LA MENTIRA Y LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

   De las cinco acepciones que la Real Academia Española (RAE) de la Lengua retiene de la idea de mentir, resaltaré la primera: Decir o manifestar lo contrario de lo que se sabe, cree o piensa.

   Cuando la RAE define la idea de verdad, en su primera acepción como Conformidad de las cosas con el concepto que de ellas forma la mente.

   Como el lector comprobará, en ambas definiciones, aunque en la segunda, se hace referencia a las cosas,  predomina, no obstante, la visión lógico-subjetiva. Es lo que hoy se resalta como el “relato”. Pero no es mi intención entrar en una disquisición filosófica. Así que lo dejamos ahí.

   Cinco son también los apartados que nuestra Constitución, en su artículo 20, dictamina todo lo referente a la libertad de expresión. Este artículo no hace más que desarrollar y explicitar un poco más el artículo 16 de la misma Constitución, referido a la libertad ideológica y religiosa.

   El citado artículo 20, en su apartado 1,a se reconocen y protegen los derechos a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de producción. Y en el subapartado d igualmente determina a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión...  Y en su apartado 4 determina que estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos es este Título, en los preceptos de las leyes que lo desarrollan y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia.

   En una sociedad laica y democrática el derecho a la libertad de expresión es primordial. Pero eso no quiere decir que en ese tipo de sociedad tenga que predominar la relatividad absoluta, por mucho que lo faciliten la infinidad de “redes sociales” y las nuevas tecnologías. Basta con leer detenidamente el artículo constitucional.

   En sociedades autoritarias y, sobre todo, las religiosas, el control de la información se impone externamente por  principios o dogmas inamovibles. Mentir, desde el punto de vista religioso, es pecado. Algo parecido ocurría en España con los “principios del movimiento nacional”. En la sociedad democrática los ciudadanos, aparte de obedecer a las leyes, se rigen interiorizando voluntariamente principios éticos y morales que tienen que ver con el respeto a los derechos y dignidad de los conciudadanos. Ni que decir se tiene que es mucho más difícil y complicado gestionar las crisis provocadas por una excesiva información, o perseguir una intoxicación o engaño interesados de los medios de comunicación. Conseguir una información veraz es un reto de un Estado de Derecho.

   Los “bulos” o noticias falsas (fake news) están a la orden del día. Sin embargo, por sí solos, no están contemplados como delitos en el Código Penal, a pesar de lo reprochable moralmente  y de lo ofensivos que nos puedan resultar. No obstante, las consecuencias dañinas que de ellos se puedan derivar no deben quedar impunes. De ahí que la Fiscalía General haya elaborado una guía para identificar los distintos tipos penales derivados de esas mentiras, atendiendo a su contenido y la intención del mentiroso. En ella se hace referencia a delitos de odio, injurias o calumnias, revelación de secretos, delitos contra la integridad moral, la salud pública, etc..

   Como observará el lector, son indicaciones demasiado vagas y difusas. Por tanto, en caso de confrontación  entre ambos derechos, las interpretaciones que hacen los Tribunales son de lo más variopintas. En el procès catalán, en que se enfrentaban la libertad de expresión y de reunión y otros derechos constitucionales, como el derecho al honor, la dignidad personal o la paz pública, el Tribunal Supremo ni siquiera, como es de su jurisprudencia, se decidió a favor de la libertad. Quiero decir con ello que, a pesar de la existencia de sentencias creadoras de jurisprudencia, ésta sólo es tenida en cuenta, cuando los “poderes fácticos”, contando con la colaboración de los tribunales, coinciden con sus intereses.

   Y todo este preámbulo, que podría ajustarse y aplicarse a otros hechos, viene a cuento de las mentiras y de la enorme desinformación que se está produciendo en la sociedad actualmente por los indultos a los presos políticos catalanes, que el Gobierno progresista piensa conceder. A los autores de tal desconcierto informativo, a sabiendas de que mienten, no les importa las leyes o normas reguladoras, que ellos mismos han defendido o aplicado otras veces, con tal de tener un pretexto más para, ocultando sus vergüenzas y corruptelas, tumbar al Gobierno legítimo actual.

