El título hace referencia a las declaraciones a El Confidencial (18-3-14) de Carlos Lesmes recién nombrado
Presidente del órgano de gobierno de los jueces. En aquellas desafortunadas
declaraciones aseguraba que a los jueces se les controla con un palo y una zanahoria. Con
razón las asociaciones de jueces, conservadoras y progresistas, tacharon
aquellas palabras de torpes y
denigrantes, de grosería inaceptable, de desconsideradas y de menosprecio hacia
los que forman parte de la carrera judicial. Pero con la actitud
corporativista y de adhesión a la concesión de amparo promovida por la CP del
Consejo, han perdido la razón que fundamentaban el rechazo hacia su presidente.
Ahora, con su sumisa actitud, ponen de manifiesto el significado más duro del
verbo controlar, no el de premiar o
castigar la conducta profesional de los jueces, sino el de imponer, dirigir o determinar e interferir en la independencia del
juez. La salida en tromba y el “prietas la filas” en solidaridad con Llarena y
el ampliar el objeto de la demanda civil contra él a todo el sistema jurídico
español, más bien evidencia un toque de control y “arrebato” por parte de
Carlos Lesmes, y un reconocimiento de que es el “presi” el que reparte las
zanahorias. Sin embargo, tan fanática solidaridad no fue suscitada cuando los
compañeros Baltazar Garzón y Epidio Silva fueron “inquietados” y “perturbados”
en su independencia judicial. En este caso no fue el reparto de zanahorias lo
que estaba en juego, sino el palo que se llevó por delante a los jueces citados,
sirviendo de aviso a navegantes.
El “amparo” al que hace referencia el artº 14 de la Ley del Poder
Judicial, si bien no tiene capacidad coercitiva, no deja de ser un apoyo moral
y profesional para el juez “amparado”. Pero, a juzgar por el comunicado de la
Comisión Permanente y su puesta en conocimiento de los ministerios de Justicia
y Exteriores y otras instancias, ese apoyo rebasa el ámbito individual privado
y profesional del magistrado instructor, para hacer creer al incauto ciudadano
que lo puesto en solfa no es la incontinencia verbal del juez al margen de la
instrucción, sino todo un ataque al sistema judicial español. Pero no se explica que señores tan circunspectos y
serios, acostumbrados a leer e interpretar las alegaciones y razonamientos de
las partes litigantes, en este caso no se hayan molestado en leerse la demanda
admitida por el tribunal belga, a pesar de los problemas que tal omisión puede
ocasionar entre los Estados español y belga y sus respectivos sistemas
judiciales y procesales. La demanda es reiterativa en afirmar que Pablo
Llarena, instructor del procès, en
declaraciones en unas conferencias en Oviedo el 23 de Febrero, al margen de la
instrucción, según los demandantes, denotan prejuicios y escasa imparcialidad
en el magistrado (ver mi artº anterior).
No siendo motivo del procedimiento civil la vulneración de derechos
durante la instrucción, sustanciables en otras instancias. No son tan torpes
los abogados defensores de los políticos catalanes, que ya han anunciado
semejantes querellas en el momento y las instancias oportunas. Y, como bien
dice el voto discordante de Sáez Rodríguez, no se debe enmarañar y confundir el
amparo, como medio de afirmar la independencia judicial y como medio de
garantizar que otros poderes no obstruyan o descompongan la división de
poderes, con el legítimo y fundamental
derecho a la acción de los demandantes. Más interesante que este amparo
“protocolario” ha sido el continuo apoyo por parte de la Sala o Tribunal que
tendrá que enjuiciar, a pesar de las irregularidades, algunas rayanas en la
prevaricación, detectadas por eminentes juristas y otros magistrados en los
sucesivos autos de la instrucción. Tan confiado estaba Llarena en ese continuo
y constante apoyo de sus colegas, que pasó por alto el plazo de diez días, que
el Reglamento de la Carrera Judicial, en su artículo 321.1, establece para que
la solicitud de amparo sea admitida. Quizá esa “chulesca” extemporaneidad de
Llarena en su solicitud de amparo, motivo suficiente para su inadmisión,
defendida por la vocal Sáez en su voto, al que se suma el vocal del Consejo
Enrique Lucas, sea la causa para que el resto de los vocales otorgaran el
amparo, fundamentando éste en que los demandantes catalanes planificaban un
ataque, no a la torpeza de Llarena en sus declaraciones privadas, ni para
condicionar su independencia en una instrucción ya concluida, sino con el único fin de condicionar y de influir en futuras resoluciones
judiciales que puedan adoptarse en la causa especial nº 20907/2017 y en otros
procedimientos que puedan sustanciarse ante la jurisdicción española. O
dicho en “cristiano viejo”, una forma de mantener vivo el “problema catalán” a
la vez que seguir ocultando las aberraciones jurídicas cometidas durante toda
la instrucción, y encima garantizar al funcionario Llarena que las costas de su
defensa no se sufragarán con su dinero, sino con el dinero de todos los
contribuyentes. ¡El erario público no tendría fondos suficientes para costear
los gastos que le supondrían los fallos cometidos en la vida privada de los
funcionarios de la administración!...
