QUIEN SE PICA, AJOS COME

   Es lógico que, como dice el sabio refrán, sienta picazón quien abusa del picante. Es lo que le viene pasando a la derecha política de este país ante cualquier iniciativa legítima tomada por el Gobierno de turno. Esta vez, ante la proposición de ley para reformar la Ley Orgánica de vigente de 1985, reformada en Junio de 2013 por la mayoría absoluta de Rajoy, que regula el funcionamiento del Consejo de Gobierno del Poder Judicial. La proposición planteada por el actual Gobierno de coalición sólo tiene la intención de romper el bloqueo al que somete el PP la renovación del CGPJ, constituido en Noviembre de 2013, con el objeto de continuar controlando, mediante ese Órgano, su poder e influencia cuando no está en el Gobierno. Es en esos años cuando se da el caso Bárcenas y se está gestando el caso Kitchen. Será por lo metido que están en la cocina (kitchen), por lo que no pueden eludir los ajos y no tener que sufrir esa desagradable sensación.

   Ante la actuación reformista del Gobierno, Pablo Casado y Cía., cual resorte han respondido con todo tipo de ocurrencias. Desde  acusar al Presidente Sánchez de dictador por  la portavoz del PP en el Congreso, de no respetar la división de poderes, hasta de recurrir al Constitucional y a Europa... Casado no se entera de que es Europa quien urge la renovación del órgano de gobierno de los jueces., bloqueada por sus intereses partidistas. ¡Y todo ello, sin siquiera haber leído el texto de la proposición del Gobierno, ni de citar las leyes incumplidas por éste! Por el contrario, son los autodenominados constitucionalistas los que vienen continuamente desobedeciendo el mandato constitucional y la ley orgánica respectivos.

   El “constituyente” dejó muy clara su intención al respecto en el art, 122.3 CE. El Parlamento, siguiendo ese artículo y, haciendo legítimo uso de sus competencias, elaboró la Ley Orgánica citada, que en sus arts. 567.2 y 568.1, regula lo referente al CGPJ y su renovación. Algunos constitucionalistas o comentaristas especializados, como Elisa Beni, aduciendo la ambigüedad del art. 122.3, ven conflictiva la modificación pretendida por el Gobierno y la mayoría de la investidura. Piensan que la palabra ambos indica que los dos grupos: el de doce extraído de la judicatura, y el de ocho provenientes de juristas de reconocido prestigio, han de ser elegidos por la mayoría cualificada de tres quintos. Pero el texto constitucional, mediante un punto y coma (;), distingue claramente la forma de elegir a los citados grupos. Al grupo de los doce lo remite a una ley orgánica, y al de ocho lo distribuye en dos grupos de cuatro, para ser elegidos por el Congreso de los Diputados y por el Senado, que, en ambos (el uno y el otro) casos, ahora sí, serán elegidos por mayoría de tres quintos. Es, por tanto, la Ley Orgánica vigente de 1985 la que entorpece la correcta lectura, al establecer en dos grupos de a diez el bloque de los veinte vocales, y que ambos sean elegidos por el Congreso y el Senado de la misma manera. El Tribunal Constitucional, en sentencia de julio de 1986 ve posible esta interpretación. Seguro que no tuvo en cuenta el uso abusivo que, políticamente, conllevaría tal interpretación... Lo que está meridianamente claro es que el “Constituyente”, fuera la redacción que fuera de este artículo, jamás pensaría, y mucho menos querría un bloqueo anticonstitucional como el que se vine produciendo  por parte del Partido Popular...   El tema, pues, sólo puede resultar farragoso al que le regalan una licenciatura exprés en  Derecho...

   Por no ser reiterativo, remito al lector a mí escrito sobre el asunto: El sumario Kitchen atrinchera al P. Popular en el Consejo del P. Judicial, de 14-9-20 en mi blog.

      Otros que han puesto reparos a la propuesta del Gobierno han sido, ¡cómo no! las Asociaciones conservadoras de jueces. Estos señores de mentalidad corporativista, creyendo que su poder de enjuiciar les viene de un memorístico examen-oposición y algo de recomendación, se ven por encima de la Constitución, cuyo artículo 1.2 dice que La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado, o lo establecido en el art. 117.1 de que la Justicia emana del pueblo... De todas maneras, estos togados ya tuvieron una primera lay, la de 1980, por la que eligieron a los doce vocales de extracción judicial, pero que el sistema mayoritario utilizado, no sólo excluía otras formas de pensar en el propio seno de las asociaciones, sino que dejó sin representación a otros compañeros no asociados. En definitiva, el primer CGPJ devino corporativista, y hubo de aprobarse la vigente Ley Orgánica de 1985. Por cierto, Rajoy en la campaña electoral de 2011 prometió volver a la fórmula antigua; pero, una vez que obtuvo mayoría absoluta, siendo ministro de Justicia Ruíz Gallardón, no sólo no cumplió, sino que su ministro introdujo la actual fórmula, que da a su presidente Lesmes, alto cargo en el Ministerio de Justicia de Aznar, y a su “camarilla” de dedicación exclusiva mayor poder político...

