EL RÉGIMEN DE 1978 ESTÁ AGOTADO

   Los que vivimos aquellos años, incluso militando contra el franquismo y sus herederos, sabemos cómo se gestionó el “proceso constituyente” y la tenida por “ejemplar” Transición. La larga dictadura franquista se basó en tres pilares: el establishment empresarial y financiero, la Iglesia católica jerárquica y el Ejército. Y todo ese entramado de poder está presente en la Constitución de 1978, articulado en torno a la “indisoluble unidad de la Nación española” (Art. 2 CE), la Monarquía (Art. 56 CE), el artº 8 otorgando al Ejército la misión de “defender la unidad territorial, el artº 16 nombrando a la Iglesia Católica por encima de otras religiones, el modificado artº 135, garantizando  al capital el cobro de su trozo de tarta, y, últimamente ha cogido un rango inesperado el artº 155 en su abuso para suspender la Generalitat.

EL MAGISTRADO LLARENA, UN JUEZ PARCIAL Y “TOZUDO”

   En un artículo anterior, en el que comentaba el auto de la Sala Penal del Supremo rechazando la excarcelación de Oriol Junqueras, decía que más que un auto judicial, es un discurso político, precocinado por unanimidad y de acuerdo con la Fiscalía y el Ejecutivo del Estado, para evitar que el exvicepresident del Govern pueda tomar posesión del cargo para el que ha sido elegido el 21-D (“Más que un auto judicial, un Alegato político”). Unas líneas más abajo tachaba el discurso de los magistrados de apriorístico e interesadamente preventivo, un tanto incoherente y contradictorio.

   En otro posterior trabajo (El Magistrado Llarena, erre que erre…”) en el que comento la negativa de este instructor a la petición de Junqueras de ser trasladado a una prisión cercana a su familia, además de reafirmarme en mi idea anterior, digo que el magistrado Llarena no tiene el más mínimo escrúpulo en seguir utilizando argumentos escasamente jurídicos y, algunos de ellos, dudosamente democráticos. A ambos trabajos remito al lector

EL ATAQUE MACHISTA DE VARGAS LLOSA CONTRA EL FEMINISMO

   No es extraño que “lo que tiene más desmoralizado (a Vargas Llosa) es que la literatura pudiera desaparecer”. Él dice que porque es lo  que mejor le ha defendido del pesimismo. No voy a entrar en su psiquismo para ver de qué pesimismo se trata. Desde luego, lo que sí podemos constatar, pues es público y notorio, es el alto standing social que le ha proporcionado “vivir del cuento”. Hasta un Nobel le ha proporcionado su arte de juntar palabras. No dudo de sus méritos. Pero eso no le da derecho ni título a ir por el mundo pontificando de omnibus rebus,  cual gran gurú, desde la política hasta el psicoanálisis. Por esto me cae tan antipático el porcelanoso. Reconozco que su pomposo nivel de vida y el optimismo que éste y la lectura de Popper le proporcionan, hasta ahora, sólo se lo haya podido disminuir la amenaza de ser envenenado en un restaurante ruso o el  “irresponsable y tercermundista Trump apretando el botón nuclear. Qué ocurra en su patria, Perú, una vez instalado en Europa de “beautiful peuplel”, después de perder en el enfrentamiento electoral con Fujimori.

CRÍTICA SOBRE LA “INFORMACIÓN” DEL LUCTUOSO SUCESO DE GABRIEL

   Desde que el pasado 27 de Febrero se conoció la noticia de la desaparición del niño de ocho años, Gabriel Cruz, apodado por sus colegas el “Pescaíto” por su afición a estos animalitos, todos los medios informativos, sobre todo las televisiones, han dedicado tiempo y espacio más que suficientes para difundir los pormenores de tan desagradable suceso. Ello nos libera de repetir lo que ya todo el mundo sabe, para centrar nuestro trabajo en comentar el comportamiento de los vecinos ante la casa-cuartel de la Guardia Civil de Almería, donde desde ayer se encuentra detenida la presunta autora (o inductora) del trágico final de Gabriel. Una multitud de ciudadanos, cual jauría humana, rodeaba la verja del cuartel de la Benemérita “aullando”, más que reclamando, cadena perpetua o pena de muerte para la detenida, y exigiendo el asalto al calabozo o la expulsión de la detenida a la calle, donde fácilmente hubiera podido ser lapidada por la multitud enrabiada. Al tratarse de una inmigrante de piel morena, no han faltado, además, todo tipo de expresiones xenófobas.

