LA CIEGA OBSTINACIÓN DE PABLO CASADO ES DE PSIQUIÁTRICO

   Esa obstinación, compartida en parte por la derecha política y judicial, se concreta en echar a Unidas Podemos del Gobierno. Con algo así concluía mi anterior artículo, Quien se pica, ajos come, en que reflexionaba sobre la renovación del CGPJ (16-10-20). En el mismo defendía que, aunque la proposición del Psoe y de UP puede no ser la más óptima, en absoluto es inconstitucional. Lo que sí resulta contrario a la Constitución es la cerril actitud del PP en su pertinaz e interesado bloqueo en no renovar el Órgano de Gobierno de los jueces. En una reciente encuesta entre 1000 jueces de todo tipo y condición, encargada por el propio CGPJ a Metroscopia, una mayoría de aquéllos (54% frente a 43%) considera que el Consejo no ha trasmitido una imagen de independencia e imparcialidad de la Justicia española. Igualmente, los encuestados dudan de que los nombramientos realizados por el Consejo hayan tenido en cuenta criterios de mérito y capacidad de los nombrados (48% frente a 42%). Dudo que ese tipo de suspicacia se deba a la fórmula con la que son seleccionados sus vocales. De cualquier manera, como muestra el sondeo, es lógico que hayan recibido presiones de políticos y medio, igual que ellos intentan influir en la vida social y política. Lo que ocurre es que hay muchos magistrados que se creen no pertenecer al mundo de los humanos...

   Sabemos que, a pesar de su rimbombante nombre, no ostenta el Poder judicial. Éste lo exhiben en sus autos y sentencias los más de 5000 jueces de las primeras instancias, casi ignoradas por el Consejo y desconocidos del gran público. Es muy sospechoso que hayan sido las asociaciones más conservadoras de jueces (APM, AJFV...), que copan las salas de gobierno de los Tribunales Superiores, las que promueven los comunicados de rechazo a la reforma propuesta por los partidos del Gobierno de coalición. Hasta ahora, han sido las salas de gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia Madrid, Extremadura y Castilla-León y de Andalucía las que, atribuyéndose funciones que los artículos 152 y 395 no les permiten, no han dudado en “pasárselos por el forro”. Dado que los miembros de estas salas son elegidos por  sus colegas directamente, ello nos puede adelantar la idea del control corporativista del CGPJ, si se vuelve a la fórmula anterior a la vigente... Seguramente, en evitación de que se produjera tal gremialismo, como así ocurrió anteriormente, el art. 122.3 de la Constitución quedó redactado como está. Si el “constituyente” hubiera querido que los doce vocales del grupo judicial fuera elegido directamente por sus colegas, nada le impedía reflejarlo en el texto constitucional...  El hecho de defender volver a  la antigua fórmula, entre otras cosas, muestra su escasa confianza en sus colegas del grupo de los doce si no son elegidos directamente por ellos, además de mostrar poca fe en la Política y en la honestidad del Parlamento (vicio heredado del franquismo) si sus representante parlamentarios no cuentan con los escaños suficientes para la mayoría de 3/5 con la que bloquear, si no les conviene, la renovación del Consejo (vicio del bipartidismo).

   Ni siquiera el pleno del CGPJ convocado por su Presidente, sr. Lesmes, para el próximo día 28, a instancia de siete vocales conservadores, tiene por qué elaborar un informe sobre la “ortodoxia” de la reforma, ya que ésta es una proposición de ley y no un proyecto de ley... Pero, sin duda, como son ellos mismos los que se autocontrolan, terminarán uniéndose a la juntas de salas, bajo el “seudopretexto” de que está en juego la independen judicial o la división de poderes... Lo sospechosamente cierto es que hasta ahora estos señores togados no se han preocupado de la renovación constitucional de su órgano de gobierno, mientras éste siga siendo  “mangoneado” por ellos...

   Por otra parte, no logro comprender por qué un determinado vocal no es el mismo y su conducta profesional y ética intachable no permanezcan invariables, ya lo  elijan sus colegas o el Parlamento. Sólo lo entiendo si el tal vocal, abandonando sus sanos principios, considera que le es más fácil promocionarse egoístamente si le votan sus pares influyentes...

