LA MUTACIÓN “AYUSINA” DEL COVID-19 AFECTA A LA SALUD DE LOS MADRILEÑOS

   Aunque la política restrictiva y privatizadora del PP respecto de la Sanidad no es nueva en la Comunidad de Madrid, uno no tiene más remedio que “llevarse las manos a la cabeza” escandalizado por la noticia que Fátima Caballero detalla en su columna de elDiario.es de 27 de Noviembre: Ayuso planea despedir a 690 médicos con las listas de espera en máximos históricos. Es, más o menos, el 10% de los 7.000 trabajadores de la sanidad pública, cuyo despido ya ha sido anunciado para principios del año 2022 por la Consejería de Sanidad a las diferentes unidades hospitalarias de la Comunidad madrileña. Esos profesionales que serán despedidos el uno de Enero próximo supone el 65% de los más de 11000 se acogieron y firmaron en Marzo de 2020 un contrato Covid, aunque la mayoría ya trabajaban con diferentes contratos en el Servicio de Salud de la Comunidad. La razón que, según Fátima Caballero, alegó la dirección de recursos humanos a la mesa sindical del sector es que no hay capacidad presupuestaria propia para financiar esos puestos de trabajo, que en el último año y medio han sido sufragados por los fondos que el Gobierno central ha venido transfiriendo a la Comunidad de Madrid. Mientras, la Presidenta Ayuso alardea de bajar impuesto, y en lo presupuestado para 2022 recoge una merma de 178 millones de euros respecto a lo ejecutado en 2019, año previo a la pandemia, Isabel Díaz Ayuso, sigue prefiriendo dejar de recaudar para las arcas comunitarias, de la que se benefician los madrileños, 334 millones de euros anuales para que las clases pudientes se los puedan gastar en cerveza y jaranas, servida posiblemente por titulados sanitarios echados al paro.

   Pero muy a pesar de que las reclamaciones y protestas de los sanitarios se multiplican por su injusta situación humana, laboral y profesional, las listas de espera continúan disparándose ad infinitum, y la curva de contagios del “bichito” sube en toda las regiones a pesar del alto porcentaje de vacunados. Cuando sepamos más de la variante africana, ómicron, que tanto preocupa a Organización Mundial de la Salud, hablaremos de tal mutación vírica, cuyas intenciones amenazan con “aguar” las Navidades...

   Frente al aumento de contagios y la aparición de nuevas mutaciones  del  coronavirus, que amenaza con una nueva saturación hospitalaria y con alejar la salida de la pandemia, no está de más exigir la primacía de la Salud sobre la Economía. Es preciso optar por la solidaridad, aunque sólo sea por intereses individuales y egoístas. Hay que exigir a los países ricos que por mucho dinero que se gasten en vacunar a sus ciudadanos, será dinero malgastado mientras no se inmunice a los países pobres aunque sea con las vacunas sobrantes. En un mundo global la salida de la pandemia, también tiene que ser globalizada: ¡o nos salvamos todos, o todos pereceremos! Sabemos que mientras los Estados ricos financien los enormes beneficios de la industria farmacéutica, mirando con indiferencia las miles de muertes de ciudadanos  en los Estados pobre, aquéllos sólo mostrarán su connivencia, torpe y estúpida, con una de las industrias más representativas del sistema capitalista. Pero el Estado debe asumir de una puta vez que en situaciones de riesgo como la que está revelando la pandemia, su principal razón de ser es procurar el bien común, y no el bienestar de unos pocos...

   Si partimos, pues, de la premisa de la prevalencia de la Salud sobre la Economía, al ciudadano medio y no fanatizado, los recortes en la Sanidad pública ha de resultarle una aberración tal, que a la hora de votar debería repensar muy mucho el sentido de su voto...  

   Los madrileños sabemos –y de recordárnoslo se encarga la articulista que glosamos- que la Comunidad de Madrid es la que destina menos porcentaje de su PIB al gasto sanitario: un 3,7% en el ejercicio de 2019, dos puntos menos que la media nacional (5,6%) del mismo año. Sin embargo,  y a pesar de que la Presidenta Díaz Ayuso prometió en su campaña electoral del las elecciones de 4 de mayo reducir las listas de esperas médicas a la mitad, lo cierto es que éstas, según resumen de la articulista, han aumentado 3.500% desde que comenzó la pandemia. Una mentira más de las muchas a las que nos tiene acostumbrado la Presidenta Ayuso, que contrasta con su propósito de echar del sistema al personal sanitario arriba indicado.