EL MAGISTRADO LLARENA, ERRE QUE ERRE…

   En mi anterior comentario sobre el auto que rechazaba la apelación de Junqueras para su salida de prisión, tachaba su discurso de apriorístico e interesadamente preventivo, un tanto incoherente y contradictorio. Pues bien, este nuevo auto con el que este juez deniega el traslado a otro centro penitenciario del exvicepresident, aparte de confirmarme en mis consideraciones anteriores, me sugiere la idea de que el Tribunal Supremo intenta tutelar y controlar los efectos del resultado electoral del 21-D. Para ello, el magistrado Llarena no tiene el más mínimo escrúpulo en seguir utilizando argumentos escasamente jurídicos y, algunos de ellos, dudosamente democráticos. Veamos.

   El magistrado no da credibilidad a las alegaciones de los presos electos ni a sus promesas de utilizar únicamente las vías pacíficas y legales para defender su proyecto político independentista. Es más, supone la posibilidad de que su liderazgo (confirmado en las citadas elecciones) volviera a manifestarse con (nuevas) movilizaciones ciudadanas colectivas violentas y enfrentadas al marco legal de nuestra convivencia. Suprimiendo lo de violentas y enfrentadas, supuesto sólo existente en la imaginación de este magistrado, ¿qué ley democrática prohíbe a los ciudadanos manifestarse pacíficamente incluso contra decisiones judiciales consideradas injusta o ilegitimas? Considero, además, un mero guiño hipócritamente democrático aquello de que para evitar una modificación de la aritmética parlamentaria configurada por la voluntad popular en las urnas, conceda la delegación de sus respectivos votos para la formación del nuevo Parlament. No así concede lo mismo a los electos de Bruselas, a los que se sigue considerando “huidos de la justicia”, cuando su salida de España se produjo antes de que la Justicia actuara sobre ellos.

MÁS QUE UN AUTO JUDICIAL, UN “ALEGATO POLÍTICO”

   No soy jurista ni abogado en ejercicio, por lo que no estoy versado en la lectura de autos o sentencias judiciales. Sólo, pues, el sentido común y mi intuición política me bastan para atreverme a afirmar que lo emanado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, respecto de la apelación de Oriol Junqueras, más que un auto judicial, es un discurso político, precocinado por unanimidad y de acuerdo con la Fiscalía y el Ejecutivo del Estado, para evitar que el exvicepresident del Govern pueda tomar posesión del cargo para el que ha sido elegido el 21D. Como seguramente no tenían previsto el resultado de esos comicios, y, dado el obstáculo que el artº 23 CE, en concordancia con el artº 6, 1 y 2 de la LOREG, les supone, los tres Magistrados de Sala se ven obligados a buscar un atajo “leguleyo” con el fin de llegar a la meta convenida.

SOBRE EL TRADICIONAL MENSAJE DEL REY EN LA NOCHEBUENA DE 2017

   El artº 56,1 de la Constitución dice que el Rey, como Jefe del Estado, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones. Y, aunque no pertenece a ningún partido político, y no está implicado en tareas legislativas, ejecutivas o judiciales, no por eso debe carecer de criterios propios. Pues difícilmente se pueden ejercer tales tareas sin tener conocimiento de lo que tiene que arbitrar y moderar. Cosa distinta es que dicho conocimiento le lleve a tomar partido públicamente por los asuntos que las instituciones deben regular. Por supuesto, no estamos negando que el Rey, como cualquier ciudadano, goce del derecho a tener su propia opinión sobre la multitud de problemas a los que la Administración debe hacer frente. Pero, como mediador y árbitro que representa a todos los ciudadanos españoles, y por la influencia que en la “práctica política” tales opiniones suelen tener con  su solo enunciado,  no deberían salir del ámbito de la privacidad. El Rey reina, pero no gobierna, se suele decir. Pero tal aforismo no pasa de ser un simple desiderátum. Pues la Monarquía y el Rey no son entes etéreos y abstractos, sino que tienen una historia, pertenecen a una clase social, y, por muy limitados y “constitucionalizados” que estén, tienen sus propios intereses. Intereses que, de alguna manera, vienen salvaguardados, porque, como dice el apdo. 3 del artº citado, la persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Y dicha inviolabilidad radica en el artº 64,1 que expresa que los actos del Rey serán refrendados por el Presidente del Gobierno y, en su caso, por los Ministros competentes, y que de los actos del Rey serán responsables las personas que los refrenden (apdo.2).