Pero hay una cuestión más de fondo por la que la solicitud de amparo no
debiera haber sido admitida, en la que también coinciden los vocales
“rebeldes”. Ambos critican que en la resolución de la Comisión Permanente, ésta
inste, excite, la actuación del
Gobierno español ante el belga para que, a su vez, éste inste a uno de sus
órganos judiciales a respetar la independencia de un juez español. Es lo que
hace Carlos Lesmes al poner en conocimiento de los ministros españoles
respectivos el asunto de la demanda civil, si bien casi un mes después de
producido el hecho, pero antes de la decisión de la CP. Nuestro ministro
Borrell envía una nota a su colega belga, sr. Reyders, a la que éste contesta: Intentamos trabajar respetando la
independencia de los jueces. Seguro que nuestro ministro no se sonrojaría
con tal respuesta, acostumbrado a la continua interferencia, en el caso catalán
aún más, entre los poderes judicial y ejecutivo en España. Para nuestros
vocales “antiamparo” esa manera de actuar no
es lo más respetuosa que pueda imaginarse para la independencia del Poder
Judicial belga. Esa manera de argumentar es incompatible con la idea misma del
Estado de Derecho que, también Bélgica y desde hace mucho tiempo, tiene en la
separación de poderes uno de los pilares esenciales.
Lo cierto es que ante ese inquietante y engañoso mensaje del órgano de
gobierno de los jueces, la reacción de
las asociaciones de jueces y fiscales, conservadoras o progresistas, no se ha
hecho esperar, faltándoles tiempo para mostrar al “repartidor de palos o
zanahorias” su más corporativista adhesión. Esta respuesta del “mundillo
judicial” ha alentado, pues contra Catalunya todo vale, y ha servido de
pretexto y justificación al Partido Popular y Ciudadanos para atacar a un
endeble y dubitativo Pedro Sánchez (Psoe) en el Gobierno, hasta el punto de
haber tenido que oír al nuevo Secretario del PP, T. García Egea, que Pedro Sánchez es el mejor abogado de
Puigdemont contra el juez, y decir que
su partido promoverá acciones en apoyo de Llarena en el Congreso, en el Senado
y en la calle. Tanto uno como otro de estos estamentos, cada uno a su manera,
se vienen comportando como las masas fanáticas al grito de ¡A por ellos, oé…, a por ellos, oé, oé, oé!...
Tan presionado y amenazado se ha
debido sentir el Gobierno, que la ministra de Justicia, Dolores Delgado y la
propia Visepresidenta, Sra. Calvo, aceptando que se pondrían los medios en
defensa de las acusaciones contra la jurisdicción española, pero no contra los actos o declaraciones
privadas de ningún juez o funcionario público, han tenido que ceder ante la
indignada judicatura, que no acepta una defensa con tales límites. Ante tal
avalancha de críticas, el Gobierno, a media tarde del domingo 26 de Agosto, ha
tenido que emitir un comunicado en el que manifiesta haber actuado con total diligencia
y haber puesto en marcha todos los
mecanismos para la defensa de nuestra soberanía jurisdiccional, de haber
contratado un despacho de abogados en Bélgica o de haber seguido todas las
indicaciones del CGPJ. Por fin, el propio Presidente del Gobierno, desde Chile,
pretende zanjar la cuestión, desautorizando a sus ministras, con unas frases,
que, por abstractas, resultan de “Perogrullo”: El Estado tiene que atender su
soberanía jurisdiccional cuando ésta se ve puesta en cuestión. Desde el primer
momento, el Gobierno ha tenido claro -¿seguro?- que no es una cuestión privada,
sino que es una cuestión de Estado. Declaración que no ha servido para “bajarles
los humos” al Pp o C´s. Pues en el poco tiempo transcurrido, aún le ha sobrado
alguno a la portavoz del PP, Dolors Montserrat, para pedir la reprobación de la
ministra de Justicia, sin ahorrar calificativos como prepotente o chavistas a
sus socios independentistas, con los que –dice sin pruebas- el Gobierno tiene un pacto oculto, para que nunca más se
aplique en Cataluña el artº 155. Vamos, que las declaraciones de Sánchez han
tenido el mismo efecto que si hubiera dicho L´Etat,
c´est moi. Pero Sánchez tiene más miedo a sus adversarios políticos, que
confianza en los aliados parlamentarios (Unidos Podemos, ERC, PCeCAT o PNV) que
le llevaron a la Moncloa. ¡Mal camino es ese!...