   Los propios jueces, según una encuesta encargada a Metroscopia por el propio CGPJ, efectuada entre el 8 y 22 de septiembre, un 54% frente a un 43% considera que su órgano de gobierno presidido por Lesmes, que lleva casi dos años en funciones, no está transmitiendo una imagen de una Justicia independiente (ver artículo de E. Herrera en eldiario.es de 16-10).

      La verdad, que no entiendo por qué Elisa Beni razona su desacuerdo con la fórmula de la mayoría absoluta propuesta por el Gobierno para los doce vocales judiciales, temiendo que la misma fórmula valga para cuando el PP gobierne. Justamente, para eso se urge la renovación del CGPJ, para que sus miembros estén en consonancia con lo que la sociedad piensa y exige cada vez que vota... Si realmente creemos que la soberanía nacional reside en el pueblo (art.1.2 CE), no tiene por qué escandalizarnos que, cada vez que ese pueblo manifiesta su voluntad, ésta sea debidamente recogida renovando los órganos portadores de los tres poderes clásicos del Estado constitucional-democrático. Como enseña el constitucionalista Pérez Royo, la periodicidad de la renovación es un elemento definitorio de la naturaleza democrática del Estado. Sin renovación no hay democracia (“Mucho más que una anomalía”, eldiario.es de 8-9-2020). Seguro que la fórmula propuesta por el Gobierno de coalición, como cualquier otra, no será la óptima, pero, desde luego, no se puede pensar que sea inconstitucional, ni que afecte a la división de poderes. Lo que realmente afecta a esa división es prolongar más allá de lo que dice la Constitución el mandato del CGPJ, que ni siquiera es “poder judicial”, aunque sea el Órgano de gobierno de los jueces que lo ostentan. El interés, pues, de los partidos por su control, radica en que, si bien no emite autos o sentencias, nombra a los “colegas” que presiden los Tribunales Superiores de Justicia. Pero, por mucho que pueda “mangonear” en el nombramiento de éstos, sus componentes, si son éticos y honestos, sus autos y sentencias sólo se vincularán a la buena interpretación y aplicación de la Ley, y no a la institución que los nombra. Por otra parte, no entiendo por qué haya que confiar menos en el Parlamento y en el Gobierno, que en los jueces en un contexto de normalidad y sin corrupción. No veo por qué una mayoría parlamentaria absoluta, que puede tumbar Gobiernos, no pueda renovar, según dispone la Constitución, el órgano de gobierno de los jueces cuando éste está en funciones de manera abusiva. Para evitar su dependencia de una mayoría política, el constituyente dio un margen de un año para que no coincidieran las elecciones de sendas instituciones.

   Entiendo, pues, que la proposición de los partidos del Gobierno para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial vigente, obedece a la interesada y obstinada actitud de bloqueo  por parte del PP y de P. Casado, creyendo que con los Tribunales actúales y con los futuros que nombre un CGPJ prolongado inconstitucionalmente, se defenderán mejor en los venideros casos de corrupción, como Kitchen. Ni siquiera les ha servido de escarmiento la ratificación por parte del Supremo del caso Gürtel...

   Opino con algunos juristas que del texto de la proposición de Psoe y UP, más que reformar el porcentaje del grupo de los doce, creándose un conflicto inoportuno en estos momentos, va en el sentido de presionar al PP para que abandone su filibusterismo y se siente a negociar la formación de un CGPJ que represente mejor la actual pluralidad parlamentaria. Es importante, no obstante, que los proponentes insistan en lo referente a limitar las acciones del CGPJ, cuando sus miembros estén en funciones, sobre todo en lo referido a nuevos nombramientos.

   Ni siquiera son ciertos, por demás, que, si bien la negociación de la formación del Consejo se ha venido haciendo entre los dos grandes partidos, Psoe-PP, los pretextos de Casado para no contar con los republicanos de izquierda; pues aun cuando gobernaba Aznar en 2001 con mayoría absoluta, Izquierda Unida, muy minoritaria en el Congreso, tuvo un vocal en el CGPJ. No estaría de sobra que el presidente del PP se aprendiera la historia de su partido...

   En fin, la ciega obstinación por echar a Unidas Podemos del Gobierno no tiene límites Es una falta de respeto democrático a los ciudadanos que votan esa opción política...

