Para apaciguar, que no resolver, el tema de vascos y catalanes –entonces
ni siquiera se denominaba problema de
integración de las Nacionalidades históricas-, Franco y Carrero Blanco
disponían de su propio artículo 155: el Estado
de excepción. Durante la dictadura los súbditos españoles tuvimos que
aceptar como algo normal la suspensión de determinados derechos, como si fueran
pocos los suspendidos habitualmente, cada vez que los ciudadanos de aquellos
territorios amagaban con movilizarse por la consecución de sus derechos.
El advenimiento de la Democracia se comportó al respecto de manera más
fina, por no decir “sibilina”; pero, en el fondo, todo seguiría igual. La
Constitución de 1978, con el hallazgo del vocablo “nacionalidades”, pareció
descubrir el “bálsamo de Fierabrás”, y, junto con el apenas hilvanado Título
VIII y el encargo a la Fuerzas Armadas de defender su integridad (de España) territorial y el ordenamiento
constitucional (artº 8 CE),
intentó solventar el problema. Nada más lejos de la realidad según estamos
viendo y viviendo. Pero no lo tendrían tan claro los redactores de la Carta
Magna, cuando fijaron el artº 155, por si alguna “Comunidad Autónoma” se “salía
de madre”. Su ambigua redacción y su falta de posterior regulación les ha
venido de maravillas a los “poderes fácticos” que, de alguna manera,
“otorgaron” a la ciudadanía la vigente Constitución de la que no todos se
sienten satisfechos por igual.
El concepto de “nación” o “nacionalidad”, en unos territorios más que en
otros”, tiene un componente “esencialista”, étnico-cultural, y otro más
objetivo y racional, que es el elemento político. Y es en este segundo
componente político donde hay que buscar la solución; claro está que no de
manera automática. ¡Hay que tener voluntad para ello! Durante la larga y dulce
“transición bipartidista” el sentimiento étnico se ha tenido “aletargado”,
mientras la voluntad política se limitaba a buscar en los hoy mal vistos
partidos nacionalistas los apoyos parlamentarios necesarios para obtener el
poder o para conservarlo, sin tener muy en cuenta las ideologías. ¡Hasta Aznar
hablaba catalán en la intimidad!.
Pero la feliz adolescencia suele ser efímera, y el calor del estío
despierta del letargo. En el caso de Cataluña, ni siquiera la mixtura de los
venidos de otras regiones cambió el sentir catalán. Más bien los charnegos lo asimilaron, haciendo bueno
el dicho mi Patria es donde vivo y
trabajo.
Frente a ese sentimiento nacionalista periférico, se suele oponer y
fomentar sobre todo por “las derechas”, sin querer reconocerlo, un sentimiento
“castellanista” o centrista. Este sentimiento es más burdo y pasional,
fácilmente estimulable al grito de a por ellos, oe,,, a por ellos, oe, oe,,,,oe…
Hasta ahora el rédito electoral les ha sido positivo. Mientras esos
sentimientos nacionales se sigan interesadamente enfrentando, en vez de
integrarlos voluntaria y pacíficamente en la realidad plurinacional de España, y
muchos, para quedar bien la acepten “de boquillas” y hablen de federalismo o
confederalismo, el conflicto persistirá.
Mientras se siga enconando la confrontación de esos dos grandes bloques,
nacionalistas-independentistas y nacionalistas-antiindependentista, el “choque
de trenes” seguirá latente y amenazante. E igualmente que el 155 franquista no
acabó con ese riesgo, el 155 de CE tampoco acabará con el conflicto. Mientras
el Gobierno de España no esté ocupado por partidos progresistas sin miedo a una
República, y el Govern catalán, perdiendo el miedo a un referéndum pactado y
vinculante, no se sienten a negociar, sin prisas, pero sin pausas, no se saldrá
del círculo que, desde las legislaturas de 2012-15 y 2015-17, han convertido en
uno los referéndums por “el derecho a decidir” de 9-N-2014 y 1-O2017. El que
entre los debates del viernes 11 y lunes 14 de Mayo en el Parlament hayan finalizado con la
elección de un President, según pudimos ver y oír, no augura estabilidad ni el
levantamiento de la intervención del Gobierno. La actitud manipuladora de los
medios que retrasmitieron dichos eventos, especialmente La Sexta, que, aun programando exprofeso ARV de G. Ferreras, no
dejó de cortar para meter intervenciones de Rajoy en Jerez o en Segovia, indica
las intenciones de los poderes a los que tales medios representan. Por otra
parte, sean las razones que sean, con las que muchos han querido justificar la
aplicación del 155, por lo que se ve y se oye, ya ni la razón de convocar
elecciones “legales” tiene validez. Antes de que el Govern tome posesión y
antes de que se levante “oficialmente” el 155, se da el primer enfrentamiento
entre Gobierno y Generalitat, porque el nuevo President, Quim Torra, ha
preferido intimidad, y en la fórmula empleada, no ha hecho sino seguir lo
inaugurado por Puigdemont, al prescindir, legalmente, de la fórmula de acatamiento al Estatut y la
Constitución, sustituyéndola por la de cumplir
lealmente las obligaciones del cargo de President de la Generalitat con
fidelidad a la voluntad del pueblo de
Cataluña representado por el Parlament.
