LOS CONSEJEROS DEL PODER JUDICIAL PREFIEREN HACER EL RIDÍCULO ANTES QUE DIMITIR

   Hay que hacer algo... Hasta ahora esa parece ser la respuesta del CGPJ a la aceptación de la Comisión Europea de justicia, dando por buena la “minirreforma” que impide al Consejo el nombramientos de Jueces y Magistrados, mientras esté en funciones. Lo lógico sería que este importante Órgano de Gobierno de los Jueces aceptase la decisión comunitaria. Pero no; sus vocales prefieren caer en el ridículo de la ignorancia, no dimitiendo, y seguir “chupando del bote”. Y es que, como titula su columna en el Nacinal.cat el periodista Jordi Barbeta, Europa no sabe cómo son los jueces españoles (25-4-21). Los pobrecitos necesitan el sueldo para poder llegar a fin de mes.....Desde que en las negociaciones de la “ejemplar” Transición a la democracia la derecha franquista impuso la Monarquía y la Justicia como condición intocable a cambio de ceder en otros asuntos, los jueces y el sistema judicial no han hecho más que tutelar y proteger a la derecha social y política española. Los jueces y magistrados españoles se preocupan más por defender su status social y su conservadurismo ideológico, que su prestigio como buenos juristas. No ocurre así, p.ej. en EE.UU. cuyos miembros del Tribunal Supremo son nombrados vitaliciamente por el Presidente, están más atentos a cumplir rigurosamente la Ley, que contentar a quien los nombró. Así lo ha demostrado con Trump. Por cierto, ¿osaría la Comisión de Justicia Europea calificar de antidemocrático al Tribunal Supremo de EE,UU porque a sus miembros los nombre el Presidente?...

   Es cierto que después de que en Enero una mayoría (16 de 21) del Consejo acusaran  al Psoe y Unidas Podemos de quebrantar con su reforma la separación de poderes por restarles competencia en el nombramiento de jueces mientras estén en funciones, en el pleno de este jueves (22-4), los cinco –Ángeles Carmona, Nuria Díaz, Juan Manuel Fernández, Carmen Llombart y Juan Martínez Moya-, más otros tres (Gerardo Martínez Tristán, José A. Ballesteros y Wenceslao Olea, todos ellos conservadores, no han logrado el apoyo suficiente para seguir dando la batalla en Europa.

   Ante tal contratiempo, todo indica un cambio de táctica ya anunciada: llevar el asunto al Tribunal Constitucional. Pero a esta opción, que se debatirá en el pleno extraordinario del lunes 26, se opone hasta el mismo Carlos Lesmes. Pues acudir al Constitucional sólo podría hacerse por la vía de plantear un “conflicto de atribuciones” entre ambas instituciones, ya que el CGPJ no está capacitado legalmente para presentar recurso de inconstitucionalidad directamente para impugnar una ley, aprobada por las Cortes. No veo normal que se plantee un conflicto de atribuciones por aprobar una ley al órgano del poder legislativo, cuya atribución principal es aprobar leyes.... Cualquier principiante en Derecho sabe que la ley es la máxima expresión de la voluntad del Estado, ante cuya discordancia con la Constitución sólo cabe un recurso contra tal ley, según la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Ante tal disparate no es raro que el Catedrático de Constitucional, Javier Pérez Royo, no entienda cómo en el interior del CGPJ “en funciones” se está estudiando la posibilidad de plantear yn “conflicto de competencias o de atribuciones” con las Cortes Generales por haber aprobado una ley... (“Continuar haciendo el ridículo”, elDiario.es de 25-4-21).

   Las Cortes Generales, mientras no contravengan lo establecido en la Constitución, en su propio y libérrimo ejercicio de hacer leyes están, de alguna manera, interpretando la Constitución, Y en función de cómo sea esa interpretación, después, y sólo después, intervendrá el Tribunal de Garantías, para comprobar, si, mediando un recurso de inconstitucionalidad por los órganos capacitados para presentarlo, tal ley, aprobada por las Cortes, se ajusta a la Constitución. Ya hemos dicho que el CGPJ no está legitimado para recurrir. Este órgano, esté en funciones o no, como enseña Pérez Royo (ibídem), no puede ponerse al mismo nivel del Parlamento cuando aprueba una ley. Ni siquiera el Tribunal Constitucional puede actuar contra él, si no media un recurso, insistimos, contra dicha ley interpuesto por un órgano legitimado para ello.