   Por cierto, ¿qué es de aquello de que La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que manan los poderes del Estado, del artículo 1.2 de la Constitución?...   

   Es cierto que la Comisión Europea recientemente ha tratado, como de otros asuntos de un Estado miembro, sobre el nombramiento de los vocales del CGPJ. Pero es falso que la Comisión haya condenado, según dan a entender algunos políticos y “medios” interesados, la reforma propuesta por vulneración de normas comunitarias. Según leo en el artículo del catedrático de la Carlos III, Antonio Estella, (La Comisión Europea y la reforma del Consejo General del Poder Judicial. infolibre 20-10-20), las palabras exactas del funcionario Christian Wigand, son las que transcribo: La Comisión está al corriente del anuncio de este nuevo proyecto de ley. Seguimos de cerca su progreso. En el Informe sobre el estado de derecho de 2020, la Comisión destacó la importancia de reducir la influencia del poder legislativo o ejecutivo sobre el poder judicial para fortalecer la independencia judicial. El capítulo del Informe sobre el Estado de Derecho 2020 sobre España mencionó como un desafío la situación del Consejo de la Judicatura en España. Es importante garantizar que el Consejo no sea percibido como vulnerable a la politización y, de manera más general, cuando los Estados miembros reforman sus poderes judiciales, esto siempre debe hacerse en consulta con todas las partes interesadas relevantes, incluida la Comisión de Venecia. Los Estados Miembros deben seguir las reglas de la UE para garantizar que la independencia judicial no se vea comprometida.

   Sería contradictorio, sigo la deducción del citado Estella, la forma de decidir de la CEE de 1957, basada en la unanimidad, de seis o doce miembros, con la de una UE, que cuenta con 27 Estados miembros. Igualmente, no es la misma la España de 1978, que la de 2020. Pretender fijar para siempre determinadas normas, como pretenden las derechas conservadoras, es ir a contracorriente de la dinámica histórico-social...

   De la  soberbia, la obstinación y la ignorancia de Pablo Casado quedó constancia en las declaraciones de éste el lunes pasado. Destacaré algunos párrafos o frases que por sí mismo se comentan: Me da igual si sólo fuera con un interlocutor del Partido Socialista. Lo que no voy a hacer es sentarme a negociar con las reivindicaciones de un partido como Podemos. Ya en las negociaciones que mantuvo con el Psoe este verano, y después de las elecciones  de noviembre, sugirió no aceptar a ningún jurista de reconocido prestigio que considere afín a Unidas Podemos entre los ocho, que, como dispone la Constitución, deben ser designados por los 3/5 de ambas Cámaras parlamentarias. ¡Claramente manifiesta que su problema no es la cuantía de la mayoría!... Encima dice que no está bloqueando la renovación. Y admitiendo que desde hace más de dos años hay ya una lista de 50 jueces y magistrados de procedencia judicial,  propuestos por sus colegas, y de los que, según establece la Constitución, doce serán elegidos por el Congreso, según manda la vigente LOPJ, Casado, además, en lo que se refiere al grupo de los ocho juristas de reconocido prestigio, cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados y cuatro a propuesta del Senado, ignorando lo que dice la Constitución, insiste en que éstos también sean elegidos por los jueces, o, por lo menos, condicionando su elección a que en ningún momento hayan ejercido responsabilidades políticas y que los candidatos tuvieran un mayor aval de las  asociaciones de jueces. Él solito se vale para que la Constitución exija lo que el constituyente no exigió. ¡Olé por el licenciado por Harvard!...