 

 

 

   Manuel Vega Marín. Madrid, 16, Octubre, 2020    www.solicitoopinar.blogspot.com.es

 

  

  

TODOS QUIEREN MANDAR, PORQUE TODOS DICEN SABER

   Del 13 al 19 de Septiembre se ha celebrado el primer Congreso Nacional Virtual sobre el COVID-19. En tal  convención han participado 55 sociedades científicas que dicen representar a 170.000 profesionales sanitarios, que han elaborado  un Manifiesto-Decálogo dirigido al Presidente del Gobierno de España y a los Presidentes de las Comunidades Autónomas. Es decir, a todos los políticos. Dicho manifiesto lo encabeza el eslogan En la salud, ustedes mandan pero no saben, que, haciendo un sarcástico juego de palabras, ha suscitado el título de este escrito.

   Difícilmente se podrá estar, más o menos, en desacuerdo con alguno de los diez puntos del Decálogo. Sobre todo, si se consideran en abstracto. Pero su pretendida asepsia política puede provocar un menosprecio de la POLÍTICA, que algunos fanáticos aprovecharán para apoyar su talante antidemocrático.

    Como el espacio me limita poder hacer un comentario a cada uno de los diez puntos, lo haré solo del 1º: Acepten, de una vez, que para enfrentarse a esta pandemia las decisiones dominantes deben basarse en la mejor evidencia científica disponible, desligada por completo del continuo enfrentamiento político. 2º: Acepten, de una vez, la necesidad de una respuesta coordinada, equitativa y basada exclusivamente en criterios científicos claros, comunes y transparentes...

   El hombre nace incapaz de valerse por sí mismo, y muere casi de la misma manera. Desde el nacimiento hasta la muerte todo su ciclo vital transcurre buscando los instrumentos más adecuados de los que servirse para hacer frente ese desvalimiento que la Naturaleza y una Sociedad compleja e insolidaria le ponen por delante. Sus carencias, ya desde su nacimiento, le obligan a vivir en comunidad con los demás semejantes. Y es de esa necesidad de convivir con los demás de la que surgirá primero la POLÍTICA, que promueva y organice lo mejor posible esa convivencia, y después, todas las otras ciencias y saberes –Física, Derecho, Sociología, Medicina, etc.-, que vendrán en auxilio de aquélla, para hacerla más eficaz y racional. ¡Cuanto mejor nos iría a los ciudadanos, si éstos y  los políticos que elegimos para que nos representen actuasen con criterios más racionales y científicos! La desgracia es que ni unos, ni otros son ángeles puros...

   Al no referirse el Manifiesto a la política practicada por un determinado partido, puede entenderse que esos profesionales piensan que todas las políticas son la misma (todos los políticos son iguales...). Lo cual, aparte de injusto, no es verdad... Además, al fijarse en el COVID-19 como problema sanitario exclusivamente, y, teniendo como fondo el triste espectáculo dado por el PP y su Gobierno en la Comunidad de Madrid, hacen muy limitados los objetivos del “manifiesto-protesta”.

   El Manifiesto, por demás, llega a destiempo y falto de autocrítica. Aunque muchos de los profesionales que lo suscriben hayan participado en las manifestaciones callejeras en pro de una Sanidad pública y en contra de su mercantilización, otros, más cercanos a las “cúspides” defendían lo contrario... En fin, me imagino lo difícil que habrá sido llegar a ese acuerdo de mínimos entre tantos participantes...

   Muchos de los firmantes del manifiesto exigiendo al Estado mayor inversión de recursos económicos en la investigación científica y dedicar mayor atención a todos los sectores de la Sanidad pública, posiblemente se hayan podido olvidar de que votaron a los partidos que apoyaban una mayor austeridad como la solución a la anterior crisis económica. Incluso muchos de los reclaman a “papá Estado” ayudas en la crisis actual, preferían derivar recursos estatales a la actividad privada, antes que pagar impuestos, etc., etc...

   Analizando el contenido de los dos puntos citados, diré que ni siquiera lo que tenemos por “saberes científicos” disponen de evidencia científica, ni de criterios científicos claros, comunes y transparentes. La prueba de ello es la variedad de opiniones y tesis de los propios especialistas expuestas en los diferentes medios científicos, según sean los intereses de los laboratorios y empresas farmacéuticas patrocinadores. Si esto ocurre en el ámbito de la Ciencia, de suyo más proclive a la objetivación de lo investigado, ¿qué no va a ocurrir, como estamos viendo, en el ámbito más subjetivo e interesado de la “politiquería?... Urgimos, pues, una ciencia investigadora independiente, libre del lastre de intereses partidarios o de grupos económicos-financieros. Solamente las religiones con sus dogmas de fe, y los regímenes dictatoriales carecen de ese “sano relativismo democrático”. De acuerdo en que, al menos, a esta enfermedad tan letal se dé una respuesta coordinada y desligada por completo del continuo enfrentamiento político.