   No comenzaré ahora un debate para dilucidar si el “dolo” que hay en dicha actitud es o no perseguible penalmente. Pero, desde luego, afirmaré que tal conducta mentirosa coincide plenamente con la definición de mentir de la RAE expuesta arriba. Sería, pues, más honesto y ético manifestar el desacuerdo con la medida de gracia y explicar pedagógicamente las razones de tal discrepancia, sin que entre ellas aparezca la mentira como está ocurriendo. Ni siquiera la Constitución vigente obliga a nadie a autoviolentarse contra lo que en buena y sana conciencia cree o piensa, pero sí, al menos, respetar el mandato constitucional el derecho de los ciudadanos a recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión (20.1,d CE citado arriba). Una vez más, a estos autodenominados constitucionalistas de brazalete, habría que aplicarles aquello de dime de qué presumes, y te diré de lo que careces...

   La madre de todas las mentiras es la propia manifestación contra los indultos del domingo 13 de junio en la madrileña plaza de Colón. Ni los partidos políticos –PP, Vox y C´s- se han atrevido a decir que son ellos los convocantes del acto. Se han escondido como niños tras lo que han llamado una especie de  “plataforma cívica”, Unión-78, creada ad hoc por distintos personajes (Rosa Díez, María San Gil, Fernando Savater, etc.), que en la actualidad sólo se representan a sí mismos. Y desde ese céntrico escenario madrileño, coloreado por todo tipo de aparataje y de símbolos y banderas patrios, expropiados al resto de españoles, se han difundido sin ningún escrúpulo o miedo al ridículo, las más atroces de las mentiras. Para no hacer inacabable este artículo, seleccionaré algunas de ellas y a sus respectivos autores. Recomendaré, no obstante el interesante trabajo de Ignacio Escolar, publicado en su digital elDiario.es el 13-6-21 con el título Las mentiras de la derecha en Colón.

   Rosa Díez: Los indultos representan un grave atentado contra la democracia, perpetrado por el propio Gobierno de España... Lo dice la ley, lo informan los fiscales, lo ha reiterado el Tribunal Supremo: sin solicitud y arrepentimiento no cabe indulto... No sólo miente y pone de manifiesto su ignorancia dolosa, sino que deja en mal lugar a distintas instituciones...

   Pablo Casado, líder del PP: Le pedimos a Pedro Sánchez que mire a la cara a los españoles y les diga por qué quiere vender una parte de su nación... ¿Por qué Sánchez negocia en una cárcel con unos delincuentes aquello que todos votamos hace 40 años en una transición ejemplar?... Como se consigue atraer a los ciudadanos, que, según el PP, se quieren separar de España, no es con mesas petitorias de firmas contra los catalanes, como ya hizo tu antecesor, Rajoy, consiguiendo un enorme aumento de independentistas. Este chico no aprende ni regalándole los aprobados... Este listillo, que no tenia edad para votar la actual Constitución, y habla de la “ejemplar transición”, no sabe o no quiere saber, que si en algo fue ejemplar fue la desinteresada y solidaria negociación de los miembros del Partido Comunista de España, a los que poco antes “los suyos” fusilaban por “delincuentes”... Pero, ¿en qué mundo vive este niñato afanoso de gobernar España?...

   Isabel Díaz Ayudo (poupée de cire...), Presidenta de la Comunidad madrileña: Queremos reivindicar la Constitución y también el papel del rey. ¿Qué va a hacer el rey de España a partir de ahora? ¿Va a firmar esos indultos? Le van a hacer cómplice de todo esto. Esta señora cada vez que habla, “sube el pan”. A veces hace reír con sus ocurrencias. Lo triste es que sigue siendo la Presidenta, y demuestra lo barato que resulta llegar a la cumbre en este País. Su declaración citada es “de traca final”; no solo demuestra su ignorancia de nuestro sistema constitucional, sino que lo pone en entredicho. Si su jefe le corrige sus desafueros, ella sigue hablando como una mueca de cuerda, haciéndolo partícipe y connivente de sus ignorancia. En cualquier otro país, como mínimo estaría en tratamiento psiquiátrico. Pero.....

   Y para terminar, me va a permitir el lector que le haga el silencio a quien más beneficio ha cosechado en todo este ridículo teatro por la hipocresía de la derechita cobarde...

 

 

   Manuel Vega Marín. Madrid, 16, Junio. 2021     www.solicitoopinar.blogspot.com.es

 

 

 

      

   

EL INDULTO NO ES UN ACTO CAPRICHOSO DEL GOBIERNO...,

 

   Pero tampoco la Oposición debiera utilizarlo como un pretexto más para derribar al Poder Ejecutivo, elegido legítima y democráticamente.. Y esto es lo que parece pretender todas  las fuerzas contrarias y reacias a la aplicación de la medida de gracia.

