La democracia es un proceso que, si no se desarrolla, como ocurre en
todo proceso, no sólo se estanca, sino que se enquista. Para que un sistema
político pueda considerarse “democrático” no es suficiente que goce de una
Constitución y de Leyes, sino que se precisa que ese corpus legale goce de
vida y sea útil para solucionar tanto los grandes problemas de Estado, como los
cotidianos que padecen los ciudadanos. Curiosa y contradictoriamente, el
conjunto de leyes fundamentales y principios ideológicos que sostenían la
“democracia orgánica” franquista, fueron declarados principios “inmutables” del
Movimiento Nacional.
El magistrado emérito del Supremo, Martín Pallín, afirma que la democracia no consiste en una, más o
menos bella y armónica estructura literaria de los equilibrios y contrapesos,
entre los tres poderes del Estado. Su esencia radica fundamentalmente en el
respeto a los derechos y libertades de los ciudadanos, que constituyen el
núcleo duro de la Constitución, integrados también ahora por los derechos
económicos, sociales y culturales (“La
democracia española una bella fachada”,
eldiario.es de 5-10-19:). Sus sabias consideraciones me han
recordado dos artículos “colgados” en mi blog, solicitoopinar.blogspot.com.es,
en Mayo de 2018 y Marzo de 2019, ¿Tengo que aceptar que España es un país
democrático? y Una Constitución y unas leyes no garantizan,
per se, la Democracia, respectivamente,
cuyos contenidos y hechos referidos guardan un cierto paralelismo.
Efectivamente, la Constitución y el resto de leyes son normas, cuyos
mandatos obligan a ser cumplidos por todos los ciudadanos, y no ser meros
elementos decorativos de nuestra convivencia democrática. Como son tantos los
incumplimientos y tantas las normas no cumplidas por los máximos obligados a
ello, el lector comprenderá que sólo me refiera a algunos con mayor o menor
relevancia en función de los afectados. Un gran problema de fondo que los
cuarenta años de democracia no ha sabido despejar es el trato dado a la
República, a su Constitución y a los cambios que sus leyes progresistas
insuflaron a la sociedad, a pesar del poco tiempo que estuvieron vigentes. La
larga sombra de la guerra civil y la dictadura franquista sigue oscureciéndolos,
sin que la “ejemplar” Transición haya evitado que hoy se blanqueen, por el
contrario, el fascismo contenido en muchos de los eslóganes y propuestas de
Vox. Corolario de lo anterior es que una decisión tomada por un Parlamento
democrático el 13-9-2018, de exhumar la
momia del dictador de Cuelgamuros, aún no haya podido ejecutarse debido a los
obstáculos de todo tipo que la familia y diferentes “personajillos” de los
diferentes estamentos, jurídicos, políticos, económicos o religiosos, vienen
poniendo. Igual “parsimonia” se emplea para cumplir con la ley de Memoria
Histórica, aprobada en la legislatura de Zapatero, y que Rajoy se ufanaba en no
cumplirla, no dotándola económicamente.
Hace pocos días, el uno de octubre, se ha cumplido el segundo
aniversario de lo que el profesor Pérez Royo considera un ejercicio excepcional del derecho de manifestación con el formato
de referéndum (“Segundo
aniversario”, eldiario.es 1-X-17). Pues bien, después de la aplicación del
art.155 CE a la Generalitat catalana y de varias elecciones, autonómicas,
municipales, europeas y las generales de 28-A, además de la convocada
repetición para el 10 de noviembre próximo, éstas sólo han servido de “río
revuelto”, en el que han pescado votos los partidos anticatalanistas o
“españolistas”. Pero que, sin embargo, el problema político de fondo y de
integración territorial, no sólo se ha complicado jurídicamente por dejación de
responsabilidad y falta valentía de determinados políticos, sino que también va
a cumplirse dos años de prisión provisional o de exilio de líderes políticos
que encabezaron el procès, a los que
la sentencia del Supremo, a punto de dictarse, seguramente se los prolongará.
Desde la famosa sentencia de 2010 del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto
catalán se viene dando una continua interferencia entre los tres poderes
clásicos de un estado democrático. Injerencias que se incrementan desde las
decisiones de la Fiscalía General, pasando por la estrambótica instrucción del
magistrado Llarena, el criticado discurso del Rey de 3 de octubre, hasta
desembocar en el farragoso juicio en el Tribunal Supremo, cuya esperada
sentencia, aún concediéndole coherencia jurídica, no solucionará, ni mucho
menos conciliará la tensión que existe entre el Derecho y la Política iniciada
el uno de octubre de 2017. Siendo un problema político, la solución al mismo
tendrá que venir de la mano de la Política. Y no parece que con sólo repetir
elecciones el conflicto quedará resuelto desde una perspectiva política. Tanto
los soberanistas, como el Gobierno
central del Psoe y otras fuerzas de izquierda, saben que la solución al
problema es el diálogo hasta alcanzar un acuerdo para un referéndum vinculante,
en el que los afectados puedan decidir libremente. Pero mientras el conflicto
catalán siga siendo una fuente de votos para los partidos españolistas,
incluida una parte del Psoe, y el miedo
a ser tachado por éstos de venderse al independentismo, con sólo nombrar la
palabra relator, es suficiente para
frustrar cualquier intento de diálogo entre ministros y concellers.
