No es que dichas carencias no vinieran siendo denunciadas
insistentemente por científicos y técnicos, por analistas políticos
progresistas o, simplemente, por profesionales independientes de cada uno de
los sectores donde ejercen; es que, como diría Benavente, los españoles
vivíamos en la “ciudad alegre y confiada”.
Y la primera de todas esas carencias es el bajo concepto que algunos
españoles y sus representantes políticos tienen del “noble ejercicio de la Política”. Esta praxis, sin embargo, es
necesaria y esencial para que la variedad de valores e intereses legítimos de
cada uno de los ciudadanos, grupos o clases, a veces contrapuestos, no
dificulten la convivencia social, sino que, más bien, la promuevan. Estoy
seguro de que, en abstracto, todos convendrán en destacar la VIDA como un valor absoluto, en cuya
defensa no caben intereses contrapuestos. La defensa de la salud y de la vida
debe ser, pues, la máxima finalidad de la práctica política. Pero..., NO. El COVID-19 ha evidenciado
básicamente que, para algunos grupos políticos, identificados con la derecha
social y económica, se anteponen los intereses económicos y empresariales; y,
lo que es peor: los réditos electoralistas y la lucha por el poder. A juzgar
por el argumentarlo que estos grupos adujeron ayer en el debate para prorrogar
el estado de alarma, y la “escandalosa” presión que están ejerciendo sobre las
provocativas “algaradas” callejeras, a todas luces muestra que la única política
que les interesa es la del “ordeno y
mando”; que sólo aceptan la democracia y sus instituciones cuando están a
su servicio. Pero cuando las urnas les envían a la Oposición, exhiben sin rubor
su pericia en difundir bulos contra el Gobierno legítimo, consiguiendo de paso
fomentar el odio contra el disidente. Echando de menos, las “vacas gordas”
del cómodo bipartidismo, son incapaces
de aceptar el dato incontestable de la gama de colores que irradia el Congreso
de los Diputados, que refleja fielmente la multiplicidad de ideas y anhelos de
nuestra sociedad actual. Cuarenta años de un bipartidismo de amiguetes les ha
incapacitado para asumir las cesiones que supone dialogar y negociar en la
“geometría variable” del Parlamento. Esta actitud no es nueva en la derecha
española. Encerrada en sus dogmatismos seudorreligiosos, siempre ha ido a
remolque, cuando no contraponiéndose a todo tipo de avances, tanto en los
asuntos civiles, jurídicos, socio-económicos, etc., etc. Acostumbradas sus
sucesivas generaciones a vivir de la
herencia familiar y de la opulencia del beneficio de su modelo capitalista, su
egoísta ceguera les incapacita para constatar, incluso en una inesperada
pandemia, que amenaza con la extinción de la especie, algo tan obvio como que,
para seguir produciendo y consumir lo producido, lo inmediato y urgente es
mantener vivos a productores y consumidores... ¿Es tan difícil de entender que sin VIDA, están demás todos los
debates?
Los partidos políticos no son fines en sí. Sólo son instrumentos, y no
los únicos, aunque sí fundamentales para la expresión del pluralismo político y
para contribuir a la formación y manifestación de la “voluntad popular” (art.6
CE). Cada uno, con sus diferentes “programas”, aunque sea tácitamente,
defenderá la vida como valor absoluto, en torno al cual giran todos los demás.
Entiendo, por eso, que cuando un Gobierno legítimo solicita al Congreso
prorrogar el estado de alarma, no está pidiendo al resto de grupos la
aceptación sumisa de algún punto de su ideario político, sino traspasando al
máximo estamento de la soberanía popular la responsabilidad común de
salvaguardar la salud y la vida de sus ciudadanos, sin que se tengan que
suspender ningún derecho establecido en el art. 55 CE. El Gobierno, pues, está
siendo fiel en estas inesperadas circunstancias a los previsto, sin embargo,
por el constituyente en el mandato constitucional del art. 116, desarrollado
por Ley Orgánica de Junio de 1981. Con menos justificación, dado que el origen
del problema era político, no de catástrofe mundial, y debía resolverse en ese
ámbito con paciencia y diálogo, el Gobierno de Rajoy acudió al auxilio del artº
155 para suspender “indefinidamente” la Autonomía catalana, aprovechando su
mayoría absoluta en el Senado y la falta de desarrollo legal.. En esa decisión
comprometió al Psoe, en la Oposición entonces, de cuyo compromiso derivan las
consecuencias que, aún hoy, padece por parte de los partidos “catalanistas”. Sin
embargo, a pesar de la opinión de insignes constitucionalistas o el asesoramiento
de la Abogacía de Estado al Gobierno de que no hay otro instrumento que el
estado de alarma para tratar el problema, la Oposición no quiere creérselo. Es
la manera más fácil de seguir acosando al Gobierno democrático con la clara
intención de tumbarlo. Ante esta actitud tan negativa y falaz sobra cualquier
argumento sensato. Cuando no se aceptan ni siquiera los hechos..., mal
vamos....
