viernes, 22 de septiembre de 2017

ANTE UNA NUEVA DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DE RAJOY, NUEVAS REFLEXIONES


     Esta nueva declaración, de 20-9-17, va en la misma línea de medias verdades y mentiras, que la del jueves anterior. Sobran las palabras por muy rimbombantes que sean y por muy hierática que sea la actitud con que se pronuncian. ¡Faltan hechos! Un Presidente de Gobierno no puede parapetarse en las instituciones del Estado, (Tribunales, Fiscalía y Policía) y dar la cara, sin opción a que se le pregunte, sólo para replicar.

   Rajoy ha descubierto la pólvora cuando dice que un Estado democrático y de derecho…tiene los mecanismos y los instrumentos necesarios para impedir que quienes pretenden infringir las normas básicas de nuestra democracia puedan hacerlo. Digo que ha descubierto la pólvora, porque esos mismos instrumentos también los tiene cualquier dictadura. Sin ir más lejos, le recuerdo el Estado franquista. La diferencia estriba en cómo se empleen. Y, justamente, la forma como Rajoy está procediendo respecto de Cataluña, a los que vivimos aquella época nos trae desagradables recuerdos, y a los que no la sufrieron, les está haciendo ver y vivir hasta qué punto de deterioro democrático puede llevar un Gobierno corrupto además de ineficaz.
   Es cierto que la Generalitat ha cometido en este procés muchas irregularidades, y los catalanes le exigirán las oportunas responsabilidades. Pero éstas no son las mismas de las que deberá responder el Presidente del Gobierno de todos los españoles, incluidos los catalanes. Aquí no hay “equiresponsabilidad” como intenta hacernos ver el sr. Rajoy. Se le llena la boca cuando me refiero –dice- a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, a la Fiscalía, a los jueces y a los tribunales. Todos debemos reconocer su labor. Están defendiendo los derechos de todos los españoles, incluidos los catalanes… Pero, ¡atención! Frente a QUIENES QUIEREN LIQUIDARLOS. A ninguna autoridad del Govern la he oído semejante barbaridad. Claro que, si a su ministro de Exteriores le permite decir nada menos que en la ONU que las autoridades catalanas se están comportando como nazis, o su xenófobo presidente en Cataluña, García Albiol, en menos de tres minutos, se dirige a la CUP y sus dirigentes llamándolos fascistas, no se puede esperar de Rajoy otra cosa. Aprovecho para recordarle que la CUP es un partido tan constitucional y legal como el PP, y sus representantes públicos también han sido elegidos, como los del PP, por los ciudadanos. ¡Un respeto, pues!. Y, cuando alguno de ellos cometa algún delito, que sean los tribunales los que los juzguen y condenen…
   A continuación dice: Las leyes no son una imposición arbitraria de un poder ajeno a la gente, en absoluto. Algo que, por ser una obviedad teórica en un Estado constitucional, no deja de tener, en la práctica, su parte de mentira. Porque esas mismas leyes, según se elaboren, y, sobre todo, según se apliquen o se utilicen, pueden convertirse, no sólo en arbitrarias, sino también caducas e ineficientes. Y la prueba de que esas leyes, que, como dice, nos hemos dado para convivir en libertad y para administrar nuestras discrepancias de manera pacífica y justa, no están resultando tales, es lo que está pasando en Cataluña, y, si no se pone remedio pronto, alguien interesado como ya lo vienen haciendo algunos medios (p. ej. TV-5) provocará más violencia… Y, ¡ojo! sr. Rajoy, que la violencia no sólo es física; ésta atenta contra el cuerpo, siendo por ello más visible. Pero es peor la violencia que atenta contra los derechos de los ciudadanos, y que deriva, precisamente, de una absurda y mala aplicación de las leyes. Y ya que se refiere a las manifestaciones de asociaciones judiciales, me voy a referir a dos hechos de fundamental importancia: a) la aplicación de facto del artículo 155 de la Constitución. Lo transcribo, porque muchos hablan de él estos días, pero pocos los han leído: Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general  (apdo. 1). Sr. Presidente del Gobierno, ¿está usted cumpliendo con este mandato? Personalmente, intuyo que no. Pero como no soy un experto, me conformaré con lo que, entre otros, dice el catedrático de Derecho constitucional Javier Pérez Royo. Remito a los lectores a sus dos artículos publicados por el diario.es los días 14 y 29-9-2017 http://www.eldiario.es/zonacritica/Constitucion-Codigo-Penal_6_686691349.html http://www.eldiario.es/zonacritica/Ataque-lucidez_6_688791132.html. De ellos extraeré algunos párrafos. Primero se refiere a la actuación de la Fiscalía el 8-11-2014, para hacer ver que la cosa viene de antes. Pero aterriza en la actuación de ésta en el actual procés, y dice: La Fiscalía se ha convertido en un órgano de vigilancia permanente del Covern y del Parlament, así como de los municipios catalanes, con la finalidad de reaccionar ante el más mínimo movimiento que se produzca en este terreno por los poderes públicos de la comunidad autónoma de Datalunya
