Terminada la segunda Gran Guerra, Europa quedó tan brutalmente destruida tanto física como social, sicológica y económicamente, que fue urgente atender a su reconstrucción material, y, sobre todo, levantar la moral de los ciudadanos facilitándoles todo tipo de ayudas. Entre ellas, el llamado Plan Marshall. La implantación del Estado de bienestar formaba parte de esa política asistencial, sin olvidar que también obedeció a mantener la “guerra fría” y competir con el régimen obrero-revolucionario del sistema soviético. Se suele afirmar que los beneficios producidos por la Revolución Soviética los disfrutaron más las clases medias y obreras europeas, que la propia población soviética. No es extraño, pues, que el estado occidental de bienestar decaiga en paralelo con el derrumbe de la URSS, provocado por los países capitalistas y su sistema económico neoliberal.
Los hasta ahora considerados pilares básicos: acceso universal a la Sanidad y Educación Pública y el derecho a la jubilación dignamente pensionada, deben ser ampliados y complementados por el llamado sector servicios sociales. Con los gobiernos de derecha en España más bien se ha retrocedido en su desarrollo, especialmente en lo referido a este sector. A este conjunto de servicios muchos autores lo llaman el Cuarto Pilar del Estado de bienestar. Y es del que me ocupo en este artículo. Este pilar fundamental, si bien ya existía como tal antes de la pandemia en algunos países desarrollados, como los nórdicos, ha sido la propia pandemia la que ha evidenciado sus grandes carencias, y la necesidad urgente de su implementación en otros países tradicionalmente menos preocupados por el asunto.
Y no nos estamos interesando por la implementación del “cuarto pilar” sólo por su carácter asistencial, filantrópico o caritativo, sino también por la liberación que supone para la mujer, encargada hasta ahora de esos cuidados, que facilitaría la “conciliación” de la convivencia familiar. Nos interesamos también por la creación de un gran grupo de profesionales, que, bien remunerados, proporcionaría un gran “nicho” de empleos públicos directos e indirectos, amén de dignificar el carácter de “beneficencia” de los asilos de ancianos. Los/as profesionales que trabajan en dichas instituciones deben ser considerados como algo más que “limpiaculos” o cambiadores de dodotis...
De este cuarto pilar de bienestar debemos destacar todos los servicios referidos a las personas con dependencia. Principalmente, las escuelas de primera infancia (0-3 años) y las Residencias de Mayores. Son muchos los escritos e informes que destacan la escasez de personal, el déficit de formación de los subalternos o la precariedad laboral y económica de los ciudadanos y ciudadanas que, a duras penas, pueden conciliar sus vidas privadas con su dedicación a este sector de cuidados. Los efectos nocivos de la pandemia ha afectado tanto a la calidad de vida laboral y familiar de las mujeres, que se puede haber perdido 20 años en la carrera por la igualdad de género, según el informa de Boston Consulting Group, referido por V. Navarro
De inspiración me han servido un trabajo publicado por el profesor Viçent Navarro en público.es de 6-4-21, El abandono de las familias: el escaso desarrollo del cuarto pilar del bienestar, o la especie de editorial de infoLibre.es de la misma fecha: Un informe detecta “escasez de personal, precariedad y déficit de formación” en el sector de cuidados en España. A ellos remito al lector interesado en datos. Igual de interesante resulta leer La nueva ola (invisible) de la pandemia..., publicado en infoLibre.es de 10-4-21 por Lara Carrasco.
Si bien la pandemia no es sola la culpable, si ha evidenciado y aumentado con la crisis sanitaria el número de mayores que viven solas y aisladas. Según un informe del INE, en 2020 el número de personas mayores de 65 años viviendo solas era 2.131.400, que supone un 44% de un total 4.849.900. Comparadas esas cifras con las del año 2019, el porcentaje era un 6,1 menos. Si retrocedemos en la serie histórica, vemos que el año 2020 marca el aumento más grande de los personas de esa edad. Ya un informe de enero de 2009, y según el INE, decía que el 16,55% (7.651.073) de la población total superaba los 65 años. Ese porcentaje más de una década después sube al 19% ((9.303.070), de los cuales un 23% vive solo. Estadísticamente el dato es positivo por cuanto significa una mayor esperanza de vida; pero si nos acercamos a las personas que viven en circunstancias de soledad no deseada, el problema adquiere otras valoraciones. (Para más datos estadísticos, remito al lector a los artículos citados).
No obstante, el problema se agrava porque, aparte de que no hay estadística, se calcula que casi la mitad de los mayores que viven solos, sienten y sufren los agobios de una soledad no deseada. Pero ya sea voluntario o no vivir sin compañía, la ayuda les será siempre necesaria, aunque variará según el estado físico o psíquico de dichas personas. Esa ayuda siempre necesaria es la que exige un serio planteamiento estatal de los servicios de la atención a las personas dependientes. Según el profesos Navarro, en España sólo se dedica un 0,75% del PIB a la atención de la dependencia; cuatro veces menos que en Suecia (3.2%). En similar situación se encuentra la educación infantil. Más de 800.000 dependientes están excluidos de los servicios, además de ser éstos actualmente insuficientes. Con voluntad política y un aumento del gasto en 4.821, incrementados un 10% anual, se crearían 500.000 nuevos puestos de trabajo, y en un horizonte de una década el problema estaría solucionado. Por no alargar este artículo, obvio lo referente al tema de la educación infantil.
En la implantación de este cuarto pilar se están dando pasos importantes. Concretamente, copio de V.Navarro, el “Plan de choque de Dependencia 2021-20223” aporta un incremento de 600 millones de euros para la mejora de la financiación del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia (SAAD), 238 de los cuales provendrán de la Administración General del Estado y el reso de las Comunidades Autónomas.
Con una financiación suficiente el SAAD conseguiría disminuir la larga lista de espera, mejorar y asegurar las condiciones laborales y profesionales de sus trabajadores e introducir mejoras en los servicios de atención y mejorar la formación de sus empleados. En definitiva, se podría diseñar un servicio público de atención a los ciudadanos dependientes de calidad similar o superior a los existentes en los países de nuestro entorno.
Manuel Vega Marín. Madrid, 10, Abril, 2021 www.solicitoopinar.blogspot.com.es
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