NI SE REGISTRARÁN LAS EMPRESAS CORRUPTORAS POR LA UCO, NI LOS EXMINISTROS MONTORO O CATALÁ IRÁN A PRISIÓN PREVENTIVA COMO HA IDO CERDÁN.

 

   Hace tiempo –concretamente octubre de 1022- dejé de escribir. Tal era mi desánimo respeto de lo que pasaba en España. Pero, como considero que la cosa ha empeorado, no me quiero ir al otro barrio sin, al menos, dejar por escrito mi protesta:

    1.- Me rechina la mente cada vez que oigo la palabra “PRESUNTAMENTE”. Parece que, para denunciar un hecho claramente corrupto, fuera necesario que lo expresara un juez o tribunal mediante sentencia.

    2.- No comprendo la extrañeza que, para muchos, supone la existencia de la corrupción. Hace tiempo que escribí sobre el asunto. Las izquierdas fuimos ingenuas al aceptar la Constitución y, sobre todo, la “ejemplar” transición. Aunque la ley electoral, impuesta por Suarez, llevaba implícito el “bipartidismo”, creíamos que el tiempo y la buena voluntad de los políticos, iría “actualizando” tanto a aquélla, como a éste. No contábamos con que el “atado bien atado y” del recalcitrante franquismo se sobrepusiera a la “modernidad”. En mayo de 2018 escribí: “Cada vez se tiene más claro que los actores sociales y políticos que más lucharon y arriesgaron contra el régimen franquista, tuvieron que conformarse, por la  presión chantajista de los “poderes fácticos” –Ejército, Iglesia y Capital-, con sacar de las cárceles a compañeros condenados, y  confiar en que el paso del tiempo y una nueva mentalidad y educación, más distante de una mentalidad “guerrocivilista”, permitiese ir cambiando y removiendo pacíficamente los obstáculos que impedían que la democracia, estrenada con tanta ilusión, fuese siendo cada vez más homologable con las de nuestro entorno”.  (Escritos sobre temas políticos III, pags. 44-45)

    La corrupción será estructural y sistémica mientras impere el sistema capitalista; pero, al menos, esperábamos que los Gobiernos de turno reglaran y corrigieran lo que de perjudicial tiene el Capitalismo para la ciudadanía. Pero no ha sido así; y el “y tú más” campa a sus anchas por el “noble” ejercicio de la Política. La derecha y ultraderecha patrias sólo aceptan la democracia cuando ellas ganan las ecciones. Aún así, su único proyecto es mantenerse en el poder “cebando” a las empresas de su “cuerda política”. Así que no se trata sólo de “unas manzanas podridas”. Pero la gota que colma el vaso de la corrupción es el caso Montoro. Que desde un despacho fundado por él –Equipo Económico-, las grandes empresas del país modificaran o hicieran las leyes a medida de sus propios intereses, aprovechándose de su ministerio o de la mayoría del PP en las Cortes Generales, es la primera vez que ocurre en la Democracia española. Es lo que se llama “comprar el Boletín Oficial del Estado”.

    Y no terminaríamos nunca si tuviésemos que narrar las muy diversas modalidades de corrupción, que cada día nos proporciona el sistema bipartidista.

    Lo que ha ocurrido en la ciudad murciana de Torrepacheco compendia algo de lo que venimos denunciando.

     4.- Otra de las cuestiones que, aún con mucho trabajo, me han obligado a retomar la pluma de la protesta, es la amplia propaganda que la televisión pública y otros medios “progresistas”  le están haciendo, gratis, a los grupúsculos fascistas; sólo hay que ver el tiempo que los diferentes medios y periodistas le dedican a los mismos. No sólo se conforman con dar la noticia, sino que de su existencia se enteran hasta en los más recónditos rincones. De este hecho son conscientes los propios “fachas”, y de ahí que cada día aumenten y programen nuevas acciones. Una forma de combatirlos sería ignorarlos totalmente. Pero  se ve que algunos periodistas, yo diría que “becarios”, prefieren un puesto de trabajo fijo.

