IGNACIO COSIDÓ, SENADOR DEL PP, ES UNA DESHONRA PARA LA DEMOCRACIA

   ¿Cuándo caerá la gota que colme el vaso? No caben disculpas. El lenguaje utilizado en el whatsApp a sus senadores no puede ser más mafioso; los vocablos jugada estupenda y control desde atrás de las Salas II y 61 del Tribunal Supremo sólo son entendibles en la mentalidad de un policía procedente de las cloacas del Estado. Quiero recordar que este sujeto fue director de la Policía Nacional en el Gobierno de Rajoy (2011-2016), siendo ministro de Interior Fernández Díaz, al que algunos fiscales le “afinaban” algunos asuntos o tenía comisarios que le facilitaban informes falsos contra Podemos y otros adversarios políticos. Últimamente, según revelaciones de El Mundo y El Español, también se le relaciona con la “operación Kitchen”, organizada por Villarejo, por la que, con fondos reservados, se ha estado sobornando al chofer de Bárcenas, para que se hiciera con documentos que éste conservaba para chantajear al PP y al gobierno de Rajoy en su defensa. En fin, todo un émulo de Al Capone.

SÓLO CON LA DIMISIÓN DE LOS PRESIDENTES LESMES Y DIEZ-PICAZO EL SUPREMO RECUPERARÁ ALGO DE LA CONFIANZA PERDIDA.

   En un artículo inmediatamente anterior a este defendía que No es suficiente con pedir perdón, para reparar el daño causado a la ciudadanía por la mala conducta de políticos o de otros cargos relevantes de nuestro sistema democrático. De los señores citados decía: estos señores jueces, que se creen por encima del bien y del mal, y que pueden disponer de la vida y hacienda de los ciudadanos cuando éstos han obrado mal, no pueden conformarse con sólo pedir perdón cuando han sido ellos los que han perjudicado a los ciudadanos. Ahora, además, el sr. Lesmes, Presidente del Supremo, debería dimitir por mentiroso; pues después de que la Sección II de la Sala III el 16 de octubre sentenciara que era la banca quien debería hacerse cargo del impuesto por AJD de las hipotecas, a requerimiento de la prensa declaró a los pocos días, que tal sentencia era firme y no susceptible de revisión, produciendo plenos efectos en relación con las partes en litigio… Asímismo recordó que tanto los magistrados de dicha sección y sala, como su presidente, Díez-Picazo, han actuado con plena lealtad al Alto Tribunal, así como con independencia, profesionalidad y competencia técnica en la interpretación y aplicación de la ley, y con escrupuloso respeto a las normas procesales aplicables al presente caso. Este miércoles, 7-oct.-18, después de saberse el resultado vergonzoso del pleno de la Sala, manipulada por su presidente, Díez-Picazo,  el Presidente del Supremo y del CGPJ vuelve a declarar a la prensa sin asumir ninguna responsabilidad. Después de eximirse y de eximir a su subalterno de toda responsabilidad, cínicamente dice: Aceptamos las críticas, pero esta situación se ha producido por una falta de claridad de la ley. E, hipócritamente, afirma que la decisión del pleno de la Sala se tomó con libertar e independencia de criterio… Y, cuando los periodistas le preguntan por su dimisión, cobardemente, hace mutis por el foro… (Los textos de las declaraciones están tomados del diariopúblico.es).

¡NO ES SUFICIENTE CON PEDIR PERDÓN!

   Ni siquiera ese gesto de buena educación les bastaría a las conciencias “atribuladas” que se acercan al confesionario; porque, si los daños causados por los que se pide esa gracia pueden repararse, ni las tres Avemarías penitenciarias, ni el propósito de enmienda redimirán del “remordimiento”,  si no se desagravia al ofendido o se restituye al prójimo lo robado. Sólo los beatos hipócritas confundirán un simple empujón en el Metro con el injusto pago de un impuesto, con un desahucio a un “parao”, un “ere” injustificado, o…, o…, o….. Solamente el “robagallinas”, en expresión del Presidente del T. Supremo, estaría dispensado de ese requisito, ya que su hambrienta familia habría “devorado” a la presa de corral antes de desplumarla. Pero no por eso el pobre ladronzuelo evitaría la cárcel.

¿SE IMPONDRÁ LA III REPÚBLICA SIN TENER QUE REFORMAR LA CONSTITUCIÓN?

