No crea el lector que la pregunta sólo es retórica. Se nos viene
repitiendo por todos los “medios interesados” que, porque los españoles tenemos
una Constitución, no debe haber la menor duda de que vivimos en democracia, y
que el solo hecho de dudar, aunque sea retóricamente, puede conllevar verse
imputado judicialmente, si aquélla se exterioriza en acciones que no concuerden
con el sistema establecido y procuren mejorarlo o cambiarlo. Es tan enorme el poder de que disponen ciertos
agentes sociales y económicos, que pueden modificar a su favor sin que se note,
incluso, los tres poderes “formales” –legislativo, ejecutivo y judicial-, que
constituyen las bases de nuestro sistema democrático. La vida y la historia nos
enseña lo “normal” que ha sido y es que responsables políticos claudiquen, y
que jueces y fiscales corran en su ayuda, a la espera de que su prevaricación
sea compensada.
Estoy convencido de que muchos que defienden hoy esa tesis con pasión de
catecúmeno, pensaban lo mismo de la
“democracia orgánica”, ya que ésta también tenía sus “leyes fundamentales” y
ordinarias, sus diferentes estamentos jurídicos y tribunales de justicia,
alguno, como el de “orden público” (TOP), no tan ordinario. Sin embargo, estos
conversos a la nueva democracia, que se resisten a considerar presos políticos a los independentistas
catalanes encarcelados, tampoco se resistieron a considerar presos comunes a los activistas
políticos, sindicales, etc., que fueron juzgados y sentenciados por el tribunal
político franquista precisamente por sus acciones político-sociales. Lo
importante para aquel nefasto tribunal y para el sistema político que lo
mantenía era “cargarse”, con cierto viso de legalidad, al enemigo político.
Como entonces, en la actualidad es lo
que están haciendo el magistrado Llarena, la jueza Lamela y otras instancias
judiciales en clara sintonía con la Fiscalía. Se trata de elegir un delito del
Código Penal como el de “rebelión” o el de “sedición”, cuya gravedad puede
justificar prisión preventiva, y aplicárselos después a quienes convenga,
“prefabricando” las circunstancias que puedan convertirse en pruebas, sin que
se note mucho el carácter prevaricador de semejantes actuaciones judiciales.
Atribuir violencia a las manifestaciones catalanas en favor del procés o al hecho de ir ir a votar el
1-O, es lo mismo que tachar de violentas las manifestaciones que los
antifranquistas hacían ante el edificio de “El
Diario Pueblo”, rompiendo ejemplares del periódico “verticalista”. Los que
vivimos aquellos avatares aún recordamos la imprevisión y arbitrariedad de las
vistas celebradas en el TOP. Y son esos recuerdos, comparados con los criterios
empleados por el instructor Llarena una vez oídas las declaraciones de los
imputados, los causantes de que, muchísimos años después, tenga que hacerme la
pregunta que da título a estas reflexiones.
Evidentemente no se puede negar que la Constitución dada a luz por la
“transición” amplió libertades y derechos a una mayoría social carente hasta
entonces de ellos. Pero igual de cierto es que la minoría afecta al “régimen”
ya gozaba de dichos derechos y libertades, vividos en forma de “prebendas”, y
que la “nueva” democracia se los amplió y, sobre todo, justificó.