     Estas actuaciones respecto de lo público, como la Sanidad o la Educación y otros servicios, nos llevan al convencimiento de que el proyecto de gobierno del PP consiste en un trasvasar los servicios públicos y el consecuente desmantelamiento de los mismos a favor de las empresas privadas. No es que, por principio, estemos en contra de la gestión privada; pero en sectores como los citados, el Estado debe mantener su hegemonía y control riguroso de los cedidos, sobre todo si son financiados con el dinero de los contribuyentes. Habrá una minoría que pueda financiar sus necesidades privadamente; pero para, la gran mayoría de los ciudadanos tal privatización sería lamentable, además de muy onerosa y de muy difícil ejecución. El atasco que, debido a esos recortes presupuestarios, se está produciendo en la Sanidad pública, no hace más  que aumentar las colas de los ciudadanos en sus citas con las clínicas y médicos privados. Quienes salen mejor parados son la Cías de Seguros, que no dejan de publicitarse contratar pólizas de salud. Mientras tanto, el deterioro del servicio sanitario,  como estamos constatando, se está produciendo en ambos sistemas.

   Ante una imaginable situación de caos sanitario que conllevaría locura y desesperanza en la población enferma o necesitada de cuidados, ¿qué haría el Estado o el Gobierno de turno? ¿Se cruzaría de brazos por respetar “formalmente” las competencias cedidas a las Comunidades Autónomas, cuyos gobiernos provocaran tal confusión y caos a los ciudadanos?

   Para cualquier otra cuestión de menor importancia desde el punto social y político, como, p.ej.: el tema de la inmersión lingüística en Cataluña, las derechas, incluso malinterpretando las Sentencias judiciales, están prontas a poner en práctica el famoso artículo 155 de la Carta Magna. Y yo me pregunto, para terminar, ¿estaría la misma derecha dispuesta a exigir con la misma urgencia la aplicación del fatídico artículo al desgobierno de la Comunidad de Madrid? ... ¿...?

 

 

   Manuel Vega Marín. Madrid, 30 Novbre. 2021   www.solicitoopinar.blogspot.com.es

   

LA LEY DE AMNISTÍA, UN HILVÁN QUE REFUERZA “LO ATADO Y BIEN ATADO”

   Nos referimos a la ley 46/1977 aprobada por un Congreso salido de las elecciones democráticas, pero “preconstitucional”, y vigente desde Octubre de 1977. Debamos recordar que anteriormente, en el mes de Abril de ese mismo año, el Estado español ratificó el Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles. Dicha ratificación del mencionado Pacto lleva consigo la observación y cumplimiento de todas sus partes. Los expertos jurídicos debieron saber cuáles eran los límites, es decir: los delitos no amnistiables e imprescriptibles  que imponía el Pacto firmado, pudiendo, por tanto, ser juzgados y, en su caso, sr condenados por los tribunales de Justicia españoles. No hubiera hecho falta una Ley de Amnistía para sacar de las cárceles a los que fueron injustamente condenados por la dictadura franquista; hubiera bastado, como afirma Martín Pallín, con declarar la nulidad de todas las Sentencias dictadas en Consejos de Guerra y por el Tribunal de Orden Público (“Una Ley de Amnistía atípica”, público.es de 19-11-21). Pero la cuestión no es la propia Ley, sino la interpretación y la aplicación que la mayoría de los Tribunales españoles ha hecho de ella. Éstos la han entendido, como también afirma el constitucionalista Pérez Royo, como una “Ley de Punto Final, que se extiende a todo tipo de delitos, independientemente de que sean susceptibles de ser amnistiados o no (“La Ley de Amnistía no es el problema”, elDiario.es de 19-11-21).

   La Constitución, además, en su art. 10.2 mandata que Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades... se interpretarán (modo imperativo) de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España.

   Si, a pesar de los que ordena la Constitución vigente durante más de cuarenta años los Tribunales españoles han venido aplicando y manteniendo la interpretación de la Ley de Amnistía como si se tratara de una Ley de Punto Final, lo lógico es deducir que así la van a seguir entendiendo, en beneficio de las autoridades o funcionarios que aún vivan. Estos posibles amnistiables, recogidos en el artículo segundo, apartado “e”: los delitos y faltas que pudieran haber cometido las autoridades, funcionarios y agentes del orden público, con motivo u ocasión de la investigación y persecución de los actos incluidos en esta ley, y “f”: los delitos cometidos por los funcionarios y agentes del orden público contra el ejercicio de los derechos de las personas. Tales, entre otras enmiendas, son los que pretende suprimir Unidas Podemos, aprovechando la tramitación de la nueva ley de Memoria Democrática.