  Allá por febrero  escribí que Mientras haya líderes políticos presos o en el exilio, y no se olvide los delitos supuestamente cometidos por éstos y sentenciados por el Tribunal Supremo, difícilmente se restaurará la convivencia. Del título del artículo, La amnistía como solución al “conflicto” entre Cataluña y España, el lector deducirá a qué me refiero y cuál es mi tesis sobre el tema (www.solicitoopinar.blogspot.com.es de 20-2-21). Obviamente, no repetiré. Si me autocito, no  es por dármelas de profeta, sino por resaltar mi no extrañeza ante el bochornoso espectáculo que se está produciendo en la política española.

   El artículo 97 de la Constitución prescribe que El Gobierno dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado. Ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes.

   Creo que todo ciudadano bien intencionado entenderá fácilmente que el indulto es un acto de dirección política, y siempre que esa potestad del Ejecutivo se realice dentro de los límites marcados por las leyes, será legal y legítima. Por ello, la decisión de aplicar la medida de gracia de indultar debe hacerse en Decreto bien razonado y motivado. El Gobierno, cuando lo cree conveniente,  en un acto administrativo, no hace más que ajustarse a la Ley reguladora, que, salvo algún pequeño retoque, es del año 1870, y que, desde entonces, todos los Gobiernos de distinto signo han venido aplicando. Dicha ley, de 18-6-1870, establece en su artº 11 que  el indulto total se otorgará a los penados tan sólo en el caso de existir a su favor razones de justicia, equidad o utilidad pública, a juicio del Tribunal Sentenciador y del Consejo de Estado.

   Todo el mundo sabe también que, aunque el informe del Tribunal Sentenciador es preceptivo, sin embargo no es vinculante para el Gobierno.. No obstante, la dureza que el Supremo manifiesta en su informe y el uso interesado y desmesurado del mismo que las fuerzas reacias y sus medios afines, hace creer a los menos informados que el Ejecutivo debe someterse a los criterios de la Justicia. Es lógico, según ha transcurrido todo el proceso judicial, en el que no voy a entrar, que la Sala se haya pronunciado de esta manera. Aunque no tiene por qué ser necesariamente así. Otras veces tal informe ha parecido contradecir su sentencia.

   En casos como el presente pone de manifiesto para el “profano” la difuminada y tenue línea que separa al Poder Ejecutivo y al Judicial. Cada uno actúa de acuerdo a su independencia e instrumentos de que disponen. Ni el Supremo tiene que decir al Gobierno lo que tiene que hacer, ni éste con su indulto tiene por qué entrar en un diálogo con el Tribunal. Como dice el constitucionalista Pérez Royo, el plano en el que el Gobierno se mueve es distinto de aquél en que se movió el Tribunal Supremo al dictar sentencia y aquél en el que se ha movido ahora para rechazar la concesión del indulto. La perspectiva desde la que se “opina” sobre el indulto por el Tribunal Supremo es una, La perspectiva desde la que se “decide” sobre el indulto por el Gobierno es otra. La primera tiene que ser exclusivamente jurídica. La segunda no puede no ser política (“Dirección política (explicación para no juristas”, elDiario.es de 26-5-21).

   Cosa bien distinta es que, igual que ocurrió en el juicio, las irregularidades jurídicas vengan fundamentadas en opiniones políticas, y que las razones técnico-jurídicas sean sustituidas por argumentos políticos. (Remito a la lectura del análisis hecho por el magistrado emérito José A. Martín Pallín en su libro El Gobierno de las Togas). Cuando eso ocurre, y no sería la primera vez en lo que va de legislatura, se entra en un barrizal, en el que puede resbalar hasta el Estado de Derecho. Mucho más si ese húmedo terreno es regado excesivamente por personajes “influyentes”. Ya no sólo se trata de determinadas interpretaciones de una misma norma, sino de los bulos y mentiras, que en torno a una decisión, sólo anunciada, legítima del Gobierno, se están profiriendo.

   Haría muy extenso este artículo entrar a debatir con todos los que, de una u otra opinión, lo vienen haciendo. Me conformaré, pues, con remitir al lector a los expertos citados, además de a los artículos de la periodista, especialista en tribunales, escritos sobre el tema: La bala de plata se sirve fría y El coágulo de los indultos, elDiario.es de 27 y 29 de Mayo, respectivamente.

