EL CHAT CORPORATIVO EN QUE SE MANIFIESTAN ALGUNOS JUECES Y FISCALES

   Sería mucho más honesto y acorde con la realidad acabar con el mito de que los jueces son imparciales en la aplicación de la Ley. Es una hipocresía creer y afirmar que, aunque a los jueces, como ciudadanos, tienen derecho a tener ideología, ésta la dejan en sus casas cuando forman parte de un tribunal; que, si en su función juzgadora yerran aplicando las leyes o introducen sus opiniones particulares, para corregir está el sistema de recursos. Sobre el mito de la imparcialidad del juez se ha fundamentado todo el sistema judicial. Y hasta en su aspecto externo, como en las funciones religiosas o mágicas, los magistrados se “disfrazan” de raros ropajes y extraños abalorios, para infundir al ciudadano medio la sensación de que la justicia es algo sagrado proveniente de difusos espacios siderales o que sus administradores actúan como chamanes asexuados o arcángeles desapasionados. Pero, igual que nadie en una sociedad democrática y crítica puede imponer a nadie la creencia en el dogma de la virginidad de María, nadie podrá hacer tragar el “dogma” de la imparcialidad de los jueces. Tal creencia es  desmentida por la realidad cotidiana, por la actuación de muchos jueces y fiscales, o por la forma torticera que su órgano de gobierno, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con su Presidente, Carlos Lesmes, que también lo es del Supremo, están ejerciendo su función. El procès catalán, el máster de Casado o el “chat corporativo, al que dedicamos este escrito, está poniendo en entredicho la confianza social en la que se debe basar la verosimilitud o legitimidad del “tinglado” juridiscional. Precisamente, si dedicamos este trabajo al asunto del “chat corporativo”, es debido a la escasa difusión que los “medios generalistas” han hecho de este grave problema.

JUSTIFICAR LA VENTA DE BOMBAS CONLLEVA JUSTIFICAR LA MUERTE DE INOCENTES

   No entiendo que la venta de un paquete de bombas a Arabia Saudí, conocida hace unos pocos días, haya levantado tantas protestas, cuando todos sabemos que el negocio de armamento de guerra, junto con el narcotráfico y la prostitución, son habituales entre los países que fabrican tales armas y los que pueden pagarlas para utilizarlas en hacer daño e imponer sus intereses en determinadas zonas del planeta. Tales nauseabundos negocios son denunciados una y otra vez por organismos internacionales, de los que ellos mismos forman parte, sin que semejantes advertencias surtan efecto. Sólo en 2016 –dice Nazanín Armanian- la ONU documentó 119 incursiones de la Coalición EE. UU- Arabia en Yemen violando el derecho internacional humanitario: ataques a campos de refugiados, bodas, funerales, escuelas, hospitales, mercados y mezquitas (publico.es 13-9-18). Si alguna justificación tiene la protesta en España, que no es nueva, es porque la Alcaldía de Cádiz, capital de la provincia en la que está instalada la empresa Navantia (en San Fernando) fabricante de las armas, está ocupada por José Mª González (Kichi) de Podemos. La industria armamentística viene fabricando material bélico ocupando el Gobierno de España tanto el PP, como el Psoe. Es más, el pedido de Arabia, cuyo contrato se cuestiona ahora, es de 2015, estando Rajoy en la Moncloa.

LOS MEDIOS INFORMATIVOS, PROPAGANDISTAS DE BULOS

    Terminaba mi anterior artículo, Las zanahorias con las que Lesmes gobierna el CGPJ, criticando el nefasto papel que el “amarillismo partidista” de los medios de información tradicionales están representando especialmente en el “embrollo” catalán. Es una pena –decía- que con la capacidad de influir en la ciudadanía y los instrumentos de largo alcance de que disponen las empresas de la información, no contribuyan, al menos, a evitar el enfrentamiento y deterioro que este pugilato está causando entre los españoles. Y, como tal artículo se alargaba, me comprometí a exponer algunas ideas sobre el asunto, que bien merece el trabajo que ahora tiene el lector ante su vista.

