Pero no sólo su
ignorancia, sino también su historia de corrupción. Se comporta como el
comandante fanático que lanza sus exiguas tropas contra el enemigo sin
cerciorarse de la posible mejor preparación de éste. Ciertamente, si aquellas
tropas son tan fanáticas y tan ignorantes como su comandante, no dudarán en
estrellarse contra un muro. Pero tanto uno y otras terminarán rindiendo cuentas
ante sus superiores jerárquicos del ineficaz dispendio de impuestos empleados
en su buena preparación. Habrá incluso ciudadanos más cultos preocupados por
saber si parte del presupuesto se desvió a las arcas del comandante.
Si algo bueno están propiciando a los ciudadanos las infames protestas
de la montaraz derecha, es obligarlos a recordar el comportamiento hipócrita y
corrupto de ésta en similares situaciones. Así, ante el griterío montado por el
nombramiento de Dolores Delgado como Fiscal General, transparente y plenamente
constitucional, ¿no nos hacen recordar los enguajes de Rajoy en los
nombramientos de los fiscales Maza y Moix? ¿No recuerdan la dimisión del Fiscal
General Torres-Dulce por no doblegarse a las presiones de quien lo nombró? ¿Ha
olvidado el PP a su ministro de interior, Fernández Díaz, diciendo aquello de esto me lo afina la Fiscalía? ¿Tampoco
recuerdan el “amoldamiento” que hizo Rajoy del Tribunal Constitucional para
sacar adelante el asunto catalán?, ¿ni cuando nombró a su Presidente, el sr.
Pérez de los Cobos, con el carnet del PP vigente?
Poco ha tardado el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en unirse
al desafinado coro de las derechas. Su Comité permanente, liderado por el del palo y la zanahoria, so pretexto de
defender la independencia del Poder Judicial, lanza un comunicado institucional
contra Pablo Iglesias, Vicepresidente del Gobierno (manque les pese),
instándole a la moderación, prudencia y
mesura y a abstenerse de hacer una utilización
política de la Justicia o de cuestionas su independencia. Y todo este
barullo por unas declaraciones en Antena 3, en las que, de pasada, describía
como una humillación a los jueces
españoles relacionados con el procès,
por muchos tribunales europeos. Menos mal que a Pablo no le salió la palabra ridículo, que, en realidad, es lo que
vienen haciendo nuestros jueces y tribunales respecto de los europeos en lo
tocante a los presos políticos, protagonistas del tema catalán. Esta salida a
la palestra del CGPJ no es más que la señal de corneta llamando al pleno a
engancharse a la batalla contra el Ejecutivo, con motivo de la propuesta de
nombramiento de la Fiscal General del Estado.
Que los siete votos en contra de la propuesta de ese nombramiento
provengan de una parte del sector conservador, elegido a propuesta del PP, no
es más que la confirmación del inicio de la “guerra judicial” declarada por el
PP al recién estrenado Gobierno de Coalición Progresista. Pero no ya porque
sean conservadores o hayan votado en contra. Están en su derecho. Es por la
“artimaña” que han exhibido en su votación, al emitir un voto particular,
incluyendo en el mismo un requisito, el de imparcialidad, no contemplado en el
Estatuto del Ministerio Fiscal. Éste es muy escueto en sus exigencias: ser jurista español de reconocido prestigio
y acumular más de quince años en el ejercicio profesional. Tan tasados
están, que en nombramientos anteriores, los propios conservadores habían
considerado este trámite de formal y ritualista. Pero esta vez ni la propuesta
de votación del Presidente Lesmes, omitiendo la palabra idoneidad, referida a la candidata, en pro de evitar una
escandalosa división del pleno, ha conseguido su propósito. Así que estos
señores, no sólo han usado su derecho de votar en contra, sino que se les ha
concedido la oportunidad de presentar una moción que ya traían preparada.
Sabemos que el PP domina las más altas magistraturas: el propio CGPJ, el
T. Supremo, el T. Constitucional, etc., y no quiere dejar su influencia en la
Fiscalía General. El PP no desea perder el último resorte de control de la
judicatura en que se ha convertido el CGPJ bajo la presidencia del “amiguete”
Lesmes. Por eso, aunque haya supuesto una aparente ruptura en la unanimidad
habitual del pleno presidido por Lesmes, éste ha aceptado lo solicitado por
Pablo Casado, retirando la alusión a la idoneidad de Dolores Delgado, que viene
siendo rutina en este tipo de nombramientos. Y por eso también es por lo que el
PP pone tantos pretextos falsos, que no son más que obstáculos para evitar el
mandato constitucional de su renovación.
El comunicado de la Comisión Permanente cintra el Vicepresidente del
Gobierno denota su afán de anular el único contrapoder que tiene este
omnipotente CGPJ, esto es: la crítica de cualquier ciudadano, en este caso,
representante de los mismos. Pero, aunque el precio sea anular el derecho
fundamental en democracia a la libertad de expresión, todo vale para taponar
cualquier resquicio que interpreten como un atentado a su corporativismo o un
acto de desobediencia a sus mandatarios y promotores. Sobraría tener que recordar
que en una democracia “madura” todos los poderes del Estado son susceptibles de
ser criticados, y que, cuanto mayor sea el poder detentado por sus
instituciones, mucho más celo debe poner la crítica en su control. Máxime, como
es el caso, si estamos ante un poder judicial que procura ser omnímodo, y que
aún huele a naftalina franquista. Es tanta y tan clara la exhibición de poder
de nuestro más alto Tribunal respecto del procès,
que incluso a riesgo de caer en el ridículo, pretendiendo reinterpretar la
jurisprudencia emanada de los Superiores Tribunales europeos. Si no queremos tener un “Gobierno de los
jueces”, es preciso que el pueblo soberano, mejor a través de sus legítimos
representantes, ejerza el contrapeso, ejerciendo con su crítica la libertad de
expresión. Uno de los pilares fundamentales de la Democracia.