   Sí me referiré a algunas exigencias del informe, así como a lo que algunos personajes han manifestado sobre las mismas. Haré mención de la exigencia de arrepentimiento por parte de los “indultables”. Es una de los varios requisitos establecidos en el artículo 25 de la ley de 1870 que el tribunal deberá tener en cuenta, pero no exigible a aquéllos. Si la ley permite indultar a quien ni siquiera ha solicitado tal gracia, menor razón habrá para exigir arrepentimiento a quien no tiene conciencia de haber delinquido. Más bien hacer bandera de esa exigencia, como lo está haciendo la derechona y afines, pone de manifiesto que una parte de nuestra sociedad no ha abandonado el nacionalcatolicismo. El indulto no es una  absolución de confesionario, sino un acto de justicia, necesario para solventar un problema de convivencia cívico-política. Si el arrepentimiento fuese una condición sine que non, la institución del indulto carecería de sentido...

   De los personajes de los que he hecho mención antes, uno es Carlos Lesmes, Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, que refiriéndose al concepto de concordia, expresado por el Presidente del Gobierno, ha declarado, aún reconociendo -¡sólo faltaba!- que el indulto es una prerrogativa del poder político, dice que es difícil de aceptar si no la hay. ¡Justo al revés! El indulto se da para que haya concordia. Pero, desde luego, lo que más arrastra de sus palabras es, que a pesar de no haber formado parte del tribunal, y, por tanto, no ejercer poder judicial, su presidencia del Consejo General del Poder Judicial, hace creer a los no expertos que, a través de sus palabras, habla el Poder Judicial. ¿Quién es este señor para decirnos cuándo existe concordia o no entre los pueblos de España? Mejor haría en dimitir de ese Consejo, cuyo alto sillón ocupa inconstitucionalmente desde diciembre de 2018.

   Y, ¡¿cómo iba a faltar en los medios?! Esta vez en El hormiguero, el exPresidente Felipe González, cual gurú, como siempre, ha espoleado a sus secuaces, unos en activo y otros en las cavernas disfrutando de las mamandurrias de sus pensiones vitalicias, a expandir sus falsos agüeros. Él, que hace mucho tiempo que no tiene responsabilidad de gobierno, ni siquiera tiene la gallardía de respetar las decisiones de su Secretario General. Pienso que, si ha salido a la palestra, es para contribuir al encharcamiento del terreno de juego, con tal de difuminar y restar importancia a los indultos, concedidos por él, especialmente, el que otorgó al general Armada, la X del golpe de Estado del 23-F. Otro renegado sabihondo que pretende decirnos cuál y cuándo es el momento oportuno para conceder el indulto... En fin....

   Basta recorrer la trayectoria del Partido Popular cuando no gobierna, para comprender su escasa visión de Estado. Es suficiente con recordar su actitud en la negociación de Zapatero con ETA, o las críticas de Aznar, tachando de pedigüeño a Felipe González, cuando éste negociaba con la UE los fondos a favor de España. La frase que caiga España, que ya nosotros la levantaremos, pronunciada por Cristóbal Montoro, resume muy bien el sentido de Estado y de la Política que tiene el PP.

   Desde que cayó el Gobierno de Rajoy por corrupción, Pedro Casado y sus huestes, no han tenido otro objetivo que, incluso en crisis pandémica, tumbar al actual Gobierno de coalición. El indulto, hasta ahora sólo anunciado, es un peldaño más en el cumplimiento de ese objetivo. Cuando dicen que el indulto es un precio que Sánchez paga por seguir en la Moncloa, indica el miedo que ellos tienen a que su objetivo se aleje cada vez más. Es claro que al PSOE y a su Gobierno esta difícil decisión le puede suponer en el corto plazo un drenaje de votos. Pero, si miran por el interés de España, su unidad y por una madura convivencia entre todos sus diferentes pueblos, estoy seguro que, a medio plazo, será un triunfo. En cambio, las derechas, en su corta miopía electoralista, no será extraño que sigan, aumentando su ruido, con la cantinela, ya anunciada de recurrir a la Sala III de lo Contencioso. Luego, ya tarde, vendrá el debate de la amnistía, que, para mí, es la única solución. La traca final será cuando los Tribunales Europeos digan su última palabra sobre el asunto del  procès.