   Lo curioso de este ignorante, en su afán hipócrita de despolitizar la Justicia y su Órgano de gobierno, es que tuvo que admitir lo habitual que es en países de nuestro entorno la participación del Parlamento o del Gobierno en la designación de los miembros del citado Órgano. El caso de Italia el Consiglio Superiore della Magistratura, formado por 27 miembros divididos en tres grupos, uno de ellos lo conforman miembros natos, como el Presidente de la República, el Presidente y el Procurador general del Tribunal de Casación... En Alemania y EE.UU, donde no existe un Consejo de gobierno de los jueces, la influencia del Poder Ejecutivo sobre el Judicial es aún más directa. En EE.UU los magistrados del Tribunal Supremo son nombrados por el Presidente con carácter vitalicio... En Alemania los magistrados de los Tribunales Federales Supremos son designados por el ministro federal  competente respectivo y, conjuntamente, con una Comisión para la elección de jueces compuesta por los ministros competentes de cada Länder y un número igual de miembros elegidos por el Bundestag... Y así podríamos seguir con más ejemplos...

   Pero, para combatir su ignorancia, el peor camino elegido por el candidato a presidir algún día Gobierno de España, sea el de mentir continuamente... No es verdad que las negociaciones para renovar el Consejo siempre hayan sido en exclusiva con el Psoe. Por no alargar este artículo, sólo recordar que en 2013, teniendo mayoría  el PP, los 20 vocales renovados fueron propuestos por cinco partidos, y cada uno de ellos obtuvieron sus respectivos vocales: 10 el PP, 7 el Psoe y 1 CiU, 1 el PNV y 1 IU. Como los vocales afines al PP tenían el control, se eligió Presidente a Carlos Lesmes, alto cargo en el ministerio de Justicia en el Gobierno de Aznar. Otra anomalía de la que poco se habla, es que el Presidente del Consejo, que debe ser elegido por los 20 vocales, es pactado previamente por los negociadores...  

   Pero lo que se esconde detrás de tanta mentira, ya es “un secreto a voces”. Además de la  obsesión neurótica de hacer desaparecer a Podemos, es mucho más importante para el PP controlar a los jueces y magistrados que tienen que juzgar sus endémicos casos de corrupción...

    Este dictadorzuelo, por si no era ya suficiente la dificultad para renovar el Consejo, chantajea con condiciones tales como tipificar como delito la convocatoria de referéndums ilegales, prohibir los indultos a los condenados por rebelión o sedición y aumentar las penas para estos últimos. ¡Todo un toque de atención a P. Sánchez para que no negocie con los catalanes!...

   El Rey Sol y su L´Etat, c´est moi se queda en pañales...

 

 

   Manuel Vega Marín. Madrid, 21, Octubre, 2020   www.solicitoopinar.blogspot.com.es

 

QUIEN SE PICA, AJOS COME

   Es lógico que, como dice el sabio refrán, sienta picazón quien abusa del picante. Es lo que le viene pasando a la derecha política de este país ante cualquier iniciativa legítima tomada por el Gobierno de turno. Esta vez, ante la proposición de ley para reformar la Ley Orgánica de vigente de 1985, reformada en Junio de 2013 por la mayoría absoluta de Rajoy, que regula el funcionamiento del Consejo de Gobierno del Poder Judicial. La proposición planteada por el actual Gobierno de coalición sólo tiene la intención de romper el bloqueo al que somete el PP la renovación del CGPJ, constituido en Noviembre de 2013, con el objeto de continuar controlando, mediante ese Órgano, su poder e influencia cuando no está en el Gobierno. Es en esos años cuando se da el caso Bárcenas y se está gestando el caso Kitchen. Será por lo metido que están en la cocina (kitchen), por lo que no pueden eludir los ajos y no tener que sufrir esa desagradable sensación.

   Ante la actuación reformista del Gobierno, Pablo Casado y Cía., cual resorte han respondido con todo tipo de ocurrencias. Desde  acusar al Presidente Sánchez de dictador por  la portavoz del PP en el Congreso, de no respetar la división de poderes, hasta de recurrir al Constitucional y a Europa... Casado no se entera de que es Europa quien urge la renovación del órgano de gobierno de los jueces., bloqueada por sus intereses partidistas. ¡Y todo ello, sin siquiera haber leído el texto de la proposición del Gobierno, ni de citar las leyes incumplidas por éste! Por el contrario, son los autodenominados constitucionalistas los que vienen continuamente desobedeciendo el mandato constitucional y la ley orgánica respectivos.