El Lehendakari Urkullo, todo un “chavista” para la derechona, a
sabiendas de que sus palabras crearán polémica, ha afirmado no entender que el
Gobierno de Pedro Sánchez apoye al magistrado Llarena ante la demanda
presentada en Bélgica por Puigdemont y el resto de exconsellers, y ha apelando
para ello a la separación de poderes, recordando, además el cariz político que
el juez Llarena está dando en sus manifestaciones privadas a los asuntos
jurídicos. Personalmente –dice
Urkullo- no entendería, desde la
reivindicación permanente de la independencia de la Justicia y el respeto a las
soberanías jurisdiccionales del Estado belga y del propio Estado español, una
actuación de apoyo del Gobierno español en ningún caso. Y en cuanto a la
repercusión que todo este embrollo pueda tener para la convivencia entre los
catalanes y la de éstos con el resto de los españoles, el Lehendakari no cree
que en algo o en nada contribuya a facilitarla. Creo, dice, que en Cataluña y
en el conjunto del Estado estamos necesitados de rebajar la tensión, de
facilitar las decisiones que rebajen esa tensión…, que todos hagamos lo posible
por rebajar la tensión con un objetivo final, que es el bien común, la cohesión
social u la convivencia (eldiario.es, 28-8-18).
En suma, que con la actitud
corporativa de jueces y fiscales en seguir manteniendo en la vía judicial el
asunto catalán por un lado, y por otro, el aprovechamiento torticero del asunto
por los autollamados partidos constitucionalistas, el conflicto territorial de
Cataluña va para largo. Y ya no es que el debate catalán pueda acabar con este
Gobierno –o cualquier otro-, sino que los problemas cotidianos que afectan a
los ciudadanos seguirán pendientes de resolver. A veces dudo si no es eso lo
que quieren algunos dirigentes políticos; unos porque, estando en el poder,
desean conservarlo; y otros porque pretenden alcanzarlo a toda costa. ¡Aunque
sea jugando sucio! ¡Luego, hipócritamente, defienden la dignidad de la
Política, el Estado de Derecho y sus Leyes! ¡Son ellos los más
incumplidores!...
Pero, naturalmente, todo este “embrollo” catalán, igual que otros tantos
conflictos políticos, sociales o religiosos, no se podrían propagar sin la
intervención decisiva de los medios de comunicación y del aparato
propagandístico-financiero e ideológico que los respaldan y controlan. Pero
entrar ahora en ese tema prolongaría este artículo más de lo acotado para la
cuestión Puigdemont-Llarena. Así que lo dejaremos para el próximo. Lo que sí
voy a adelantar es mi opinión sobre el tratamiento “amarillo” y partidista, que
hasta la prensa, en otro tiempo “seria”, está haciendo de este gravísimo
problema. Es una pena que con la capacidad de influir en la ciudadanía y los
instrumentos de largo alcance de que disponen las empresas de la información,
no contribuyan, al menos, a evitar el enfrentamiento y deterioro que este
pugilato está causando entre los españoles.
Y nada mejor para acabar que transcribir las propias palabras de la
vocal Sáez Rodríguez en su voto particular: Por todos estos motivos entiendo
que la solicitud del magistrado Pablo Llarena debió haber sido inadmitida a
trámite por extemporánea y en ningún caso debió haberle sido otorgado el amparo
instado, ni a título personal, ni –menos aún, si cabe- alcanzar a toda la
jurisdicción española.
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