Ley, encarcelados y privados de sus
pingües salarios. En los segundos, si además de funcionarios públicos sus
autores ocupan cargos políticos o son ascendidos a ellos por políticos afines,
como puede ser el caso de ministros, directores generales, etc.; asimismo la
cúpula del CGPJ y muchos magistrados de altos tribunales de justicia, como
mínimo deberían ser rebajados en sus empleos, si no despedidos de los mismos si
hay indicios de prevaricación o el daño causado adquiere especial relevancia
social. Nadie podrá creerse que la
Justicia es igual para todos, mientras en plena crisis unos cazan
elefantes, otros pagan caros bufetes de abogados para que intenten su
absolución habiendo sido responsables de la caída de sus empresas, que tantos
miles de millones nos ha costado “rescatar”, o que, finalmente, otros vengan a
“afinarles” el impuesto de hipotecas que es con el que “aligeran” los
desahucios de quienes no la pueden pagar…
Distinción aparte merecen aquellos gestores de lo público que acceden al
cargo por vocación de servicio a la polis
y son elegidos por los ciudadanos, después de que sus respectivos partidos
políticos los haya propuesto en sus listas. De los errores de estos
voluntariosos altruistas deberán dar cuenta sus partidos, sin tener que
consumir la legislatura o esperar a que los electores los “castiguen”. Los
partidos políticos, por su propio prestigio, deberán componer sus listas
electorales con los “mejores”, rehuyendo todo nepotismo y procurando el máximo
de transparencia democrática interna. Las leyes, por otra parte, articularán la
forma más eficaz de evitar que el gestor político y la Política devengan en
profesiones bien remuneradas y con perspectivas de “puertas giratorias”. Una
medida importante sería limitar el tiempo de los mandatos políticos. Por
supuesto, que cualquier medida tiene sus
pros y sus contras; pero pienso
que entre estos segundos no incluyo la limitación de mandato. Una primera razón
sería que los proyectos políticos los realizan los partidos a medio y largo
plazo y no individualmente los elegidos;
una segunda, que la sabiduría que la experiencia aporta al éxito de
aquéllos, estaría garantizada por la eficaz y honesta solvencia de los técnicos
del Estado. Sobrarían, además, los ejércitos de asesores designados “a dedo”,
pero cobrando del erario público.
Y, por supuesto, que debemos destacar la irresponsabilidad con que
cierto electorado, con su voto, permite que estos delincuentes y prevaricadores
de cuello blanco, con un hipócrita acto de contrición, se vayan “de rosita”, o,
como mucho, que un patrimonio escondido les compense con creces una corta
estancia en la cárcel. ¡El fanatismo y la ignorancia que elige o reelige a
estos delincuentes, no debería absolverles de sus responsabilidades políticas
y, mucho menos, penales!...
Es enorme la merma de confianza en la Democracia causada por las
malévolas acciones de estos “administradores” de lo público; pero más grande es
aún el daño y la frustración que sufren cientos de miles de familias por culpa
de aquéllos, teniendo que ver, además, que con un mero gesto hipócrita de
solicitud de perdón, estos “desalmados” ni siquiera son bajados de sus
pedestales, gracias en gran medida, al apoyo publicitario que les brindan los
medios de difusión afines…
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