   El “constituyente” dejó muy clara su intención al respecto en el art, 122.3 CE. El Parlamento, siguiendo ese artículo y, haciendo legítimo uso de sus competencias, elaboró la Ley Orgánica citada, que en sus arts. 567.2 y 568.1, regula lo referente al CGPJ y su renovación. Algunos constitucionalistas o comentaristas especializados, como Elisa Beni, aduciendo la ambigüedad del art. 122.3, ven conflictiva la modificación pretendida por el Gobierno y la mayoría de la investidura. Piensan que la palabra ambos indica que los dos grupos: el de doce extraído de la judicatura, y el de ocho provenientes de juristas de reconocido prestigio, han de ser elegidos por la mayoría cualificada de tres quintos. Pero el texto constitucional, mediante un punto y coma (;), distingue claramente la forma de elegir a los citados grupos. Al grupo de los doce lo remite a una ley orgánica, y al de ocho lo distribuye en dos grupos de cuatro, para ser elegidos por el Congreso de los Diputados y por el Senado, que, en ambos (el uno y el otro) casos, ahora sí, serán elegidos por mayoría de tres quintos. Es, por tanto, la Ley Orgánica vigente de 1985 la que entorpece la correcta lectura, al establecer en dos grupos de a diez el bloque de los veinte vocales, y que ambos sean elegidos por el Congreso y el Senado de la misma manera. El Tribunal Constitucional, en sentencia de julio de 1986 ve posible esta interpretación. Seguro que no tuvo en cuenta el uso abusivo que, políticamente, conllevaría tal interpretación... Lo que está meridianamente claro es que el “Constituyente”, fuera la redacción que fuera de este artículo, jamás pensaría, y mucho menos querría un bloqueo anticonstitucional como el que se vine produciendo  por parte del Partido Popular...   El tema, pues, sólo puede resultar farragoso al que le regalan una licenciatura exprés en  Derecho...

   Por no ser reiterativo, remito al lector a mí escrito sobre el asunto: El sumario Kitchen atrinchera al P. Popular en el Consejo del P. Judicial, de 14-9-20 en mi blog.

      Otros que han puesto reparos a la propuesta del Gobierno han sido, ¡cómo no! las Asociaciones conservadoras de jueces. Estos señores de mentalidad corporativista, creyendo que su poder de enjuiciar les viene de un memorístico examen-oposición y algo de recomendación, se ven por encima de la Constitución, cuyo artículo 1.2 dice que La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado, o lo establecido en el art. 117.1 de que la Justicia emana del pueblo... De todas maneras, estos togados ya tuvieron una primera lay, la de 1980, por la que eligieron a los doce vocales de extracción judicial, pero que el sistema mayoritario utilizado, no sólo excluía otras formas de pensar en el propio seno de las asociaciones, sino que dejó sin representación a otros compañeros no asociados. En definitiva, el primer CGPJ devino corporativista, y hubo de aprobarse la vigente Ley Orgánica de 1985. Por cierto, Rajoy en la campaña electoral de 2011 prometió volver a la fórmula antigua; pero, una vez que obtuvo mayoría absoluta, siendo ministro de Justicia Ruíz Gallardón, no sólo no cumplió, sino que su ministro introdujo la actual fórmula, que da a su presidente Lesmes, alto cargo en el Ministerio de Justicia de Aznar, y a su “camarilla” de dedicación exclusiva mayor poder político...

   Los propios jueces, según una encuesta encargada a Metroscopia por el propio CGPJ, efectuada entre el 8 y 22 de septiembre, un 54% frente a un 43% considera que su órgano de gobierno presidido por Lesmes, que lleva casi dos años en funciones, no está transmitiendo una imagen de una Justicia independiente (ver artículo de E. Herrera en eldiario.es de 16-10).

