Hay que hacer algo... Hasta ahora esa parece ser la respuesta del CGPJ a la aceptación de la Comisión Europea de justicia, dando por buena la “minirreforma” que impide al Consejo el nombramientos de Jueces y Magistrados, mientras esté en funciones. Lo lógico sería que este importante Órgano de Gobierno de los Jueces aceptase la decisión comunitaria. Pero no; sus vocales prefieren caer en el ridículo de la ignorancia, no dimitiendo, y seguir “chupando del bote”. Y es que, como titula su columna en el Nacinal.cat el periodista Jordi Barbeta, Europa no sabe cómo son los jueces españoles (25-4-21). Los pobrecitos necesitan el sueldo para poder llegar a fin de mes.....Desde que en las negociaciones de la “ejemplar” Transición a la democracia la derecha franquista impuso la Monarquía y la Justicia como condición intocable a cambio de ceder en otros asuntos, los jueces y el sistema judicial no han hecho más que tutelar y proteger a la derecha social y política española. Los jueces y magistrados españoles se preocupan más por defender su status social y su conservadurismo ideológico, que su prestigio como buenos juristas. No ocurre así, p.ej. en EE.UU. cuyos miembros del Tribunal Supremo son nombrados vitaliciamente por el Presidente, están más atentos a cumplir rigurosamente la Ley, que contentar a quien los nombró. Así lo ha demostrado con Trump. Por cierto, ¿osaría la Comisión de Justicia Europea calificar de antidemocrático al Tribunal Supremo de EE,UU porque a sus miembros los nombre el Presidente?...
Es cierto que después de que en Enero una mayoría (16 de 21) del Consejo acusaran al Psoe y Unidas Podemos de quebrantar con su reforma la separación de poderes por restarles competencia en el nombramiento de jueces mientras estén en funciones, en el pleno de este jueves (22-4), los cinco –Ángeles Carmona, Nuria Díaz, Juan Manuel Fernández, Carmen Llombart y Juan Martínez Moya-, más otros tres (Gerardo Martínez Tristán, José A. Ballesteros y Wenceslao Olea, todos ellos conservadores, no han logrado el apoyo suficiente para seguir dando la batalla en Europa.
Ante tal contratiempo, todo indica un cambio de táctica ya anunciada: llevar el asunto al Tribunal Constitucional. Pero a esta opción, que se debatirá en el pleno extraordinario del lunes 26, se opone hasta el mismo Carlos Lesmes. Pues acudir al Constitucional sólo podría hacerse por la vía de plantear un “conflicto de atribuciones” entre ambas instituciones, ya que el CGPJ no está capacitado legalmente para presentar recurso de inconstitucionalidad directamente para impugnar una ley, aprobada por las Cortes. No veo normal que se plantee un conflicto de atribuciones por aprobar una ley al órgano del poder legislativo, cuya atribución principal es aprobar leyes.... Cualquier principiante en Derecho sabe que la ley es la máxima expresión de la voluntad del Estado, ante cuya discordancia con la Constitución sólo cabe un recurso contra tal ley, según la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Ante tal disparate no es raro que el Catedrático de Constitucional, Javier Pérez Royo, no entienda cómo en el interior del CGPJ “en funciones” se está estudiando la posibilidad de plantear yn “conflicto de competencias o de atribuciones” con las Cortes Generales por haber aprobado una ley... (“Continuar haciendo el ridículo”, elDiario.es de 25-4-21).
Las Cortes Generales, mientras no contravengan lo establecido en la Constitución, en su propio y libérrimo ejercicio de hacer leyes están, de alguna manera, interpretando la Constitución, Y en función de cómo sea esa interpretación, después, y sólo después, intervendrá el Tribunal de Garantías, para comprobar, si, mediando un recurso de inconstitucionalidad por los órganos capacitados para presentarlo, tal ley, aprobada por las Cortes, se ajusta a la Constitución. Ya hemos dicho que el CGPJ no está legitimado para recurrir. Este órgano, esté en funciones o no, como enseña Pérez Royo (ibídem), no puede ponerse al mismo nivel del Parlamento cuando aprueba una ley. Ni siquiera el Tribunal Constitucional puede actuar contra él, si no media un recurso, insistimos, contra dicha ley interpuesto por un órgano legitimado para ello.
En cierta ocasión le oí decir al sr. Lesmes, Presidente del CGPJ, que este órgano se crea para dos funciones que no puede tener el Gobierno: el nombramiento de cargos y la disciplina, porque al juez se le controla por el palo y la zanahoria... Lo incongruente y torpe es que la zanahoria se les dé a los que son de su cuerda, mientras el palo siempre se aplique a los que no lo son... Una prueba de ello la tiene el lector en la “amielada” y “estimulante” zanahoria dada por sus declaraciones retrógradas de José Luis Concepción, Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCL).... ¿Para cuándo el palo a los vocales del CGPJ y a todos los jueces y magistrados que apoyan, defienden y permiten que su Órgano de Gobierno lleve casi dos años y medio en funciones, desobedeciendo el mandato constitucional?...
Me alegra saber, a pesar de todo, que en pleno extraordinario de ayer miércoles, en el que se trataron otros temas, el sector más ultra conservador del Consejo y más beligerante con la “minirreforma”, al punto de convertirla la causa de un “conflicto de atribuciones” ante el Tribunal Constitucional sin suficiente fundamento jurídico, ha sido derrotado (13-8) en sus intenciones. El mismo Lesmes, después de advertirles del intrincado camino elegido por los ultras, ha votado en su contra. Y es que existe una sentencia del TC de 1986, que, en respuesta al recurso interpuesto por el PP a la reforma que el Psoe hizo de la ley de 1985, hoy en vigor, no fue declarada inconstitucional. No obstante, el tema de la elección del CGPJ reaparece cada vez que la derecha política ve peligrar su control.
De igual manera, por trece votos contra ocho, fue rechazada la propuesta de solicitar al Defensor del Pueblo la interposición de un recurso de inconstitucionalidad de la reforma. Lo que no significa que la mayoría del Consejo se conforme con la modificación de sus funciones que aquélla promueve. Cuando el Partido Popular, pues, lo crea estime conveniente para sus intereses, volverán a la carga. De momento, los vocales del Consejo ahora están entretenidos y justificando el sueldo con la elaboración del informe preceptivo, aunque no vinculante, sobre la nueva ley de Memoria histórica... ¡Ya van con retraso!...
¿Hará falta iniciar el camino del ridículo para que estos “enajenaos” de la realidad cotidiana abandonen la burbuja que les aísla de los problemas ciudadanos?...
Manuel Vega Marín. Madrid, 29, Abril, 2021 www.solicitoopinar.blogspot.com.es
No hay comentarios:
Publicar un comentario