Los que tuvimos necesidad, bien por estudios o por trabajo, de salir de los
pueblos que nos vieron nacer, y nos instalamos en las grandes ciudades, todavía
volvíamos a nuestro terruño con nuestros hijos pequeños para que, además de
vivir unos días como vivieron sus
padres, conocieran a sus abuelos y primos, y no se desenraizaran del todo.
Aprovechábamos fundamentalmente las vacaciones, fiestas o eventos familiares,
alegres o luctuosos, para tales regresos. Algunos aprovechábamos, también, ese
tiempo de ocio para visitar otros pueblos y ciudades, a fin de inculcar en la
aún moldeable mente de muestra prole la diversidad de nuestras gentes y
territorios, a la vez que le fomentábamos y enseñábamos las diferentes culturas
y lenguas, arte o geografía. Así yo, por lo menos, tengo la sensación de que
mis hijos aprendieron sobre la realidad y con divertimento las asignaturas que
en el colegio se enseñaban de manera más teórica, árida y lejana. Tuve la
suerte de que mis hijos disfrutaban más haciendo rutas variadas por pueblos y
villas, que torrándose en las playas. Eso sí; muchas veces tenían que aguantar
o aburrirse mientras yo apuraba mi vinito en el bar debatiendo con el cura, el
maestro o con el primer parroquiano que se prestara.
Después, cuando esa prole se fue independizando, o bien permanecieron en
la gran ciudad en que nacieron, o bien emigraron a otras por motivos
profesionales o amorosos. Y, a medida que los abuelos fueron desapareciendo, y
aquellos primos fueron sustituidos por otros, las frecuentes visitas al pueblo
de origen, también se fueron distanciando hasta casi desaparecer.
Seguramente, las más de 50.000 personas que días atrás se manifestaron
en las calles de la Capital, no lo hacían sólo por un sentimiento de nostalgia
o añoranza de ver desaparecer los primeros estímulos vitales que fueron
constituyendo su niñez y adolescencia, sino por la desaparición de los medios
profesionales y asistenciales, que les garantizasen su juventud y su madurez
sin verse obligados a migrar. Ciertamente hay pueblos, cuyo abandono obedece a
motivos demográficos, sociológicos y económicos de imposible solución. Es casi
imposible mantener con vida a los pueblos surgidos en torno a una fuente de
riqueza, una vez agotada ésta, sin que otra la releve. Lo mismo ocurre cuando,
aunque se conserve el mismo volumen de riqueza, la extracción de ésta necesita
una menor mano de obra. Ocurrió en la España de los años 50-60, cuando millones
de obreros agrícolas hubieron de emigrar incluso al extranjero, obligados por
la introducción de la maquinaria en las labores agrarias, sin que pudieran ser
retenidos por su encaje en otros sectores laborales. Algo parecido ocurrió en
las zonas mineras o siderometalúrgicas, sin que el prometido reciclaje del
grueso de sus trabajadores fuera asumido por nuevas actividades cada vez más
tecnificadas. En fin, una especie de evolución darwiniana debe actuar
inexorablemente, sin que ninguna programación humana resulte eficiente en
hacerle frente. Sin embargo, no podemos dejar pasar la ocasión, aunque sea sólo
para mencionarla críticamente, esa otra programación mucho más eficiente que
supuso y sigue suponiendo el nacimiento y desarrollo del capitalismo con su
introducción en las relaciones humanas de sus dos dogmas fundamentales: la ley del máximo beneficio y el mercado como el gran regulador de
aquéllas. Pero no vamos a repetir aquí lo que las teorías marxistas o
keynesianas han dicho sobre el asunto.
Sí queremos reflejar aquí rotundamente que muchos de esos pueblos no
hubieran sufrido esa degradante situación, e, incluso, otros hubieran
evolucionado en positivo, si los servicios básicos y asistenciales (sanidad,
educación, comunicación, etc.) hubiesen llegado a tiempo, igual que lo hicieron
en las ciudades que aún perviven, superando un inicial declive.
No obstante, admitiendo las “oportunidades” que a muchos ciudadanos ha
ofrecido la emigración de sus padres y una cierta “libertad de movimiento”,
tendremos que reconocer la existencia estructural de una desigualdad de
oportunidades que se viene arrastrando entre los ciudadanos que viven en el
medio rural y los que viven en grandes ciudades. A este respecto, me ha llamado
la atención el artículo de Jordi Barbeta, La
España vaciada por la ley electoral, publicado en El Nacional cat. de
2-4-19. Suyas son las siguientes palabras: Estudiar
para un joven nacido en el medio rural es un lujo sólo al alcance de los hijos
de los caciques. Los servicios públicos, la sanidad, la educación y el
transporte que debería garantizar la movilidad funcionan rudimentariamente.
Pero el acceso a las nuevas tecnologías y a la conectividad con la red, que ya
hay que considerarlo un derecho fundamental, ha impulsado el progreso de la
humanidad, pero su diferente implantación ha abierto una brecha imposible de
superar entre la gran ciudad y el mundo rural.
