LA MONARQUÍA PARLAMENTARIA ES LA FORMA POLÍTICA DEL ESTADO

   Si los constituyentes tuvieron que “tragar” con la restauración monárquica franquista, al menos consiguieron que, “formalmente”, la Monarquía fuese parlamentaria. Y así consta en la Constitución de 1978: La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria (CE, art. 1,2). Hubiera sido absurdo, además de extemporáneo, haber aceptado un Rey absoluto, acabando de salir de una dictadura... Habían pasado los tiempos en que se justificaba el poder absoluto del Rey por su procedencia divina, y, por tanto, sólo ante Dios el Monarca debía responder. De ahí la inviolabilidad del Rey

EL VIRUS NOS OBLIGARÁ A CAMBIAR EL CONCEPTO TRABAJO

   Maldito sea el suelo por tu causa: con fatiga sacarás de él el alimento todos los días de tu vida (v. 17)... Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas al suelo, pues de él fuiste tomado (v. 19). Estos versículos del cap. III del Génesis narran el castigo que el Creador impuso al hombre por desobedecerle comiendo el fruto prohibido.

   Me he permitido reproducirlos, porque de ellos se origina el concepto del trabajo como un castigo divino, mantenido a lo largo de la Historia por la cultura judeocristiana. Y, ciertamente, durante la Edad Media y aún en nuestros días, su etimología conserva su sentido de dolor y sufrimiento. Sin embargo, el trabajo humano en abstracto es lo que da sentido a nuestra existencia y dignifica nuestra vida. Toda la evolución de la Naturaleza está impregnada de la labor que, además de la humana, han realizado sobre ella otros seres que la habitamos. No sabemos cómo hubiera sido nuestro sistema natural sin el trabajo concreto del hombre; pero sí vemos los avances conseguidos desde el homo faber hasta la ciencia actual, desde la que podemos adivinar su evolución futura, si la torpeza y el engreimiento humanos no la frustran, teniéndonos que ver abocados, no a cumplir con el mito bíblico, sino a la extinción de la especie

SI LA TEMPESTAD AMÁINA, ¿SE MANTENDRÁ LA MISMA ESTRUCTURA EMPRESARIAL?

   Si sólo fuera por la conservadora actitud de la CEOE y por la ideología “pepera” de su Presidente, sr. Garamendi, todo seguiría igual, a juzgar por sus declaraciones recientes: (Los empresarios) no quieren una nueva normalidad, sino llegar a la de siempre, con rigor presupuestario y ortodoxia presupuestaria, según la cita del catedrático de economía aplicada de la Universidad de Sevilla, Juan Torres López, cuyo artículo Más despropósitos de la patronal  (eldiario.es de 1-6-20) me ha sugerido las siguientes reflexiones.

CESAR A UN CARGO DE LIBRE DESIGNACIÓN NO PUEDE CONVERTIRSE EN ESCÁNDALO

   El artículo 21 del Título I de la Constitución dice: 1.- Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. EL EJERCICIO DE ESTE DERECHO NO NECESITARÁ AUTORIZACIÓN PREVIA. 2.- En los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones se dará comunicación previa a la autoridad, que SÓLO PODRÁ PROHIBIRLAS CUANDO EXISTAN RAZONES FUNDADAS DE ALTERACIÓN DEL ORDEN PÚBLICO CON PELIGRO PARA PERSONAS Y BIENES.

   En un artículo de eldiario.es de 26-5-20, titulado ¿Prevaricación administrativa o ignorancia judicial? Firmado por el catedrático de Derecho Constitucional Javier Pérez Royo se afirmaba que Únicamente cuando se deniega la celebración de la manifestación o se recomienda una forma alternativa de ejercicio, hay un “acto administrativo” por parte de la autoridad competente, con la motivación correspondiente del mismo. Que se sepa, ni la manifestación feminista del 8M en Madrid, ni en otras ciudades de España, existió tal prohibición debidamente razonada por la autoridad administrativa competente, ni, por consiguiente, hubo resolución judicial que la contradijera. Estamos, pues, ante un imposible delito de prevaricación

ALGUNAS INSUFICIENCIAS QUE HA EVIDENCIADO EL CORONAVIRUS

   No es que dichas carencias no vinieran siendo denunciadas insistentemente por científicos y técnicos, por analistas políticos progresistas o, simplemente, por profesionales independientes de cada uno de los sectores donde ejercen; es que, como diría Benavente, los españoles vivíamos en la “ciudad alegre y confiada”.