   Otros periodistas, como Jesús Cintora o Javier Ruíz, a los que tengo en gran estima, cultivan la “equivalencia” y, en sus respectivos programas, cuidan mucho la “prudencia” al tratar ciertos temas. No sé si esa circunstancia les viene impuesta, o son sus propias experiencias –el gato escaldado del agua caliente huye-, o ambas cosas a la vez. Además, ambos comunicadores, al tratar sus temas, paracen beber de las mismas fuentes.

    5.- Un pilar fundamental en el que descansa el Estado democrático es el poder judicial. Pues bien, son algunos de los jueces que, precisamente, se hacen famosos, por no respetar ese poder del que están investidos; y aunque en España gozan de una institución, como es el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), para su autogobierno, dicha institución actúa con carácter corporativista y “conservadora”, sin importarle lo que, para su renovación, le exige la Constitución. Y, aunque el bipartidismo reinante lo renovaron, aparentemente, repartiéndose al 50% sus miembros, ese talante corporativista y conservador, incluso “machita”, se ha puesto de manifiesto últimamente en el nombramiento de los Presidentes de las dos Salas más importantes del Tribunal Supremos: la Penal y la de lo Contencioso.

   Y así podríamos seguir denunciando las veces que el CGPJ, aparte de estar controlado por la “derechona”, se inmiscuye en los otros dos poderes, el Ejecutivo y el Legislativo, sin importarle en lo más mínimo el ridículo y el “hazme reír” que su conducta supone para la Justicia europea.

   Estos casos de corrupción resaltados no indican más que el estado de putrefacción en que se encuentra el llamado régimen del 78, y que algunos partidos políticos nos quieren hacer creer que la Transición fue ejemplar y ejemplarizante. Que si los progresistas no tomamos medidas urgentes, la propia Democracia, por la que tanto luchamos y que tanto nos ilusionó, se irá al garete.

    Y aquí lo dejo.....

                                                                                         Manuel Vega Marín

                                                                                             25-Julio, 2025

PODER JUDICIAL Y ESTADO DE DERECHO CONSTITUCIONAL

   Junto con el Legislativo y el Ejecutivo es uno de los tres poderes que configuran el Estado democrático y constitucional. Sendos poderes son independientes entre sí..

   El Título VI, en su artículo 122 de nuestra Constitución vigente (de l978), regula lo que se refiere a la organización del Poder Judicial. En su apartado 1 dice que una Ley Orgánica regulará todo lo referente a su constitución, funcionamiento y gobierno de los Juzgados y Tribunales, así como el estatuto jurídico de los Jueces y Magistrados... En el 2 determina que el Consejo General del Poder Judicial es el órgano de gobierno del mismo. Y nuevamente remite a una Ley Orgánica, que establecerá su estatuto jurídico y sus funciones.

   Pero es el apartado tercero de este artículo el que ha creado las mayores discusiones, fundamentalmente en torno a la elección de sus 20 miembros. Esas discusiones, más que debidas a interpretaciones técnicas, obedecen a intereses políticos e ideológicos. Pues una lectura desinteresada del precepto los impide. Sus miembros, incluido su Presidente, serán nombrados por el Rey por un período de cinco años. De éstos, doce entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la ley orgánica; cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados y cuatro a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros, entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio en su profesión.

   La primera Ley Orgánica una vez vigente la Constitución  es de Enero de l980. Sobre esta Ley se han venido haciendo sucesivas modificaciones en función de contextos sociales, históricos o electorales. La primera modificación de importancia fue la que se llevó a cabo gobernando el Psoe de Felipe González en 1985. Por esta reforma se introduce la participación del Parlamento en la elección de los doce entre Jueces y Magistrados. Ello no implica que los jueces y sus asociaciones no intervengan en la elección de sus representantes. Pues éstos presentan al Parlamento un listado sobre los que los que eligen los parlamentarios. Hasta entonces los jueces del Consejo eran elegidos por sus pares, como ahora hipócritamente exige el Partido Popular, llegándose a una excesiva representación altamente corporativa y “politizada”, que anulaba el pluralismo social y democrático, incluso entre los propios jueces. Con el actual modelo, no sólo se respeta el pluralismo, sino se está más acorde con la Constitución, que en su artículo primero, apdo.2, que dice que la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado, y con el art. 66 que establece que Las Cortes Generales representan al pueblo español y que están formadas por el Congreso de los Diputados y el Senado. Es muy sospechoso que habiendo tenido la posibilidad de cambiar la Ley Orgánica de 1985 cuando gobernaba el PP, no lo hiciera. Y que siempre que este partido, cuando  está en la Oposición, provoque el conflicto. Cuando el PP pierde en las urnas, pretende conservar el poder que aquéllas le dieron un día. ¿Por qué será?... Quizá estaremos en lo cierto si pensamos que con la prolongación inconstitucional e ilegal intentan encubrir los desmanes y corruptelas cometidos cuando gobernaban.