   A finales de Abril escribí y “colgué” en mi blog, solicitoopinar.blogspot.com.es, un artículo, El Régimen de 1978 está agotado. En él defendía la tesis de que los tres pilares básicos en que se fundaba la dictadura franquista: el establishment empresarial y financiero, la Iglesia católica jerárquica y el Ejército, es el entramado de poder presente en la Constitución de 1978. Su legitimidad democrática, pues, no procede de un proceso constituyente. Cuando A. Suarez convocó las primeras elecciones generales, las Cortes que salieron de éstas fueron “constituidas”, convertidas en “seudoconstituyentes” por presión del PCE, una vez que la Monarquía y la “indisoluble unidad de la Nación Española” (artº 2 CE) fueron impuestas sin previo debate, encargando, además, a las Fuerzas Armadas, que ello quedara “atado y bien atado” (artº 8). Hubiera sido demasiado torpe, por otra parte, no reconocer la diversidad sociocultural de los pueblos que habitamos la “piel de toro”, sobre todo, las “nacionalidades” reconocidas por la II República. Ese reconocimiento obliga a constitucionalizar (art.68 CE) un sistema electoral proporcional, sistema que, en la práctica, se convierte en mayoritario por la Ley Electoral, que beneficia el modelo “bipartidista” (PP, Psoe) y ha garantizado (y garantiza) la continuidad del modelo autoritario franquista.

ELLOS SOLITOS SE DESHONRAN

   Desde que comenzó el folletín de los másteres, comprendí lo absurdo de perder el tiempo escribiendo sobre el tema. En este país el “enchufismo”, la “recomendación” o el “usted no sabe con quién está hablando” siguen estando a la orden del día. Tenía, por otra parte, la confianza en que la magistrada del juzgado de instrucción 51, CARMEN RODRIÍGUEZ-MEDEL, con su investigación honesta, haría recuperar a la Universidad Pública el prestigio perdido por las actividades mafiosas del “chiringuito” del ¿catedrático? Álvarez Conde y algunos alumnos políticos privilegiados.  Igualmente confiaba en que la indagación profesional, seria e independiente de eldiario.es sobre este asunto, pondría en evidencia ante los ciudadanos de hasta dónde puede anidar la corrupción en nuestra ma”dura” democracia…

EL CHAT CORPORATIVO EN QUE SE MANIFIESTAN ALGUNOS JUECES Y FISCALES

   Sería mucho más honesto y acorde con la realidad acabar con el mito de que los jueces son imparciales en la aplicación de la Ley. Es una hipocresía creer y afirmar que, aunque a los jueces, como ciudadanos, tienen derecho a tener ideología, ésta la dejan en sus casas cuando forman parte de un tribunal; que, si en su función juzgadora yerran aplicando las leyes o introducen sus opiniones particulares, para corregir está el sistema de recursos. Sobre el mito de la imparcialidad del juez se ha fundamentado todo el sistema judicial. Y hasta en su aspecto externo, como en las funciones religiosas o mágicas, los magistrados se “disfrazan” de raros ropajes y extraños abalorios, para infundir al ciudadano medio la sensación de que la justicia es algo sagrado proveniente de difusos espacios siderales o que sus administradores actúan como chamanes asexuados o arcángeles desapasionados. Pero, igual que nadie en una sociedad democrática y crítica puede imponer a nadie la creencia en el dogma de la virginidad de María, nadie podrá hacer tragar el “dogma” de la imparcialidad de los jueces. Tal creencia es  desmentida por la realidad cotidiana, por la actuación de muchos jueces y fiscales, o por la forma torticera que su órgano de gobierno, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con su Presidente, Carlos Lesmes, que también lo es del Supremo, están ejerciendo su función. El procès catalán, el máster de Casado o el “chat corporativo, al que dedicamos este escrito, está poniendo en entredicho la confianza social en la que se debe basar la verosimilitud o legitimidad del “tinglado” juridiscional. Precisamente, si dedicamos este trabajo al asunto del “chat corporativo”, es debido a la escasa difusión que los “medios generalistas” han hecho de este grave problema.

JUSTIFICAR LA VENTA DE BOMBAS CONLLEVA JUSTIFICAR LA MUERTE DE INOCENTES

   No entiendo que la venta de un paquete de bombas a Arabia Saudí, conocida hace unos pocos días, haya levantado tantas protestas, cuando todos sabemos que el negocio de armamento de guerra, junto con el narcotráfico y la prostitución, son habituales entre los países que fabrican tales armas y los que pueden pagarlas para utilizarlas en hacer daño e imponer sus intereses en determinadas zonas del planeta. Tales nauseabundos negocios son denunciados una y otra vez por organismos internacionales, de los que ellos mismos forman parte, sin que semejantes advertencias surtan efecto. Sólo en 2016 –dice Nazanín Armanian- la ONU documentó 119 incursiones de la Coalición EE. UU- Arabia en Yemen violando el derecho internacional humanitario: ataques a campos de refugiados, bodas, funerales, escuelas, hospitales, mercados y mezquitas (publico.es 13-9-18). Si alguna justificación tiene la protesta en España, que no es nueva, es porque la Alcaldía de Cádiz, capital de la provincia en la que está instalada la empresa Navantia (en San Fernando) fabricante de las armas, está ocupada por José Mª González (Kichi) de Podemos. La industria armamentística viene fabricando material bélico ocupando el Gobierno de España tanto el PP, como el Psoe. Es más, el pedido de Arabia, cuyo contrato se cuestiona ahora, es de 2015, estando Rajoy en la Moncloa.