      La verdad, que no entiendo por qué Elisa Beni razona su desacuerdo con la fórmula de la mayoría absoluta propuesta por el Gobierno para los doce vocales judiciales, temiendo que la misma fórmula valga para cuando el PP gobierne. Justamente, para eso se urge la renovación del CGPJ, para que sus miembros estén en consonancia con lo que la sociedad piensa y exige cada vez que vota... Si realmente creemos que la soberanía nacional reside en el pueblo (art.1.2 CE), no tiene por qué escandalizarnos que, cada vez que ese pueblo manifiesta su voluntad, ésta sea debidamente recogida renovando los órganos portadores de los tres poderes clásicos del Estado constitucional-democrático. Como enseña el constitucionalista Pérez Royo, la periodicidad de la renovación es un elemento definitorio de la naturaleza democrática del Estado. Sin renovación no hay democracia (“Mucho más que una anomalía”, eldiario.es de 8-9-2020). Seguro que la fórmula propuesta por el Gobierno de coalición, como cualquier otra, no será la óptima, pero, desde luego, no se puede pensar que sea inconstitucional, ni que afecte a la división de poderes. Lo que realmente afecta a esa división es prolongar más allá de lo que dice la Constitución el mandato del CGPJ, que ni siquiera es “poder judicial”, aunque sea el Órgano de gobierno de los jueces que lo ostentan. El interés, pues, de los partidos por su control, radica en que, si bien no emite autos o sentencias, nombra a los “colegas” que presiden los Tribunales Superiores de Justicia. Pero, por mucho que pueda “mangonear” en el nombramiento de éstos, sus componentes, si son éticos y honestos, sus autos y sentencias sólo se vincularán a la buena interpretación y aplicación de la Ley, y no a la institución que los nombra. Por otra parte, no entiendo por qué haya que confiar menos en el Parlamento y en el Gobierno, que en los jueces en un contexto de normalidad y sin corrupción. No veo por qué una mayoría parlamentaria absoluta, que puede tumbar Gobiernos, no pueda renovar, según dispone la Constitución, el órgano de gobierno de los jueces cuando éste está en funciones de manera abusiva. Para evitar su dependencia de una mayoría política, el constituyente dio un margen de un año para que no coincidieran las elecciones de sendas instituciones.

   Entiendo, pues, que la proposición de los partidos del Gobierno para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial vigente, obedece a la interesada y obstinada actitud de bloqueo  por parte del PP y de P. Casado, creyendo que con los Tribunales actúales y con los futuros que nombre un CGPJ prolongado inconstitucionalmente, se defenderán mejor en los venideros casos de corrupción, como Kitchen. Ni siquiera les ha servido de escarmiento la ratificación por parte del Supremo del caso Gürtel...

   Opino con algunos juristas que del texto de la proposición de Psoe y UP, más que reformar el porcentaje del grupo de los doce, creándose un conflicto inoportuno en estos momentos, va en el sentido de presionar al PP para que abandone su filibusterismo y se siente a negociar la formación de un CGPJ que represente mejor la actual pluralidad parlamentaria. Es importante, no obstante, que los proponentes insistan en lo referente a limitar las acciones del CGPJ, cuando sus miembros estén en funciones, sobre todo en lo referido a nuevos nombramientos.

   Ni siquiera son ciertos, por demás, que, si bien la negociación de la formación del Consejo se ha venido haciendo entre los dos grandes partidos, Psoe-PP, los pretextos de Casado para no contar con los republicanos de izquierda; pues aun cuando gobernaba Aznar en 2001 con mayoría absoluta, Izquierda Unida, muy minoritaria en el Congreso, tuvo un vocal en el CGPJ. No estaría de sobra que el presidente del PP se aprendiera la historia de su partido...

   En fin, la ciega obstinación por echar a Unidas Podemos del Gobierno no tiene límites Es una falta de respeto democrático a los ciudadanos que votan esa opción política...