   Una de las razones que ahora reitera el PP para el bloqueo de casi cuatro años es que Europa exige que sean los jueces los que elijan a los jueces que conforman el CGPJ. Nada más lejos de la verdad. Ni las interpretaciones progresistas de la Constitución, ni de la legalidad vigente nada conduce a la engañosa interpretación del Partido Popular. Me limitaré, pues, a reproducir el pensamiento del jurista Enrique Santiago expuesto en el Diario.es, de 14 de octubre: No existe en la Unión Europea.....norma o acuerdo que indique que para garantizar la independencia judicial en España es necesario que el CGPJ sea elegido mayoritariamente por los propios jueces... La independencia judicial en Europa... no depende de los Consejos de la Magistratura (u órganos similares como en España el CGPJ), sino que se configura por mandato de la Ley y con normas que garantizan que los demás poderes públicos o particulares no van a poder ejercer presión alguna a los jueces y juezas al momento de poner sentencias. Es más, ni siquiera en todos los países pertenecientes a la UE existe un órgano específico que garantice la independencia del Poder judicial. Y en los que existen se denominan igual, ni se configuran de la misma manera.

   En su visita a España de Didier Reyders, Comisario de Justicia de la UE, se expresó de la misma manera que lo hemos recalcado en el párrafo anterior. En todo caso, Reyders repitió las recomendaciones que vienen haciendo un grupo de expertos consultados por el Consejo de Europa, institución sin capacidad normativa, y que rebasan a los 27 países de la Unión Europea.

   Dos son los órganos consultivos del Consejo de Europa referidos habitualmente. Uno, el GRECO (Grupo de Estados contra la Corrupción), y otro, la COMISIÓN DE VENECIA, que se preocupa más por la imparcialidad e independencia de los jueces al impartir la Justicia, que por la de su órgano de gobierno. Es importante el estudio de la Comisión de Venecia, refrendado por el Consejo de Europa, Criterios de verificación del estado de derecho. En el citado documento se fijan, no de forma exclusiva, los cuatro elementos para que se de independencia judicial: a) modo de nombrar a los jueces, b) tiempo en que ejercen sus funciones, c) garantía contra las presiones externas, y d) si la judicatura es percibida como imparcial e independiente.

   En uno u otro grupo de expertos, los epígrafes que sugieren o recomiendan las normas aplicables para conseguir una administración de Justicia justa e independiente, éstas nunca son imperativas, sino “aconsejativas”. Así el GRECO en el caso de España aconseja que en la elección del  grupo de los doce jueces y magistrados, el Parlamento no participe, como así viene siendo, no participe en el proceso de selección de esos jueces y magistrados, y que las Asociaciones de jueces utilicen métodos que garanticen la representación más amplia y proporcional en el CGPJ de todos los niveles de la judicatura, lo cual no sucede. Algo similar aconseja la Comisión de Venecia en cuanto se refiere a los Estados con órganos de gobierno semejante al español.

   Lo importante es evitar tanto el corporativismo, como la politización y, añadiría yo, el “enchufismo”, buscando siempre el equilibrio máximo.

   Concluyo aconsejando leer el artículo de Santiago que me ha servido de guía y entresacando algunas de sus  frases, con las que concuerdo enteramente. La Unión Europea no ha establecido una norma sobre cómo garantizar la independencia del Poder Judicial. Los estudios referidos por los diferentes interesados son sólo sugerencias y recomendaciones elaboradas por los grupos del Consejo de Europa a los que nos hemos referidos. No de la Unión Europea. Cualquier modelo o procedimiento que se use en la elección del CGPJ tiene sus pros y sus contras...