   Y la primera de todas esas carencias es el bajo concepto que algunos españoles y sus representantes políticos tienen del “noble ejercicio de la Política”. Esta praxis, sin embargo, es necesaria y esencial para que la variedad de valores e intereses legítimos de cada uno de los ciudadanos, grupos o clases, a veces contrapuestos, no dificulten la convivencia social, sino que, más bien, la promuevan. Estoy seguro de que, en abstracto, todos convendrán en destacar la VIDA como un valor absoluto, en cuya defensa no caben intereses contrapuestos. La defensa de la salud y de la vida debe ser, pues, la máxima finalidad de la práctica política. Pero..., NO. El COVID-19 ha evidenciado básicamente que, para algunos grupos políticos, identificados con la derecha social y económica, se anteponen los intereses económicos y empresariales; y, lo que es peor: los réditos electoralistas y la lucha por el poder. A juzgar por el argumentarlo que estos grupos adujeron ayer en el debate para prorrogar el estado de alarma, y la “escandalosa” presión que están ejerciendo sobre las provocativas “algaradas” callejeras, a todas luces muestra que la única política que les interesa es la del “ordeno y mando”; que sólo aceptan la democracia y sus instituciones cuando están a su servicio. Pero cuando las urnas les envían a la Oposición, exhiben sin rubor su pericia en difundir bulos contra el Gobierno legítimo, consiguiendo de paso fomentar el odio contra el disidente. Echando de menos, las “vacas gordas” del  cómodo bipartidismo, son incapaces de aceptar el dato incontestable de la gama de colores que irradia el Congreso de los Diputados, que refleja fielmente la multiplicidad de ideas y anhelos de nuestra sociedad actual. Cuarenta años de un bipartidismo de amiguetes les ha incapacitado para asumir las cesiones que supone dialogar y negociar en la “geometría variable” del Parlamento. Esta actitud no es nueva en la derecha española. Encerrada en sus dogmatismos seudorreligiosos, siempre ha ido a remolque, cuando no contraponiéndose a todo tipo de avances, tanto en los asuntos civiles, jurídicos, socio-económicos, etc., etc. Acostumbradas sus sucesivas generaciones  a vivir de la herencia familiar y de la opulencia del beneficio de su modelo capitalista, su egoísta ceguera les incapacita para constatar, incluso en una inesperada pandemia, que amenaza con la extinción de la especie, algo tan obvio como que, para seguir produciendo y consumir lo producido, lo inmediato y urgente es mantener vivos a productores y consumidores... ¿Es tan difícil de entender que sin VIDA, están demás todos los debates?

TRIUNFÓ EL SENTIDO COMÚN..., QUE NO LA HONESTIDAD POLÍTICA

   Aunque perdiendo apoyos y cediendo en algo, el Gobierno progresista pudo sacar adelante su solicitud de prorrogar el estado de alarma al pleno que ayer (6-5-20) tuvo lugar en el Congreso de los Diputados. Hoy todos los españoles, incluidos los que están en contra, podemos respirar tranquilos ante la imposibilidad de saber previamente cómo hubiera reaccionado el virus, dada la facilidad de expandirse que le ofrece un desconfinamiento “incontrolado”. Ójalá  que dentro de quince días podamos alegrarnos de que la “desescalada” programada por expertos y responsables políticos ha resultado positiva.

CONSTITUCIONALISTAS “PATRIOTAS” CONTRA UN GOBIERNO LEGÍTIMO

   Convenimos en que la Constitución es la Ley de leyes, el marco entre cuyos límites se desarrollan las leyes que, jurídicamente,  estructurarán nuestro sistema democrático. El Tribunal Constitucional es la institución encargada de que tal acuerdo se cumpla. Pero antes de tener que recurrir a dicha institución, la propia Constitución se defiende a sí misma ante posibles conductas consideradas atentatorias, bien a la organización territorial del Estado (art. 155 CE), bien ante situaciones naturales de emergencias que afectan directamente a la salud y vida de los ciudadanos (art. 116 CE). En ambas circunstancias sólo está capacitado a tomar las medidas oportunas el Gobierno salido de las urnas y legitimado por el órgano de la soberanía popular. Lógicamente, tanto lo ordenado por el art. 155, como lo prescrito por el art. 116, debe ser aprobado por las respectivas Cámaras (Senado y Congreso) y con los votos señalados a los diferentes efectos. Si bien las decisiones tomadas de acuerdo a los artículos mencionados tienen igual rango jurídico-constitucional, los efectos de unas u otras son muy diferentes. La suspensión o intervención de una Comunidad Autónoma por parte del Gobierno Central, sin duda, provocará distorsiones y reveses socio-jurídico-políticos, que, una vez solucionados, todo vuelve a una “cierta normalidad”, sin más trascendencia. En cambio, el estado de alarma del art. 116.2 CE, al que ha acudido el Gobierno para hacer frente a la calamidad natural, como es  el COVID-19, que, además de las distorsiones citadas u otras derivadas del mismo virus, hay otras, cuya casi única solución posible, no tiene “marcha atrás”, como es la pérdida de salud o la muerte. El Gobierno, al adoptar el estado de alarma, lo hace porque deberá tomar decisiones muy cercanas a la derogación de derechos fundamentales, como el de movilidad, asociación, etc., de los ciudadanos, creyendo que es la mejor manera de luchar contra esta pandemia. Eso es también lo que han creído los distintos grupos parlamentarios que han venido la propuesta del Gobierno. Y así, con los errores del Gobierno debidos a lo imprevisto e imprevisible de esta “batalla”, esto es lo que confirman los datos semana tras semana. Por lo demás, es la decisión adoptada por los Gobiernos y Oposiciones de nuestro entorno