   Si bien la letalidad de este virus lo convierte en un problema eminentemente sanitario, sus efectos repercuten en otros campos del saber, como la Economía, la Sociología, el Derecho o la Psicología, etc., que algo tendrán que decir y hacer en la búsqueda de una solución.  De ahí que todos sus respectivos expertos quieran mandar. Es lógico también que, según sea el problema, se apliquen en su solución las mejores fórmulas de cada parcela afectada. Pero, no estaría demás preguntarse qué entender por “problema sanitario”. Porque, si bien cada enfermedad tiene características propias y parecido tratamiento,  ni siquiera de esta específica e imprevista enfermedad viral debe pensarse que todos los pacientes la contraen o la desarrollan de la misma manera. En el caso de la pandemia que nos ocupa, independiente de su etiología médica,  sobresale su imprevisión y la amplitud de los sectores afectados. De ahí la necesidad de una POLÍTICA estatal, que deseche los intereses partidistas e ideológicos y se utilicen todos los medios que las ciencias, antes citadas, ponen al servicio de aquélla, especialmente las relacionadas con la Sanidad. Es oportuno también dar un toque de atención a la Judicatura, exigiéndole abandone su actual conservadurismo político-ideológico. De cara al desasosiego ciudadano, tampoco estaría demás que todos los voceros que quieren mandar, aplicaran las útiles enseñanzas aportadas  por las ciencias psicosociales modernas...

     Si bien cualquier enfermedad “convencional” tiene sus características propias. Como he expresado antes,  no todos los que enferman tienen el mismo historial, ni sus contextos vitales son comunes.  No llevan la misma vida, ni gozan de las mismas oportunidades una familia rica, que otra que apenas supera el ingreso mínimo vital. Tampoco está expuesta a enfermar o a contagiarse de la misma manera la familia que vive en un chalet con jardín, que la que tiene que compartir piso interior con otra familia. Existen estudios que indican que la esperanza de vida es mayor en los barrios ricos de una misma ciudad, que en los barrios obreros...  Por eso, cuando estos científicos exigen una respuesta equitativa, por todo el contexto del decálogo, se deduce que no  están criticando al sistema neoliberal-capitalista, causante de tal injusticia social, sino que, “arrimando el ascua a su sardina”, se están refiriendo a que todos los ciudadanos tengan igual acceso a una sanidad solamente relacionada con los cuidados requeridos por el COVID-19. Puntos 6 y 7 del Manifiesto. Esa igualdad de acceso de todos a un Sistema Nacional de Sanidad, sin diferencias de trato, difícilmente se dará, si antes no se remueven los obstáculos que el capitalismo pone a una auténtica igualdad social...

   Para finalizar estas reflexiones críticas, espero no se quede en la “foto propagandística”, como suele ocurrir, la anunciada creación, aceptada por el ministro de Sanidad y participada por representantes de las CC.AA que evite el desconcierto actual,  de una comisión externa e independiente, cuyo objetivo principal será analizar los errores cometidos por todos en la gestión de la presente pandemia y obviar su repetición. Las enseñanzas que, sin duda, el coronavirus dejará a los profesionales científicos y políticos debe servir para mejorar los instrumentos y métodos, que, de cara a similares catástrofes futuras, no coja tan desprevenidos a todos los responsables de un Sistema Nacional de Salud, digno de una sociedad avanzada y democrática...

 

 

   Manuel Vega Marín. Madrid, 10 de Octubre, 2020   www.solicitoopinar.blogspot.com.es

 

 

 

  

 

EL CGPJ SE ALINEA CON LOS QUE PRETENDEN DERRIBAR AL GOBIERNO LEGÍTIMO

   En esta España de pandereta y circo, cualquier acto protocolario alterado por el más mínimo contratiempo que haga deslucir la fiesta, puede levantar auténticas tempestades políticas. El acto de entrega de despachos a la 69 promoción de jueces, celebrado este viernes 25 en la Escuela Judicial de Barcelona, por mucha oficialidad que se le quiera dar, no deja de ser un acto protocolario, a cuya asistencia ni siquiera están obligados los “despachandos”. Mucho menos requiere la asistencia del Rey, cuya ausencia, por decisión del Gobierno, ha provocado todo un huracán contra el mismo. El papel simbólico del Rey está perfectamente definido en el art. 56 de la Constitución, así como sus funciones están relacionadas en el art. 62 de la misma, sin que figure la de presidir este tipo de actos, sobre todo si el Gobierno considera que su presencia puede conllevar efectos negativos tanto para la propia institución monárquica, como consecuencias no deseadas para la política nacional.