No se propone este trabajo un análisis histórico-político de todo el
proceso que culminó en la aprobación de la Constitución de 1978. Pero sí al
menos expresar que el proceso de discusión y cesión entre las diferentes
fuerzas políticas presentes no fue tan equitativo y proporcional en el reparto
de resultados. Desde luego “La Transición” no fue tan idílica como hasta ahora
nos la han pintado las dos fuerzas políticas –PP y Psoe-, que más se
beneficiaron. Hoy las investigaciones que se llevan a cabo dan pie para pensar
si lo de todo atado y bien atado, no estaría ya previsto y proyectado
antes de la muerte del dictador. Cada vez se tiene más claro que los actores
sociales y políticos que más lucharon y arriesgaron contra el régimen
franquista, tuvieron que conformarse, por la presión chantajista de los
“poderes fácticos” –Ejército, Iglesia y Capital-, con sacar de las cárceles a
familiares y compañeros condenados, y confiar en que el paso del tiempo y una
nueva mentalidad y educación, más distante de una mentalidad guerrociviilista,
permitiese ir cambiando y removiendo pacíficamente los obstáculos que impedían
que la democracia, estrenada con tanta ilusión, fuese siendo cada vez más
homologable con las de nuestro entorno. Y con la ilusión de que Europa
garantizaría nuestra “restauración” democrática, los españoles, más o menos
engañados por el Psoe de F. Gonzáles, no sólo aceptamos la entrada en la OTAN
como condición previa, sino que, de alguna manera, fuimos obligados a creernos
que el “ente” europeo en el que ingresamos era una institución realmente
democrática. Y ni lo fue en su origen –CECA-, ni, como estamos viendo, tampoco
lo es ahora. En aquellas escasas discusiones alguien, críticamente, la llamó la
Europa de “los mercaderes”. Y, en efecto, hoy más que entonces, después de
haber saqueado la soberanía política de los Estados socios, lo que prima son
los intereses capitalistas y financieros de los bancos acreedores franceses y
alemanes, de los que el propio Banco Central Europeo (BCE) no es más que un
“gran títere”. De la falta de democracia con que son elegidas sus instituciones
y dirigentes, mejor no hablar…
Una muestra del escaso interés de la UE por la democracia de los Estados
que la forman, es la actitud de indiferencia por parte de las “autoridades” e
instituciones europeas respecto del histórico problema político entre Catalunya
y el Estado español y de los efectos contra la democracia que está causando la
manera, a veces abusivas, con que el Gobierno de Rajoy, apoyado por Psoe y C´s,
pretende solucionar el conflicto. Con mucho mayor respeto al Reino Unido se comportó
la UE en lo referente al referéndum de autodeterminación de Escocia. La UE sólo
se interesa por los problemas políticos que afectan al sistema democrático de
sus miembros, cuando aquéllos pueden poner en peligro los intereses de los
grandes oligopolios y de las corporaciones financieras. Mientras tanto,
hipócritamente, mira para otro lado. La
UE, que tan exigente es en que sus miembros cumplan con sus obligaciones
económico-financieras, no lo es tanto en el cumplimiento de las decisiones que,
por ejemplo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) adopta al respecto,
y que destacan organizaciones internacionales como Amnistía Internacional o
Rigths International Spain (RIS). (Cfr. art. en Infolibre, 22-2-18 de Lara
Carrasco: Los ocho suspensos de España en
materia de Derechos Humanos…)
En poco menos de una semana se vienen produciendo en nuestro País, no
digo que sean efectos directos del problema catalán, determinados hechos que
inducen a dudar si realmente nuestro sistema es democrático, o, cuanto menos, a
tomar dichos hechos como serios indicios de un deterioro grave del mismo y de
un retroceso autoritario. Por supuestos
que los “recortes” en los derechos laborales y socio-económicos son recortes
democráticos, pues muchos de aquéllos están originados en decisiones
económico-egoístas, y no en decisiones político-comunitarias. Mucho menos
podemos conformarnos con aceptar que los citados recortes son errores naturales
del ser humano, que, como han querido engañarnos, le da por vivir de vez en cuando
“por encima de sus posibilidades”. No vamos a seguir desarrollando este tema,
como tampoco el no menos importante de la corrupción.
Sobre este importantísimo problema sólo destacaremos el abuso filibustero que
el Gobierno está haciendo tanto de las leyes sustantivas y procesales, como del
“mangoneo” de fiscales y jueces, no ya en el legítimo derecho de defensa, sino
con la clara intención de ganar tiempo y salvar, mientras estén en el poder, a
sus principales corruptos y corruptores. Tampoco vamos a entrar, pues sólo
tenemos sospechas, en averiguar el porqué de la repentina “conversión” al
independentismo de Convergencia Democrática de Cataluña (CDC), que, coaligada
con UD, formaron Convergencia i Unió (CiU), ha gobernado la Generalitat casi
todas las legislaturas, hasta que la polilla de la corrupción dejó en evidencia
la podredumbre en el interior de todo el entorno de la propia Convergencia y en
el clan de su máximo dirigente, Jordi Pujol. Alguien ha dicho y publicado que
en algunos documentos intervenidos por la OCU, hay constancia de que la
“creación de la República Catalana” no es más que el intento de crear una
“nueva legalidad” para, cual cortafuegos, impida juzgar y encausar tanta
corrupción. Podemos conjeturar que, cuando Aznar hablaba en catalán en la
intimidad, o cuando, anteriormente, Felipe González dio el “carpetazo” al caso Banca Catalana, comenzaba el tapujo
mutuo de la corrupción…
(continuará)
No hay comentarios:
Publicar un comentario