Los que vivimos aquellos
años, incluso militando contra el franquismo y sus herederos, sabemos cómo se
gestionó el “proceso constituyente” y la tenida por “ejemplar” Transición. La
larga dictadura franquista se basó en tres pilares: el establishment
empresarial y financiero, la Iglesia católica jerárquica y el Ejército. Y todo
ese entramado de poder está presente en la Constitución de 1978, articulado en
torno a la “indisoluble unidad de la Nación española” (Art. 2 CE), la Monarquía
(Art. 56 CE), el artº 8 otorgando al Ejército la misión de “defender la unidad
territorial, el artº 16 nombrando a la Iglesia Católica por encima de otras
religiones, el modificado artº 135, garantizando al capital el cobro de su trozo de tarta, y,
últimamente ha cogido un rango inesperado el artº 155 en su abuso para
suspender la Generalitat.
Estos son los artículos constitucionales que hay detrás de la permanente
invocación de los partidos autonominados constitucionalistas, PP. Psoe y C´s, y
todo el “aparataje mediático” y
judicial, a cumplir la Constitución y la ley. El resto de artículos ellos
mismos los incumplen, como por ejemplo, el artº 23 (derecho a la participación
política) en el caso de los políticos electos al Parlament catalán, sin que les
importe mucho lo fundamentales que sean. Gracias a la pertinaz recurrencia a
los artículos citados, y a una Ley Electoral que convierte en mayoritario el
sistema proporcional del artº 68, que ha beneficiado un modelo “bipartidista”
(PP, PSOE) centralizado, discriminando a otras minorías periféricas o
“nacionalistas”, es como ha tenido continuidad el modelo autoritario
franquista.
La “rebelión democrática” que supuso el 15-M propició el nacimiento de
nuevas fuerzas políticas en pro de un cambio social. PODEMOS pudo aglutinar en
un partido político a parte de los “rebeldes”; en Cataluña se aprovechó esa
movilización por los defensores del derecho a decidir, para llevar a cabo el
afán independentista de una gran parte de catalanes.. Lógicamente los estamentos que se han
beneficiado del bipartidismo se resisten a que éste caiga. Y así, avalado por
la patronal empresarial y financiera, se “inventa” Ciudadanos, que no surge
para romper con el bipartidismo, sino para acabar con la opción soberanista en
Cataluña e impedir un cambio más social y progresista en el resto del Estado,
aunque para ello tengan que sustituir al Partido Popular. El papel de C´s como
centinela del bipartidismo lo vemos en el apoyo que está dando al PP en el
Congreso, al Psoe de Susana en Andalucía, y en Madrid estos días, proponiendo
una Comisión de investigación en el asunto del master de Cifuentes, en vez de
apoyar la moción de censura del Psoe y Podemos.
El denominado conflicto catalán, independientemente de su importancia en
sí mismo, es el síntoma, detrás del cual se esconden los aparatos del Estado,
desde los partidos “constitucionalistas”, PP, Psoe y C´s, las élites del
Ibex-35 , hasta las grandes empresas de la comunicación, todos en comandita en
defensa de una mítica “unidad de España”, con la que se quiere confundir la
unidad política y territorial del Estado con la unidad de todos los españoles
en torno a un “pensamiento único”. Y, para conseguir este objetivo, no dudan en
poner a su servicio a toda la maquinaria judicial, pronta a convertir el
derecho de autodeterminación en un delito. También la dictadura franquista se
quiso revestir de legalidad delegando en el Tribunal de Orden Público (TOP),
hoy Audiencia Nacional, y buscando la solución de problemas políticos en el
Código Penal. Así la Democracia se convierte en una especie de república
“bananera”, gobernada por jueces, que, bajo el manto de la independencia del
poder judicial, se prestan a distorsionar le neutralidad de la ley, con
interpretaciones arbitrarias y prevaricadoras, al servicio de un modelo de
democracia preconcebido. Es lo que creo que está ocurriendo en el asunto
catalán A este respecto, tenemos que
destacar algunos datos de la “derecha” en su camino hacia la “politización del
Poder Judicial: La impugnación del Tribunal Constitucional en 2010, a instancia del PP del Estatuto
Catalán aprobado con todos los requisitos en 2006. El abuso de Rajoy y de su
mayoría absoluta en la reforma de la ley, para otorgar al TC competencias
sancionadoras, con el objetivo real de dinamitar el proceso soberanista catalán. La formación del Consejo General del
Poder Judicial, cuyos miembros se lo reparten los dos partidos mayoritarios,
sin reservar una cuota a los propios jueces. Hay que anotar el control que
ejerce el CGPJ en el nombramiento de las altas magistraturas.
Rajoy, como dice el profesor Javier Segura, prefiere quitarse el muerto de encima, delegando su responsabilidad
política en los jueces, para que sean éstos los que se saquen de la chistera
delitos como el de sedición y rebelión, entre otros, que permitan tratar a los
encausados como presos comunes o como “políticos presos”, con objeto de
legitimar la escalada represiva, pensada para conseguir la capitulación del
soberanismo catalán y eliminar los puentes de diálogo. Con esta
“delegación” la “democracia del Partido
Popular quiere soslayar el coste que ante los organismos internacionales
supondría tener en las cárceles presos políticos. (“De la dictadura
franquista a la dictadura de los jueces”, publico.es de 3-4-18)
Por otra parte, los jueces, a cuya función, generalmente acceden, por
concurso-oposición, como cualquier otro funcionario, pierden ese hálito de
infabilidad e imparcialidad en sus juicios, cuando utilizan la Ley y el
Derecho, no para perseguir a delincuentes comunes, sino para perseguir a
adversarios políticos. Igualmente los cuerpos de seguridad del Estado pierden
la confianza de los ciudadanos, cuando facilitan a los jueces informes
manipulados o preparados ad hoc.