   De entrada, las derechas ya anunciado una nueva “foto en Colón”, aunque esta vez son otros los personajillos que, hipócritamente y  sin representar a nadie,  llaman a rebato. El P. Popular, no escarmentado, repetirá las mesas petitorias de firmas de Rajoy, y añadirá a dicha campaña mociones de protesta y censura en Comunidades y Municipios donde tienen presencia. Sólo falta el boicot a los productos catalanes... Y después..., y después....

   Si, como dice Pérez Royo (Indulto y cuestión de confianza, elDiario.es de 28-5-21), si el PP está tan convencido de que la mayoría de los españoles son contrarios a la concesión del indulto, ¿por qué no preguntan a sus legítimos representantes en el Parlamento, presentando una moción de censura? No creen mucho en el Parlamento si no son ellos los que mandan. En último término, el Gobierno podría hacerse eco de la sugerencia del catedrático, y ya que el PP no se atreve a presentar una moción de censura, presentar él una “cuestión de confianza” en los términos previstos en el artículo 112 de la Constitución...

   En definitiva, el Gobierno de coalición no debiera dejar que se gangrene la herida que abrió el de Rajoy entre Cataluña y España...

 

 

   Manuel Vega Marín. Madrid, 31, Mayo, 2021    www.solicitoopinarblogspot.com.es

 

  

 

PEDRO SÁNCHEZ VUELVE A TENER MIEDO...

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   La Constitución, nuestra Norma básica, como no podía ser de otra manera, establece las bases fundamentales para atajar cualquier emergencia. Los detalles prácticos y concretos los remite a ser regulados por una Ley Orgánica. El artículo constitucional 116, de menor a mayor, señala tres estados de emergencia: alarma, excepción y sitio, y  establece los trámites a seguir en cada uno de ellos.

    Por ser el que las circunstancias hasta ahora nos han impuesto, indicaremos lo que el apdo. 2 del mencionado artículo dice: El estado de alarma será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros por un plazo máximo de quince días, dando cuenta al Congreso de los Diputados, reunido inmediatamente al efecto y sin cuya autorización no podrá ser prorrogado dicho plazo. El decreto determinará el ámbito territorial a que se extienden los efectos de la declaración. Tal declaración supone un reconocimiento de que la sociedad sufre problemas importantes, ante los que todos los medios políticos del Estado procurarán solventarlos. Su aplicación sólo es un “paraguas” protector que no suspende ningún derecho, según establece al artículo 55 CE, y está prevista para hacer frente,  entre otras calamidades, a pandemias como la que sufrimos.

   A partir, pues, del decimoquinto día, sólo al Congreso le compete, y dentro de los límites de la propia Constitución y de la Ley Orgánica 4/1981, puede definirlo y modificarlo de la manera más flexible. Incluso el Congreso es competente para nombrar la autoridad –el Presidente del Estado o los Presidentes de las Comunidades Autónomas-, posibilitando así que las medidas contempladas en el decreto de declaración del estado de alarma se adapten de la mejor forma a las necesidades de cada Comunidad. El estado de alarma, dice el constitucionalista Pérez Royo, no tiene por qué obligar a nada y sin embargo, sí ofrece cobertura jurídica para que se pueda hacer frente a la pandemia de manera singularizada según el alcance y extensión de la infección. No hay en el ordenamiento ningún instrumento que proporcione la seguridad jurídica que proporciona el estado de alarma. (“¿Es más de fiar el Supremo que el Congreso de los diputados?”, elDiario.es de 4-5-21).

   Si admitimos como premisa cierta lo que afirma Pérez Royo, no se entiende muy bien el Decreto del Gobierno no manteniendo el estado de alarma hasta que, al menos, se consiga la “inmunidad de rebaño”, según el propio Presidente predice para antes que acabe el verano.

   Dejar en manos de los tribunales de justicia, y que, en último término el Tribunal Supremo sea quien en casación resuelva las disconformidades entre los Ejecutivos autonómicos y sus Tribunales Superiores, no es más que una dejación de la responsabilidad política competente en manos de quien no lo es. Hasta el propio Tribunal Supremo se ha manifestado en contra de esta medida, dudando de su misma constitucionalidad. Pero es que, antes aún con estado de alarma, y ahora sin él, los ciudadanos de las distintas regiones estamos comprobando la situación de inseguridad  y complicación  burocrática que esta situación produce. Pero lo grave, aparte de su innecesaria ineficacia, es que conlleva una desconfianza en la Política y en la Justicia. En definitiva, en la Democracia. ¿Los ciudadanos nos podemos creer que las decisiones que toman nuestros ejecutivos, de uno u otros signo, están basadas en criterios científicos y sanitarios?...

