Todo ciudadano que hubiera tenido la santa paciencia de escuchar el
discurso de Rajoy, preparado de antemano, pudo tener la sensación de que, al
menos en abstracto, estaba cargado de coherencia y de “verdad jurídica”. Sin
embargo, estaba totalmente carente de la “verdad política”. Rajoy, como viene
siendo habitual en él, se comportó como un opositor a Registrador de la
Propiedad, que, para asegurarse la plaza, tiene que repetir ante el tribunal
memorísticamente los temas que el sistema ha preparado, sin tener en cuenta si éstos
son de actualidad o van a ser útiles para el desempeño de su cometido en la
realidad presente y futura. El cometido actual de Rajoy, como Presidente de
Gobierno, es eminentemente político, y la Política es una actividad práctica que
pretende hacer realizable lo posible, aunque en el corto plazo y dentro de
ciertos límites, pueda parecer “utópico”.
Precisamente la Constitución a la que tanto alude Rajoy, y en la que
tanto se parapeta cuando le conviene, en su artículo 97 dice escuetamente: El
Gobierno dirige la política interior y exterior, la administración civil y
militar y la defensa del Estado. Ejerce la función ejecutiva y la potestad
reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes. Y la misma
Constitución, en su art. 117,1 dice que la Justicia emana del pueblo…, y en
el apdo. 3 atribuye el ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos,
juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los
Juzgados y Tribunales determinados por las leyes, según las normas de
competencia y procedimiento que las mismas establezcan. Pongo en
correlación ambos artículos, porque distando mucho de considerarme un experto
en Derecho, intuyo por sentido común que, no ahora, sino desde hace mucho
tiempo, el Sr. Presidente del Ejecutivo se inmiscuye indebidamente, poniendo y
quitando a jueces y fiscales, a los que, posteriormente les anticipará lo que
éstos deben hacer, en función de los intereses del Gobierno y del partido, PP,
que lo sustenta. Incluso en esta comparecencia institucional creo que abusó del
pronombre de primera persona: he pedido,
he dado orden…
Pero, sinceramente creo que, bajo el hieratismo y bajo las solemnes
palabras de Rajoy se esconden, si no mentiras, sí medias verdades o verdades no
totalmente evidentes ni contrastadas. Esta actitud no es nueva en nuestro
Presidente. Del alegato de razones en pro de la actuación del Gobierno en el
conflicto catalán extraeré y comentaré algunas que, humildemente, considero
menos acertadas. Como primera razón (no sé por qué primera si luego no enumera
ninguna más) dice hacer, indiscutiblemente, honor a nuestro mandato de cumplir y hacer
cumplir la Ley. Hombre, sr. Rajoy, aun concediéndole mucho que eso sea
así, tengo el derecho a dudar de un honor poco ejercido desde que viene
gobernando este País. Todos los españoles sabemos, y muchos, han sufrido su
incumplimiento de las leyes, no ya cuando gozó de mayoría absoluta, sino que
ahora que no goza de ella, se busca las triquiñuelas legales o recovecos procedimentales
para no cumplirás. Sólo dos ejemplos: la Ley de Memoria Histórica y haber
pasado por alto, no cesando a su ministro de hacienda después de ser recusado por el Órgano de la soberanía
nacional, una vez que el Tribunal Constitucional, el mismo que usted tanto
defiende y al que tanto acude, declarara no conforme al mandato constitucional
la famosa “amnistía fiscal”. Claro, que, si esa es la legalidad que usted
considera cuando dice que el principio de legalidad es un presupuesto
fundamental de cualquier sociedad civilizada, se explica claramente la idea
de democracia que usted y su partido tienen.
Hay que recordar que ya en
Grecia clásica, cuna de la democracia, la esclavitud era legal. En Naciones tan civilizadas y colonialistas, como Inglaterra,
el tráfico de negros también lo era. Y en nuestro País, después del “golpe
militar” que “desbancó” a un Régimen democrático y provocó una Guerra Civil, no
contento con ello, se dotó de un sistema “legal” (¿?) bajo el cual incluso los
tribunales de justicia (¿?) siguieron persiguiendo y fusilando a ciudadanos que
lucharon para que hoy el propio Rajoy pueda ser Presidente de un Gobierno
democrático, aunque manifiestamente mejorable. Rajoy debe saber que los
Principios Fundamentales del Movimiento, por su dogmatismo cerraban cualquier
salida a un sistema distinto que previera la reforma de los mismos. La
Constitución del 78 sí prevé tales mecanismos, pero Rajoy, sin embargo, sólo se
refiere a ellos in extremis y de
“boquillas”. Algo similar le ocurre a su compañero de la Transición, el Psoe,
con su kakareado “federalismo”.
