Bajo las solemnes y
rimbombantes declaraciones del Consejo General del Poder Judicial, lo que se
esconde es todo un interés corporativo de disimular la incompetencia
profesional de ciertos jueces y su torpeza en la solución de determinados
asuntos. Pero muy a su pesar, su exuberancia verborréica no les libra de mentir
y de confundir a la opinión pública. Máxime cuando casi todos los más
importantes medios de información se prestan a difundir tales falsedades. Muy
raro es, p. ej., que en estos grandes medios, se puedan leer, ver o escuchar
las razones de la parte “litigante” que se pretende desprestigiar. Sin embargo,
leyendo o viendo las declaraciones del Consejo o del propio Pablo Llarena,
sobre la demanda civil presentada contra él por Puigdemont y sus cuatro
exconsejeros en el exilio en un juzgado belga el 5 de junio, el ciudadano poco
instruido saca la conclusión de que TODO el sistema judicial español ha sufrido
un ataque de las hordas jueomasónicascomunistas europeas. Y nada más lejos de
la realidad. Lo que tratan realmente los
demandantes es ejercer su derecho fundamental de defensa y exigir la presunción
de inocencia ante unas imprudentes manifestaciones efectuadas por el juez
Llarena, instructor de la causa catalana, el 23 de Febrero en Oviedo, en unas
conferencias ajenas a la instrucción, y que, según aquéllos, denotan prejuicios
y escasa imparcialidad en el magistrado. Ha sido, pues, la torpeza de Pablo
Llarena, apoyada por la Sala del Supremo, la que ha facilitado a Puigdemont la
demanda ante la justicia belga. Después de la retirada de la euroorden, como
afirma Pérez Royo, Puigdemont, que es un
ciudadano en pleno ejercicio de todos sus derechos fundamentales, porque no ha
sido privado de ninguno de ellos mediante sentencia judicial firme, que reside
en Bélgica y que se ha visto afectado en el ejercicio de sus derechos por el
juez instructor sin darle posibilidad de defenderse, tiene todo el derecho del
mundo a demandar a dicho juez instructor y a exigirle responsabilidad por su
errática instrucción (el diario.es 19-8-18, Sorpresa judiciales). Y eso es lo que han hecho Puigdemont y sus
consellers, por más que esa acción se intente desprestigiar, suponiéndole toda
clase de raras y rebuscadas intenciones.
Por otra parte, no creo que el juez belga que admitió a trámite la
demanda, y que ha citado a declarar a Llarena el 4 de Septiembre, sea tan
ignorante como para no saber que su admisión podría inquietar o perturbar la
independencia jurisdiccional de Llarena, o tan tonto como para ignorar que, con
su actuación, podría poner en jaque al sistema judicial español, o, incluso,
provocar un problema diplomático entre España y Bélgica. Los que sí, en cambio,
se han pasado de listos son el propio Llarena, al no considerar procedente su
recusación por el pleito mantenido con los demandantes, y el juez decano de
Madrid, rechazando dar traslado de la demanda a Llarena y de su emplazamiento
para comparecer ante el tribunal belga. Lo que ocurre en España es que siempre
estos “listillos” encuentran un amiguete que se les presta para lo que sea
menester. Y este “amiguito del alma” lo han encontrado en Carlos Lesmes, que,
además de presidir el Tribunal Supremo, es el Presidente del CGPJ. Amo del calabozo del CGPJ, lo llama
Elisa Beni (el diario.es de 18-8-18 Rescatando
a Llarena). Y a este colega es al que recurre el juez demandado en petición
de amparo mucho tiempo después de que ocurrieran los hechos de tan triste
“desamparo”. Sólo cuando el imperturbable, pero paranoico magistrado, se da
cuenta de que el procedimiento belga sigue adelante y que puede afectarle al
bolsillo, recurre a su amigo para que con su poder e influencia ponga en marcha
el amparo del artículo 14 de la Ley del Poder Judicial, para nada aplicable a
las actuaciones de jueces y magistrados en sus actuaciones privadas o “al
margen de su función jurisdiccional”, como dice la demanda civil. Con todo, la
protección a Llarena por parte de la Permanente del CGPJ no ha sido fácil, a
pesar de la rotundidad que el resultado
de la votación sugiere: siete votos contra uno de sus componentes. Dice Elisa
Beni, que de estas “chismorreos de alcoba” sabe mucho, en el artículo citado, que para conceder el amparo se vivió una sesión
de alta tensión de la Comisión Permanente del CGPJ en la que no faltaron los
gritos. De momento, a la votante en contra, la vocal por IU, Concepción
Sáez Rodríguez (la nombramos en honor a su honestidad) le ha costado su puesto.
Según nos dice Elisa Beni, la solicitud de amparo no se debería haber
tramitado, no ya sólo por el error conceptual que conlleva su aplicación al
caso, sino por haber sido presentada fuera de los plazos que la ley establece.
Pero “las pelas son las pelas”, y citar tan descaradamente el artº 296 de la
LOPJ que hace responder con el patrimonio estatal de los errores en las actuaciones
jurisdiccionales de jueces y magistrados, y prohíbe demandas directas contra
ellos en tal sentido, es ridículo, ya que el total de la indemnización
reclamada es simbólica: 5 €, uno por cada demandante. Pero el problema,
evidentemente, no está en esa cantidad, sino en los honorarios de abogados y
costas. Ante la negativa de la Abogacía del Estado de hacerse cargo de la
situación, sin que mediara intervención del Consejo, es por lo que surge la
idea de poner en marcha el amparo judicial, aunque fuese de manera torticera.
Pero con ser importante el tema de las pelas, yo creo que no es lo
primordial. Si así fuese, se hubiese podido resolver con un “prorrateo”, ahora
tan de moda. Lo importante para el Tribunal Supremo, que no para la Justicia
Española, es que muchos de los magistrados de aquél han hecho piña con las
“barbaridades” cometidas por su colega Llarena durante su descabellada
instrucción, y ahora temen correr la misma suerte que éste, al menos de cara al
prestigio profesional ante la Justicia Europea. Y, para ellos, hubiera sido
demasiado prosaico y ordinario, creyéndose los máximos oráculos del Derecho,
argumentar con un simple ¡a por ellos,
oé…; a por ellos, oé, oé!... No estamos, pues, como afirman Llarena y sus
colegas, ante un ataque grosero a la justicia española, sino ante un nuevo
disparate de los muchos que han cometido miembros relevantes de su establishment, inducidos por ciertos dirigentes políticos.
Disparates que, a juzgar por las declaraciones de los líderes del PP Y C´s,
Casaso y Riveras, sobre volver a aplicar el fatídico 155 en Catalunya, pueden
repetirse sine fine. A éstos
políticos la experiencia no les enseña nada. Y en este caso de “rescate”, que
no amparo, del juez Llarena, como los fondos saldrán de los bolsillos de los
contribuyentes, no sólo no les ilustra, sino que no les importa. Bastante
tendrán con explicar y hacer legal la malversación de fondos públicos para
sufragar los gastos ocasionados por la incompetencia profesional de unos
cuantos amiguetes… Al fin y al cabo, en este País a eso, por desgracia, estamos
muy acostumbrados…
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