   ¿Es que el Presidente Sánchez no ha aprendido nada del daño que está suponiendo para la convivencia de los españoles, partidarios o no de la independencia, la judicialización que hizo el hermetismo miedoso de Mariano Rajoy del procés catalá? ¿Es que nuestros representantes van a seguir confundiendo los asuntos políticos con los jurídicos y judiciales? ¿Es que no han aprendido aún, tanto como hablan de ello, que el quid de la democracia liberal consiste en la “división de poderes”?

    El estado de alarma, junto con los otros dos establecidos en el artículo 116 CE arriba citado, no son más que decisiones políticas; respuestas del Estado ante una situación de emergencia, que la Constitución y la Ley Orgánica, reguladora de los mismos, pone en manos del poder competente cual herramientas útiles, para solventar de la forma más ágil los estragos causados por esas emergencias extremas. Serán luego los tribunales de justicia los encargados de declarar legales, o no, cualquier medida concreta tomada por la autoridad competente que no se ajuste al marco normativo. El constituyente dejó bien claro que sólo la soberanía popular a través de sus representantes en el Parlamento, sea quien tenga la potestad de suspender o restringir determinados derechos fundamentales. En el caso que nos ocupa, la libertad de movimiento o el derecho de reunión. Como dice Elisa Beni, la Constitución deja bien claro que la suspensión general e indiscriminada de derechos precisa de autorización del Parlamento... Dirimir en casos concretos es tarea judicial y decidir en casos globales es tarea de gobierno. (“Sánchez, esto sí va de libertad”, elDiario.es de 8-5-21).

   Desde el primer estado de alarma establecido por Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo, hasta finalizada tal situación excepcional el 9 de mayo de 2021, prolongada el 3 de noviembre por Decreto 956/2020, su recorrido por el Congreso de los Diputados no ha estado exento de todo tipo de vicisitudes propiciadas, fundamentalmente, por la oposición de derechas. El PP, que dice ser una alternativa de gobierno, ha aprovechado la pandemia para no “arrimar el hombro”, y, de camino, dejar entrever que las decisiones parlamentarias le interesan bien poco cuando no concuerdan con las suyas o no son sus líderes los que gobiernan. Actitud esta no debiera condicionar la del Gobierno. Dado que “el miedo es libre”, se puede entender que P. Sánchez lo tenga. Pero esa sensación, humanamente comprensible, puede convertirse en temeraria, si irresponsablemente renuncia a su deber de gobernar, sucumbiendo a tal estado de neurosis subjetiva.

   Y esa me parece ser la actitud de Pedro Sánchez queriendo  justificar la no prolongación del estado de alarma, diciendo demagógicamente que eso es cosa del pasado, y que hay que mirar al futuro, olvidándose del presente en el que malviven la gran mayoría de ciudadanos. Porque, aunque la vacuna origina la esperanza de solucionar la crisis sanitaria, en absoluto el suero resuelve el problema grave político y social que apolilla nuestra democracia. Las conductas contradictorias e incongruentes mostradas por la oposición de Pablo Casado en este tiempo de pandemia, que, desgraciadamente, ha culminado con el triunfo de su candidata Ayuso en las elecciones autonómicas de Madrid, en absoluto debe condicionar o mimetizar el buen hacer del Gobierno actual o futuro de la Nación.

   Mientras el COVID-19 no esté totalmente erradicado, tanto el Gobierno central como los de las Comunidades autónomas, si no quieren renunciar a sus deberes, tendrán que seguir adoptando medidas para controlar su expansión, y que una posible mutación del mismo haga inútiles todos los esfuerzos realizados hasta el presente. En resumen, es lo que han venido haciendo, con más o menos acierto, los gobiernos autónomos, cuyas transferencias en materia sanitaria tienen transferidas. Tenemos comprobado que la gestión de la emergencia sanitaria ha sido mejor con el estado de alarma que sin él. Sobre todo, ha envidado litigios judiciales e inseguridad en la conducta ciudadana. ¿Qué razones hay, más allá de lo que el “toque de queda” pueda afectar a determinados noctámbulos sin que tengan que  justificar el incumplimiento de dicha excepción constitucional? ¿Es que poder disfrutar un rato de ocio o de saltarse los cercos perimetrales vale igual que el incremento de contagios, la saturación de hospitales, UCIs o de muerte de familiares y amigos? ¿Es que estas víctimas del coronavirus no tienen similares derechos?