   Si, como hemos mantenido junto con Martín Pallín, Pérez Royo y otros juristas, la citada Ley de Amnistía no hubiera hecho falta para a amnistiar lo “amnistiable”, ducho mucho que las enmiendas de la izquierda a la Ley de Memoria Democrática  consigan cambiar las intenciones políticas e ideológicas de la actual interpretación de la Magistratura. Pero sí que, aparte de concretar e individualizar los delitos no amnistiables, tales modificaciones visualizarán de qué parte están los diferentes grupos políticos y parlamentarios a cerca de la negativa de la Justicia española a aplicar el Derecho humanitario internacional.

 

   Manuel Vega Marín. Madrid,21, Noviembre, 2021   www.solicitoopinar.blogspot.com.es

 

EL PODER DE LA VIOLECIA TERRORISTA EN MANOS DE LOS TALIBANES AFGANOS

 

   La Guerra, se mire como se mire, la provoque quien la provoque, siempre es un ejercicio de violencia. Si, además de para imponer intereses político-económicos, con la guerra se intenta justificar la imposición  de ciertos dogmas, principios o sharías religiosos, no es extraño que sus “impositores” la llamen sancta. Si analizamos fríamente algunos textos de las llamadas “Religiones del Libro”: Judaísmo, Cristianismo e Islamismo, o, sin fanatismo observamos algunas actitudes de la iglesia católica en su historia, deduciremos que desde el mítico sacrificio de Isaac del Judaísmo, hasta las reales fogatas de la Inquisición, poco deberíamos escandalizarnos de la interpretaciones “fundamentalistas” que los islamitas talibanes hacen de las sharías coránicas. Si, fríamente, insisto, echamos un vistazo a lo que ocurre actualmente con Israel en su ocupación de Palestina o la actitud de algunos jerarcas católicos contra el colectivo LGTBY, la situación no es muy diferente, aún teniendo en cuenta los distintos contextos históricos.

    Con esta ajustada síntesis histórica, muy matizable, no pretendo en absoluto justificar la actitud de los talibanes en Afganistán. Lo que sí pretendo destacar es el rotundo fracaso cosechado por EE.UU y sus secuaces  del “trío de las Azores”, que, después de dos décadas de guerra y ocupación, con miles de militares y civiles muertos y millonadas de dólares empleados en la consecución de tan pírricos beneficios para los afganos/as, niñas/os, la realidad está demostrando. Igual que unos intenta justificar la “guerra santa”, USA y sus secuaces, bajo el pretexto de extender la democracia, hipócritamente ocultaban controlar esa “ruta de la seda” y ampliar el mercado de la industria armamentística. Es frecuente omitir que, para frenar la invasión soviética de Afganistán, lo que EE.UU consiguió en 1989, los americanos armaron hasta los dientes a los entonces muyahidines, los talibanes actuales. Todo ese arsenal bélico, igual que ocurrirá hoy, quedó en manos de los talibanes, haciendo que éstos en 1996 se hicieran  con el poder. Y, si bien el ataque a las Torres Gemelas de Nueva York en 2001, planificado por el Al Quaeda de Osama Bin Laden, sirvió de casus belli para que Bush y sus aliados atacasen Afganistán, hoy aquellos centenares  de combatientes a las órdenes de Bin Laden, se han convertido en centenares de miles de fanáticos combatientes por la extensión de la doctrina de Mahoma a través de la  “guerra santa” (yihadistas) en otros países del mundo. Su expansión en zonas de conflicto y su capacidad de aliarse con grupos locales es enorme. Es lo que tiene la denominada, desde una cultura occidental, “guerra contra el terrorismo” cuando se desprecia la “cultura” de los terroristas. Para éstos las “guerras contra el terrorismo” no sólo no son santas, sino que se ven obligados, religiosamente, a combatirlas por mandato del propio  Alá. En términos más suaves podríamos definir esa contienda como “Guerras de Religión”. Cuando un “iluso” como Rodríguez Zapatero, planteo dar la vuelta a esa anómala visión, prefiriendo mejor hablar de “alianza de civilizaciones”, muchos listillos se lo tomaron a bromas. ¡Ahí lo dejo!...