   Lo que no es verdad en absoluto es que EUROPA EXIJA A ESPAÑA QUE LOS JUECES ELIJAN A LOS JUECES,  como, mentirosamente, dice el Partido Popular.

 

 

   Manuel Vega Marín. Madrid, 16, Octubre, 2022    www.solicitoopinar.com.es

 

 

 

SOBRE LA INVIOLABILIDAD DEL REY (JEFE DEL ESTADO)

 

   Este privilegio real viene expresado en el artículo 56.3 de la Constitución española. Dicho apartado dice: La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Y la razón de tal situación radica en que –sigue el aptdo- Sus actos (como Jefe del Estado) estarán siempre refrendados en la forma establecida en el artículo 64, careciendo de validez sin dicho refrendo, salvo lo dispuesto en el artículo 65.2. Es, pues, el refrendante quien asume toda la responsabilidad de los posibles actos delictivos del Rey. De los actos del Rey serán responsables las personas que los refrenden (Art.64.2) La contraparte viene dada en base al art. 59.2, cuando el Rey se aparte de lo regulado por la Constitución, las Cortes Generales podrían, tomando constancia de ello, separarle de la Jefatura del Estado.

   Es el artículo 64.1 el que mandata que Los actos del Rey serán refrendados por el Presidente del Gobierno y, en su caso, por los Ministerios competentes. Es lógico, por demás, lo estipulado en el artículo 99, de que sea el Presidente del Congreso quien refrende la propuesta y nombramiento del Presidente del Gobierno, así como la disolución de la Cortes Generales. No tendría sentido que el Presidente del Gobierno refrendara su propio nombramiento, ni sería coherente que en un sistema democrático el Presidente del Ejecutivo refrendara la disolución de otro poder del Estado.

   Las funciones del Rey como Jefe del Estado y símbolo de la Nación están taxativamente mencionadas en los diez apartados (de la a la j), que no transcribimos por su extensión, pero que en ninguno hay referencia a su actividad privada. Sólo le queda al Rey, sin necesidad de ser refrendados los actos referidos en al artículo 65 (La remuneración del Jefe del Estado y la Casa del Rey).

   Como afirman muchos constitucionalistas, los preceptos que anteceden serían más que suficientes  una interpretación razonable de la Constitución en este asunto y muy coherente con el constituyente con los términos usados en la redacción del artículo 56.3. No hubiera hecho falta una norma que pusiera fin a un puñado de interpretaciones “interesadas”. El último intento ha sido del Partido Nacionalista Vasco (PNV) con su “iniciativa legislativa”. No se trata más que de proponer al Congreso su admisión a trámite. Según el artículo 87.1 CE, La iniciativa legislativa corresponde al Gobierno, al Congreso y al Senado, de acuerdo con la Constitución y los Reglamentos de las Cámaras.

   No tengo delante el actual Reglamento del Congreso. Pero me fío del catedrático Pérez Royo en lo que al respecto escribe (Una cacicada más de la Mesa del Congrreso, Diario.es 15-6-22). Tal como está regulada la iniciativa legislativa en la Constitución, artículo 87, y en el Reglamento del Congreso de los Diputados, artículos 124 y siguientes, la Mesa del Congreso no puede no admitir a trámite una proposición de ley presentada por “un Grupo Parlamentario con la sola firma de su portavoz” (art.126.1.2. Reglamento del Congreso).

   No hay ninguna materia sobre la que no se pueda presentar una proposición de ley. Ninguna. En consecuencia, no hay ninguna proposición de ley presentada por quien tiene legitimidad para hacerlo que pueda ser rechazada por la Mesa del Congreso (ibídem).

   Según el artículo 134.6, una proposición de ley, cualquiera que sea su metería, que suponga un aumento o disminución de los ingresos presupuestarios requerirá la conformidad del Gobierno para su tramitación. La Mesa del Congreso debería haberse limitado, pues, a la publicación de la iniciativa legislativa del PNV, y poner en conocimiento del Gobierno, para que éste en el plazo de un mes, manifieste su conformidad o no con la proposición de ley, teniendo en cuenta que su disconformidad con la misma deberá obedecer a motivos presupuestarios, según mandata el art. 126.3  del Reglamento del Congreso de los Diputados (RCD).