A este respecto, ya Pedrito Sánchez, en su afán de dejarlo todo atado y bien atado, ha propuesto “acatar
la Constitución” en la toma de posesión de altos cargos. Después de la elección
del Parlament, lo que se ha puesto de manifiesto es un refuerzo del antiguo
bipartidismo. Le ha faltado tiempo a Pedro Sánchez, a pesar de todo el que
dispone, para retratarse con Rajoy en la Moncloa, mientras por boca de su
secretario de comunicación, sr. Abalos, el Psoe mostraba su posición sin
complejos en seguir actuando, en lo que se refiere al 155, desde la firmeza
política. Alarma debieran producir en
los auténticos socialistas las palabras del secretario de organización y número
tres de Sánchez: Lo que tenemos es una posición sin complejos en este sentido. La
primera vez que pones en marcha el 155 lleva acompañadas muchas prevenciones,
porque no se había utilizado nunca esa experiencia. Ahora si hemos pasado por
esa experiencia. Cuesta más la primera vez que la segunda… Volver a colaborar o
a apoyar, o ratificar la propuesta constitucional no nos constituye ningún
esfuerzo. Su llamada a la serenidad, frente al ataque de histeria que denota en Albert Rivera después de cotejar
las encuestas, denota hipócritamente el esfuerzo común con el PP, para hacer
volver a la “chistera” al “monstruito” Ciudadanos, dejado escapar por el exceso
de confianza en la transición bipartidista. De esa táctica de “achicar el
terreno de juego” para compensar la superioridad del equipo contrincante,
participa también la propuesta de Pedro Sánchez de aminorar el requisito de
violencia en el delito de rebelión… Algo así como protestar por la “ley
Mordaza” y la turbulencia producida por sus primeros efectos prácticos. Para,
luego, ir acostumbrándose a convivir con ella… Y así, hasta la Paz de los
cementerios…
Lo que sí ha evidenciado la aplicación del 155, y así de claro lo deja
el profesor Javier Pérez Royo en sus artículos, Debate de investidura o el fracaso del 155, 155 por tiempo indefinido, ambos publicados en eldiario.es los días
12 y 16 de Mayo respectivamente, su desastroso efecto, judicializando un
conflicto eminentemente político. Antes
del 155 CE, dice el profesor, eran
los gobiernos catalán y el español y
las Cortes Generales y el Parlament los protagonistas del enfrentamiento, y, en
consecuencia, había una posibilidad de que se pudiera negociar alguna salida. Antes
del 155 CE no había dirigentes nacionalistas en el exilio o en prisión, ni
había procesados por el delito de rebelión. Ahora hay un buen número y,
probablemente, habrá muchos más en los próximos meses. Como consecuencia de
ello, la división en el interior de Catalunya, por un lado, y la separación
entre Catalunya y el Estado se ha hecho mayor. Con ese desplazamiento de
problema de las instituciones políticas a la judiciales, la política, sigue diciendo el
constitucionalista, ha perdido el control
de la situación. Y cuando no hay solución política, es la fuerza la que decide.
El proceso de investidura
de Torra después del resultado electoral de 21-D parece haber llevado el asunto
a la “normalidad”. Pero esta normalidad sólo es aparente, porque todo ese
proceso, en lugar de ser protagonizado por el President del Parlament y el
pleno de éste, lo ha estado dirigiendo, el Ejecutivo central a través del juez
Llarena. Lo que ha supuesto la investidura de Quim Torra, según lo entiende
Joan Coscubiela (Continúa la ficción. Del
procesismo al legitimismo, eldiario.es de 15-5-18) es más de lo mismo,
aunque esta vez con visos de legalidad. Torra
–dice- ha aceptado ser un presidente
provisional –para la ´gestión interior¨- sólo por el tiempo necesario para
volver a elegir a Puigdemont, el único presidente “legítimo”. Y, pasando
por realzar la ideología “supremacista” que Torra representa, Coscubiela
considera que la elección de Joaquín
Torra como presidente es una salida en falso, que, lejos de resolver el
conflicto, lo agrava porque comporta reiterar en todo lo que nos ha llevado a
este empantanamiento…
No es suficiente para reconstruir la legitimación democrática con un
“lavadito de cara”. El catedrático Pérez Royo hace tiempo dijo que con la
“intervención” de la Generalitat catalana se entró en un estado de excepción
que afectó a la Constitución Territorial; y, si ello supone una ruptura con la
“normalidad” aceptada en aquel “pacto territorial”, es muy difícil reparar lo
que se ha roto. Cuando se produce la
ruptura, dice el profesor sevillano,
lo hace en la forma de un terremoto de magnitud considerable, tras el cual ya
no hay “normalidad” a la que volver. El edificio constitucional no puede ser
reparado. Necesita ser construido de nueva planta. Los antiindependentistas,
y otros que no lo son tanto, se quejan de la elección de Quim Torra, pero
ignoran que la culpa de la misma la tiene el juez Pablo Llarena, interrumpiendo
la investidura de Jordi Turrull, de manera inconstitucional, haciéndole volver
a prisión, antes de la segunda votación, que lo hubiera elegido por mayoría
simple.