    No me preocupa que este vendaval sea fomentado por el PP y cía., algo a lo que nos tiene acostumbrado, sino que, al haberse sumado el Órgano de Gobierno de los jueces y demás asociaciones profesionales de la magistratura,  otras asociaciones de “poderes fácticos” como la CEOE y CEPYMES, me hace pensar que la “marejada” es “de fondo”, y que el ataque no va sólo contra el Gobierno progresista, sino contra la propia democracia. A veces pienso que el propio Felipe VI, con su llamada, ni torpe ni ingenua, al sr. Lesmes, también se ha sumado a la conjura de los poderes fácticos contra el Gobierno y al law fare que el PP  viene tejiendo con el Órgano de Gobierno de la Judicatura. El “Preparao” parece que lo está más para apoyarse en esos poderes y otros como la Iglesia y el Ejército, que con el rol que la Constitución le asigna como Monarquía parlamentaria. Todo ello me trae malos recuerdos. Las palabras de Pablo Casado pidiendo la dimisión del ministro Garzón y la reprobación parlamentaria del Vicepresidente Iglesias suenan apocalípticas a la vez que reclamante de un “salvador”... ¡Y todo por ocultar la corrupción en su partido y que no se hable del caso Kitchen!... Seguramente, de haber estado gobernando el PP, el acto de la Escuela Judicial que ha provocado la tormenta, hubiera pasado desapercibido, como desapercibida pasó la ausencia del Rey Juan Carlos en 1013, recién imputada la infanta Cristina en el caso Nóos.

   Lo triste para nuestra inmadura democracia es que a un deslucimiento folklórico se le dé más importancia que al cumplimiento estricto de la ley, en este caso de la Constitución. Porque lo que el Gobierno ha hecho es cumplir con lo que le ordena el art. 64 de la misma, referente a refrendar todos los actos “oficiales” del Rey. Lo sorprendente, sin embargo, es que ha sido el Rey quien, obviando su papel de “monarca parlamentario”, se ha saltado ese trámite constitucional, tratando directamente con los organizadores del acto de la entrega de despachos a los neófitos jueces, su asistencia al mismo.

   Sorprende también la hipócrita compunción del  Presidente del Tribunal Supremo y demás excelsos togados de no obedecer las disposiciones constitucionales. Que sea, sin embargo, una “aparente minucia” la que provoque tamaño disgusto en el Consejo, y no su vergonzante provisionalidad, su bloqueada renovación y sus descarados nombramientos a las más altas Magistraturas, la que le ocasione tantos desvelos..., no tienen más remedio que provocarme el grito de ¡”lagarto, lagarto”!...

   Las lacrimógenas palabras del presidente Lesmes, que no me resisto a transcribir, revelan su talante mental y físico de un socio tertuliano de casino decimonónico.

"Nuestro lamento no sólo obedece al hecho de que se rompe con una tradición de más de 20 años, sino también, y sobre todo, porque la presencia de Su Majestad el rey, del Jefe del Estado, en la ceremonia de entrega de despachos a los nuevos jueces responde al especial vínculo constitucional de la Corona con el Poder Judicial, vinculación que forma parte de nuestra tradición histórica desde la Constitución de Cádiz de 1812, y que sirve además para resaltar la dignidad de nuestra función".

    No vamos a negar ahora el avance que  “La Pepa” supuso respecto del absolutista Fernando VII, pero también revela, como el mimo Lesmes dice, el especial vínculo de la Corona con el Poder Judicial. Puesto a poner ejemplos de aquel contexto histórico, podría citar el vínculo que la misma Corona tenía con la Iglesia y otros poderes fácticos. No sé si como reminiscencia de esa tradición, a que alude el Presidente, o por presión de los propios “vinculados”, persisten en la Constitución vigente (art. 117.1) el artículo 257 de la de 1812 (La Justicia se administra en nombre del Rey), o el 249 (Los Eclesiásticos seguirán gozando del fuero de su estado) en la mención especial que de la iglesia Católica se mantiene en su art. 16.3. ¿Quiere el órgano de gobierno de la judicatura y el Partido  Popular volver a los privilegios de que gozaban  en el siglo XIX?...

   La llamada del Rey a Lesmes, poniéndole de manifiesto su deseo de estar presente en la entrega de despachos, es un abandono del papel simbólico que le reserva la Constitución, y una forma de hacer política, tomando partido por los que no cumplen la Constitución, y un grosero afeamiento de la conducta constitucional del Gobierno, precisamente, en defensa de la institución monárquica. Más le hubiera valido a Felipe VI, como dice Elisa Beni, llamarle para decirle que deje de hacer nombramientos ilegítimos, o haber llamado al PP para exigirle a cumplir la Constitución, desbloqueando la renovación del Consejos y otras instituciones... (El Rey se la juega, el diario.es de 25-9-20).

   Si el Rey quiere mantener la Monarquía, debe saber cuál es el camino... El alternativo fue el de su bisabuelo, Alfonso XIII, al optar por Primo de Rivera, o el de su emérito padre...

