SOBRE EL TRADICIONAL MENSAJE DEL REY EN LA NOCHEBUENA DE 2017

   El artº 56,1 de la Constitución dice que el Rey, como Jefe del Estado, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones. Y, aunque no pertenece a ningún partido político, y no está implicado en tareas legislativas, ejecutivas o judiciales, no por eso debe carecer de criterios propios. Pues difícilmente se pueden ejercer tales tareas sin tener conocimiento de lo que tiene que arbitrar y moderar. Cosa distinta es que dicho conocimiento le lleve a tomar partido públicamente por los asuntos que las instituciones deben regular. Por supuesto, no estamos negando que el Rey, como cualquier ciudadano, goce del derecho a tener su propia opinión sobre la multitud de problemas a los que la Administración debe hacer frente. Pero, como mediador y árbitro que representa a todos los ciudadanos españoles, y por la influencia que en la “práctica política” tales opiniones suelen tener con  su solo enunciado,  no deberían salir del ámbito de la privacidad. El Rey reina, pero no gobierna, se suele decir. Pero tal aforismo no pasa de ser un simple desiderátum. Pues la Monarquía y el Rey no son entes etéreos y abstractos, sino que tienen una historia, pertenecen a una clase social, y, por muy limitados y “constitucionalizados” que estén, tienen sus propios intereses. Intereses que, de alguna manera, vienen salvaguardados, porque, como dice el apdo. 3 del artº citado, la persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Y dicha inviolabilidad radica en el artº 64,1 que expresa que los actos del Rey serán refrendados por el Presidente del Gobierno y, en su caso, por los Ministros competentes, y que de los actos del Rey serán responsables las personas que los refrenden (apdo.2).

INTUICIONES, MÁS QUE REFLEXIONES, SOBRE LAS ELECCIONES CATALANAS

   En los párrafos que siguen prescindiré de datos estadísticos, que, como datos, hay que presumirles cierta objetividad, aunque cada cual los interpretará según sus intereses. No obstante, no dejaré de sugerir al lector el análisis estadístico de Daniel Ríos¹.

   1ª.- Confirman que el deseo de “soberanismo”, que no independentismo, del pueblo catalán sigue firme a pesar del satanismo que sobre ese deseo legítimo atribuye, y del que el mal llamado bloque “constitucionalista” pretende exorcirtar como si de un “poseso” se tratara. Y lo más importante: el gran porcentaje histórico en unos comicios autonómicos anula la sempiterna coartada de la abstención de la “mayoría silenciosa”. Los catalanes han votado, sea cual haya sido la opción elegida, con más conocimiento de las mismas, y a pesar de todos los obstáculos que desde los aparatos judiciales, económicos y mediáticos, el Gobierno central ha implementado. Ha quedado, pues, muy claro que ni el independentismo ni el españolitismo unionista representan al conjunto de los catalanes, y que el problema del encaje de la Generalitat en el Estado sigue sin resolverse. Y ni los catalanes ni el resto de los españoles pueden estar permanentemente en ese litigio, sin que el propio sistema democrático se resienta al ser incapaz de afrontar los problemas reales que aquejan a los ciudadanos, tales como la corrupción endémica, el paro, la precariedad del trabajo, etc., etc., todo ello fruto de una falta de un  proyecto de País…

SOBRE LA APLICACIÓN DEL ART. 155 A LA GENERALITAT

   En los últimos escritos del profesor Pérez Royo vengo detectando cierta ambigüedad, yo diría que  “calculada”. En este, http://www.eldiario.es/zonacritica/presos-politicos-parecen_6_705939412.html , el “lo parecen”, ocultaba una realidad: la existencia de presos políticos en nuestra democracia. Ya tuve ocasión de comentarlo, http://solicitoopinar.blogspot.com.es/2017/11/lo-parecen-y-son-presos-politicos.html

   En el que ahora quiero comentar, http://www.eldiario.es/zonacritica/primer-excepcion-democracia_6_711538860.htm, bajo la frase “coacción federal” el profesor da la sensación de querer “descafeinar” la realidad expresada en el título.

   La aplicación del art. 155 CE a la “Nacionalidad histórica” de Cataluña, primero de facto, y, después de iure, el mismo Pérez Royo escribe que es una suerte de estado de excepción autonómico. Mucho más explícito al respecto se muestra el abogado Gonzalo Boye Tuset, al afirmar, http://www.eldiario.es/contrapoder/Hoy-ido-catalanes_6_711538870.html, que se ha utilizado un instrumento previsto en la Constitución (art. 155), para dotar de pseudo legitimidad a una actuación judicial que, para nada, se compadece ni con la Constitución, ni con el resto del ordenamiento jurídico nacional… tampoco con el europeo. Esta medida que, según Pérez Royo, Rajoy se resistió activar hasta el último momento, no hace más que colar por la ventana, como así lo recuerda Boye y también Pablo Iglesias, la enmienda de Fraga Iribarne durante los trabajos constituyentes, proponiendo que el Gobierno del Estado pudiera intervenir y destituir a un Gobierno autonómico, que, con su rechazo, el resto de representantes, echó por la puerta principal..