 

 

 

   Manuel Vega Marín. Madrid, 16, Octubre, 2020    www.solicitoopinar.blogspot.com.es

 

  

  

TODOS QUIEREN MANDAR, PORQUE TODOS DICEN SABER

   Del 13 al 19 de Septiembre se ha celebrado el primer Congreso Nacional Virtual sobre el COVID-19. En tal  convención han participado 55 sociedades científicas que dicen representar a 170.000 profesionales sanitarios, que han elaborado  un Manifiesto-Decálogo dirigido al Presidente del Gobierno de España y a los Presidentes de las Comunidades Autónomas. Es decir, a todos los políticos. Dicho manifiesto lo encabeza el eslogan En la salud, ustedes mandan pero no saben, que, haciendo un sarcástico juego de palabras, ha suscitado el título de este escrito.

   Difícilmente se podrá estar, más o menos, en desacuerdo con alguno de los diez puntos del Decálogo. Sobre todo, si se consideran en abstracto. Pero su pretendida asepsia política puede provocar un menosprecio de la POLÍTICA, que algunos fanáticos aprovecharán para apoyar su talante antidemocrático.

    Como el espacio me limita poder hacer un comentario a cada uno de los diez puntos, lo haré solo del 1º: Acepten, de una vez, que para enfrentarse a esta pandemia las decisiones dominantes deben basarse en la mejor evidencia científica disponible, desligada por completo del continuo enfrentamiento político. 2º: Acepten, de una vez, la necesidad de una respuesta coordinada, equitativa y basada exclusivamente en criterios científicos claros, comunes y transparentes...

   El hombre nace incapaz de valerse por sí mismo, y muere casi de la misma manera. Desde el nacimiento hasta la muerte todo su ciclo vital transcurre buscando los instrumentos más adecuados de los que servirse para hacer frente ese desvalimiento que la Naturaleza y una Sociedad compleja e insolidaria le ponen por delante. Sus carencias, ya desde su nacimiento, le obligan a vivir en comunidad con los demás semejantes. Y es de esa necesidad de convivir con los demás de la que surgirá primero la POLÍTICA, que promueva y organice lo mejor posible esa convivencia, y después, todas las otras ciencias y saberes –Física, Derecho, Sociología, Medicina, etc.-, que vendrán en auxilio de aquélla, para hacerla más eficaz y racional. ¡Cuanto mejor nos iría a los ciudadanos, si éstos y  los políticos que elegimos para que nos representen actuasen con criterios más racionales y científicos! La desgracia es que ni unos, ni otros son ángeles puros...

   Al no referirse el Manifiesto a la política practicada por un determinado partido, puede entenderse que esos profesionales piensan que todas las políticas son la misma (todos los políticos son iguales...). Lo cual, aparte de injusto, no es verdad... Además, al fijarse en el COVID-19 como problema sanitario exclusivamente, y, teniendo como fondo el triste espectáculo dado por el PP y su Gobierno en la Comunidad de Madrid, hacen muy limitados los objetivos del “manifiesto-protesta”.

   El Manifiesto, por demás, llega a destiempo y falto de autocrítica. Aunque muchos de los profesionales que lo suscriben hayan participado en las manifestaciones callejeras en pro de una Sanidad pública y en contra de su mercantilización, otros, más cercanos a las “cúspides” defendían lo contrario... En fin, me imagino lo difícil que habrá sido llegar a ese acuerdo de mínimos entre tantos participantes...

   Muchos de los firmantes del manifiesto exigiendo al Estado mayor inversión de recursos económicos en la investigación científica y dedicar mayor atención a todos los sectores de la Sanidad pública, posiblemente se hayan podido olvidar de que votaron a los partidos que apoyaban una mayor austeridad como la solución a la anterior crisis económica. Incluso muchos de los reclaman a “papá Estado” ayudas en la crisis actual, preferían derivar recursos estatales a la actividad privada, antes que pagar impuestos, etc., etc...