Sin embargo, a pesar del “todo
atado y bien atado”, y de unos Procuradores a Cortes que se resistían a
morir, terminaron haciéndose el “harakiri”,
gracias a la visión política de su Presidente, Torcuato Fernández Miranda y un
Presidente de Gobierno, Adolfo Suárez, ambos pertenecientes al “régimen”, que,
obviando imaginativamente el muro de contención jurídico, con la famosa
estratagema de la Ley a la Ley lograron saltar a la no menos famosa Transición,
que, por mor del conformismo del “bipartidismo”, ha devenido en un nuevo
inmovilismo, dejando sin contenido lo que de movimiento tiene la idea de
tránsito. Ello, sin olvidar el efecto revolucionario que tuvo aún en vida del
dictador el asesinato el 20-12-1973 de Carrero Blanco, el hombre elegido para vigilar
que “lo atado” siguiera “bien atado”. Aprovechando la vía armada de ETA por la
independencia de Euskalerría, muy contraria al pacifismo de los catalanes, dicho
dicho acto revolucionario fue “instigado” desde arriba, del poco se ha
investigado. Y no viene, pues, al caso ahora que hablemos de ello. De aquel
hecho “ejemplar” y cercano,
protagonizado por las Cortes franquistas podemos deducir, sin necesidad
de citar hechos similares en la Historia de los Estados, que las ideas de frente a la ley y a la Constitución no
existe ningún poder que pueda menoscabarla y ningún tipo de legitimidad
alternativa, o de lo que no es legal
no es democrático son, cuando menos, discutibles. Si no me enseñaron mal,
cuando un “poder o una legalidad constituidos no funcionan o crean más
problemas de los que resuelve, queda el “poder constituyente” que reside, como
la propia Constitución reconoce, en el pueblo soberano.
Es cierto que la Constitución actual no recoge el derecho de
autodeterminación para la independencia; pero cuando los constituyentes
tuvieron que encarar el histórico problema de la integración en el Estado de
las llamadas “nacionalidades históricas” (Cataluña, Euskadi y Galicia), con
todas las reticencias del PP, entonces AP, y los arduos obstáculos de los
“poderes fácticos”, mal que bien, lograron hilvanar el Título VIII de la Carta
Magna. El hallazgo del eufemismo “Comunidades Autónomas” recogido en el art.
137, y la confianza de que en mejores circunstancias pudiera retomarse el tema,
hizo que los “redactores constituyentes” pensaran que nunca se plantearía la
necesidad de una convocatoria de un referéndum de tales características. Pero
las fuerzas reaccionarias no cejaron en su empeño centralista hasta que
forzaron al TC a emitir la STC 31/2010, que acabó con lo que algún
constitucionalista ha llamado “Constitución Territorial”. Y desde entonces, lo
que sólo era un anhelo minoritario de independencia (ERC) o simplemente un
sentimiento nacionalista identitario (CiU), ha devenido en un afán de
independencia política, que, unido al deseo de “decidir”, afecta al 80% de los
ciudadanos catalanes. Y lo más curioso es que, como dice el catedrático Pérez
Royo, mientras no se acuerde la
celebración de un referéndum, los no independentistas estarán prácticamente
privados de la palabra y condenados, por tanto, a la esterilidad (“Condición
sine qua non”, diario.es, de 11-9-17). La tozudez del Gobierno de Rajoy y sus
adláteres, que tanto defienden el silencio de las mayorías, ha provocado y sigue
provocando el efecto contrario.
Rebasa las intenciones de este artículo entrar en una discusión de
Historia, para desmentir lo de que nuestra
Nación no es un producto de ninguna imposición, ni una ocurrencia de última
hora. Lo que sí es claro es que, si esa consulta, por más que se pretenda
imponer de forma atropellada, chapucera e ilegal, devenida en una
ocurrencia de última hora, es responsabilidad del Gobierno de la Nación, cuya
actuación inmovilista, comprometiendo a otras instituciones y “aparatos” del
Estado, también participa del significado de los calificativos empleados por el
Sr. Rajoy. Pero, además, ¿no le resultó al PP “chabacana” la “movida” de
recogida de firmas en busca de un referéndum contra el Estatuto catalán o el
boicot al cava u otros productos catalanes? ¿Cómo calificaría la reforma del
art. 135, que junto con el Psoe, se llevó a cabo, y que supuso una cesión a
acreedores financieros de soberanía, que ahora usa de parapeto?
Dice Rajoy muy solemnemente que, al
recurrir ante el Tribunal Constitucional las leyes de convocatoria del
referéndum de autodeterminación, el Gobierno también está defendiendo el
autogobierno de Cataluña, la dignidad de sus instituciones y los derechos de
sus ciudadanos. Sr. Rajoy, ¿también se mostró igual de “legalista” cuando
su partido recurrió el 31 de Julio de 2006 ante un Tribunal Constitucional “apañado” el Estatuto de
Autonomía de Cataluña, cumplidos todos los requisitos legales y refrendado por
los catalanes un mes antes? ¡De aquellos polvos, estos lodos! Resulta, pues,
extraño que diga ahora que nadie pudo
imaginar jamás que asistiríamos a un espectáculo tan democráticamente
deplorable como el vivido en el Parlament; ¿de verdad, sr. Rajoy, se cree
usted que todo el cúmulo de ilegalidades
y arbitrariedades que allí se produjo es producto de sólo un hecho: de la obstinación de unos políticos por
imponer a la fuerza su proyecto de ruptura a la sociedad? ¿No sería más exacto que usted, Sr.