No podemos esperar, como parece ser que hace Pedro Sánchez, un nuevo bipartidismo
que de estabilidad al Gobierno. Eso sería una vuelta a un pasado añorado por
ciertos “poderes fácticos” recalcitrantes. Es casi imposible que, sin cambiar
el sistema electoral vigente, y dada la variedad de partidos contendientes,
alguno pueda conseguir una mayoría parlamentaria suficiente que garantice la
estabilidad necesaria a todo poder, sin alcanzar pactos de gobierno o
programático con otras fuerzas afines. La historia de la aritmética
parlamentaria nos enseña que, salvo en las mayorías absolutas, por debajo de
los 156 escaños es casi impensable una investidura con gobierno estable. Con
123 escaños del PP en 2015 o del Psoe en 2019 sólo se produjo la falsa y corta
investidura de Rajoy en 2016 con 137 escaños. Sí nos fiamos de los cálculos hechos
por Pérez Royo, y pensando en una opción de izquierdas (si al Psoe se le puede
considerar así), el Psoe tendría que obtener mínimo 160, a condición de que las
derechas no obtuvieran más. Pero no sería razonable pensar que, tal como están
las cosas el partido de Sánchez pudiera alcanzar tal número de diputados, sin,
prácticamente, engullirse a Podemos y a otros grupos de izquierda.
Pero mientras que el Psoe siga aceptando y administrando las políticas
económicas neoliberales impuestas por las élites españolas y europeas,
difícilmente en España habrá un gobierno de coalición de izquierdas con Unidas
Podemos. Y por más que los problemas aludidos anteriormente sean importantes y
de urgente solución, sólo servirán de cortina de humo que oculte otros problemas
que afectan más directa y cotidianamente a los ciudadanos de clase media y
trabajadora. Nos referimos, como dicen en UP, a los problemas del comer. A la crisis
socioeconómica que seguimos padeciendo, fruto de esas políticas ultraliberales,
tenemos que sumar las falsas e ineficaces soluciones: reformas laborales,
austericidio y medidas fiscales regresivas, que no son más que pretextos que, a
la vez que fomentan las desigualdades entre las clases sociales, causan
enriquecimiento en las élites del poder. Todas esas medidas ultraliberales, que
se quieren hacer pasar por económico-técnicas, son decisiones políticas,
aplicadas por los sucesivos gobiernos del Psoe y PP, causantes de la
considerable reducción de las conquistas de derechos obtenidos antes de la Gran
Recesión. Como señala el profesor Vicenç Navarro, el objetivo principal de tales políticas neoliberales era precisamente
la reducción del poder del mundo del trabajo en beneficio del mundo del capital
y de las rentas superiores (“Por
qué es esencial que las izquierdas desanimadas voten”, público.es de 7-X-19).
La otra crisis, aunque no nueva, que el emérito Navarro menciona en el
artículo mencionado, es la crisis
climática. El consumismo salvaje impuesto por el capitalismo ultraliberal y
los poderes dominantes de los mercados, junto con los monopolios y oligopolios
de las energías básicas, no sólo miran por sus beneficios antes que de la salud
del Planeta, sino que, además, los primeros damnificados, como siempre, serán
las capas populares. Si los gobiernos de los Estados no hacen frente a ese tipo
de decisiones empresariales, estando sus miembros más interesados en jubilarse
en los consejos de administración de las grandes empresas energéticas, vía
“puertas giratorias”, como ocurre en España, más pronto que tarde, los
problemas acumulados no tendrán solución. Es claro, pues, la necesidad un giro
de 180º en las políticas económicas y medioambientales. Las derechas no harán
tan radical cambio en las políticas actuales, identificados como están sus
intereses con los del mundo financiero. Ni siquiera serán suficientes, salvo
que el Psoe recupere su vocación socialdemócrata transformadora, gobiernos de
coalición de izquierdas aglutinados sólo por químicas o afectos afines. El
aglutinador no puede ser otro que un compromiso de firmes principios, con los
que llevar a cabo cambios sustanciales en nuestro sistema socioliberal.
El electorado, especialmente el que vota izquierda, debiera hacer oídos
sordos a los cantos de sirenas, que desde los medios de comunicación, y con el
pretexto del cansancio electoral, no hacen más que emitir y fomentar
interesadamente la abstención. Pero nunca mejor circunstancia que la actual
para que las clases populares se conciencien del valor de su voto para cambiar
este país, y recordar de sus mayores que sólo superando obstáculos, tendrán
valor duradero y estable las transformaciones de las políticas socieconómicas,
culturales y medioambientales...
Así que ¡CIUDADANOS Y COMPAÑEROS,
TODOS A VOTAR el 10 de Noviembre! ¡SÍ SE PUEDE!
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