Hace algún tiempo que
tengo intención de escribir sobre este tema; y este affaire de los partidos de la derecha me ha dado pie para ello. Así
que adelante....
Una prueba clara de que la derechona -PP, Vox y C´s- está utilizando las
redes para propagar bulos y mentiras contra el Gobierno legítimo, es su rápida
repulsa a las declaraciones del General Santiago, Jefe del Estado Mayor de la Guardia
Civil, sobre el enrarecido clima que tales bulos y mentiras están causando. Es
todo un síntoma de la actitud hipócrita que esos partidos mantienen respecto de la benemérita
institución, sobre todo, si ésta no está
de su parte. ¿Es anormal que las fuerzas policiales en un Estado democrático,
igual que persiguen otros delitos, persigan también aquéllos que los
delincuentes cometen, abusando de las facilidades que la cibernética les ofrece? Si a un
comerciante, p.ej., se le condena por vender a sabiendas un producto en mal
estado, perjudicial para la salud de la comunidad, ¿por qué no perseguir y, en
su caso, condenar a quienes, a sabiendas, difunden mentiras y bulos dañinos
para la salud de la Democracia? ¿Es que los periodistas e informadores, como
otros profesionales, no están obligados a cumplir las normas deontológicas?
¿Acaso la crítica política, por muy legítima que sea, no está también sometida
a ciertos límites?
Lo concerniente al derecho fundamental a la libertad de expresión viene
recogido en el art. 20 de la Constitución. Consta este artículo de cinco
apartados, de los que transcribiremos los más pertinentes al tema. Este
artículo no es más que el desarrollo del derecho, también fundamental, de
libertad ideológica, constitucionalizado en el art. 16, que consta de 3 apdos.
El apdo. 1 del art. 20 dice así: Se reconocen y protegen los derechos: a) A
expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la
palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción; d) A comunicar o
recibir libremente información VERAZ por cualquier medio de difusión. Etc. El
apdo. 4 afirma que Estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos
reconocidos en este Título, en los preceptos de las leyes que lo desarrollan y,
especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a
la protección de la juventud y de la infancia.
Los derechos individuales, aunque sean fundamentales, están limitados en
su ejercicio por los mismos derechos, para los que otros individuos exigen
respeto. Ciertamente, todos los derechos no tienen por qué contraponerse; pero
hay algunos, como los de libertad ideológica y el de libertad de expresión, que
mantienen entre sí una permanente relación dialéctica, que según qué
circunstancia concreta, serán los tribunales de justicia quienes, en último
caso, determinen la prevalencia de uno u otro. Lógicamente, una Democracia
madura, entre otras cosas se caracteriza y enriquece por la gran variedad de
visiones y opiniones que ambos derechos proporcionan, y que “los medios” ayudan
a difundir. Pero la mayoría de las veces se olvidan, tanto los creadores de
opinión, como sus difusores, de que muy por encima de todos está la VERDAD.
Ciertamente, nadie la podrá reivindicar para sí como patrimonio absoluto y
exclusivo. Ni siquiera es patrimonio absoluto, exclusivo y definitivo de la
Democracia; y, si bien, la Verdad en sí misma en un valor absoluto, a ningún
humano, individual o gregariamente, se le “revela” como tal. La propia
Democracia, si no quiere anquilosarse, debe caminar hacia ella como el
navegante se dirige a la línea del horizonte que nunca alcanza. Si bien la
Verdad en sí no es patrimonio de nadie,
sí existe entre los ciudadanos honestos de “buena voluntad” un acuerdo tácito
de que pueden y deben aproximarse a ella, si pretenden convivir con un mínimo de confianza; pues, en definitiva,
es en esa confianza en la que se basa toda sociedad democrática.
Este asunto no es nuevo. Sobre el tema de la verdad, de la opinión y de
la falsedad se viene debatiendo desde que el homo sapiens comienza a pensar. Basta con echar un vistazo a la
Historia de la Filosofía. Tampoco es nueva la manipulación, tergiversación,
etc. de documentos o hechos pasados o actuales. Lo novedoso es la rapidez y la
eficacia con que las tecnologías modernas maniobran en la consecución de
deshonestos e interesados objetivos...
Pero algunos, sin embargo, rompiendo ese pacto tácito por motivaciones
políticas extemporáneas, en este caso, sustituir como sea al Gobierno
democrático, que ellos llaman social-comunista-chavista y no sé cuántas cosas
más, confunden y equiparan, a sabiendas de su diferencia, la libertad de
expresión y el derecho a una información veraz.
Ciertamente, ambos son derechos básicos protegidos por el mismo art. 20 de la
Constitución. La libertad de expresión consiste en poder difundir pensamientos,
ideas u opiniones, es decir; emitir juicios de valor, que siempre tendrán un
carácter subjetivo, si no van fundamentados en hechos concretos y datos
comprobados, no sometidos a criterios de veracidad o falsedad, por mucha carga
de mal gusto y repugnancia que pueda llevar en su formulación. Dice el
magistrado Joaquín Bosch que Los excesos
en la libertad de expresión forman parte del ruido de la democracia, mientras
no encajen con claridad en algún delito. Y tal encaje, como he dicho antes,
lo tendrá que determinar un juez. (Desenmascaremos a calumniadores, mentirosos
y acosadores. Eldiario.es de 17-4-20).
En cambio, el derecho a la información veraz exige la verificación en la
realidad de la noticia de la que se informa. En principio, pues, es ese factor de
objetividad lo que hace diferente a este derecho del anterior. Ello obliga al
que publica una noticia, máxime si es un profesional de la información, a
contrastar previamente con la realidad la veracidad de tal información. Ni la libertad de expresión –sigue
diciendo el magistrado- ni el derecho a
difundir información amparan divulgar falsedades objetivas a sabiendas y de
forma masiva (ibd.). Ni el sentido común, ni ninguna ley, mucho menos la
Constitución protegen la difusión de bulos y mentiras por mucho que se intente
ocultar construyendo falsos relatos o diciéndolas en inglés... Por más que la infomática moderna facilite la
multiplicación veloz de las mentiras “goebbelianas”, tanto el sistema democrático
y su Gobierno, como cualquier ciudadano, tienen derecho de defenderse de esos
“piratas informáticos”, desenmascarando primero, y llevando ante los tribunales
a todos los creadores o difusores de bulos y mentiras.
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