      Hemos dicho de alguna manera que, para suprimir general e indiscriminadamente derechos es necesaria la autorización del Parlamento, al que el propio constituyente le delimitó y fijo los casos excepcionales en que podría hacerlo. No tiene sentido, pues, que por miedo al desgaste que puede suponer pedir, establecer o prolongar el estado de alarma, o, por rehuir del triste espectáculo montado en el Parlamento cada vez que había que solicitar su renovación, Pedro Sánchez y su gobierno pretendan endosar su deber a los tribunales de justicia. Igualmente, no tiene explicación buscar “atajos legales”, como propone el PP con su “plan B”, rechazado ya dos veces en el Congreso. Y es que, como defiende la academia, y recoge en su artículo el profesor Mariano Bacigalupo, que no es constitucionalmente posible disponer restricciones de derechos fundamentales de alcance general fundadas en razones sanitarias al margen de un estado de alarma (“Las restricciones de derechos fundamentales en pandemia: la cuadratura del círculo”, infoLibre de 13-5-21).

   Ante las ventajas ofrecidas por el estado de alarma mientras dure el estado de emergencia, no contemplo otra razón, aparte del miedo al desgaste aludido, que una excesiva desconfianza en la institución fundamental de la democracia, como es el Parlamento. ¡Ramalazos de un pasado que ya va quedando lejano!...

   Para terminar, nada mejor que recordar que hoy se cumplen 10 años del 12M...

 

 

   Manuel Vega Marín. Madrid, 15 de Mayo, 2021    www.solicitoopinar.blogspot.com.es

 

QUE ERES GRANDE Y HONESTO, PABLO, LO HAS DEMOSTRADO DIMITIENDO

 

   Y quizá por ello; porque esa actitud hoy se lleva menos que ayer, es por lo que, como siempre, todos los ojos se han fijado en tu conducta, aunque no todos para alabarla o, al menos, reconocerla. Tú y tu familia ha sido el blanco sobre el que han disparado por tierra, mar y aire todo tipo de “proyectiles”. Ahora que ya no estarás, el punto de mira lo enfocarán hacia tu proyecto de sociedad, encarnado en Podemos, Unidas Podemos..., y así, sucesivamente, con otras fuerzas de izquierdas hasta regresar a la sociedad del atado y bien atado. Lo cual será imposible, porque, aunque la historia de “pasitos atrás”, nunca se repetirá de la misma manera. Aunque tu dimisión de la Vicepresidencia y de tu escaño en el Congreso, para remover las conciencias de las clases medias y obreras contra el fascismo no haya conseguido el objetivo marcado, tu valentía y arrojo serán un ejemplo para la Historia de este ingrato país. La victoria está contigo, Pablo, desde que Podemos y Unidas Podemos hicieron avanzar unos “pasitos pa´lante” a la aletargada travesía del corrupto y cómodo bipartidismo turnista, impuesto por los herederos de la dictadura... Puede que de nuevo tengamos que oír aquello del no, que no nos representan, aunque con menor intensidad, pues, salvo desastre, el cambio ya se ha producido. Basta con mirar algo tan nimio como el poco uso de la corbata en los diputados.... Entrar en más profundidades requiere otro espacio....

   Definitivamente, las urnas ya han hablado, y, aunque el bloque de izquierdas, ni con el refuerzo de Pablo haya conseguido el objetivo de echar a Ayuso y cía., el gesto de Pablo, aparte de remover el tablero electoral y político, ha dejado resuelto el tema de su sucesión en Podemos y prefigurado la próxima Presidencia de España. Además, no hay que olvidar la subida del 40% de votantes con el que no sólo ha conseguido tres diputados más de los siete que ya tenía, amén de mantener la existencia de Podemos en la Comunidad de Madrid, de cuya supervivencia se dudaba.. Aún menos debemos olvidar que Unidas Podemos sigue teniendo 35 diputados en el Congreso, gobierna en coalición en España y en muchas Comunidades y Municipios.