Basta leer los autos del magistrado Llarena y, sobre todo, los recursos
contra ellos de los abogados de las defensas, para darse cuenta del enorme
atropello a la democracia y a los derechos humanos, políticos y sociales, que
se está cometiendo contras los líderes políticos en prisión preventiva por
imputación de delitos, rebelión y sedición, de muy dudosa realidad. Los
Tribunales Internacionales podrán las cosas en su sitio, dejando a jueces y
fiscales españoles en el más absoluto de los servilismos.
Realmente, no es que el
“régimen” que se inició con la Constitución del 78 estuviese pletórico de
democracia, y ésta haya venido agotándose hasta llegar a la situación actual.
Como hemos dicho al comienzo, la misma elaboración de la Carta Magna, aunque
más disimuladamente, ya estuvo condicionada por los llamados “poderes
fácticos”, que son los mismos que hoy, de manera más descarada, vigilan
cualquier intento de “desvío”. Eran tantas las ganas de dejar atrás la
dictadura, que, frente a élla, cualquier derecho que se conquistara parecía
“revolucionario”. Y así, mientras la economía crecía y los países europeos se
fueron recuperando de los desastres de la Segunda Guerra, ayudados por el Plan Marshall, que fue como una New Deal, muchos ciudadanos de a pie
creyeron que todos los derechos y bienes fueron frutos de los efectos de la
Revolución Soviética, cuando, en realidad no fueron más que “migajas” otorgadas
con el fin de conformar y desarmar los deseos de la clase obrera. Cuando el
capital y sus poseedores recuperaron su standing,
volvieron a sus andadas, inventándose una crisis que les permitiera recuperar
con creces aquellas migajas, buscando “nichos de ganancias” con los recortes y
la privatización en los sectores de servicio público: sanidad, educación, etc…
En España ese final de trayecto se está
manifestando en el llamado Procés catalá.
No es que este tema sea nuevo en la historia de la política española.
Precisamente, solucionar el encaje de las “nacionalidades históricas” en el
Estado es la cuestión que más salpullidos genera en la derecha borbónica o en
la izquierda jacobina. Al nacionalismo catalán de CiU se acercó Aznar hablando
catalán en la intimidad con Pujol cuando necesitó sus votos, y con la misma
intención se acercaron los socialistas al catalanismo cuando gobernaron. Pero,
aparte del problema en sí y de la incapacidad de que da muestra el PP para
solucionarlo, lo nefasto es el uso que el Gobierno de Rajoy está haciendo de él
para tapar sus vergüenzas y aminorar la pérdida de votos que su corrupción le
está causando. Es esta abusiva actitud, aunque a sus militantes y votantes la
función de “tapadera” les importe menos, la que debiera preocupar a todos los
españoles, incluidos los votantes del PP.
La actitud “justiciera” y policial adoptada por el Gobierno para resolver
un problema político, no sólo está mostrando su total ineficacia, sino
descubriendo la incultura política de gran número de ciudadanos, el cutrerío de
muchos dirigentes políticos y lo que es peor: la debilidad de las de las
instituciones democráticas. La intromisión del Ejecutivo y, vía fiscal, la del
Judicial sobre el Legislativo, supone el derrumbe de los “tres poderes” sobre
los que se sustenta nuestro sistema democrático liberal. El principio de no
intromisión, según dicta la Constitución y explicita el constitucionalista
Pérez Royo. Exige que, desde ninguno de los otros dos poderes constitucionales,
ejecutivo y judicial, se adopte medida alguna que interfiera con el proceso de
investidura tal como ha previsto su desarrollo el President (J. Torrent).
Lógicamente, quienes cometen tal despropósito no lo hacen burdamente, y
pretenden eludirlo con formalismos legales, que, como no hay democracia sin cumplimiento de la Ley… que cualquier opción
política es defendible dentro de la Constitución,… resultan hueras y
manidas.
Interesadamente se está aludiendo a la Ley y a la Constitución, cuando,
al mismo tiempo, los Tribunales están incumpliendo tanto el Artº 23 CE, que
dictamina el derecho fundamental de participación política (sufragio activo y
pasivo), así como la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG, de
Julio de 1985, reguladora de tales derechos. Para la suspensión del ejercicio
de tales derechos, se requiere, requisito hasta ahora inexistente, sentencia
firme. Sin sentencia judicial firme el derecho de sufragio, tanto en su
vertiente activa, como pasiva, dice el mismo constitucionalista, que
son inescindibles, es un derecho intocable, que prevalece frente a cualquier
otro, porque es el fundamento en el que descansa la democracia como forma
política y en el que se apoya la arquitectura del Estado Constitucional. Para
confirmar lo que venimos exponiendo, basta con leer loa autos del magistrado
Llarena. Pero para no hacer interminable este trabajo, remito al lector a los
que tengo “colgados” en este mismo blog sobre el tema. Igualmente remito a los
artículos publicados por Javier Pérez Royo en eldiario.es, entre otros Prevaricación
contra la democracia (28-2-18), Investidura y división de poderes
(7-3-18) y Por qué prevaricación (13-3-18). Y termino; que aunque tengo
mucho más escrito, esperaré qué hace la justicia extranjera.
Manuel Vega Marín. Madrid, 24, Abril, 2018 www.solicitoopinar.blogspot.com.es
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