LAS ZANAHORIAS CON LAS QUE LESMES GOBIERNA EL CGPJ

   El título hace referencia a las declaraciones a El Confidencial (18-3-14) de Carlos Lesmes recién nombrado Presidente del órgano de gobierno de los jueces. En aquellas desafortunadas declaraciones aseguraba que a los jueces se les controla con un palo y una zanahoria. Con razón las asociaciones de jueces, conservadoras y progresistas, tacharon aquellas palabras de torpes y denigrantes, de grosería inaceptable, de desconsideradas y de menosprecio hacia los que forman parte de la carrera judicial. Pero con la actitud corporativista y de adhesión a la concesión de amparo promovida por la CP del Consejo, han perdido la razón que fundamentaban el rechazo hacia su presidente. Ahora, con su sumisa actitud, ponen de manifiesto el significado más duro del verbo controlar, no el de premiar o castigar la conducta profesional de los jueces, sino el de imponer, dirigir o determinar e interferir en la independencia del juez. La salida en tromba y el “prietas la filas” en solidaridad con Llarena y el ampliar el objeto de la demanda civil contra él a todo el sistema jurídico español, más bien evidencia un toque de control y “arrebato” por parte de Carlos Lesmes, y un reconocimiento de que es el “presi” el que reparte las zanahorias. Sin embargo, tan fanática solidaridad no fue suscitada cuando los compañeros Baltazar Garzón y Epidio Silva fueron “inquietados” y “perturbados” en su independencia judicial. En este caso no fue el reparto de zanahorias lo que estaba en juego, sino el palo que se llevó por delante a los jueces citados, sirviendo de aviso a navegantes.

LO QUE EL CGPJ HA CONCEDIDO A LLARENA NO ES AMPARO; ES UN RESCATE

   Bajo las solemnes y rimbombantes declaraciones del Consejo General del Poder Judicial, lo que se esconde es todo un interés corporativo de disimular la incompetencia profesional de ciertos jueces y su torpeza en la solución de determinados asuntos. Pero muy a su pesar, su exuberancia verborréica no les libra de mentir y de confundir a la opinión pública. Máxime cuando casi todos los más importantes medios de información se prestan a difundir tales falsedades. Muy raro es, p. ej., que en estos grandes medios, se puedan leer, ver o escuchar las razones de la parte “litigante” que se pretende desprestigiar. Sin embargo, leyendo o viendo las declaraciones del Consejo o del propio Pablo Llarena, sobre la demanda civil presentada contra él por Puigdemont y sus cuatro exconsejeros en el exilio en un juzgado belga el 5 de junio, el ciudadano poco instruido saca la conclusión de que TODO el sistema judicial español ha sufrido un ataque de las hordas jueomasónicascomunistas europeas. Y nada más lejos de la realidad. Lo que tratan realmente los demandantes es ejercer su derecho fundamental de defensa y exigir la presunción de inocencia ante unas imprudentes manifestaciones efectuadas por el juez Llarena, instructor de la causa catalana, el 23 de Febrero en Oviedo, en unas conferencias ajenas a la instrucción, y que, según aquéllos, denotan prejuicios y escasa imparcialidad en el magistrado. Ha sido, pues, la torpeza de Pablo Llarena, apoyada por la Sala del Supremo, la que ha facilitado a Puigdemont la demanda ante la justicia belga. Después de la retirada de la euroorden, como afirma Pérez Royo, Puigdemont, que es un ciudadano en pleno ejercicio de todos sus derechos fundamentales, porque no ha sido privado de ninguno de ellos mediante sentencia judicial firme, que reside en Bélgica y que se ha visto afectado en el ejercicio de sus derechos por el juez instructor sin darle posibilidad de defenderse, tiene todo el derecho del mundo a demandar a dicho juez instructor y a exigirle responsabilidad por su errática instrucción (el diario.es 19-8-18, Sorpresa judiciales). Y eso es lo que han hecho Puigdemont y sus consellers, por más que esa acción se intente desprestigiar, suponiéndole toda clase de raras y rebuscadas intenciones.