   La negativa de la Mesa a admitir a trámite la proposición del PNV, por el contrario, se basa en un informe de los letrados de la Cámara Baja, que, “constituyéndose” en intérpretes de la Constitución, dice que invade la reserva (¿?) constitucional existente en cuanto a los elementos esenciales de la Corona definidos en el Título II de la Constitución, al pretender un desarrollo normativo contrario al régimen jurídico de la inviolabilidad de la Jefatura de Estado, en los términos en que aquélla se configura en el artículo 56.3 de la Constitución, no resultando posible la regulación de esta materia mediante una Proposición de Ley. Ya el lenguaje que los letrados utilizan prejuzga una interpretación “interesada”, muy reñida con la sencillez del que emplea al constituyente al redactar el mencionado artículo.

   La iniciativa de marras del PNV, según su portavoz  Aitor Esteban, como otras del mismo Grupo Vasco, vienen amparadas por el deseo de una “regeneración democrática”. Especialmente por el “desajuste institucional” que se está creando por las diversas interpretaciones del tema de la inviolabilidad del Rey. Por ello insta al resto de Grupos a una reforma urgente que aclare tan importante cuestión. Pero, una vez más, el PSOE se une al PP y a Vox para negarla. Esteban acusa al PSOE de practicar una política de avestruz, meter la cabeza bajo tierra, y de no querer, realmente, democratizar la institución monárquica y su entramado institucional.

   Pero el PNV no debiera conformarse con la actitud tomada por la Mesa del Congreso, ni con el informe de sus letrados. Y, como finaliza Pérez Royo su artículo, recurrir ante la Mesa del Congreso para que revisara su decisión, y, en el supuesto de que no lo hiciera, podría acudir en amparo ante el Tribunal Constitucional.

   Nada mejor que las palabras del constitucionalista, para acabar el mío....

 

 

   Manuel Vega Marín. Madrid, 18, Junio, 2022          www.solicitoopinar.blogspot.com.es

 

 

 

PAN PARA HOY, Y HAMBRE PARA MAÑANA....

 

   Aún recuerdo de cuando era un niño en aquellos “años del hambre”, cuando mi madre decía, después de repartir entre los hermanos lo poco que había, ¡se acabó el carbón!... Y algo similar nos está queriendo decir, hoy más que nunca, la madre Naturaleza. Si queréis más pan, me tendréis que dejar tiempo y dinero para ir a la panadería a comprarlo, si  aún hay, o para reunir las materias primas para hacerlo... No estoy seguro de si esas meterías primas con las que la humanidad elabora los productos que necesita para subsistir y adaptarse a cada etapa de su evolución son escasas o ilimitadas; y pienso que entrar en un debate sobre ello es debatir sobre el sexo de los ángeles. Pues hasta el aire, que, si no ilimitado, sí es suficiente, si no está bien repartido y su uso es objeto de especulación en beneficio de unos cuantos, algo que en sí es bueno, necesario y barato, por su inadecuado e interesado uso, en la práctica puede devenir desechable y tóxico.

   Las fuentes de energías derivadas de elementos fósiles: carbón, petróleo, gas, etc. nos las ha ofrecido la Naturaleza gratuitamente, y ello ha condicionado, además, una forma de vivir en una sociedad, digamos tecnológica. Igualmente ocurre con otros minerales como el litio, níquel, silicio, etc., que están condicionando, y seguirán por un tiempo, la vida humana actual.  No tengo claro que el simple hecho de sustituir o emplear unos materiales en lugar de otros obedezca siempre e inexorablemente al agotamiento de los materiales sustituidos. Es posible que esa sustitución se deba a otras causas, como a una mayor utilidad y una más racional y barata economía en su uso. Por supuesto, estaré de acuerdo con esos cambios y sustituciones siempre que los mismos se realicen teniendo en cuenta la generosidad de la Naturaleza, respetando sus múltiples ecosistemas, y siempre que suponga una mejora real para la convivencia humana. Con lo que, en absoluto, estaré de acuerdo es que esos cambios obedezcan a una avaricia mercantilista y a una desleal competencia en la captación del “fetiche” Mercado. En definitiva, en un alocado e injustificable consumismo. El mercado es un lugar en donde los diversos productores intercambian sus productos. No una institución “intocable” y no sometida a normas por el Estado democrático. Nunca la meta donde los especuladores o “extractivistas” roben el legítimo beneficio de los auténticos productores. En fin, es la antiquísima lucha entre el Capitalismo versus Socialismo por la administración y reparto justo y equitativo de los bienes que, de forma gratuita, nuestra gran madre Naturaleza nos ofrece. Es un debate amplio que sobresaldría de este escrito.