El citado Barbeta ve en la Ley Electoral uno de los factores
determinante en la discriminación de oportunidades. Pero no deja claro si la
causalidad de esa discriminación reside en su proporcionalidad, o si prefiere
un sistema electoral mayoritario. Ambos sistemas tienen sus “pros y sus
contra”, en lo que no vamos a entrar. Personalmente y teniendo en cuenta la
diversidad española, estoy por el actual sistema que la Constitución establece
en su artº 68. Ve Barbeta que los intentos de los que quieren su reforma para
aumentar la proporcionalidad van dirigidos a una mayor discriminación.
Curiosamente, cuando se estableció un mínimo de dos diputados por
circunscripción, se hizo con la intención de proteger la representación en el
Parlamento de los distritos electorales más despoblados. Se criticaba entonces
que los que votan son las personas y no los territorios. Hoy se sigue diciendo,
y es real, que los escaños en esos distritos son más “baratos”, que en los que
se concentran mayor población. Que el sistema de listas cerradas y bloqueadas
centralice la toma de decisiones y el nombramiento de candidatos en las
direcciones de los partidos, también es verdad. Pero ello no justifica que haya
que cambiar todo el sistema; bastaría con abrir las listas y que el candidato
no sea un “cunero” impuesto desde fuera, sino elegido en “primarias” por los
ciudadanos del propio distrito. Así, en vez de que sea el líder del partido
quien designe al candidato por su fidelidad, éste sea elegido entre los que
mejor conocen los problemas de sus vecinos.
Que, por otra parte, resulte más rentable en términos puramente
economicistas, la implantación de determinados servicios en las zonas de mayor
concentración humana, no debiera ser un motivo para reivindicar que voten las
hectáreas. Bastaría con que las administraciones públicas se mentalizaran de
que per se hay servicios, que a corto
o mediano plazo son “deficitarios”. La descentralización política y
administrativa que nuestra Constitución establece, tiene como finalidad
primordial estar más cerca de los ciudadanos, para así poder solucionar más
fácilmente sus problemas. Otra cuestión será la disponibilidad de las
diferentes administraciones en el reparto de sus respectivas competencias.
Sobre todo las contribuciones económico-financieras por parte del Estado a los
diferentes entes territoriales. En este terreno es donde el Estado tendrá que
practicar y demostrar la solidaridad con las Comunidades, e igualmente, éstas
compartir sus bienes y riquezas entre sí. Se evitarían muchas de las tensiones
que se producen entre españoles de diferentes regiones.
En este querido país, después de la dictadura se hicieron muchas cosas
precipitadamente. Muchas obligadas por la propia urgencia de las mismas, y
otras por el temor a una posible involución. Eran necesarias una Constitución y
una Ley electoral que nos asemejara lo más rápido posible a los países
democráticos de nuestro entorno territorial y cultural. Ya España iba con
cuarenta años de retraso respectos de esos países que vencieron al fascismo.
Aquí tuvimos que esperar que el dictador muriera en la cama. Luego vino la
“excesivamente elogiada” Transición. Con la esperanza de que en el transcurso
del tiempo se corrigieran muchas de los errores, las fuerzas que más lucharon
por la democracia renunciaron a muchos derechos para los que habían hecho
mérito. Pero no ha sido así, y muchos de aquellos derechos a los que aquellos
luchadores renunciaron todavía están pendientes para sus hijos y nietos. Un
bipartidismo excesivamente conformista inmovilizó la Constitución y otras leyes
importantes, como la electoral, en su propio beneficio, dejando ad calendas grecas su adaptación a las
nuevas circunstancias. Esperemos que al menos la aparición de un nuevo partido,
como PODEMOS, evite una nueva política de bloques, configurada por las mismas
élites, y obligue a las demás fuerzas políticas a poner en marcha de una vez
por todas las reformas pendientes. Sabemos que hay capítulos de la
Constitución, cuyos excesivos requisitos hacen casi imposible su reforma; pero
hay otros, como la reforma de la Ley Electoral, cuyas condiciones no son tan
severas.
Para el tema sobre el que venimos reflexionando, me atrevería a sugerir
a los especialistas, sociólogos y politólogos, que, aunque el punto 2 del art.
68 CE, quizá por algunas razón de las urgencia citadas, dispone la provincia
como circunscripción electoral, ensayen la posibilidad legal de instaurar otras
demarcaciones electorales, que no sólo eviten el abandono de pueblos y aminoren
la desigualdad entre los que se resisten a emigrar y los que lo hacen, sino
que, además, promocione las oportunidades y servicios de los que deciden quedarse
en sus pueblos de origen. No sólo ganarían en calidad de vida las personas,
sino también la fauna y la flora de sus campos y sus bosques, y, en general, la
ecología recuperaría el equilibrio que va perdiendo… Sigan ustedes
reflexionando…..
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