   La integración de Catalunya en el Estado, sin dejar de ser un problema político y constitucional, se ha convertido fundamental y prioritariamente en un problema penal. La perspectiva penal pasa a ser la dominante. Hasta que no esté resuelto el problema penal, considera el Gobierno, no se puede pensar siquiera en abordar una respuesta política y constitucional.
   El protagonismo que la Fiscalía está adquiriendo en este conflicto que es primordialmente político y constitucional, lo está convirtiendo en un problema penal, convirtiéndose el Código Penal en una seudoconstitución, que no va a resolver el conflicto, como cree el Gobierno. Y, para llegar a esta situación, ya se encargó el propio Gobierno, cuando, contra el criterio de muchos, reformó la LOTC en 2015, atribuyendo al TC competencias más bien propias de los tribunales ordinarios. Precisamente, de esa desnaturalización se quejan algunos magistrados del propio TC por las multas que se están viendo obligados a imponer a determinadas autoridades catalanas. En su voto particular dicen: La jurisdicción constitucional no puede definirse como jurisdicción sancionadora, ni siquiera eventualmente, en situaciones de excepcionalidad y de falta de respeto a los valores constitucionales básicos… El que fuera Presidente del TC, con carnet del PP, ya advirtió en marzo de 2014 de que el llamado proceso soberanista catalán no puede ser resuelto por este órgano… Por desgracia, lamentó, esto es precisamente lo que ha ocurrido con las resoluciones dictadas desde que en marzo de 2014 se acordó anular la declaración por el derecho a decidir que había sido aprobada por el Parlamento catalán. (Cfr. art. de Fernando Varela, en Infolibre.es, de 22-9-17) https://goo.gl/gEWPuV. Otra consecuencia de lo que Pérez Royo califica de transformación fáctica del Código Penal en la Constitución de Catalunya, es que, como también afirma el catedrático sevillano, La decisión del fiscal general del Estado de ordenar a las Fiscalías de las cuatro provincias catalanas que llamen a declarar a 715 alcaldes que habían manifestado la voluntad de sus ayuntamientos de colaborar en el referéndum del 1 de octubre, advirtiéndoles de que, en caso de no acudir a declarar ante la fiscalía, se ordenaría a los Mossos de Esquadra que los detuvieran y los condujeran ante el Fiscal, es el paso más llamativo dado hasta el momento. No sé si ello podrá llevarse a cabo; pero la amenaza al resto de vecinos ya está lanzada…
   b) El  segundo hecho de importancia es el “manejo” interesado que ha hecho el Juzgado de Instrucción nº 13 de Barcelona, cuyo titular se llama Juan A. Ramírez Sunyer , de más de 70 años y de ideología ultraconsevadora (el lector puede ver una síntesis, que de su historial hace Ignacio Escolar en diario.es de 209-17). La actuación irregular de este juez arranca con la denuncia presentada por el partido derechista VOX y el abogado Miguel Durán a finales de enero, contra el exsenador de ERC, Santiago Vidal. El mismo juzgado ya había imputado en la causa al número dos de Oriol Junqueras, Lluis Salvadó, hoy uno de los detenidos. Desde el mes de febrero este instructor en un auto no conocido por las partes por estar bajo secreto del sumario, sin aprobación del fiscal, lo saca “oportunísticamente” ahora. ¡Se ve su intención!
   La irregularidad procesal de este juez ha servido a los intereses manipuladores del Gobierno y de la Fiscalía, para llevar a cabo con apariencia de legalidad, los registros y detenciones efectuadas por la Guardia Civil. Pero, para señalar la extralimitación del Juzgado 13 de Barcelona, me voy a ayudar de lo que expone en su escrito (diario.es de 19 Sptbre) la Magistrada Victoria Rosell http://www.eldiario.es/tribunaabierta/Fiscal-Catalunya-estado_de_derecho-referendum-alcaldes_6_688441184.html Antes recordar que estos mismos procesados ya lo estaban por los mismos hechos por el Tribunal Superior de Cataluña, y la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en su arº 773.2, que ella aduce, dice imperativamente: Cesará el Fiscal en sus diligencias tan pronto como tenga conocimiento de la existencia de un procedimiento judicial sobre los mismos hechos. Y dice la Magistrada Rosell: la valoración de si son los mismos hechos o necesariamente conexos corresponderá a la autoridad judicial, y el riesgo es vulnerar derechos constitucionales. Máxime cuando se trata de citar a personas investigadas bajo apercibimiento de detención, eludiendo la valoración judicial. Pero es que, además, la actuación del fiscal también fue irregular al impedir al alcalde de Mollerussa explicar los motivos de su negativa a declarar o de hacerlo en catalán, siendo éste un derecho del investigado, amparado por el art. 231.