Para completar este apartado, remito al lector al artículo firmado por
Fernando Varela en infolibre.es de 21-5-20, titulado Las 13 afirmaciones falsas con las que
Casado y Abascal se oponen a prorrogar el estado de alarma.
Otra enorme deficiencia que ha puesto en evidencia el coronavirus es la falta de Estado. A pesar de la intensa
y extensa propaganda de “los medios” controlados por los defensores del sistema
“neoliberal” vigente, en contra de los que, insistentemente, han venido
defendiendo que otras formas de pensar y hacer son posibles, ha tenido que ser
un imperceptible “bichito” quien nos ponga ante los ojos lo frágiles que, uno a
uno, “tribu a tribu”, somos los humanos. Hasta los más acérrimos defensores del
individualismo y de la actividad privada, en situaciones catastrófica como la
que padecemos, se ven obligados a recurrir al auxilio del Estado, y resaltar el
valor de lo público. Lógicamente, en
una furibunda crisis sanitaria como la que sufrimos, nos veremos obligados,
salvo los fanáticos, a notar la escasez de personal sanitario y el tremendo
déficit de material sanitario, fruto de los “recortes” efectuados por los
gobiernos neoliberales. Ya esto fue denunciado por los propios sanitarios,
oponiéndose en las famosas “mareas blancas” a los recortes y a las
privatizaciones en la Sanidad.
Esperemos que ahora, a pesar de su incoherencia, dadas sus continuas
directrices, nos tomemos en serio lo que nos aconseja Bruselas en su
reciente informe sobre España: La pandemia ha revelado problemas
estructurales existentes, algunos de los cuales se derivan de ciertas
deficiencias en la inversión en infraestructuras físicas y deficiencias en el
reclutamiento y las condiciones de trabajo de los trabajadores de la salud....Y
sigue diciendo, A mediano plazo, será
importante asegurar que la probable disminución de los recursos debido a la
recesión económica no afecte la cobertura de atención médica de las personas y
genere desigualdades en el acceso. Después de tal declaración, creo
innecesario extenderse más...
De la tercera deficiencia a destacar, de la que ya antes de la pandemia,
el llamado procès catalá nos dio un aviso, es el inacabado modelo
territorial de España. Es ahora, en estas especialísimas e inesperadas
circunstancias, en las que un invisible y letal virus nos declara una “guerra”
de imprevisibles derivas, cuando más que nunca se necesita un “mando único”
(tengo que decir que no me gusta hablar en estos términos), aprovechándose de
la inconsistencia del sistema de las Autonomías, surgen por doquier “coroneles”
proponiendo sus estrategias y sus tácticas respectivas como las mejores en una
carrera contra reloj. Y mientras llegan a un acuerdo, el virus enemigo los
contempla desde su escondite, estudiando el momento más idoneo para atacar de
nuevo.
Los “padres constituyentes”, actuando aún bajo la presión de las
bayonetas, se vieron obligados a dejar para mejor ocasión el asunto de la
España multinacional. Así bajo la híbrida fórmula de “las Autonomías”, dejaron
medio hilvanado el título VIII de la Constitución Española. Y mucho me temo que
con esta Constitución “borbónica”, de muy difícil reforma, se pueda plantear el
modelo de una España federal o confederal. Hasta el Psoe, que siempre
se ha estructurado como “federalista”, rehúye incluso del uso nominal de dichos
vocablos...
Por último, volveré al mencionado informe de Bruselas (1), aunque sólo
sea para destacar que muchas de sus recomendaciones económicas ya las está
poniendo en práctica el actual Gobierno coalición Psoe-UP. Destacaré la
siguiente: En el contexto actual
apremiante se plantea introducir rápidamente un plan nacional permanente de
garantía de ingresos (renta básica vital) con una cobertura estimada de tres millones de beneficiarios, para
complementar los programas regionales de ingresos mínimos existentes.
Sería preferible que Bruselas informara sobre las conductas adoptadas
por los partidos e instituciones, que se oponen a las medidas tomadas por el
Gobierno legítimo....
(1) Facilito al lector el
enlace del artículo del que he tomado las citas: Bruselas alerta de que el coronavirus ha
revelado problemas de “inversión, recursos y condiciones laborales” en la
sanidad española. Andrés Gil, eldiario.es de 20-5-2020
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