Rajoy, se incluyera en esos políticos
obstinados? ¿De verdad su Vicepresidenta puede decir que nunca se ha sentido mayor vergüenza por lo
contemplado en el Parlament, cuando ya
desde antes de retomar el Gobierno, su actuación política no ha dejado de ser
un “rosario” de reformas injustas y de corrupción manifiesta? Rajoy, como de
costumbre, no se entera o simula no enterarse de nada que le competa…
Lo de decir que en España se puede
ser independentista, defender la ruptura de la soberanía nacional, etc., etc….,
por muy serio que lo diga, a la hora de los hechos, es como declarar, todo
lo hierático que se pueda, que en este País se puede ser der Beti o del
Sevilla… Cuando seguidamente declara que lo
que estamos viendo en los últimos tiempos tiene menos que ver con una demanda
soberanista…, el mismo Rajoy está reconociendo que, aunque hay catalanes
soberanistas o independentistas, la gran mayoría de los catalanes solamente
está exigiendo que se les deje votar la forma en que quieren seguir
perteneciendo a esta “piel de toro”. De ello hay precedentes cuando, a pesar de
la actitud jacobina y borbónica del PP, se consultó a los ciudadanos de cada
autonomía, sin que tuviera que hacerlo el resto de españoles. No veo claro por
qué ahora se quiere implicar a todos los españoles, para que los catalanes puedan
votar su propio Estatuto, después de la triste experiencia de 2006. Rajoy
confunde interesadamente, y quiere extender su confusión por réditos
electoralistas, soberanismo e independentismo con el derecho a decidir. ¡Sea
valiente, sr. Rajoy, que, a pesar de que su actitud ha cuadriplicado el número
de independentistas, ponga las urnas, y según sea el resultado, seguro estoy
que se ahorrará de pactar un referéndum nacional, pues la decisión de la
ciudadanía catalana no será tan miope como su falso temor! Para pactar y autorizar un referéndum por el
derecho a decidir, cuando la situación aún no había alcanzado el grado de
enconamiento actual, ya el propio Tribunal Constitucional dio las pistas
suficientes para que tal plebiscito fuera absolutamente legal, como lo fueron en
otros países democráticos.
Cuando Rajoy exalta y agradece la labor de los juristas asesores del
Parlament y la obstrucción de la oposición minoritaria (PP-C´s), para acusar
poco menos que de golpistas bolivarianos a los grupos que no hacen más que cumplir
con su programa electoral, apoyado por el 48% de votantes, olvida su minoría en
el Congreso y que, gracias al injusto sistema electoral, gobierna España con
apenas el 25% de votantes españoles. Pero colmado de indolencia se dirige, sin
nombrarlo, al Govern, diciéndole que no
sigan dividiendo a la sociedad catalana, dejen de acosar a los discrepantes y
respeten los derechos de la gente. Dejen
de poner las instituciones a su propio servicio. ¿Cómo puede decir
semejantes barbaridades un Presidente de Gobierno que, aprovechando la falsa
crisis, viene ejecutando las reformas económicas y políticas que más crispación
y división han causado al conjunto de la ciudadanía? ¿Cómo acusar al Govern de
poner a su servicio las instituciones, un Presidente que, desde los muros de la
Moncloa o escuchando sólo a los que piensan como él, mueve los hilos para
interferir y poner en la Judicatura, la Fiscalía, etc. a sus hombres de
confianza, para llegado el caso, como está ocurriendo, echar sobre los hombros
de estas instituciones responsabilidades que sólo hubieran correspondido a un
Ejecutivo de haberse comportado políticamente inteligente? ¿Cómo poner en
peligro la separación de poderes en la que se fundamenta una democracia
moderna? Sólo ahora, in extremis, y
parapetado en todos los aparatos coercitivos del Estado, infundiendo miedo a funcionarios, servidores
públicos regionales y locales, “saca pecho”, para hacer ver a sus huestes,
autoritariamente, su gran fortaleza
interior… y ser muy consciente de mis obligaciones y de la gravedad del
momento.
¿SOLUCIONES? ¡NINGUNA! MÁS DE LO MISMO. Como hace tiempo viene
proponiendo PODEMOS y ya saliendo del letargo mantenido por intelectuales, nada
sospechosos de “podemitas” o antisistemas, parece que comienzan a hacerse oír,
como José A. Fdez. Tapia o el propio Pérez Royo, antes citado, con el que
finalizo este escrito, reproduciendo y haciendo mío el siguiente párrafo
distribuido en Facebook: La celebración de un referéndum en
Cataluña, a fin de que los ciudadanos de dicha comunidad manifiesten su
voluntad de mantener su integración dentro del Estado español o de constituirse
en Estado independiente, se ha convertido en una condición sine qua non para
que la competición política pueda desarrollarse con arreglo al canon de lo que
se considera que es una competición democrática en cualquier país civilizado.
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