   Mi intención, partiendo de la anterior introducción, es reflexionar sobre las medidas económicas adoptadas por el Gobierno para combatir “la que se nos viene encima”, que no es sólo la inflación y sus dañinos efectos. Lo primero que quiero dejar muy claro es que, si bien las guerras, todas, tienen efectos inflacionarios por lo que suponen en el aumento del consumo de energía, de la crisis inflacionaria española actual no es culpable la invasión de Ucrania Rusia, pues es anterior cronológicamente y, además, existe en otras partes del mundo alejadas espacialmente de esa guerra. Este conflicto lo están utilizando los sistemas económicos liberales de todo matiz para ocultar y justificar la causa del problema. La inflación es un factor específico de la economía, especialmente de la economía liberal. De manera que, si no hacemos un buen diagnóstico, planteando el problema en su propio ámbito, difícilmente solucionaremos el problema. Pero tampoco es mi voluntad, ni este el espacio apropiado para abrir una explicación sobre el tema. Otra vez será....

   Pues bien; como  de pequeños nos decía mi madre, hace tiempo que nuestra Madre Común, la Naturaleza, nos viene advirtiendo de que, si no moderamos el abusivo consumo y nos repartimos justa y sensatamente los dones que, de manera suficiente y generosa, nos ofrece, éstos devendrán  escasos: se acabará el carbón... Los graves daños que está produciendo a la Humanidad el “cambio climático”, no son más que síntomas coyunturales y externos con los que la Pacha mama nos advierte de una causa estructural más profunda, a la que hay que atacar radical y decididamente, si queremos sanarla efectivamente.

   Sabemos que las energías básicas (petróleo, gas, etc.) o derivadas (eléctricas) son el motor que mueve nuestras vidas. Por ello, su uso debe estar orientado a una conservación “mimosa” de las mismas. Y en caso de un inexorable agotamiento, habrá que buscar otras “energías alternativas o renovables”. Y en esa búsqueda parece que se está. Pero si no cambiamos los vicios y corrupciones en su administración, todo seguirá igual... Las llamadas “energías limpias”, también tienen su porcentaje de elementos contaminantes. En todo caso, serán “menos sucias o menos contaminantes”. No debemos, pues, dejar tan transcendental motor al albur exclusivo, interesado y egoísta de administradores privados.

   Desechada la guerra de Ucrania como la causa de la espiral inflacionaria que padecemos, hemos de destacar otras dos supuestas causas, a las que el Gobierno quiere hacer frente, pero con medidas más propagandísticas y coyunturales, que de fondo. Además resultan contrarias  a lo que parece quererse conseguir.

   Del elevado precio de la electricidad se pueden escribir miles de artículos y proponer cientos de soluciones para rebajar la factura industrial o doméstica de las empresas eléctricas, pero si, decididamente y sin complejos, las autoridades democráticas no actúan de verdad en el sistema de producción y subasta, y, sobre todo, en un reparto justo, equitativo de los dividendos y beneficios de los consejeros, además de suprimir las llamadas puertas giratorias, todo quedará en puro marketing.

   De la interesada y mafiosa administración de las energías básicas se pueden derivar otros contratiempo, que, aunque de aparente menor importancia, sí inciden rápida y muy negativamente en el conjunto de la ciudadanía. Se trata de la huelga de transportistas de mercancías de todo tipo. Sin entrar en las oportunistas intenciones políticas de algunos convocantes, la causa inmediata de la misma, no la única,  es la subida del precio  de los carburantes. Porque, como en otros casos, las causas reales son más profundas y estructurales. Por tanto, aunque las medidas tomadas por el Gobierno pueden valer para salir del paso, no dejan de ser pan pa´hoy, y hambre pa´mañana, además de contraproducentes. Si lo que se debe pretender es luchar contra la contaminación en pro de una “transición ecológica”, no tiene sentido combatir la subida de precio del carburante subvencionándolo con equis céntimos de dinero de todos, uses o no uses el coche privado, e independientemente de la existencia de medios alternativos que los ciudadanos puedan usar en donde vivan. Y así se podría seguir con la casuística. La coyuntura no puede ser más oportuna para  que las petroleras y los fabricantes de coches suban sus precios y, consecuentemente, sus beneficios.