   Cuando en junio de 2016 Podemos, coaligado con Izquierda Unida, se quedó tan sólo a unos 400.000 votos del Psoe, todos atribuyeron a Pablo Iglesias un desmedido afán por ocupar el sillón de la Vicepresidencia del Gobierno en un posible gobierno con el Psoe, como si a tal exigencia no tuviera todo el derecho. No obstante, renunció a ello por no querer quitarle el sueño a Pedro Sánchez. Después,  en peores circunstancias electorales y con menor número de escaños, posibilitó que Pedro Sánchez presidiera el actual Gobierno de coalición, del que él ocupaba una Vicepresidencia.  Y ahora que generosamente abandona la “poltrona” y baja a pelear en las autonómicas del 4-M para intentar salvar la democracia del fascismo, está por ver que los que le criticaron entonces de sólo buscar sillones, le reconozcan ahora su generosidad.

   Pablo Iglesias, contra la opinión de otros compañeros, estaba convencido de que había que llegar al gobierno para cambiar ciertas cosas en la sociedad. Y así los expuso en el antológico y profético discurso del cierre de campaña en Vicálvaro el 2 de Mayo: Nosotros teníamos plena conciencia de que o llegábamos al Gobierno o era imposible que determinadas cosas cambiaran en este país... Y finalmente, después de mucho aguantar, después de mucho correr en zigzag (para que no le dieran los proyectiles), llegamos al Consejo de Ministros. Y el éxito de aquel Consejo de Ministros no es que el maldito coletas fuera vicepresidente..., sino que estaban Yolanda Díaz, Irene Montero, etc., es decir: que ahora ya nadie puede negar que somos una fuerza política de gobierno. Pablo había conseguido su objetivo. Por ello, cuando comprueba que al bloque de derechas ultra les importa un pepino la democracia si no es la de ellos, independientemente de los acosos recibidos, decide, ante la incredulidad de muchos, el 15 de marzo renunciar a su escaño, abandonar la Vicepresidencia del Gobierno y lanzarse de lleno a la campaña electoral, para impedir que el PP de Ayuso y sus aliados de Vox sigan en la larga Presidencia de Madrid. Su generoso gesto, si no ha servido para que sus objetivos se cumpliesen, si al menos, para asegurar la supervivencia de Unidad Podemos en la Asamblea Autonómica de Madrid.

   Muchos pensaban que, ante el posible fracaso del bloque de izquierda, Iglesias se estaba preparando una salida digna de la política. Pero, aunque así fuese, nada emborrona su honrosa salida de la política institucional. Mucho menos restará razón al discurso de Vicálvaro: Estamos aquí para ser Estado. Frente a los que pretenden parasitar los dispositivos públicos que necesita la gente trabajadora, aquí estamos para ser Estado, y no se puede consentir la haya ultraderechistas en el Poder Judicial que se crean que están por encima del Poder Legislativo o del Poder Ejecutivo; que las leyes que tienen que aplicar los jueces emanan del pueblo; que la soberanía, y esto hay que decirlo un 2 de mayo, no descansa en el Rey de España, descansa en el pueblo español. La clase trabajadora encarna el Estado, encarna la institución, encarna la soberanía frente a las élites que llevan creyendo que el Estado es suyo. Pues no, el Estado es de la gente corriente.

   El anterior discurso, junto con el de dimisión, se estudiará en los manuales de muchas facultades universitarias. Dejo todos mis cargos, dejo la política institucional... El éxito impresionante de la derecha trumpista y la consolidación de la ultraderecha es una tragedia. Una tragedia para la sanidad, para la educación, para los servicios públicos. Y auguro que estos resultados agudizarán los problemas territoriales de España por la deslealtad del Gobierno de Madrid, que se va a intensificar…. Hemos constatado un incremento de la agresividad sin precedentes, una normalización de discursos fascistas en los medios de comunicación, amenazas de muerte, deshumanización... Tengo la conciencia absoluta de haberme convertido en un chivo expiatorio que moviliza los afectos más oscuros y más contrarios a la democracia... Es evidente que a día de hoy no contribuyo a sumar...

   Después de rememorar y transcribir los párrafos anteriores, dejo iniciativa al lector para que compare la actitud de Pablo, al fin y al cabo ganador, con la de los partidos, Psoe y C´s, y sus respectivos candidatos, Ángel Gabilondo y Edmundo Bal...  

   Mientras tanto, confiemos en el futuro; porque los efectos de la Verdad se imponen a medio y largo plazo. Todo lo contrario del boato y la mentira que surten efectos inmediatos...

 

 

   Manuel Vega Marín. Madrid, 8, Mayo, 2021    www.solicitoopinar.blogspot.com.es