Al no haber optado por la política, en donde podría haberse encontrado
una solución, el Gobierno central, con el apoyo del autollamado bloque constitucionalista,
ha mantenido, e incluso ha fortalecido, el centralismo borbónico que ha
provocado la reacción pertinente en el otro bloque. Para colmo, el Psoe,
olvidando su “republicanismo” y su “federalismo”, ha perdido el norte con la
propuesta de su Secretario general de hacer obligatorio
por ley acatar la Constitución y respetar al jefe del Estado y la monarquía.
O no han aprendido nada, o su pugna electoralista con C¨s, van a dejar a Rajoy
como “moderado”. Con lo que se ha producido, según el juez Baltasar Garzón, un delirante juego de espejos, en cuyos
efectos distorsionantes ha tenido especial incidencia el protagonismo concedido
al poder judicial. Con Catalunya –dice
Garzón- el Gobierno central ha emprendido
un delirante juego de espejos, en el que el papel de lo político y lo judicial
va cambiando, adoptando formas más o menos distorsionadas, incluso grotescas,
según el momento y el interés de cada cual. Por su parte, el sector
independentista también ha situado sus piezas sobre el tablero y se ha movido
en la parte del circuito que le ha interesado sin aceptar ni las reglas ni la
responsabilidad de quien está al frente de la totalidad de un pueblo, le haya
votado o no…. Claro que todo ese juego especular, posiblemente, no se
hubiera dado o no se hubiera producido con tanta intensidad –y en esto coincido
con Garzón- si no hubiera entrado en escena el actor “mediático”, algunos de
cuyos portavoces, más que informar de lo que estaba ocurriendo, una vez puestos
en escena, se han dedicado a interpretar la realidad en función del interés de
sus productores. Es interesante leer el artículo del juez Garzón, Catalunya: el juego de los espejos (eldiario.es,
15-5-18), para tener una visión jurídico-procesal del “conflicto”.
Volviendo a la investidura, en el debate de la segunda votación, Torra
es investido, haciendo un discurso centrado en un programa de gobierno basado
en tres ejes: cohesión social, prosperidad económica y un proceso constituyente para conseguir una república para todos.
Los dos primeros más bien son conservadores y abstractos, o, en términos de la
CUP, “autonomistas”. Por eso no votaron positivamente. El tercer pilar es más
complicado. Si lo afirmado por Torra es pura verborrea para obtener la
abstención de la CUP, lo consiguió. Pero si pretende ponerlo en práctica, se
encontrará en una encrucijada de muy difícil solución. Si no cumple, la CUP le sacará
la “tarjera roja” que el mismo Torra le ofreció. Y, por otra parte, el sólo
intento de cumplir con su programa de Govern, será de nuevo obstaculizado, esta
vez con más fuerza, pues el “aparato” del Estado aún no ha bajado la guardia.
Quiero entender que cuando Pérez Royo afirma que la designación de Quim Torra como candidato a la Presidencia (por
Puigdemont), supone la puesta en práctica de la estrategia más radical de todas las imaginables en este momento,
el catedrático sevillano se está refiriendo a la necesidad de plantearse un
nuevo proceso constituyente, por agotamiento del que dio lugar a la
Constitución de 1978, pero no limitado al que Torra propone para Catalunya.
Esta interpretación me la permite la afirmación siguiente, de que hay problemas que únicamente se pueden
resolver mediante la expresión de manera directa del principio de legitimación
democrática. Que pretender solucionar el problema con el artículo 155 en
manos del juez Llarena, no sólo no arregla nada, sino que, además, supone la certificación de la quiebra de la
Constitución Territorial de 1978. Tenemos 155 de la Constitución por tiempo
indefinido. Así concluye el profesor su segundo artículo de los citados. Y
nosotros, al grito más ramplón y cansino de ¡vuelta a empezar!...
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