   En cierta ocasión le oí decir al sr. Lesmes, Presidente del CGPJ, que este órgano se crea para dos funciones que no puede tener el Gobierno: el nombramiento de cargos y la disciplina, porque al juez se le controla por el palo y la zanahoria... Lo incongruente y torpe es que la zanahoria se les dé a los que son de su cuerda, mientras el  palo siempre se aplique a los que no lo son... Una prueba de ello la tiene el lector en la “amielada” y “estimulante” zanahoria dada por sus declaraciones retrógradas de José Luis Concepción, Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCL).... ¿Para cuándo el palo a los vocales del CGPJ y a todos los jueces y magistrados que apoyan, defienden y permiten que su Órgano de Gobierno lleve casi dos años y medio en funciones, desobedeciendo el mandato constitucional?...

   Me alegra saber, a pesar de todo, que en pleno extraordinario de ayer miércoles, en el que se trataron otros temas, el sector más ultra conservador del Consejo y más beligerante con la “minirreforma”, al punto de convertirla la causa de un “conflicto de atribuciones” ante el Tribunal Constitucional sin suficiente fundamento jurídico, ha sido derrotado (13-8) en sus intenciones. El mismo Lesmes, después de advertirles del intrincado camino elegido por los ultras, ha votado en su contra. Y es que existe una sentencia del TC de 1986, que, en respuesta al recurso interpuesto por el PP a la reforma que el Psoe hizo de la ley de 1985, hoy en vigor, no fue declarada inconstitucional. No obstante, el tema de la elección del CGPJ reaparece cada vez que la derecha política ve peligrar su control.

   De igual manera, por trece votos contra ocho, fue rechazada la propuesta de solicitar al Defensor del Pueblo la interposición de un recurso de inconstitucionalidad de la reforma. Lo que no significa que la mayoría del Consejo se conforme con la modificación de sus funciones que aquélla promueve. Cuando el Partido Popular, pues, lo crea estime conveniente para sus intereses, volverán a la carga. De momento, los vocales del Consejo ahora están entretenidos y justificando el sueldo con la elaboración del informe preceptivo, aunque no vinculante, sobre la nueva ley de Memoria histórica... ¡Ya van con retraso!...

   ¿Hará falta iniciar el camino del ridículo para que estos “enajenaos” de la realidad cotidiana abandonen la burbuja que les aísla de los problemas ciudadanos?... 

 

 

   Manuel Vega Marín. Madrid, 29, Abril, 2021     www.solicitoopinar.blogspot.com.es

 

 

 

EL PP Y LAS ASOCIACIONES DE JUECES AFINES SE “CHOTEAN” DEL PESOE

 

   Aprovechando la poco contundente actitud de Bruselas en lo referente a  la renovación del Consejo del Consejo del Poder Judicial (CGPJ), tanto el partido conservador, como las asociaciones de jueces que le son afines se están burlando del Poder Ejecutivo, y yo diría, hasta del Poder Legislativo.

   Después de que la vicepresidenta europea de Valores y Transparencia, Vera Jourová, se reuniera con nuestro ministro de Justicia, J.C. Campo, y de haber reconocido que la reciente reforma que limita los poderes del CGPJ en funciones para hacer nombramientos de jueces, en principio parece estar en consonancia con el Estado de Derecho y los controles y equilibrios en España, y urgir su renovación, ni el PP, ni sus asociaciones de jueces afines se conforman. Es más, el propio Consejo vuelve a la carga afirmando que la reforma de marras le conduce a su atrofia y paralización. En un informe encargado por su presidente, Carlos Lesmes, al Gabinete Técnico, y que se debatirá el en pleno del jueves 22-4-21, no se poner en solfa el ajuste constitucional de la reforma, sin embargo, sí mantiene, ¡oh casualidad!, que aún estando en funciones, el Consejo conserva otras atribuciones que se derivan directamente de la Constitución. Cita el amparo judicial, las referidas al buen funcionamiento de los juzgados, o las referidas a la garantía de independencia y al estatuto judicial. No acierto a ver que, para garantizar el normal funcionamiento del Consejo, haya que recurrir directamente a la Constitución, ni que la reforma en vigor atente contra la misma. ¡Lo que sí distorsiona el buen funcionamiento del Consejo y contraviene el mandato constitucional es llevar más de dos años en funciones!...