LO PARECEN Y SON PRESOS POLÍTICOS

      No me es fácil disentir de las opiniones del profesor Javier Pérez Royo. Pero me cuesta entender los argumentos en que sustenta su tesis expuesta en su artículo No son presos políticos, pero lo parecen. http://www.eldiario.es/zonacritica/presos-politicos-parecen_6_705939412.html

   El sr. Pérez Royo gusta de partir de “premisas” universales y “axiomáticas” de las que suele concluir como si de un silogismo “en bárbara” de lógica “formal” se tratase. Este tipo de silogismo tautológico puede resultar muy útil para las ciencias “apriorísticas”, como la matemática pura. Y puede que tenga cierta utilidad en el discurrir teórico del campo del Derecho Constitucional. Pero poco idóneo aplicarlo a un contexto de Derecho Penal. Primero, por su formación marxista sabe muy bien que el criterio de verdad en esa dialéctica es la práctica (praxis); segundo, porque el Derecho, sobre todo en su rama penal, más que una ciencia, es un saber práctico. El propio Código Penal no es sino un compendio de normas que indican las conductas que no se pueden llevar a cabo sin riesgo de castigo.

REFLEXIONES SOBRE EL AUTO DE LA JUEZA CARMELA LAMELA

   No  creo que el  conflicto catalán ponga en riesgo el Estado Democrático, pues un Estado, si es realmente democrático, debe tener suficientes medios como para un problema, que se reduce a que los ciudadanos de un país plurinacional como España voten cómo debe seguir siendo su integración en él, no se le vaya de las manos al Gobierno de turno. Usar la Constitución y la Ley para acabar con el autogobierno catalán no es más que un pretexto del Gobierno del PP y su apéndice C´s. Ya Rajoy lo intentó con la recogida de firmas en el 2005 y con el “amaño” del T. Constitucional y su sentencia de 2010. A ese amaño, hoy hay que añadir la Fiscalía General y algunos jueces afectos. Lo triste es que a esa “movida” se ha sumado el Psoe, que, tras el pretexto de defender el Estado de Derecho y su sempiterna cantinela de reformar la Ley Marco, lo que oculta es la añoranza de los buenos resultados proporcionados por sus largos años de Bipartidismo. Así pues, Lo que pone en riesgo al Estado de Derecho y la “división de poderes” en que se sustenta, es la falta de credibilidad de sus ciudadanos en la aplicación de la Constitución y las Leyes dimanantes. Y ese fundamental requisito falta cuando una y otras se aplican “a la carta”, como dice Juan C. Escudier (publico.es de 3-XI-17); es decir, cuando las leyes son aplicadas en función del rango socio-económico del justiciable. Es más, si los poderes públicos hubiesen actuado con inteligencia y voluntad política, ni siquiera hubiera sido necesaria su aplicación en la cuestión del conflicto catalán, pues éste es, como muchos constitucionalistas reconocen, un tema eminentemente político, que requiere, por tanto, soluciones políticas, y por mucho que se pretenda solucionar con el Código Penal, el problema que viene de lejos, volverá a surgir en el mediano y largo plazo, aunque en el corto la medicina punitiva aplicada alivie los síntomas.

IIIª DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DE RAJOY SOBRE EL 1-O. IIIª REFLEXIONES.

   Dice un refrán castellano que no hay peor ciego que el que no quiere ver, ni peor sordo que el que no quiere oír. Pues bien, a quien mejor se puede aplicar hoy tan sabio aforismo es al sr. Rajoy. Porque, por lo visto es el único, junto con sus servidores internos y externos, que no ha visto ni oído lo que el domingo sucedió en Cataluña: no ha habido un referéndum de autodeterminación en Cataluña…, hoy no hemos asistido a ninguna suerte de consulta, sino a una mera escenificación –paripé lo llama al que se permite el lujo de coger un avión, pagado por todos, para ir a Sevilla a festejar al patrón de los ángeles custodios-. Esos ángeles custodios de todos los españoles, que actúan con todos sus recursos legales ante cualquier tipo de provocación y que lo hacen con eficacia y con serenidad… ¿?. Sobran comentarios ante tanta mentira. Sólo uno: si nada de eso ha ocurrido, o si ya se sabía que el referéndum no iba a tener efectos legales, ¿a qué viene tanto envío a Cataluña de tantos policías y guardias civiles? Pues porque, según el concepto que Rajoy tiene de democracia es el de “ordeno y mando”, que para eso están pronto los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Siendo jurista, poco cree en el derecho y las leyes aplicadas correctamente, no al capricho de un fiscal general nombrado ad hoc

ANTE UNA NUEVA DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DE RAJOY, NUEVAS REFLEXIONES

     Esta nueva declaración, de 20-9-17, va en la misma línea de medias verdades y mentiras, que la del jueves anterior. Sobran las palabras por muy rimbombantes que sean y por muy hierática que sea la actitud con que se pronuncian. ¡Faltan hechos! Un Presidente de Gobierno no puede parapetarse en las instituciones del Estado, (Tribunales, Fiscalía y Policía) y dar la cara, sin opción a que se le pregunte, sólo para replicar.