   Analizando el contenido de los dos puntos citados, diré que ni siquiera lo que tenemos por “saberes científicos” disponen de evidencia científica, ni de criterios científicos claros, comunes y transparentes. La prueba de ello es la variedad de opiniones y tesis de los propios especialistas expuestas en los diferentes medios científicos, según sean los intereses de los laboratorios y empresas farmacéuticas patrocinadores. Si esto ocurre en el ámbito de la Ciencia, de suyo más proclive a la objetivación de lo investigado, ¿qué no va a ocurrir, como estamos viendo, en el ámbito más subjetivo e interesado de la “politiquería?... Urgimos, pues, una ciencia investigadora independiente, libre del lastre de intereses partidarios o de grupos económicos-financieros. Solamente las religiones con sus dogmas de fe, y los regímenes dictatoriales carecen de ese “sano relativismo democrático”. De acuerdo en que, al menos, a esta enfermedad tan letal se dé una respuesta coordinada y desligada por completo del continuo enfrentamiento político.

   Si bien la letalidad de este virus lo convierte en un problema eminentemente sanitario, sus efectos repercuten en otros campos del saber, como la Economía, la Sociología, el Derecho o la Psicología, etc., que algo tendrán que decir y hacer en la búsqueda de una solución.  De ahí que todos sus respectivos expertos quieran mandar. Es lógico también que, según sea el problema, se apliquen en su solución las mejores fórmulas de cada parcela afectada. Pero, no estaría demás preguntarse qué entender por “problema sanitario”. Porque, si bien cada enfermedad tiene características propias y parecido tratamiento,  ni siquiera de esta específica e imprevista enfermedad viral debe pensarse que todos los pacientes la contraen o la desarrollan de la misma manera. En el caso de la pandemia que nos ocupa, independiente de su etiología médica,  sobresale su imprevisión y la amplitud de los sectores afectados. De ahí la necesidad de una POLÍTICA estatal, que deseche los intereses partidistas e ideológicos y se utilicen todos los medios que las ciencias, antes citadas, ponen al servicio de aquélla, especialmente las relacionadas con la Sanidad. Es oportuno también dar un toque de atención a la Judicatura, exigiéndole abandone su actual conservadurismo político-ideológico. De cara al desasosiego ciudadano, tampoco estaría demás que todos los voceros que quieren mandar, aplicaran las útiles enseñanzas aportadas  por las ciencias psicosociales modernas...

     Si bien cualquier enfermedad “convencional” tiene sus características propias. Como he expresado antes,  no todos los que enferman tienen el mismo historial, ni sus contextos vitales son comunes.  No llevan la misma vida, ni gozan de las mismas oportunidades una familia rica, que otra que apenas supera el ingreso mínimo vital. Tampoco está expuesta a enfermar o a contagiarse de la misma manera la familia que vive en un chalet con jardín, que la que tiene que compartir piso interior con otra familia. Existen estudios que indican que la esperanza de vida es mayor en los barrios ricos de una misma ciudad, que en los barrios obreros...  Por eso, cuando estos científicos exigen una respuesta equitativa, por todo el contexto del decálogo, se deduce que no  están criticando al sistema neoliberal-capitalista, causante de tal injusticia social, sino que, “arrimando el ascua a su sardina”, se están refiriendo a que todos los ciudadanos tengan igual acceso a una sanidad solamente relacionada con los cuidados requeridos por el COVID-19. Puntos 6 y 7 del Manifiesto. Esa igualdad de acceso de todos a un Sistema Nacional de Sanidad, sin diferencias de trato, difícilmente se dará, si antes no se remueven los obstáculos que el capitalismo pone a una auténtica igualdad social...

   Para finalizar estas reflexiones críticas, espero no se quede en la “foto propagandística”, como suele ocurrir, la anunciada creación, aceptada por el ministro de Sanidad y participada por representantes de las CC.AA que evite el desconcierto actual,  de una comisión externa e independiente, cuyo objetivo principal será analizar los errores cometidos por todos en la gestión de la presente pandemia y obviar su repetición. Las enseñanzas que, sin duda, el coronavirus dejará a los profesionales científicos y políticos debe servir para mejorar los instrumentos y métodos, que, de cara a similares catástrofes futuras, no coja tan desprevenidos a todos los responsables de un Sistema Nacional de Salud, digno de una sociedad avanzada y democrática...

 

 

   Manuel Vega Marín. Madrid, 10 de Octubre, 2020   www.solicitoopinar.blogspot.com.es