   Por otra parte, el texto legal que nuestro inútil ministro insta a retirar, ya fue “retirado”, antes de su aprobación, en un gesto del Gobierno para “ablandecer” la intransigencia del PP. No porque fuese inconstitucional. Pero, “ni por esas”; ni el aval de Europa a la minirreforma sustitutoria en vigor, ni el nuevo gesto del ministro de Justicia instando a dejar sin efecto, formalmente, la anterior reforma, han “enternecido” los corazones de todos los oponentes a la misma. Y es que el problema no es jurídico. Es un asunto que tiene que ver con mantener el poder y la influencia que los tribunales mantienen en los numerosos casos de corrupción del PP que se juzgan o se juzgarán.

   Algo de ello salpica también al Psoe. No sé si es por añoranza del bipartidismo o por miedo a que le “levanten las alfombras”, que el socio mayoritario del Gobierno de coalición, no sea más contundente en este amenazante tema para la democracia. No sé si alguna razón parecida tiene Javier Pérez Royo para afirmar que puesto que los nombramientos de Magistrados y Presidentes tienen que hacerse mediante Real Decreto que tiene que ser refrendado por el Ministro de Justicia, hubiera bastado con que el Gobierno decidiera que, mientras el CGPJ estuviera en funciones, no se refrendaría ningún Real Decreto de nombramiento, para que se hubiera puesto fin al pacto encubierto entre la dirección del PP y la del CGPJ de continuar indefinidamente en la situación creada con base en las elecciones generales de 2011. (“Aprovechar la ocasión”, elDiario.es, 20-4-2021).P

 Las asociaciones de jueces conservadores, con ánimo corporativo exigen volver a que los “doce” sean elegidos por sus pares. Mientras no sea así, para ellos el problema de fondo es del sistema, y su politización es lo que ha conducido a la presente situación. Es curioso que estas asociaciones, en su carta a las instituciones europeas, no relaten ningunas de las condiciones del PP y la derecha, que obstruyen el desbloqueo  de la renovación del Consejo. Sólo se quejan de las iniciativas de los partidos que sustentan al actual Gobierno.

   Efectivamente, el líder del PP, Pablo Casado, ocultando sus verdaderos intereses en la exigencia “gremialista” de que sean los jueces los que elijan a los jueces, como reclaman las asociaciones, hace oídos sordos al apremio que le hace la Comisión europea para renovar el muy caducado mandato del actual CGPJ. Olvidan además, tanto el Psoe, como el PP, que el precepto 122.3 de la Constitución, regulador de cómo ha de estar constituido el Consejo, habla de mayorías en el Parlamento, no de negociación y pacto entre Gobierno y jefe de la Oposición.

   El Comisario de Justicia de la UE, Didier Reynders, el martes pasado pedía a todas las fuerzas políticas que se sienten a discutir para lograr un acuerdo. Pero no sólo pedimos la reforma del CGPJ, sino un compromiso claro de todas las fuerzas políticas de que cumplirán en el futuro con los estándares europeos en su totalidad.

   A Pablo Casado no le ha bastado la retirada de la proposición de ley que modificaba el porcentaje necesario para la elección de los vocales del Consejo. Porque lo que realmente le interesa, no es reforzar la independencia judicial y la separación de poderes, según dice, sino reforzar su control de los jueces y magistrados que deberán enjuiciar la corrupción de su partido.

   El real y principal escollos del PP en este asunto ni siquiera son los nombres propuestos por Unidas Podemos, Ricardo de Prada o Victoria Rosell, pues en el actual Consejo, aunque muy minoritariamente hay vocales progresistas; sino que lo que hasta ahora ha sido un mercadeo de despacho entre Psoe y PP abra puertas y ventanas, y que sea el Parlamento, sede de la soberanía popular, el que controle y haga cumplir puntualmente el mandato constitucional de que el Órgano de Gobierno de los Jueces se renueve cada cinco años.  

   Si el Gobierno legítimo hubiera actuado con la contundencia precisa, los españoles estarían más interesado por la Justicia, y como dice Pérez Royo, no hubiera sido necesario dar el rodeo de reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial y poner en circulación un posible cambio de la mayoría de tres quintos a la mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados y en el Senado. Se ha regalado con ello una baza al PP, a los miembros del CGPJ y a un buen número de jueces para denunciar al Gobierno ante las instituciones europeas, como si el Gobierno español se estuviera comportando como los de Hungría o Polonia (ibídem).