    Lo que ha hecho EE.UU. y sus aliados de la OTAN en Afganistán y en otras guerras es lo que suele ocurrir cuando desaprensivamente se da una patada a un avispero o a un enjambre de abejas. Como he leído en algún informe académico de los tantos que pululan estos días, EE.UU ha utilizado una metralleta para matar mosquitos. Han conseguido que algunos grupos de yihadistas, como Al Qaeda, no sólo se hayan fortalecido, sino que se hayan diseminado, convirtiendo el terrorismo en un fenómeno muy ramificado y polifacético. El Presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha tenido que reconocer como falso el mensaje de la exportación de la democracia, e incierto su objetivo de construir en Afganistán una nación democrática. Igual de falso es el mensaje de luchar contra el terrorismo, salvo que no se considere medir con doble rasero sus relaciones con “Estados canallas” como Irán o Corea del Norte, y aliados como  Arabia Saudí u otros Emiratos Árabes. El tremendo conflicto de estos días  en Afganistán está demostrando que el pretexto de la guerra para exportar democracia y libertad sigue sin funcionar en el medio o largo plazo; que toda la inversión en vidas humanas y las enormes cantidades de dinero en la industria armamentística hubiera sido mucho más fructífera haberla empleado en la promoción de la cultura y los Derechos Humanos de la gente, víctima de esa criminal táctica guerrera.  Pero los intereses geoestratégicos y de explotación colonialista de la riqueza de esos pueblos por parte de los países poderosos, no servirá de escarmiento y experiencia para el futuro, y seguirán predominando en ciertos territorios. Es cándido pensar que ese “altruismo democrático” es de la misma naturaleza aliándose con regímenes autoritarios sin el más mínimo respeto por los DDHH, que procurando aplastar una incipiente “primavera árabe” en países como Iraq, Egipto, Libia, Siria, etc., como creemos con toda seguridad que ocurrirá  en Afganistán.

   Los países poderosos no aprenderán nunca que la mejor forma de luchar contra el terrorismo no son las intervenciones militares, y difícilmente se convencerán de que la mejor manera de promocionar la democracia es combatiendo la pobreza, la desigualdad social y el autoritarismo corrupto y corruptor.

   Mucho me temo que, a punto de cumplirse el 20 aniversario del 11-S, la ocupación de Kabut por los talibanes no sea más que la repetición de una de las escenas más nauseabundas de la Historia de la Humanidad...

   Pero antes de extenderme en estas reflexiones mi intención no era otra que denunciar el silencio cómplice del Partido Popular. A Vox no vale la pena citarlo. A Pablo Casado habría que recordarle que fue su padrino José Mª Aznar uno de los lameculos más fervientes en apoyar la chulesca iniciativa de George W. Bush, y que, por tanto, es corresponsable de lo ocurrido en Afganistán. Y, frente a sus críticas de la evacuación de Pedro Sánchez, habría que refrescarle la memoria con la desastrosa actuación en el accidente que causó la muerte a varias decenas de militares evacuados por el entonces ministro de defensa, Federico Trillo...

   De la misma manera que el actual Presidente de EE.UU se ha visto obligado a ejecutar, quizá precipitadamente, los acuerdos de Doha (29-2-2020) entre su antecesor Trump y el Gobierno afgano, el Gobierno de Sánchez, de forma urgente, no sé si perfecta, se ha visto obligado a evacuar del aeropuerto de Kabut  entorno a 1200 colaboradores afganos...

   Lo cierto es que la visita a España en apoyo y reconocimiento de nuestro Gobierno  de Úrsula von der Leyen, Presidenta de la Comisión Europea, del Presidente del Consejo, Charles Michel, o el “ratito” al teléfono, según descalifica Pablo Casado, a la conversación telefónica del Presidente Biden para expresar a Pedro Sánchez su agradecimiento por el liderazgo mostrado por el Presidente de España, ha debido “poner de los nervios” tanto al líder Casado, como a sus portavoceros. Tal neurastenia se nota en las desbarradas y tontas declaraciones de estos días. La portavoz europea, Dolors Monserrat acusa a Sánchez de seguir en pijamas en la tumbona en vez de priorizar la evacuación de afganos,... o diciendo generalidades como que la UE debe defender nuestros valores occidentales en el tablero estratégico internacional... bla, bla, bla... ¿De dónde habrá copiado la portavoz tan redonda y bonita frase?...

   En la misma línea están las declaraciones del repelente portavoz senatorial, Maroto, cuando dice que Sánchez, todavía en zapatillas, se está enterando por la radio de lo que pasa en Kabul.

   Pero es que su jefe, Casado, casi obviando la gravedad de Afganistán o el problema de la devolución de los menores de Ceuta, se resiste a unirse al apoyo internacional a la exitosa evacuación de Kabul, y cual abuelito cebolleta se limita sólo a apoyar al Gobierno, si hace las cosas bien y con transparencia en las cuestiones de Estado, rindiendo cuentas en el Parlamento... ¡Como Dios manda!, que diría Rajoy...

