EL MAGISTRADO LLARENA, ERRE QUE ERRE…

   En mi anterior comentario sobre el auto que rechazaba la apelación de Junqueras para su salida de prisión, tachaba su discurso de apriorístico e interesadamente preventivo, un tanto incoherente y contradictorio. Pues bien, este nuevo auto con el que este juez deniega el traslado a otro centro penitenciario del exvicepresident, aparte de confirmarme en mis consideraciones anteriores, me sugiere la idea de que el Tribunal Supremo intenta tutelar y controlar los efectos del resultado electoral del 21-D. Para ello, el magistrado Llarena no tiene el más mínimo escrúpulo en seguir utilizando argumentos escasamente jurídicos y, algunos de ellos, dudosamente democráticos. Veamos.

   El magistrado no da credibilidad a las alegaciones de los presos electos ni a sus promesas de utilizar únicamente las vías pacíficas y legales para defender su proyecto político independentista. Es más, supone la posibilidad de que su liderazgo (confirmado en las citadas elecciones) volviera a manifestarse con (nuevas) movilizaciones ciudadanas colectivas violentas y enfrentadas al marco legal de nuestra convivencia. Suprimiendo lo de violentas y enfrentadas, supuesto sólo existente en la imaginación de este magistrado, ¿qué ley democrática prohíbe a los ciudadanos manifestarse pacíficamente incluso contra decisiones judiciales consideradas injusta o ilegitimas? Considero, además, un mero guiño hipócritamente democrático aquello de que para evitar una modificación de la aritmética parlamentaria configurada por la voluntad popular en las urnas, conceda la delegación de sus respectivos votos para la formación del nuevo Parlament. No así concede lo mismo a los electos de Bruselas, a los que se sigue considerando “huidos de la justicia”, cuando su salida de España se produjo antes de que la Justicia actuara sobre ellos.

   Digo lo de guiño hipócritamente democrático, porque, en la práctica, el hecho de ni siquiera conceder el traslado a una cárcel catalana, pone de manifiesto la intención del alto tribunal de obstaculizar la normal constitución del Parlament salido de las urnas. ¿Qué tiene de anormal que los presos, máxime si son preventivos, que éstos cumplan su condena en centros más cercanos a sus domicilios, facilitando la cercanía con la sede de la soberanía catalana? ¿No es contradictorio que, por un lado, se les niegue ese derecho, y, por otro, aducir que tal competencia es de las instituciones penitenciarias? ¿Es más normal conceder a presos con condenas definitivas por delitos comunes permisos de salidas para cuestiones menos relevantes políticamente? No me extraña, pues, que este magistrado deniegue el traslado, si, como dice, la ley no establece que las funciones parlamentarias, pese a su radical importancia en una sociedad democrática, hayan de prevalecer sobre la medida de prisión provisional. Me gustaría que algún experto en Derecho democrático aclarara a todos los ciudadanos tan enigmático razonamiento…

   ¿Cómo, por otra parte, es posible pensar, si no es por una mente retorcida e intencionada, que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado van a ser incapaces de garantizar el mantenimiento de la convivencia pacífica y de evitar un grave enfrentamiento ciudadano en el traslado? ¿No es esto dudar de la profesionalidad y preparación de tales fuerzas? ¿Es que en los habituales traslados de presos, realizados por la policía, se producen esos riesgos? ¿No ha sido más bien normalidad lo que han manifestado sus compañeros y ciudadanos solidarios con estos presos de relevancia pública cada vez que han tenido que ser trasladados de sus prisiones a los juzgados y viceversa?

   ¿De qué “puñeta” se saca el magistrado, si no es de los supuestos delitos de rebelión y de sedición, aún no probados, de los que se les acusa? ¿En qué película o delirio onírico ha visto el juez que Junqueras o “los jordis” llamaran a la ciudadanía a resistir o enfrentarse violentamente a las fuerzas de seguridad estatales? Lo único que hemos visto en Catalunya han sido muchas y millonarias manifestaciones pacíficas. Lo que televidentes de todo el Mundo han contemplado ha sido a policías y guardias civiles cargando contra ciudadanos de toda condición y convicción que, el 1 de octubre, acudían a los colegios electorales con la única arma de la papeleta para votar. Por cierto, que la tardanza en exigir responsabilidades a la vicepresidente Soraya y al ministro Zoido ante la incapacidad y excesiva actuación policial, contrasta con las prisas que mostró la Justicia para encausar a los llamados “cabecillas” de organizaciones civiles, a cuyo eficaz control de los manifestantes pacíficos hay que agradecer que la tensión, provocada por algunos exaltados, no pasara de hechos aislados, frecuentes en otras  manifestaciones menos numerosas.

   En fin, el Gobierno y Rajoy sabían desde el momento que lanzó a la Fiscalía y a los Tribunales contra las instituciones de la Generalitat, la cosa no empezaba bien; después, con la dudosa constitucionalidad en la aplicación del 155, preveía que el tema catalán no se normalizaría con unas elecciones convocadas desde Madrid con candidatos encarcelados o ausentes. Y hoy, en vísperas de la formación del Parlament, la Generalitat sigue intervenida por un partido, el PP catalán, que ni siquiera ha obtenido grupo parlamentario, y que, pase lo que pase, en el peor de los casos, ya tiene preparado un recurso ante el Constitucional por si Puigdemont da con una fórmula de ser investido President que no se avenga al “como Dios manda”, y en el mejor, seguirá tutelando y vigilando las conductas de los líderes catalanes, por más que “formalmente” suspenda la aplicación del fastidioso 155. Desde que volvió a la Presidencia del Gobierno de España, Rajoy hace lo que mejor sabe hacer: gobernar sin gobernar. Y dudo, pues, que en este año, en que están en marcha los juicios de CDC en Barcelona, el de los ERE en Andalucía, y sobre todo, los que afectan a su partido, Gürtel, Lezo, etc., etc., etc., desaproveche la ocasión para continuar tapando todas las fétidas cloacas de la corrupción que venimos padeciendo los españolitos de a pie. Como mucho Rajoy se dejará ver comentando los datos macroeconómicos, si éstos, claro, les favorecen. Hablar de la bajada de las pensiones, de las subidas del gas, de la electricidad, del IPC, de contratos basuras, de la bajada de la calidad sanitaria y educativa, etc., etc., eso sería buscarse conflictos y tal… Rajoy no olvida aquel consejo de Franco a un ministro: ¡eso te pasa por meterte en política! ¡Haz como yo!...

   Manuel Vega Marín. Madrid, 16-Enero, 2018.  www.solicitoopinar.blogspot.com.es