 

   Manuel Vega Marín. Madrid, 22, Abril, 2021     www.solicitoopinar.blogspot.com.es

 

   P.D.: En este mismo blog el lector puede encontrar otros artículos -El largo “bipartidismo” ha hecho del Psoe un partido conservador, de 6-3-21, Miente el Consejo General del Poder judicial, y lo peor es que lo sabe, de 7-2-21 y Puro corporativismo y no independencia judicial, 17-4-21  

PURO CORPORATIVISMO Y NO INDEPENDENCIA JUDICIAL

El corporativismo, parece ser parte de los elementos que forma parte del ADN de ciertas profesiones. El corporativismo de los notarios no tiene por qué ser distinto del de los jueces y magistrados. Pero sí hay una esencial diferencia entre ellos; mientras que los notarios no administran un poder del Estado, los jueces y magistrados si administran el Poder Judicial, cuyo único titular, según la Constitución, es el Pueblo (art.1.2 CE). Sobre la independencia judicial, el art.117.1 dice: La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados Integrantes del poder judicial.... sometidos únicamente al imperio de la ley.  El apartado 3 del mismo artículo explicita que El ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados por las leyes, según las normas de competencia y procedimiento que las mismas establezcan.

   La carta enviada a la vicepresidenta de la UE para Valores y Transparencia y al comisario de Justicia, Chiristian Wigand por las tres Asociaciones Conservadoras de Jueces (Asociación Profesional de la Magistratura, APM, la Asociación Judicial Francisco Vitoria, AJFV, la Asociación Foro Judicial, FJI), en protesta por la “minireforma” legislativa propuesta los partidos del Gobierno de coalición, que priva al CGPJ de la competencia del CGPJ de nombrar magistrados de los tribunales superiores mientras esté en funciones,  más que una defensa de la Constitución y de la independencia del poder Judicial supone una defensa a ultranza de sus  privilegios corporativos. Hay que resaltar que, no representando  a los 5.500 jueces en activo, sin embargo, sus colegiados copan los principales puestos en los Tribunales Superiores.

   Dirigirse por carta a Bruselas, sin una denuncia formal y sin seguir un procedimiento protocolarizado, es gana de hacer el ridículo ante Europa y desprestigiar aún más al sistema judicial español. En términos diplomáticos correctos el Comisario Wigard ha contestado su interés por el asunto, aunque no como consecuencia de la carta recibida, sino que forma parte de otros contactos a nivel técnico, que tendrán lugar a finales de abril. Como dice Elisa Beni, se van a Europa armar lío para ver si consiguen imponer alguna otra voluntad por encima de la del Parlamento de su nación, sede de la soberanía popular (“El golpe de los jueces (de derechas)”, Elnacional.cat de 14-4-21).

   Volver al manido tema de cómo nombrar al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), no es más que aprovechar para pescar en río revuelto. Todo el mundo sabe que esta institución no constituye el Poder Judicial, y que, según la Constitución en su artículo 122.1,2,3 establece cómo surge, su organización y atribuciones, quiénes lo integran y cómo deben ser elegidos sus vocales. Salvo lo relativo a la elección por 3/5 los ocho miembros (4 por el Congreso y 4 por el Senado) entre abogados  u otros juristas  de prestigio, el Constituyente lo remite todo a una Ley Orgánica.

   Tanto la Ley de 1980, con la que mayoría de los doce vocales fueron propuestos y elegidos por sus colegas, como la vigente de 1985, que determinó que sus 20 vocales fuesen elegidos por los 3/5 de los parlamentarios de las Cámaras, fueron declaradas acordes con la Constitución por el Constitucional, aceptando las divergentes opiniones de los especialistas. Y es que el problema no está ahí, sino en el uso perverso que el PP viene haciendo del Consejo y de los nombramientos de jueces y magistrados por parte de “su” Consejo “en funciones”...

   El objetivo de evitar el corporativismo  no lo consiguió la Ley de 1980, en que los doce consejeros procedentes de las categorías judiciales fueron elegidos por sus pares; más que evitarlo, lo provocó. De ahí que se reformara en la vigente Ley de 1985, dictaminando que el total de los 20 vocales del Consejo fuese elegido por los 3/5 de las Cortes Generales. Objetivo que tampoco fue conseguido. Y es que –repito- el problema no está en el Parlamento o en la fórmula de elección que se emplee siempre que ésta sea constitucional. Ninguna de las dos fórmulas produjo el resultado buscado; pero no porque fuesen inconstitucionales, sino por la deslealtad de los dos grandes partidos  (PP-Psoe) hacia los valores constitucionales. Ambos partidos, durante el “bipartidismo imperfecto”, aprovecharon sus cuotas de escaños, no sólo para negociar y pactar en los despachos el reparto de los vocales afines a su ideología, sino también, hipócritamente, asignar cuota a los partidos minoritarios. Ello supuso que los Consejeros designados a la hora de nombrar a los jueces y magistrados, no lo hagan en función de sus respectivas trayectorias de profesionalidad y. defensa de la independencia judicial. La elección por afinidad política no sólo se trasladó de los vocales a los jueces nombrados para integrar o presidir los tribunales más importantes, sino que ha contribuido a que éstos, olvidándose de juzgar conforme a ley y ejecutar lo juzgado –que en eso consiste básicamente la independencia judicial-, desconecten de forma escandalosa sus resoluciones judiciales de los importantes intereses de los ciudadanos... Ya lo decía sin que se le cayera de vergüenza el que es hoy Presidente en funciones del Consejo y del Tribunal Supremo, sr. Carlos Lesmes: "Tenemos un modelo de organización criminal que está pensado para el robagallinas pero no para el gran defraudador, no para los casos como los que estamos viendo ahora donde hay tanta corrupción", ha asegurado. (elDiario.es, de 21-X-2014).