   En fin, cada uno está en su derecho de decir y pensar lo que quiera, ¡hasta de ser tonto! ... A lo que ¡NO TIENEN DEERECHO CASADO Y CÍA. ES A TENER POR IMBÉCILES A LOS QUE NO OPINAMOS COMO ELLOS!...

 

 

 

   Manuel Vega Marín. Madrid, 27, Agosto, 2021    www.solicitoopinar.blogspot.com.es

     

 

LA RAZÓN DE SER DE UN ESTADO DE DERECHO ES SU PROTECCIÓN AL DÉBIL

 

   Sin ser jurista, ni mucho menos “leguleyo”, siempre he defendido que si algo justifica la Ley o las Normas del Derecho es la protección de los ciudadanos más frágiles e indefensos ante los problemas y dificultades que los “poderosos” o, simplemente, las vicisitudes y circunstancias  sociales adversas les suelen perturbar en sus vidas.

   Estamos asistiendo estos calurosos días al triste espectáculo del retorno forzado al Reino de Marruecos de los menores, niños y niñas, no acompañados, que el régimen alauita en el mes de mayo, intencionadamente, les abrió la frontera, facilitándoles su entrada en la ciudad española de Ceuta. Estas devoluciones forzadas de menores las está propiciando, ¡cómo no!, el Ministerio del Interior Español, cuyo titular, Fernando Grande-Marlaska es aficionado a colar estas extravagancias, aprovechando la canícula veraniega. Pero, si bien el tema no ha pasado desapercibido, no ha tenido en la opinión pública, ni en los grandes medios el eco que este hecho se merece. No sé qué pinta este magistrado derechista formando parte de un Gobierno “progresista”, del que salió en la última remodelación la ministra de AA.EE, precisamente, por las causas que originaron los hechos que comentamos.

   Al comienzo decía que el Derecho en una democracia tiene su razón de ser, entre otras, en la protección del débil y desprotegido. Y no hay nadie más débil y desprotegido que un menor migrante y sin acompañamiento parental o familiar.

   Interior ampara su decisión en un acuerdo suscrito en 2007 entre España y Marruecos. ¡Sólo faltaría que, bajo un calentón veraniego, únicamente existiera un “caprichoso refrescante”! No basta que, desde el departamento correspondiente, se expida la Orden, en este caso, sin firma y que los ejecutores de la misma la interpreten como mejor entiendan preservar los derechos fundamentales de los menores. Existe todo un conjunto de leyes y normas que están por encima de tal acuerdo y de la “buena voluntad” de sus ejecutores y deben ser cumplidas por los responsables del procedimiento. El propio acuerdo de 2007, en su artículo 5.1 establece el camino a seguir en materia de retorno:

   1. Las autoridades competentes españolas, de oficio o a propuesta de la entidad pública que ejerza la tutela sobre el menor, resolverán acerca del retorno a su país de origen, con observancia estricta de la legislación española, las normas y principios del derecho internacional y de lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño.

   Y el aparta 2 el mismo artículo compromete a los firmantes a resolver en las mejores condiciones el retorno de los menores:

   2. Las Partes Contratantes del presente Acuerdo colaborarán, en el marco de la preservación del interés superior de los menores de edad, para garantizar, en cada caso de retorno al país de origen, las condiciones de la reunificación familiar efectiva del menor o su entrega a cargo de una institución de tutela.

   Pero el ministro-juez ha pretendido ocultar su ilegal y extravagante conducta bajo la chulesca frase de que se trata de una discusión jurídico-técnica. Como siempre ocurre cuando se mete la pata, es tirar de verborrea jurídica y mentiras hasta que sea posible aburrir a las ovejas.

   No creo que llegue a tanto la ignorancia de la normativa al respecto de quien, además de ser ministro, es magistrado. Más bien pienso que la actitud de Grande-Marlaska obedece a una excesiva confianza en las fuerzas políticas, y una forma de agradecer, a los que le han venido apoyando en su carrera...

   Ha sido Unidad Podemos quien desde el mismo viernes 13 de agosto ha venido pidiendo la paralización de la devolución de los menores. Ese mismo día Ione Belarra, Secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales comunicó por carta a Interior el rechazo de dichas expatriaciones, repitiendo el mensaje en una segunda carta el lunes siguiente, una vez conocida la suspensión de las mismas del juzgado de instrucción nº 2 de Ceuta. Esta suspensión tendrá vigor hasta ver cómo se ha realizado el procedimiento de retorno. La misma Vicepresidenta Yolanda Díaz ha conversado con el Presidente Sánchez, solicitándole la paralización inmediata de dichas expulsiones. Pero Grande-Marlaska, con un lenguaje escapista, intenta ocultar la verdad  sobre las diversas comunicaciones de los miembros de UP.