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, citado por nuestra asesora Roselll. También contraviene la ley exigir –como lo hacía el fiscal- como respuesta “sí o no”. No existe esa limitación del derecho de defensa que incluye contestar, explicar y matizar. Lo peor de todo es que no es sólo cuestión de legalidad ordinaria, sino de constitucionalidad (la negrita es mía). Ella misma hubo de sufrir tal atropello a su derecho constitucional de defensa por parte de la Fiscalía, hasta que el Tribunal Supremo, por sentencia de 12-7-17, le dio la razón, devolviéndole su honor contra la irregular acción de la Fiscalía.
   Cuando antes he dicho que no hay “equiresponsabilidad” entre el Gobierno del Estado y cualquier otra institución (p.ej. el Govern), la Magistrada Rosell me viene a dar la razón al decir que Convendremos en que el incumplimiento de las normas es más grave cuando lo comete el propio Estado. Máxime si se trata de derechos fundamentales, que son la esencia de la democracia, del Estado Constitucional… Todo el discurso de la legalidad y la legitimidad estalla y es esencial señalar el camino cuando el Estado cae en la tentación de los atajos… El camino es la Constitución…, que puede modificarse en muchos aspectos, no sólo en la cuestión territorial… pero no en el contenido esencial de los derechos fundamentales comunes a todas las naciones civilizadas. Y yo me pregunto: ¿ES QUE EL PRESIDENTE Y EL FISCAL GENERAL NO SABEN ESTO?...
   Sigue diciendo Rajoy que en democracia se vota para tomar decisiones inclusivas (¿?), escuchando y respetando la pluralidad de la sociedad. Afirmar esto, más que de ignorante es de cínico. Los catalanes no se hubieran negado a un referéndum “pactado”. Si se ha llegado a la presente situación ha sido por culpa de la cerrazón del Gobierno, que, desde el primer día se ha negado a llegar a ese pacto, porque su inmovilismo dogmático le ha impedido y le sigue impidiendo escuchar a las fuerzas políticas que no piensan como él. Su única forma de escuchar a la pluralidad ciudadana, lo estamos viendo en estos momentos, es mandando la otra fuerza, la de la Guardia Civil y Policía.
   Pero el cinismo de Rajoy sigue aumentando, “sacando pecho” para repetir una y otra vez que el referéndum no se va a celebrar. Desde luego no podrá celebrarse de manera normal; pero no por las razones que alega, sino por el acoso, la amenaza y las coacciones que están sufriendo sus organizadores, públicos o privados, alcaldes y ciudadanos, por la arremetida de las instituciones y fuerzas a su mando. Pero, como buen Tancredo gallego, pensará que ganando esta batalla, ganará la guerra. Pero esta guerra viene de lejos e irá para largo. La única forma de ganarla es, como muy bien dice Pérez Royo, si el PP respecto de Cataluña adopta una estrategia franquista. El PP, dice el profesor, quiere al nacionalismo catalán “cautivo y desarmado”, derrotado y humillado. Pero ya el campo de batalla sería otro, y la estrategia adecuada llevaría inevitablemente a una deriva autoritaria en todo el Estado. Catalunya ya no puede ser gobernada de esa manera en un Estado democrático. Fue posible tras la guerra civil con el Estado totalitario que se impuso a continuación. Pero en democracia no es posible. Y, añado yo, no sin muchas dudas, si ese Estado totalitario lo permitiría la Unión Europea, de la que España forma parte importante, o los Países de nuestro entorno sociocultural.
   Velaremos, sigue perorando Rajoy, porque nadie sufra las consecuencias de estos acontecimientos en su trabajo, sus empresas o sus vidas. De momento, son precisamente los ciudadanos que sólo quieren votar, los trabajadores de las empresas registradas, los funcionarios y proveedores, que, con las medidas de Montoro, al menos tendrán dificultadas para cobrar puntualmente…  Es posible que quienes aprovechan el órdago (¿?) independentista  tengan que responder ante los españoles… Pero usted, sr. Rajoy tampoco se liberará de esa respuesta y de otra aún más importante: LA DE RESPONDER Y PASAR LA HISTORIA COMO EL PRESIDENTE DE UN GOBIERNO Y DE UN PARTIDO MÁS CORRUPTO E INEFICIENTE DE LA DEMOCRACIA.
   Y el cinismo llega al colmo –con esto termino- cuando se tiene que oír a ministros del Gobierno y dirigentes del PP negar que Cataluña no esté en “estado de excepción”. Sólo falta mandar al Ejército, que ni Franco lo hizo, si no recuerdo mal.


   Manuel Vega Marín. Madrid, 22, Sptbre. 2017 www.solicitoopinar.blogspot.com.es

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