   Un verdadero Estado democrático se caracteriza por la aplicación de la Ley igual para todos los ciudadanos. Para ello hemos dotado a los jueces de independencia. Tenemos que, dice el exFiscal del Supremo  y Anticorrupción, Carlos Castresana, asegurarnos de que el órgano al que encomendamos velar por esa independencia sea verdaderamente representativo. Las asociaciones profesionales y la opinión pública deben tener un papel relevante en  la selección de los mejores candidatos, pero la elección no les corresponde. Y las mayorías cualificadas que exige la Constitución y la Ley Orgánica para la elección de los vocales del Consejo no pueden servir para legitimar acuerdos de pasillo, y menos bloquear su renovación por intereses de partido, sino para la elección responsable, transparente y consensuada de los mejores candidatos, aquellos que aseguren que la justicia, que emana del pueblo, sea impartida por los jueces y magistrados independientes, inamovibles, responsables, y sometidos únicamente al imperio de la ley (“Desnaturalización del poder judicial”, infoLibre.es de 14-4-21). Es lo que, claramente, dice la Constitución, tan defendida por los que la tergiversan en función de sus intereses partidistas.

    Lo que pone de manifiesto la actitud de las mencionadas Asociaciones de jueces, es que su inquietud no busca la independencia judicial, sino ser independientes. Es decir, controlar a los otros poderes, sin que a ellos nadie los controle, ni siquiera el Parlamento. Como si aprobar las  oposiciones memorísticas, por las que acceden a la “profesión”, les revistiera de un aurea angelical que les liberara de otros intereses materiales. No siempre ni todos los jueces, según vemos, actúan sólo sometidos al imperio de la ley. Muchos jueces, en sus interpretaciones de la ley o en la aplicación de la misma, buscan culminar con éxito su “carrera” judicial, aunque, para ello, tengan que seguir “ciertas” indicaciones... Lo dice bien claro Elisa Beni en el artículo citado: Los jueces de derechas quieren independizarse. No es que quieran ser independientes, que sería lo suyo..., no, lo que quieren es ser el poder independiente de su casa. El poder que se lame solo. El poder que controla a todos pero que no es controlado por nadie, ni acepta normas de nadie, ni siquiera las que emanan del Parlamento... (Como –añado yo- ocurre con la ley que critican sin razón).

   No alargaré más. Y escribí sobre el tema: Miente el Consejo General del Poder Judicial, y lo peor es que lo sabe  (7-2-21   www.solicitoopinar.blogspot.com.es).

   Terminaré con las contundentes palabra de Elisa Beni, que, creo, sintetizan bastante bien este trabajo: Unos señores con toga no se le pueden subir a las barbas a los poderes emanados del pueblo por intereses particulares y corporativos. La separación de poderes no significa que unos opositores, sin legitimación de la soberanía popular, pueden independizarse del resto (Ibidem).

 

 

 

   Manuel Vega Marín. Madrid, 17, Abril, 2021     www.solicitoopinar.blogspot.com.es

 

   

           

LA POLÍTICA DE “CUIDADOS”, UN PILAR DEL ESTADO DE BIENESTAR

   Terminada la segunda Gran Guerra, Europa quedó tan brutalmente destruida tanto física como social, sicológica y económicamente, que fue urgente atender a su reconstrucción material, y, sobre todo,  levantar la moral de los ciudadanos facilitándoles todo tipo de ayudas. Entre ellas, el llamado Plan Marshall. La implantación del Estado de bienestar formaba parte de esa política asistencial, sin olvidar que también obedeció a mantener la “guerra fría”  y competir con el régimen obrero-revolucionario del sistema soviético. Se suele afirmar que los beneficios producidos por la Revolución Soviética los disfrutaron más las clases medias y obreras europeas, que la propia población soviética. No es extraño, pues, que el estado occidental de bienestar decaiga en paralelo con el derrumbe de la URSS, provocado por los países capitalistas y su sistema económico neoliberal.