Hay que recordar que, a pesar de que su nombre confunde, el CGPJ es sólo
un órgano administrativo, yo diría que político, en los asuntos referidos a la
administración de Justicia. Es un sarcasmo, pues, que el CGPJ advierta del uso
político de la Justicia, teniendo en cuenta el “modo politiquero” en que ha
devenido el nombramiento de sus vocales. Ello pudo verse de manera clara en el
último intento de renovación, frustrado por unas calculadas declaraciones del
portavoz del PP en el Senado, Ignacio
Cosidó, de que pactando a Manuel Marchena como presidente de la
institución, la tendría controlada. El CGPJ no es, pues, el lugar de
“residencia” del Poder Judicial, pues ésta reside en cada uno de los miles de
jueces “anónimos”, que cada día imparten justicia en sus destartalados
juzgados, y no sólo los “amiguetes” del sr. Lesmes.
Todos sabemos que este órgano es de mayoría conservadora, y es la
institución que carece de los contrapesos propios de todo sistema democrático.
De los tres poderes clásicos, en nuestro sistema democrático, el CGPJ es la
institución que, sin ostentar per se
el Poder Judicial, más se entromete en los otros dos, y el que más grita cuando
alguien de los otros poderes, máxime si es de izquierdas, critica sus errores.
El PP siempre ha tenido la habilidad de controlar la justicia para
usarla en su favor, dada la cantidad de casos de corrupción habida en sus
filas, a los que aquélla ha de juzgar.
El culmen de la politización de la Justicia, a costa de su
independencia, se alcanza en la reforma de 1913 llevada a cabo por el ministro
Gallardón; el PP aprovecha la mayoría absoluta de Rajoy para hacer las reformas
y cambios de efectos prolongados, que le sigan beneficiando aún cuando no estén
en el Gobierno. El gran número de
nombramientos en las altas magistraturas por un CGPJ en funciones, seguramente
será legal, no sé si será ético; pero sí muy antiestético. Ahora dicen que los
van a parar hasta que no haya renovación... ¡A
buenas horas, mangas verdes!...
Por otra parte, estos señores togados de negro satén, con collares y
abalorios al cuello y pecho y encajes de bolillos en sus pañetas, no debieran
creerse ángeles puros y perfectos; el haber aprobado una oposición (algunos con
recomendación) no les dota del don de la infalibilidad que les haga creer estás
por encima del resto de ciudadanos,
mucho menos, si éstos han sido elegidos para representarlos en el Parlamento,
sede de la soberanía nacional. Estos doctos señores que detrás de sus sonoras y
altivas palabrejas se vislumbran, no obstante, sus carencias y corruptelas. Si
no quieren ver a muchos de sus compañeros “humillados” por otros colegas menos
serviles y más profesionales, mejor harían en “rebajarse los humos”, hacerse
autocríticas y aprender de sus socios
europeos.
En definitiva, el comunicado de la Comisión
Permanente, aunque de entrada, ¡cómo no!, manifiesta su más absoluto respeto a
la libertad de expresión, tal respeto está condicionado a que la crítica no
cuestione la independencia, la imparcialidad o profesionalidad de los jueces a
(¡todos!) los que este órgano debe defender y proteger. Pero, después de lo que
venimos exponiendo, el comunicado más
bien nos parece un “aviso a navegantes”, que no se retirará mientras dure la
legislatura recién comenzada.
Dudo si el Vicepresidente cometió una imprudencia al manifestar en TV su
opinión sobre la actuación de determinados jueces o tribunales; pero sí tengo
la evidencia de que la irresponsabilidad institucional atribuida a Iglesias por
sus declaraciones, más bien se las podría aplicar a sí mismo el propio Consejo.
Porque es obvio que de las palabras de Pablo Iglesias no se puede deducir, sin
cierta intencionalidad, un ataque a la independencia de los jueces. Como afirma
el profesor Pérez Royo, lo que dijo el Vicepresidente no justifica la intervención del CGPJ, entre cuyas atribuciones no
entra la de debatir políticamente con nadie... En defensa de la independencia
del poder judicial puede y debe hacer de todo lo que esté en su mano. Pero
la crítica política de las palabras del “Vice” no corresponde hacerla al
Consejo. El CGPJ ha aprovechado la
ocasión para ser beligerante. No para defender la independencia del Supremo,
que no había sido puesta en cuestión, sino para atacar al Gobierno (“Imprudencia
frente a irresponsabilidad”, el diario.es de 16-1-2020).
La derecha con su hostil ofensiva contra el nuevo Gobierno intenta poner
en práctica, “modo moderno” un golpe de estado: el law fere. Pues la
aniquilación o la anulación del disidente puede conseguirse, bien por una
aplicación distorsionada de la ley, bien utilizando prevaricadoramente el
sistema judicial (“Hoy
no está bien visto un golpe de Estado con tanques en la calle”; esto escribí el
19-6-1919).
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