   ¿No es más sensato y económico para todos, y más sano para el medioambiente y el clima invertir el dinero de las subvenciones privadas en el fomento, mejora y abaratamiento de los transportes públicos?

   Por otra parte, y para ir terminando, ¿no va siendo hora de que la autoridad competente se tome en serio la viabilidad de transportar por ferrocarril una mayoría de mercancías, que hoy se transportan, encareciéndolas, por carretera? Mientras en Alemania o Francia se transporta por ferrocarril en torno a un 30% de mercancías, en España, sólo un escaso 4%... ¿No ahorraría el Estado gran parte de lo presupuestado para mantener en buen estado las carreteras o para construir otras vías sin apenas uso? Y lo ahorrado, aparte de reducir la contaminación ¿no estaría mejor invertido en mejorar el media ambiente?...

   Además del ahorro económico que las medidas anteriores supondrían, también llevarían consigo ordenar el atomizado sector del transporte. Por un lado existe un oligopolio formado por las grandes empresas, consideradas legales y representativas, y por otro, una gran cantidad de camioneros autónomos, cuyos intereses nada tienen que ver con los de aquéllas, y, como “falsos empresarios” son subcontratados, cargando sobre sus costes las obligaciones fiscales y laborales, liberando de éstos a las grandes empresas oligopólicas. Este sistema, no sólo merma los legales ingresos públicos, sino que los camioneros, para poder hacer frente a ellos, se ven obligados a la súper explotación laboral. Quizá en el transporte y el reparto sea donde se da la mayor distorsión de nuestro mercado laboral.  

   Se evitaría, además, que cada vez que sube el precio del diesel –como si esa fuese la única causa- la sensación de caos producida en la distribución y abastecimiento de los centros comerciales, afectando a los suministros de las familias consumidoras. Los sanos intereses de los consumidores, pues, se ven atropellados por falsos huelguistas “infiltrados” en defensa de intereses que nada tienen que ver con los de los explotados y mal pagados camioneros.

   En resumidas cuentas, estamos afectados por una crisis, que no es ni nueva ni coyuntural. Más que de escasez de recursos naturales, creo que es un problema del reparto de los mismos y de control del ritmo “natural” de la riqueza a distribuir. Lógicamente, para la parte de la Humanidad a la que nunca llega la riqueza, ésta no existe o tendrá la sensación de que se está agotando; de ahí que su consecución sea cara. Con más egoísmo que lógica, la que otra parte de la Humanidad, privilegiada por su disfrute, se inventará cualquier artimaña, para mantener a la primera en sus creencias. Pero la realidad verdadera está en que existe –hay que decirlo- un injustísimo sistema de reparto de riquezas, que aminore los desequilibrios. En la mayoría de países ricos se intenta convencer a sus miembros de que si son ricos es gracias, precisamente, a su sistema político-económico: el capitalismo liberal. Y, para conservarlo no les importa extraer los dones de la Naturaleza, hasta agotarla, sin tener en cuenta sus ciclos y sin respetar sus deterioros (contaminación, cambio climático, etc.). Un sistema, que, despreciando al Estado, no se corta en acudir o “meter la mano”  en el erario público cuando le conviene. Este rico sector social no tiene el más mínimo escrúpulo en robar la riqueza natural a otros países pobres, aunque, para ello, organice guerras en las que mueren seres humanos.

   Y con este permanente y monumental chantaje tiene acobardado  al sistema socialista, que no hace más que poner parches coyunturales con los que “ir tirando”... ¡Hasta que el carbón se acabe!...

 

   Manuel Vega Marín. Madrid, 2, Abril de 2022    www.solicitoopinar.blogspot.com.es