   Los hasta ahora considerados pilares básicos: acceso universal a la Sanidad y Educación Pública y el derecho a la jubilación dignamente pensionada, deben ser ampliados y complementados por el llamado sector servicios sociales. Con los gobiernos de derecha en España  más bien se ha retrocedido en su desarrollo, especialmente en lo referido  a este sector.  A este conjunto de servicios muchos autores lo llaman el Cuarto Pilar del Estado de bienestar. Y es del que me  ocupo en este artículo. Este pilar fundamental, si bien ya existía como tal antes de la pandemia en algunos países desarrollados, como los nórdicos, ha sido la propia pandemia la que ha evidenciado sus grandes carencias, y la necesidad urgente  de su implementación en otros países tradicionalmente menos preocupados por el asunto.

   Y no nos estamos interesando por la implementación del “cuarto pilar” sólo por su carácter asistencial, filantrópico o caritativo, sino también por la liberación que supone para la mujer, encargada hasta ahora de esos cuidados, que facilitaría la “conciliación” de la convivencia familiar. Nos interesamos también por la creación de un gran grupo de profesionales, que, bien remunerados, proporcionaría un gran “nicho” de empleos públicos directos e indirectos, amén de dignificar el carácter de “beneficencia” de los asilos de ancianos. Los/as profesionales que trabajan en dichas instituciones deben ser considerados como algo más que “limpiaculos” o cambiadores de dodotis...

   De este cuarto pilar de bienestar debemos destacar todos los servicios referidos a las personas  con dependencia. Principalmente, las escuelas de primera infancia (0-3 años) y las Residencias de Mayores. Son muchos los escritos e informes que destacan la escasez de personal, el déficit de formación de los subalternos o la precariedad laboral y económica de los ciudadanos y ciudadanas  que, a duras penas, pueden conciliar  sus vidas privadas con su dedicación a este sector de cuidados. Los efectos nocivos de la pandemia ha afectado tanto a la calidad de vida laboral y familiar de las mujeres, que se puede haber perdido 20 años en la carrera por la igualdad de género, según el informa de Boston Consulting Group, referido por V. Navarro

    De inspiración me han servido un trabajo publicado por el profesor Viçent Navarro en público.es de 6-4-21, El abandono de las familias: el escaso desarrollo del cuarto pilar del bienestar, o la especie de editorial de infoLibre.es de la misma fecha: Un informe detecta “escasez de personal, precariedad y déficit de formación” en el sector de cuidados en España. A ellos remito al lector interesado en datos. Igual de interesante resulta leer La nueva ola (invisible) de la pandemia..., publicado en infoLibre.es de 10-4-21 por Lara Carrasco.

   Si bien la pandemia no es sola  la culpable, si ha evidenciado y aumentado con la crisis sanitaria el número de mayores que viven solas y aisladas. Según un informe del INE, en 2020 el número de personas mayores de 65 años viviendo solas era 2.131.400, que supone un 44% de un total 4.849.900. Comparadas esas cifras con las del año 2019, el porcentaje era un 6,1 menos. Si retrocedemos en la serie histórica, vemos que el año 2020 marca el aumento más grande de los personas de esa edad. Ya un informe de enero de 2009, y según el INE,  decía que el 16,55% (7.651.073) de la población total superaba los 65 años. Ese porcentaje más de una década después sube al 19% ((9.303.070), de los cuales un 23% vive solo. Estadísticamente el dato es positivo por cuanto significa una mayor esperanza de vida; pero si nos acercamos a las personas que viven en circunstancias  de soledad no deseada, el problema adquiere otras valoraciones. (Para más datos estadísticos, remito al lector a los artículos citados).

   No obstante, el problema se agrava porque, aparte de que no hay estadística, se calcula que casi la mitad  de los mayores que viven solos, sienten y sufren los agobios de una soledad no deseada. Pero ya sea voluntario o no vivir sin compañía, la ayuda les será siempre  necesaria, aunque variará según el estado físico o psíquico de dichas personas. Esa ayuda siempre necesaria es la que exige un serio planteamiento estatal de los servicios de la atención  a las personas dependientes. Según el profesos Navarro, en España sólo se dedica un 0,75% del PIB a la atención de la dependencia; cuatro veces menos que en Suecia (3.2%). En similar situación se encuentra la educación infantil. Más de 800.000 dependientes están excluidos de los servicios, además de ser éstos actualmente insuficientes. Con voluntad política y un aumento del gasto en 4.821, incrementados un 10% anual, se crearían 500.000 nuevos puestos de trabajo, y en un horizonte de una década el problema estaría solucionado. Por no alargar este artículo, obvio lo referente al tema de la educación infantil.