   Y no me alargo más...

 

 

 

   Manuel Vega Marín. Madrid, 27, Septbre. 2020   www.solicitoopinar.blogspot.com.es

 

 

LA ABSORCIÓN DE BANKIA POR CAIXABANK, UNA OPORTUNIDAD PERDIDA

   Fue el Presidente Rajoy quien nos dijo que el “reflote” de Bankia no nos costaría ni un duro a los españoles. Fueron más de 24 mil millones de euros lo que costó al Erario público tal operación de rescate, de los que hasta hoy sólo se han recuperado 3.000. Esta “inversión” dio al Estado, a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), el derecho a poseer el 61,8% del accionariado de la entidad bancaria rescatada. Con el 16% de las acciones de la nueva entidad, el Estado no sólo pierde valor, sino, lo que es más importante, capacidad de decisión, ya que de los quince miembros que formarán el Consejo directivo, solo uno representará al FROB. El Estado, pues, renuncia de facto a la oportunidad de tener una banca pública –tesis de Podemos- en estos actuales y venideros momentos de crisis económica y social, incrementada por la pandemia del COVID-19. Precisamente, la crisis socieconómica causada por la pandemia está poniendo de manifiesto la necesidad de tener un Estado fuerte económicamente que pueda hacer frente y “llevar la batuta” inversora en los sectores más básicos e importantes en el estado del bienestar, como la sanidad, educación, el sector laboral, etc., así como otros servicios que los ciudadanos demandan. La necesidad, pues, de una banca pública resulta fundamental para llevar a cabo las transformaciones industriales y de todo tipo que España va a precisar para su modernización. Como indica Vicent Navarro, tanto el New Deal social, como el New Deal Verde, requerirán de grandes inversiones públicas que no estén sujetas a los objetivos e intereses de las entidades privadas, sino a los intereses del bien común.

   Que España tenga una banca pública que compita con la privada no es ninguna anomalía en el actual sistema neoliberal vigente en todos los países de nuestro entorno. EE.UU, Alemania, Francia, Italia, etc. disponen de instituciones bancarias o financieras de titularidad pública, que incluso funcionan mejor que las de titularidad privada. En Europa, proporcionalmente, la operación Bankia-Caixabank incrementaría aún más la concentración bancaria y el poder político y mediático que ello conlleva, en manos de entidades privadas. Pero, además de eso, como dice Vicent Navaro, La banca privada española siempre ha recibido un trato preferencial por parte del Estado español. En realidad, tiene un trato impositivo especial, pues es uno de los sectores con mayores beneficios y con menor carga impositiva de la UE, y, por cierto, es uno de los sectores que tiene mayores depósitos en paraísos fiscales (“Lo que no se dice sobre la privatización y fusión de Bankia con Caixabank”, publico.es de 17-9-20).

   Claro que la actitud de ser “más papista que el Papa” no es nueva. Desde el desmontaje del Instituto Nacional de Industria (INI) y la privatización de empresas nacionales, que, con diferentes pretextos y por los distintos Gobiernos del bipartidismo se ha venido haciendo, lo dice todo... El PP y el Psoe son expertos en privatizar empresas boyantes, como Telefónica o Endesa, o en sanear con dinero público empresas como Bankia, para privatizarla después. Lo mismo se puede decir de la privatización y concentración  que, casi simultáneamente, se vino haciendo con entidades bancarias estatales, como, por ej., Argentaria...

   Es lógico que desde la ideología neoliberal-capitalista, y desde un punto de vista abstracto y técnico- especulativo, esta operación sea considerada exitosa Mis insuficientes conocimientos técnicos me impiden analizarla en profundidad. Incluso para la parte menos socialista del Gobierno, incluido su Presidente, esta absorción de Bankia hasta traiga consecuencias beneficiosas para la sociedad. Espero que de su aval a la Vicepresidenta económica algún día nos de explicación. De ambas cosas, de momento, yo desconfío... Para ello, es suficiente con lo que enseña la experiencia...

    Lo que sí es evidente, hasta el propio José Ignacio  Goirigolzarri (actual presidente de Bankia y lo será de la nueva entidad) lo reconoce, es que por mucho que se revaloricen las acciones estatales, nunca se llegará a recuperar los cerca de 24.000 millones que costó al Estado el rescate de Bankia. No sé si en un futuro los accionistas actuales de Bankia verán incrementado su patrimonio.

   Da que sospechar la alegría con que se anuncia los 770 millones de euros de beneficios por ahorro de costes y los 290 millones de nuevos ingresos generados por la fusión. De lo que ni el sr. Goirigolzarri, ni el sr. Gonzalo Cortázar, consejero ejecutivo de Caixabank, se muestran tan alegres en su famosa rueda de prensa de 18 Sept., es de explicar de dónde emanará tal suma de millones. Es más, ni se preocupan del asunto como si no les atañera. Habrá que recordárselo alto y fuerte: ¡¡¡Del cierre de sucursales y del reajuste de plantilla de 8.000 empleados que ello supondrá!!!