ACUERDOS Y DESACUERDOS CON EL PROFESOR JUAN TORRES LÓPEZ

   Soy lector de los escritos y seguidor del pensamiento económico del catedrático sevillano. Eso no quita que le niegue la razón, cuando creo que no la tiene, por muy catedrático que sea. El sr. Torres, después de hacer un comentario político en su artículo Los otros datos del CIS en publico.es (6-8-18), dice que el comentario que deseaba hacer en este texto no tiene que ver exactamente con los datos políticos del Barómetro del CIS… Pero lo ha hecho, y, en este caso, a mi parecer, desafortunado. No es la primera vez que el sr. Torres López inculpa –no sé porqué- a PODEMOS de que Pedro Sánchez no fuese investido Presidente, en lugar de Rajoy, en la anterior legislatura. Para ello hubiera hecho falta un acuerdo de mínimos entre un Ciudadanos volcado a la derecha y el PSOE, según escribe. Pero omite que tal acuerdo fue una “pantomima”, pues, como él propio Sánchez reconoció en Salvados, los capitostes y ad lateres de su partido no se lo hubieran permitido, e igualmente, la regeneración democrática, representada por los de Riveras, como se ha demostrado después, no era más que un “podemos de derechas”, inventado por el Ibex-35, para detener al PODEMOS, surgido del 15M… ¿Era tan disparatado, por otra parte, aceptar la propuesta que Iglesias hacía a Sánchez de entrar en su gobierno? Después de todo, no eran tantos los votos populares que les separaban. Sin embargo, gracias a la negativa de las baronías socialistas y a los medios de comunicación, mediatizados como siempre por quienes nunca dan la cara ante el electorado, aquella propuesta del líder de PODEMOS quedó ante la opinión como un afán de poltronas… No, señor Torres, “la burbuja de Podemos”, como usted la llama, no explotó porque la sociedad comprobó que (Podemos) ni comía ni dejaba comer, o porque se hubiera convertido en un partido que frenaba la generación democrática deseada. Usted, sr. Torres, sabe muy bien que fueron las mismas fuerzas “fácticas” las que impusieron al Psoe de Felipe González la renuncia a su “Programa máximo”, al marxismo y al socialismo “científico”, a cambio de llegar en 1982 al Gobierno de España. Con la ayuda de los marcos alemanes y la connivencia de los dólares USA,  no hubo escrúpulos en dejar en la estacada al PCE y otras fuerzas que habían luchado contra la dictadura. Son esas mismas fuerzas las que hoy están impidiendo, no ya que PODEMOS llegue a gobernar, sino, al menos, a regenerar la democracia.

EL JUEZ LLARENA SE “CABREA” POR LA DECISIÓN DE LA JUSTICIA ALEMANA

   En dos artículos consecutivos publicados en el diario.es (12 y 13-07-18), el catedrático sevillano de Derecho Constitucional, defiende que la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Schleswig-Holstein es firme, pudiendo ser recurrida al Constitucional alemán por Puigdemont.  Al resto de las partes, es decir, tanto a la Fiscalía del Land alemán, como a la Fiscalía y a los tribunales españoles, no les queda otra que su cumplimiento. Y, como dice el profesor, todo lo que se está diciendo de que el Tribunal Supremo puede rechazar la extradición en los términos acordados por el mencionado tribunal alemán y condenar a Puigdemont a permanecer indefinidamente en el exilio o a poder procesarlo por rebelión si regresa a España, es de una anticonstitucionalidad manifiesta.

   La calificación jurídica como constitutiva del delito de rebelión ha sido borrada por la decisión del tribunal alemán. De manera definitiva e irreversible. El Tribunal Supremo no puede proceder contra Carles Puigdemont por ese delito.