   En la implantación de este cuarto pilar se están dando pasos importantes. Concretamente, copio de V.Navarro, el “Plan de choque de Dependencia 2021-20223” aporta un incremento de 600 millones de euros para la mejora de la financiación  del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia (SAAD), 238 de los cuales provendrán de la Administración General del Estado y el reso de las Comunidades Autónomas.

   Con una financiación suficiente el SAAD conseguiría disminuir la larga lista de espera, mejorar y asegurar las condiciones laborales y profesionales de sus trabajadores e introducir mejoras en los servicios de atención y mejorar la formación de sus empleados. En definitiva, se podría diseñar un servicio público de atención a los ciudadanos dependientes de calidad similar o superior a los existentes en los países de nuestro entorno.

 

 

   Manuel Vega Marín. Madrid, 10, Abril, 2021     www.solicitoopinar.blogspot.com.es

 

        

      

¡VACUNAS!..., ¡VACUNAS!..., ¡VACUNAS1..., ¡Y MÁS VACUNAS!...

   Hace poco más de un año que la Organización Mundial de la Salud (OMS) avisó a todos los Países de que los primeros contagios víricos producidos en China por la COVID-19, se habían expandido por todo el Planeta, provocando la pandemia que actualmente padecemos. A nivel social y político los primeros momentos fueron de alarmismo y desconcierto ocasionado por la falta de previsión e  ignorancia sobre el tema. Pero pronto la ciencia y la investigación acumulada se “pusieron manos a la obra”. Virólogos, epidemiólogos y biólogos, en general, una vez conocieron la estructura genética del “bichito”, se involucraron con ahinco. Coincidieron en que el antídoto más urgente y eficaz para ganarle la batalla al COVID-19 era una vacuna. Los medios clásicos como los confinamientos y cuarentenas, según se viene viendo, en parte por la irresponsabilidad de muchos ciudadanos, no son suficientemente efectivos.

   Para conseguir la ansiada vacuna no se escatimaron esfuerzos de todo tipo, empezando por la colaboración y comunicación entre científicos e investigadores de sus opiniones, hallazgos y conclusiones. Jamás la financiación pública se comportó tan generosamente en conseguir tan preciado objetivo. Sería penoso, pues,  que el capital y los intereses privados en la fabricación y distribución de la vacuna obstaculizaran y retrasaran la deseada solución. No sólo sería penoso. Pues resultaría criminal, dada la gran cantidad de hospitalizaciones y muertes que tal retraso conlleva. Sin embargo, es esas estamos... Y no nos referimos sólo a los países pobres.

   La OMS ha alertado del inaceptablemente lento el ritmo de vacunación en Europa. Para compensar tal lentitud, insta reforzar otras medidas sanitarias. Su director europeo, Hans Kluge, ha comunicado: Seamos claros, tenemos que acelerar el proceso con el aumento de la producción, la reducción de las barreras para administrar las vacunas y utilizar cada uno de los viales que hay almacenados. El riesgo de una falta de seguridad por la vacunación entre las autoridades y la población es considerable.

   En un interesante editorial del diario público.es se denuncia que La Unión Europea ha incumplido todos los objetivos de vacunación que se había marcado a principios de enero para el primer trimestre de este año. La Comisión europea anunció que para entonces el 80% de los mayores de 80 años, así como que el 80% de sanitarios estarían vacunados. Sin embargo, según los datos extraídos por la editorial del Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC), los porcentajes de vacunaciones están muy lejos de la meta. Menos de un tercio (27,1%) de mayores de 80 han recibido las dos dosis, y sólo un 56,7% han recibido el primer pinchazo.

   Como mi intención no es “estadística”, remito al lector interesado al citado editorial: Europa incumple todos sus objetivos de vacunación para el primer trimestre de 2021. 1-4-21.

   Mi verdadero interés es denunciar la irracionalidad y torpeza que, tanto  la población, como  las instituciones que dicen representarla, están mostrando con sus variables conductas y actuaciones respecto del cumplimiento de un objetivo tan importante como de tener cuanto antes a la mayor parte de la población vacunada.