   Entrar, por otra parte, en el galimatías jurídico entre las distintas instancias judiciales que vienen interviniendo en este desgraciado asunto, o en las diferentes razones de protestas de distintas ONGs interesadas en estos temas, es volverse loco. ¡No me extraña que la ciudadanía vuelva la espalda a la justicia cada vez más!... Sintetizando, diré que, de entrada, todas se han manifestado contrarias a estos escandalosos hechos contra los menores no protegidos, que Marlaska y sus “compinches” han intentado ocultar bajo el estruendoso ruido del batir de alas de las chicharras veraniegas...

   Sólo un botón de muestra. La Asociación Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado, queriendo ir al fondo de la cuestión, presentó el pasado lunes un recurso a la Sala Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, solicitando la anulación de la instrucción emitida por la Secretaría de Estado de Seguridad, impulsora de la operación deportadora de los menores de Cauta. La Audiencia solicita de Interior, dándole un plazo de 24 horas, el envío de la documentación que fundamenta la repatriación de los menores.

   El Ministerio había pedido a la Sala la inadmisión del recurso por no ser de su competencia, ya que los hechos se están analizando en un juzgado de Ceuta. Pero la Sala se declara competente, una vez recibida la documentación de Interior. El Tribunal considera que tal documentación, aunque presenta defectos de forma, como la falta de firma, no impide al Tribunal reconocer su competencia para conocer y resolver sobre la medida cautelarísima solicitada. Y, aunque Interior defiende que el documento  sólo suponía un ruego, no una orden, para que se activara la operación retorno, la Audiencia, no obstante, concluye que el Oficio de Interior ha servido para que las autoridades correspondientes en la ciudad autónoma hayan puesto en marcha actuaciones de retorno de menores marroquíes con base en tal documentación o instrucción. Aunque en su auto la Audiencia admite que existen razones de urgencia para resolver la cautelar, ya que los retornos se están produciendo, sin embargo (ahí yo veo contradicción leguleya), la rechaza, porque de la documentación enviada por Interior, y analizada por la Audiencia, no se deducen las violaciones de derechos denunciadas. Será, pues, en los procedimientos previstos y regulados en la legislación a los que remite  en Acuerdo entre España y Marruecos, donde ha de plantearse el tema. Mientras tanto, serán los juzgados ceutís los responsables de comprobar la vulneración  de derechos fundamentales, u ordenar, si procede, la suspensión de los retornos urgentes. ¡Mientras tanto los magistrados razonan sobre papeles, el sufrimiento real de los menores aumenta! Mientras Marlaska y el Gobierno ceutí aducen haber actuado con la mejor voluntad en la protección de esos menores, y los tribunales “marean la perdiz” con sus autos y contraautos, los chicos huyen de los centros de acogidas, pasando hambre y escondiéndose de la policía por temor a ser deportados a su país...

   En las leyes está claro para cualquier profano que, en lo referente a emigración y a la  deportación de menores, la competencia es del Estado y no de las Autonomías por mucho que éstas deseen colaborar con el Gobierno central, para, como en este caso, la Comunidad ceutí quiera ahorrar a sus ciudadanos las consecuencias bochornosas de una situación que ellos no provocaron...

   Por tanto, por más que Marlaska pretenda ocultar sus continuos fracasos al frente del Ministerio sin presentar su dimisión, y el Gobierno de Sánchez quiera seguir manteniéndolo como “muñeco de feria” en quien la oposición descargue todos sus tiros, los ciudadanos, que aún conservamos una cierta confianza en la Justicia, debemos pedir sin cesar la DIMISIÓN o CESE inmediatos  de este nefasto y advenedizo “quintacolumnista” a la Política...

   ¡Marlaska, DIMITE; el pueblo no te admite!...

 

 

   Manuel Vega Marín. Madrid,20, Agosto, 2021     www.solicitoopinar.blogspot.com.es

 

    

  

LA IGLESIA CATÓLICA Y SU JERARQUÍA SON INSACIABLES...

 

   Su actitud acomodaticia a cualquier tipo de vicisitudes y circunstancias, históricosociales, espirituales y materiales, no tiene fondo. Esta institución eclesiástica es especialista, sobre todo, en llevarse bien con los poderosos de este mundo real y finito, a la vez que consuela a los humildes con la vana y vaga promesa de otro mundo irreal y eterno que les compense de las injusticias y sufrimientos padecidos en aquél.

