Cada vez que el Gobierno español propone medidas, para salir del chantaje a que le tiene sometido el Partido Popular en el asunto de la renovación del Consejo Judicial, la Comisión Europea le da un sospechoso toque de advertencia. Ya lo hizo cuando el Gobierno presentó una Proposición de Ley para modificar la fórmula con la que se eligen los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). En un gesto de buena voluntad el Gobierno lo “congeló”, en espera de una respuesta similar por parte del PP. Pero, como no ha sido así, el Gobierno de coalición vuelve a la carga, descongelando lo referente a los nombramientos inoportunos de Magistrados de los Tribunales superiores por parte del Consejo mientras esté en funciones. Y, ante esta nueva Proposición de Ley, el Gobierno Europeo vuelve a advertir “cumplidamente”.
La Comisión Europea, a través del Comisario de Justicia, Didier Reynders, o de su portavoz, Christian Wigand, repite la misma rutina con expresiones como la siguiente: Es importante que los Estados miembros, al reformar el sistema judicial, lleven a cabo las consultas necesarias, si es necesario, con todas las partes interesadas relevantes... Los Estados miembros deben seguir las normas europeas para garantizar que la independencia judicial no se vea comprometida... Poco aclara diciendo, a continuación, que las partes relevantes incluye actores relevantes en la esfera política, pero también en la esfera judicial... ¿...?...
No sé si estos gobernantes europeos tienen obligación de saberse la Constitución de cada uno de los Estados miembros. Pero, por lo menos antes de decir “chorradas”, debieran leerse lo que respecta a las cuestiones afectadas... Porque da la sensación, cuando advierten sobre el tema de la renovación del CGPJ, que nuestro Gobierno está actuando anticonstitucionalmente o de forma ilegal. Supongo que, al menos, sabrán que el artículo 122.3 CE dictamina la elección por el Congreso de los Diputados cada cinco años del CGPJ; que la Ley Orgánica vigente (1985) reguladora de su funcionamiento, en su artículo 568.1 mandata a los Presidentes/as del Congreso y Senado a adoptar las medidas necesarias para que la renovación del Consejo se produzca en plazo. En ninguno de ambos artículos se indica que tal renovación se tenga que hacer en un mercadeo entre los líderes de los dos grandes partidos, que han venido sumando bipartidistamente los escaños exigidos. Por tanto, la Proposición del Gobierno, mejor dicho, la Proposición del Psoe, apoyada por su socio minoritario de gobierno, UP, sólo pretende cumplir con su deber, intentando romper el bloqueo anticonstitucional del PP, a la renovación de un Consejo Judicial, elegido en 2.013 con Gobierno de Rajoy, y que lleva más de dos años fuera de plazo.
Ni el “constituyente” pudo prever la pluralidad parlamentaria actual, ni ninguna ley puede excluir de la negociación y consecuentes nombramientos, como pretende la derechona, a ningún grupo con representación en el Parlamento de la Soberanía popular. El Partido Popular, con su actitud filibustera, sólo pretende que sus causas de corrupción, muchas e importantes, sean juzgadas por “tribunales amigos”...
Es, pues, a los partidos de la Oposición, principalmente al PP, a quien la Comisión de Justicia Europea debiera advertir y denunciar severamente.
Espero, por otra parte, que las declaraciones de la portavoz parlamentaria del Psoe, Adriana Lastra, se hagan realidad y sean llevadas y debatidas en el pleno de Congreso de los Diputados, y aprobada la reforma propuesta por una amplia mayoría absoluta... Aunque estoy casi seguro de que, según vienen actuando el PP y sus medios afines, todo provocará varios días de portadas y “pena de telediarios”, para, volver a la casilla de salida...
Estoy de acuerdo con el interés de la Comisión Europea en que los sistemas de justicia de sus asociados, así como que sus órganos de gobierno, estén libres de intromisiones políticas; pero también exijo a jueces, a sus asociaciones y, sobre todo, a su Órgano de Gobierno, el Consejo del Poder Judicial, que no hagan política partidaria. Es vergonzante y escandalosa la beligerancia política que el CGPJ y su Presidente, Carlos Lesmes, vienen mostrando a favor del Partido Popular y de la derecha política en general.
La Comisión Europea, el Consejo Europeo, bien a través de su órgano consultivo, la Comisión de Venecia (Comisión Europea para la Democracia por el Derecho), cuyos estatutos adoptó España, bien a través de otra institución competente, insten con más fuerza a los estamentos, PP y el propio CGPJ, a cumplir con el mandato de la Constitución, y, dejando a un lado sus falsos pretextos, renueven cuanto antes el muy caducado plazo del actual órgano de gobierno de los jueces...
Manuel Vega Marín. Madrid, 6, Diciembre, 2020 www.solicitoopinar.blogspot.com.es
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