   En comparación con nuestros antepasados Neandethales, los que nos  autoproclamamos Sapiens, no lo seamos tanto. Hago alusión  a un estupendo artículo de Ramón Lobo (Un hombre cada vez menos sapiens,  infolibre.es de 1-4-21). Es que no somos tan inteligente como nos pensamos. –Sigue diciendo Lobo-: Si no me cree, salga a la calle y observe cómo nos comportamos en medio de una pandemia, viaje en autobús o en metro, si tiene, y escuche a la gente hablando a gritos al teléfono móvil mientras que inundan el vagón de miasmas y virus. Somos una especie peligrosa.

   Debe ser la buena vida, que muchos ciudadanos sapiens han tenido la suerte de disfrutar, la que ha insuflado en éstos tal egoísmo, que se creen en el derecho de seguir gozando sin pensar que, mientras ellos llenan restaurantes y terrazas de bares, otros conciudadanos como sanitarios, etc. no tuviesen el mismo derecho a vivir. Los políticos, a la vista de la conducta irresponsable de los ciudadanos a los que representan, debieran aparcar sus desavenencias legítimas y concentrar el máximo esfuerzo en conseguir cuanto antes la llamada inmunidad de rebaño.

   Ciertamente, la Humanidad tiene infinidad de problemas a los que dar solución. Pero el mayor reto que hoy se deben plantear los agentes políticos y económicos es el de suministro de vacunas a la comunidad mundial. Millones de seres humanos pueden morir, sobre todo en los países pobres, si no se aumenta la fabricación urgentemente y, equitativamente, la distribución de la vacuna. Mientras países ricos como EE.UU o Inglaterra tienen prácticamente garantizado el suministro de dosis, y a fecha de hoy han inyectado la primera dosis a un tercio de su población, Otros apenas han podido vacunar al 1% de sus habitantes. El riesgo que se corre con esa política, no es sólo incrementar la desigualdad social  existente, sino que, según vaticinan algunos científicos, se dará opción a que el virus mute y resista a los efectos positivos de las vacunas. No es de extrañar, pues, que instituciones solidarias como COVAX, OXFAM o la Alianza de Vacunas del Pueblo vean corto su objetivo de vacunar el 27% de la población pobre, y pidan a los fabricantes de vacunas contra el coronavirus que compartan su tecnología y el derecho de patente para aumentar la producción.

   En España el Gobierno central ha instado a sus Comunidades autónomas a no interrumpir el ritmo de vacunación ni siquiera en festivos o Semana Santa, con el objetivo de conseguir la inmunidad del 70% antes del final del verano. Pero, como siempre, la Comunidad de Madrid, con tal de llevar la contraria al Gobierno de la Nación, sus gobernantes del Partido Popular, faltando a la promesa de su Presidenta, Isabel Díaz Ayuso, de no interrumpir el proceso de vacunación, sin embargo, estas Fiestas ha cerrados todos los Centros de Salud primaria, obligando a los ciudadanos, muchos procedentes de poblaciones lejanas, a aguantar colas de más de dos horas en dos únicos centros: el estadio del Atlético de Madrid y el “milagroso” hospital Enfermera Isabel Zendal, en donde se vacunará sólo a menores de 65 años.

    Es del todo “criminal” la política de “tierra quemada” que la Comunidad madrileña realiza no sólo con el Gobierno central, sino también con Gobiernos autónomos de su mismo color político. En inverosímil que el Gobierno de España, cuyos cupos de vacunas recibe de la Unión Europea y distribuye entre las regiones según el número de sus habitantes, quiera dañar no ya al gobierno de Ayuso, sino a cualquier madrileño sea del partido que sea. Pero, a juzgar por encuesta cara a las elecciones de Mayo, el victimismo de Ayuso y el masoquismo de muchos  madrileños  son bastante rentables...

   No será, pues, la primera vez en la Historia que los intereses políticos y económicos  se impongan a los humanos-sanitarios. Ni que las predicciones de la Ciencia sean tenidas en cuenta por el sistema liberal-capitalista respecto del comportamiento de la Naturaleza. Ahora la Ciencia pide un esfuerzo de vacunación global, que, muy posiblemente, si no se siguen sus directrices, resulte un fracaso de imprevistas consecuencias... ¡Ójalá me equivoque!...

   ¿O es que va a ser que, como dice Ramón Lobo, aquí tenemos rebaño abundante, pero nos falta la inmunidad?...

 

 

 

   Manuel Vega Marín. Madrid, 3, Abril, 2021      www.solicitoopinar.blogspot.com.es