   En los últimos siglos, el “nacionalcatolicismo”, sin el más mínimo rubor, impuso sus principios y dogmas a toda la sociedad, convirtiéndola en una gran secta. Como los tiempos han cambiado, la misma institución utiliza su habilidad de acomodo para intentar seguir manteniendo el mismo poder e influencia sociales de entonces. Pero si antes lo hacía sin disimulo, hoy utiliza técnicas más sibilinas y diplomáticas para infiltrarse por todos los resquicios, que una democracia pacata y muy imperfecta, le ofrece y facilita...

   Ya le tocó al tema de la educación y la enseñanza. Sobre ello ya escribimos largo y tendido. Ahora le toca el turno a la sanidad. La cuestión es no perder negocio.

   La iglesia, entre los poderes fáticos, y las élites políticas conservadoras alardean de tener una Ley de leyes, cuyo artículo 1.2 establece que la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. (¡Ojo, que no dice “todos”!). Y que en su artº 66 estipula que Las Cortes Generales representan al pueblo español y están formadas por el Congreso y el Senado. Pero al momento de concretar sus consecuencias, todo se queda en “papel mojado”. Pues determinados órganos e instituciones, cuya base jurídica ni siquiera emana de la Constitución, como sucede en estos días con el Comité de Bioética de España. Este órgano asesor se permite el lujo, no ya de desobedecer una ley aprobada por el Parlamento, sino de intentar “re-crear” con absurdos argumentos el principio individual de objeción de conciencia. Nos estamos refiriendo al informe del citado Comité, creado por Ley en julio de 2007, con el que pretende avalar que hospitales y centros de asistencia sanitarios de la iglesia católica se exceptúen del cumplimiento de la “Ley de Eutanasia” sin renunciar al dinero público, que, a través de los conciertos, estas instituciones recibe del Estado. Así es este órgano público que se declara independiente  y sólo consultivo para los temas relacionados con la ciencia médica y sus implicaciones con la Ética... Este es el Comité que debe garantizar que la investigación científica, valorando sus aspectos éticos, responda a los intereses y necesidades de los ciudadanos en general... Cierto es que sus informes no  son vinculantes. ¡Menos mal!. Pero todos sabemos de la enorme influencia que los informes de esta y otras instituciones (CGPJ, TC, etc.) vinculantes o no, ejercen en la creación de opinión y en los “poderes fácticos”, para  imponerlos como ley.

   El derecho a una muerte digna, la eutanasia, es debatido y aceptado socialmente casi por un 87% de ciudadanos. Si estos datos son ciertos, cabe deducir que el derecho a la eutanasia está por encima de cualquier ideología política o dogmática religiosa. Es incongruente, pues, que tanto el Comité bioético en 2020 no reconociera tal derecho, como que la Organización Médica Colegial (OMC) antepusiera su Código deontológico a lo establecido en la Ley 3/2021, reguladora del derecho a la eutanasia, aprobada Parlamento en representación de la soberanía nacional. Los números indican que la opinión del Comité constituye un refuerzo ilegítimo de la posición tanto de la iglesia, como la de los grupos políticos de derechas que tienen recurrida la Ley en Tribunal Constitucional. Es la conducta hipócrita habitual de la derecha cuando pierde el poder político...

   Es lógico y normal que los derechos se vayan conquistando según evoluciona la sociedad. Es cierto también que en el tema del final de la vida humana la presencia de la iglesia y muchas de sus instituciones hospitalarias ha sido importante por historia y por tradición. Ambos hechos, por una parte justifica que los poderes públicos regulen la conquista de derechos, y, por otra, sean los mismos poderes democráticos los que “recojan el testigo” de la beneficencia y caridad, desarrolladas por las diferentes instituciones religiosas privadas. Lo que no significa que los susodichos poderes públicos entablen una guerra permanente con aquéllas. ¡Al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios!...

   Si bien reconocemos las buenas acciones realizadas desinteresadamente por las órdenes religiosas, también hemos de reconocer los negocios promovidos al socaire de la Charitas cristiana. Es esto segundo lo que pone en entredicho el informe y el posicionamiento del Comité de Bioética con sus endebles argumentos... Semejante actitud ocurre en el campo de la educación con la “enseñanza concertada”, por ejemplo....

