Aprovechando la poco contundente actitud de Bruselas en lo referente a la renovación del Consejo del Consejo del Poder Judicial (CGPJ), tanto el partido conservador, como las asociaciones de jueces que le son afines se están burlando del Poder Ejecutivo, y yo diría, hasta del Poder Legislativo.
Después de que la vicepresidenta europea de Valores y Transparencia, Vera Jourová, se reuniera con nuestro ministro de Justicia, J.C. Campo, y de haber reconocido que la reciente reforma que limita los poderes del CGPJ en funciones para hacer nombramientos de jueces, en principio parece estar en consonancia con el Estado de Derecho y los controles y equilibrios en España, y urgir su renovación, ni el PP, ni sus asociaciones de jueces afines se conforman. Es más, el propio Consejo vuelve a la carga afirmando que la reforma de marras le conduce a su atrofia y paralización. En un informe encargado por su presidente, Carlos Lesmes, al Gabinete Técnico, y que se debatirá el en pleno del jueves 22-4-21, no se poner en solfa el ajuste constitucional de la reforma, sin embargo, sí mantiene, ¡oh casualidad!, que aún estando en funciones, el Consejo conserva otras atribuciones que se derivan directamente de la Constitución. Cita el amparo judicial, las referidas al buen funcionamiento de los juzgados, o las referidas a la garantía de independencia y al estatuto judicial. No acierto a ver que, para garantizar el normal funcionamiento del Consejo, haya que recurrir directamente a la Constitución, ni que la reforma en vigor atente contra la misma. ¡Lo que sí distorsiona el buen funcionamiento del Consejo y contraviene el mandato constitucional es llevar más de dos años en funciones!...
Por otra parte, el texto legal que nuestro inútil ministro insta a retirar, ya fue “retirado”, antes de su aprobación, en un gesto del Gobierno para “ablandecer” la intransigencia del PP. No porque fuese inconstitucional. Pero, “ni por esas”; ni el aval de Europa a la minirreforma sustitutoria en vigor, ni el nuevo gesto del ministro de Justicia instando a dejar sin efecto, formalmente, la anterior reforma, han “enternecido” los corazones de todos los oponentes a la misma. Y es que el problema no es jurídico. Es un asunto que tiene que ver con mantener el poder y la influencia que los tribunales mantienen en los numerosos casos de corrupción del PP que se juzgan o se juzgarán.
Algo de ello salpica también al Psoe. No sé si es por añoranza del bipartidismo o por miedo a que le “levanten las alfombras”, que el socio mayoritario del Gobierno de coalición, no sea más contundente en este amenazante tema para la democracia. No sé si alguna razón parecida tiene Javier Pérez Royo para afirmar que puesto que los nombramientos de Magistrados y Presidentes tienen que hacerse mediante Real Decreto que tiene que ser refrendado por el Ministro de Justicia, hubiera bastado con que el Gobierno decidiera que, mientras el CGPJ estuviera en funciones, no se refrendaría ningún Real Decreto de nombramiento, para que se hubiera puesto fin al pacto encubierto entre la dirección del PP y la del CGPJ de continuar indefinidamente en la situación creada con base en las elecciones generales de 2011. (“Aprovechar la ocasión”, elDiario.es, 20-4-2021).P
Las asociaciones de jueces conservadores, con ánimo corporativo exigen volver a que los “doce” sean elegidos por sus pares. Mientras no sea así, para ellos el problema de fondo es del sistema, y su politización es lo que ha conducido a la presente situación. Es curioso que estas asociaciones, en su carta a las instituciones europeas, no relaten ningunas de las condiciones del PP y la derecha, que obstruyen el desbloqueo de la renovación del Consejo. Sólo se quejan de las iniciativas de los partidos que sustentan al actual Gobierno.
Efectivamente, el líder del PP, Pablo Casado, ocultando sus verdaderos intereses en la exigencia “gremialista” de que sean los jueces los que elijan a los jueces, como reclaman las asociaciones, hace oídos sordos al apremio que le hace la Comisión europea para renovar el muy caducado mandato del actual CGPJ. Olvidan además, tanto el Psoe, como el PP, que el precepto 122.3 de la Constitución, regulador de cómo ha de estar constituido el Consejo, habla de mayorías en el Parlamento, no de negociación y pacto entre Gobierno y jefe de la Oposición.
El Comisario de Justicia de la UE, Didier Reynders, el martes pasado pedía a todas las fuerzas políticas que se sienten a discutir para lograr un acuerdo. Pero no sólo pedimos la reforma del CGPJ, sino un compromiso claro de todas las fuerzas políticas de que cumplirán en el futuro con los estándares europeos en su totalidad.
A Pablo Casado no le ha bastado la retirada de la proposición de ley que modificaba el porcentaje necesario para la elección de los vocales del Consejo. Porque lo que realmente le interesa, no es reforzar la independencia judicial y la separación de poderes, según dice, sino reforzar su control de los jueces y magistrados que deberán enjuiciar la corrupción de su partido.
El real y principal escollos del PP en este asunto ni siquiera son los nombres propuestos por Unidas Podemos, Ricardo de Prada o Victoria Rosell, pues en el actual Consejo, aunque muy minoritariamente hay vocales progresistas; sino que lo que hasta ahora ha sido un mercadeo de despacho entre Psoe y PP abra puertas y ventanas, y que sea el Parlamento, sede de la soberanía popular, el que controle y haga cumplir puntualmente el mandato constitucional de que el Órgano de Gobierno de los Jueces se renueve cada cinco años.
Si el Gobierno legítimo hubiera actuado con la contundencia precisa, los españoles estarían más interesado por la Justicia, y como dice Pérez Royo, no hubiera sido necesario dar el rodeo de reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial y poner en circulación un posible cambio de la mayoría de tres quintos a la mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados y en el Senado. Se ha regalado con ello una baza al PP, a los miembros del CGPJ y a un buen número de jueces para denunciar al Gobierno ante las instituciones europeas, como si el Gobierno español se estuviera comportando como los de Hungría o Polonia (ibídem).
Manuel Vega Marín. Madrid, 22, Abril, 2021 www.solicitoopinar.blogspot.com.es
P.D.: En este mismo blog el lector puede encontrar otros artículos -El largo “bipartidismo” ha hecho del Psoe un partido conservador, de 6-3-21, Miente el Consejo General del Poder judicial, y lo peor es que lo sabe, de 7-2-21 y Puro corporativismo y no independencia judicial, 17-4-21
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