Ya tenemos nuevos perjudicados; como siempre serán los trabajadores, los que por muy beneficiados de salgan de las negociaciones, no les compensará del trauma psicológico que supone perder el empleo a determinada edad. Los clientes de ambas entidades, que con el cierre de oficinas, al menos, se verán perjudicados, por lejanía en el servicio... Hay ya asociaciones de usuarios y plataformas de pequeñas empresas “protestando” porque ven en la “fusión” un incremento casi monopolístico, que se traducirá en una reducción de la sana competencia... Y, nuevamente será “papá Estado”, es decir, todos los cotizantes y contribuyentes, quien, de una u otra manera, pondrá el dinero necesario para que los “ultraliberales” ejecutivos de esas empresas sigan con sus boyantes negocios y standing de vida, mientras que las indemnizaciones por despidos forzosos o voluntarios, y las prejubilaciones resulten lo menos traumáticas posible... Pero los empresarios y los altos ejecutivos seguirán criticando el derroche económico que suponen las prejubilaciones, la jubilación a los 65 años, o, sobre todo, los subsidios a los necesitados y la renta mínima vital...

   Ahí lo dejo...

 

 

   Manuel Vega Marín. Madrid, 21, Septbre. 2020   www.solicitoopinar.blogspot.com.es

 

 

EL SUMARIO KITCHEN ATRINCHERA AL P. POPULAR EN EL CONSEJO G. DEL P. JUDICIAL

   La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado (artº 1.2 de la Constitución). Es lógico, pues, que sea el Parlamento, como también lo ordena la Constitución, quien elija esos Poderes y la forma de su elección. Transcribiré, como tengo por costumbre, los diferentes artículos constitucionales.

   Art. 122.3. ORGANIZACIÓN DEL PODER JUDICIAL.- El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un período de cinco años. De éstos, doce entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la ley orgánica; cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados y cuatro a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros, entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio en su profesión.

   Exactamente igual dice el artº 7 de la Ley 1/1980 por la que, provisionalmente, hasta la vigente Ley Orgánica de 1985, reformada en junio de 2013. Esta Ley, en su art. 568.1 mandata a los Presidentes de Congreso y Senado: El Consejo General del Poder Judicial se renovará en su totalidad cada cinco años, contados desde la fecha de su constitución. Los Presidentes del Congreso de los Diputados y del Senado deberán adoptar las medidas necesarias para que la renovación del Consejo se produzca en plazo. En ninguno de los restantes apartados del art. se dice que tal renovación se tenga que hacer en un “mercadeo” entre los líderes de los partidos políticos...

   Art. 68.4.- EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS.- El congreso es elegido por cuatro años. El mandato de los Diputados termina cuatro años después de su elección o el día de la disolución de la Cámara.

   Art. 69.6.- EL SENADO.- El Senado es elegido por cuatro años. El mandato de los Senadores termina cuatro años después de su elección o el día de la disolución  de la Cámara.

   Art. 99, obviamente regula el nombramiento del Presidente del Gobierno y su investidura.

   Art. 101.1 CESE DEL GOBIERNO.- El Gobierno cesa tras la celebración de elecciones generales, en los casos de pérdida de confianza parlamentaria previstos en la Constitución, o por dimisión o fallecimiento de su Presidente.

   Hace unos días se inauguraba el nuevo curso judicial, en cuyo discurso el Presidente del CGPJ, sr. Carlos Lesmes, calificaba de seria anomalía la no renovación del órgano de gobierno de los jueces. Pero, si el lector hace memoria, verá que sólo en las dos veces, años 2000 y 2011, que el Partido Popular ganó por mayoría absoluta las elecciones generales con Aznar y Rajoy respectivamente, la renovación tuvo lugar en el tiempo establecido. El año de más, el quinto, es el tiempo justo que “el constituyente” pensó para que esa renovación coincidiera con la renovación de los otros poderes que representan a la sociedad, y que el partido perdedor en la alternancia democrática no alargara su influencia por esta vía espuria. Sin embargo, el PP, “utradefensor” de la Constitución, incumpla tal precepto, aprovechando que tal conducta no tiene consecuencias jurídicas negativas.

   La renovación periódica de los órganos que representan los tres poderes del Estado democrático, cada cuatro años el Congreso y el Senado y cada cinco, el CGPJ, según los artículos citados anteriormente,  es un mandato constitucional derivado del artículo 1.2 de la propia Constitución, que no puede ser alterado ni por las ley orgánica reguladora de las elecciones generales  ni por la que regula  el CGPJ. Como dice el catedrático Pérez Royo, La periodicidad de la renovación es un elemento definitorio de la naturaleza democrática del Estado. Sin renovación no hay democracia  (“Mucho más que una seria anomalía”, eldiario.es de 8-9-20).