   En el asunto que nos ocupa, la propia Conferencia Episcopal Española (CEE), al ofrecer los datos sobre 850.000 usuarios de las 878 casas de acogida de ancianos y de 69 hospitales de la iglesia, de alguna manera, está reclamando financiación. Además, a esa reivindicación se unen cinco pesos pesados de la asistencia sanitaria: Orden de S. Juan de Dios, Hospitales católicos de Madrid, Orden de Religiosos Camilos, la Conferencia Española de Religiosos y la Federación Nacional Lares. Todo ello es muy de entender. Pero reclamar al Estado con argumentos espurios la falta de patrones y “bienhechores”, es como culpabilizarle de que los templos estén cada día mas vacíos de fieles...

   Es alucinante intentar establecer y defender, como hace el Presidente del Comité, señor F. Montalvo, jurista y profesor en la Pontificia de Comillas, una especie de objeción de conciencia colectiva, aludiendo al concepto “memoria colectiva” de la Ley de Memoria Histórica (2007), o utilizando expresiones de la RAE sólo por el hecho de que el vocablo “conciencia” aparezca para expresar el sentir moral de un grupo determinado ante sucesos concretos... Igual de aberrante es comparar y equiparar la garantía constitucional del ejercicio individual o colectivo del derecho a la libertad religiosa, con el ideario  de una institución, y que éste limite la libertad de objetar en conciencia de participar o no en hechos tan trascendentales como la vida o la muerte...

   Podríamos rellenar muchísimas páginas para concluir que la objeción de conciencia es individual. La propia teología moral y la dogmática de la Iglesia Católica reconocen la conciencia individual o la individualidad de la misma como el más alto tribunal que debe juzgar ante normas legales, morales o éticas. Por ahorrar al lector se semejante “rollo”, solamente me atendré a citar algunas frases de la psiquíatra Leonor Ruiz Sicilia, cuyo único voto discrepante del informe rompe la “agobiante” unanimidad del Comité ante la ley de eutanasia.

La conciencia moral –dice la doctora- habita de la piel hacia dentro de un ser humano concreto donde es única. En apoyo de su actitud cita el informe en defensa de la objeción individual del Comité de Andalucía, del que es miembro, así como el código ético de la Organización Médica Colegial, que considera que no es admisible una objeción de conciencia colectiva o institucional.  

   Por el contrario, como también señala el voto disidente, el informe del Comité admite que el ideario (de un centro eclesiástico) pueda imponerse a sus trabajadores, limitando la libertad de éstos, cuando las actuaciones de dichos trabajadores atenten directamente contra dicho ideario, lo que tendría lugar, sin duda alguna, en el caso de la práctica de un acto eutanásico...  Sí, en cambio, gozan de esa libertad los trabajadores de las instituciones sanitarias públicas, responsables de hacer efectivo cualquier derecho de los ciudadanos, incluido el derecho a una muerte digna, regularizado por la Ley de Eutanasia, aprobada por casi el 60% de los votos del Congreso de los Diputados. Esta ley, además de no obligar a ningún ciudadano a decidir sobre el final de su vida, tampoco obliga a ningún sanitario a practicar la eutanasia. El artículo 16 de tan citada ley, regula la objeción de conciencia, quizás, muy rigurosamente, sin distinguir si tales objetores prestan sus servicios en centros públicos-laicos o privados-religiosos.

   De los argumentos precedentes y de otros que pudiéramos aducir alargando excesivamente estas reflexiones, cabe la deducción de que, salvo la autora del voto discrepante, Leonor Ruiz Sicilia, el resto de los miembros del Comité, más que informar científicamente, aprovechan para exponer sus creencias e ideología. ¡Son más papistas que el Papa!... Pero ¡ojo!, que el informe del Comité de Bioética, amén de no ser objetivo, ni es inocente ni desinteresado... Es uno más de los obstáculos, que, junto con otras instituciones dominadas por mayorías ultraconservadoras, están poniendo a la recuperación de la normalidad constitucional y democrática. Como dice el profesor Pérez Royo, Las Cortes Generales, representativas del “pueblo español”, expresan mediante la aprobación como Ley Orgánica la voluntad socialmente mayoritaria de garantizar el derecho a una muerte digna como derechos constitucional (“Comité de Bioética y Ley de eutanasia”, elDiario.es de 11-821). Como también indica en el citado artículo, y teniendo en cuenta la forma de actuar la derecha española, y la carencia de valor jurídico del informe, lo mejor es no prestarle demasiada atención. Como es de esperar, ya se encargarán de argumentar los servicios jurídicos del Estado..., aunque no me fiaría mucho de ellos...

 

 

   Manuel Vega Marín. Madrid, 12, Agosto,2021    www.solicitoopinar.blogspot.com.es