   Lo que hace, pues, el PP obstaculizando repetitivamente la renovación del Consejo es una estrategia corrupta, claramente anticonstitucional, que se atrinchera detrás de los Tribunales de Justicia, cuyos titulares nombró en sus tiempos de mayorías absolutas, que, una vez perdida, pretende mantener por la espuria vía del “alargamiento en funciones”. Pero lo más vergonzante de la conducta de estos patrioteros de banderitas, es que no lo hacen por seguir manteniendo el poder por el poder, sino por ganar tiempo y capacidad para poner al servicio de sus intereses corruptos todas las instituciones del Estado, especialmente, la maquinaria judicial. Es lo que puso de manifiesto “la Gürtel”, y actualmente, toda la “operación Kitchen”. El bloqueo de Pablo Casado a renovar el Gobierno de los jueces, intacto desde 2013 con la última mayoría absoluta de Rajoy, y en funciones desde diciembre de 2018, ha asignado plazas a 12 magistrados del Supremo, 13 en los Tribunales Superiores autonómicos y 14 a presidentes de Audiencias Provinciales. Y así seguirá, según lo anunciado por el sr. Lesmes... ¿Hasta cuando esta anómala situación?...

   Soluciones jurídico-técnicas para abandonar la práctica rutinaria con la que se han beneficiado/chantajeado los dos partidos mayoritarios, PP, Psoe, con el pretexto de los “tres quintos”, las hay. Falta voluntad política y poner los intereses democráticos por encima de los de partido.

   Para empezar, el desbloqueo atañe, según el anterior artículo 568 citado, al Parlamento, cuyos respectivos/as Presidentes deberán adoptar las medidas necesarias para que la renovación del Consejo se produzca en plazo. Como dice Elisa Beni, de momento la “pelota está en el tejado” de Meritxel Batet y Pilar Llop (El mandato incumplido de Batet y Llop, eldiario.es de 9-9-20).  ¿Hacen lo suficiente?... Los concernidos a los que instaba el Presidente del Consejo a cumplir con el mandato constitucional de renovación, son, por tanto, directa y formalmente los Presidentes/as de las Cámaras, si bien, indirectamente, la capacidad material de desbloqueo la tienen los dos partidos mayoritarios.

   Si se lee detenidamente la literalidad del texto del art. 122.3 de la Constitución, se verá que los veinte vocales están divididos en dos grupos: doce extraídos de Jueces y Magistrados, y ocho de entre abogados y otros juristas. El grupo de los doce serán elegidos en la forma que establezca la Ley Orgánica; y el grupo de los ocho, en tandas de cuatro, serán elegidos por ambas Cámaras por la mayoría de tres quintos de sus miembros.

   El la vigente Ley de 1985 la que crea confusión, estableciendo un bloque de veinte vocales, de los que diez serán elegidos por el Congreso y diez por el Senado por la mayoría cualificada de tres quintos. Cada una de las Cámaras elegirá, por mayoría de tres quintos de sus miembros, a diez Vocales, cuatro entre juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio en su profesión y seis correspondientes al turno judicial (art.567.2)

   La intención, pues, del constituyente fue establecer dos  distintas mayorías para la elección de los vocales del CGPJ: para el grupo de Jueces y Magistrados lo que establezca la Ley Org. del Poder Judicial, y para los juristas de reconocida solvencia, los tres quintos de ambas Cámaras exigidos constitucionalmente. Esto es importante, porque sólo bastaría modificar la Ley Orgánica por mayoría absoluta, menos difícil de reformar, que cambiar la Constitución y la mayoría de los 3/5, reservada a los vocales extrajudiciales. Así, sin tener que variar el texto constitucional, se acabaría con el bloqueo interesado practicado por el Partido Popular habitualmente. Pero, con lo que se le viene encima al PP con la “operación Kitchen”, ya se buscará, mejor dicho, ya se está buscando Pablo Casado argumentos para seguir con su estrategia filibustera: que si la presunción de inocencia, que si él no estaba en el momento de los hechos, que si Podemos, etc., etc...

   Pero, como siempre viene ocurriendo, serán la Justicia de la Unión Europea, los organismos internacionales y las normas aceptadas universalmente por los sistemas judiciales , quienes exijan a nuestros políticos mayor conciencia democrática, y a nuestros Jueces y Magistrados, más independencia y menos politización...

 

 

 

   Manuel Vega Marín. Madrid, 14, Septbre., 2020    www.solicitoopinar.blogspot.com.es