Este catedrático de Filosofía Política firma en El País (8-1-16) un
artículo titulado La gran mentira.
Según él el problema de Cataluña, resultante de las elecciones de Septiembre,
es el insólito apareamiento de una
derecha local cleptómana, los independentistas de siempre y una extrema
izquierda de sesgo neolibertario y follonera. Y esa extraña coyunda sólo podría producir colapso
político e inestabilidad contaminante. Pero, contradictoriamente, dice el
profesor, todo este disparate tiene
dos causas remotas, sin cuyo concurso no se hubiera producido: Primera una conciencia nacional escindida y
vergonzante que los españoles arrastramos desde el final de la experiencia
imperial, y la segunda, que la política
no sabe leer una nueva realidad desde que, tras la guerra fría, se desactivaron
los idearios movilizadores del siglo XX, de los que quedan unos cuantos
dogmas, agitados por una política (mejor debería decir políticos) ayuna de inteligencia, que cada bando
utiliza de conformidad con el guión
mediático imperante. Y esta labor es la que realizan los misioneros del credo nacionalista, dada su hegemonía, no sin
contar con la anuencia ruin de unos pocos
poderosos, el apocamiento de biempensantes puestos de perfil y la omisión
irresponsable de los más. El sr. Vargas-Machuca tira la piedra, pero
esconde la mano, pues no aclara quiénes son concretamente esos “misioneros”.
Será porque pretende ocultar la larga connivencia que desde el Gobierno
central, tanto los de Felipe Gonzáles, como los de Aznar, como así mismo, la
“hegemonía” del PSC, incluyendo la frustrada y no investigada denuncia del
Pascual Maragall sobre la problemática “mordida” del 3% de los “convergentes”.
De todo ello algo sabría el sr. Vargas, ya que fue miembro del Comité Federal
del PSOE entre 1976-1996. ¿No habría que contar al sr. Vargas-Machuca entre los
biempensantes que se pusieron de perfil, ocultando a los ciudadanos,
irresponsablemente, todo lo que sabían?
Y es esta extraña lógica la que, en una primera conclusión, lleva a
nuestro “metafísico” de la teoría política a afirmar que sólo la mezcla de hegemonía y miseria político-mediática explica el
derecho a decidir, que no es más que
un eufemismo simplón y un gran embuste,
que independentistas irredentos y “progres” desorientados e interesados han
convertido en su bandera de conveniencia, haciendo de ese gran embuste la quintaesencia de la democracia. Y, ¡cómo
no!, la culpa la tiene PODEMOS, al que ahora
toca cortejar,… tras un engañoso éxito en los comicios generales del 20-D. PODEMOS
es, pues, rehén de aquellos a quienes
debe parte de su botín electoral, debiendo pagar por tal botín la defensa
que este nuevo partido hace del “referéndum”, que, maliciosamente, nuestro
analista interpreta como secesionista, a sabiendas de que PODEMOS está harto de
repetir que, de celebrarse éste, pedirá el voto a los catalanes para lo
contrario. No me extraña que con tan “marrulleros” argumentos de estos asesores
el PSOE haya llegado a donde está.
No obstante, reconoce el profesor que la gobernabilidad de España ha estado con frecuencia condicionada por la
cuestión catalana, pero no hasta el punto de poner en peligro la supervivencia
del Estado democrático. Es una desgracia tener que recordar a todo un
catedrático de Filosofía Política que acontecimientos como la llamada “cuestión
catalana”, hasta el presente mal resuelto, fue uno de los revulsivos que
terminó dando jaque mate a la democracia de la Segunda República por el “golpe
franquista”, la Guerra civil y la Dictadura consecuente que llevó al paredón de
fusilamiento, en Octubre de 1940, a Lluis Companys, presidente de la
Genaralitat. Por otra parte, me gustaría preguntarle al Sr. Vargas-Machuca cuál
es su solución y la del PSOE para esta incandescente cuestión, porque el
llamado derecho de autodeterminación, proclamado hasta no hace mucho en los
programas del Partido Socialista, y la muy “kakareada” solución federalista, se
han quedado sólo en “proclamas”. Y, si no, habrá que preguntar a Susana Díaz y
otras baronías del PSOE qué objetivo pretenden con el “sarampión unionista” de
que son víctimas…
Estos teóricos y analistas de la Política la siguen teorizando y
analizándola con criterios dogmáticos e instrumentos anticuados. Siguen
pensando que la Política es algo atemporal y ahistórico; que la Democracia se
inventó con la “gloriosa” Transición, y se ha mantenido gracias al
“bipartidismo turnante”, más allá de lo cual no hay vida. Y que todo lo que
acontece en la sociedad y que afecta a la vida real de los ciudadanos son como
“reminiscencias” platónicas, como reflejos de entes reales que habitan en los
espacios siderales… No es raro, por tanto, que nuestro profesor considere el
derecho a decidir como una afirmación genérica y equívoca que pretende alterar
el sentido y el alcance del derecho de
participación política. Y vuelvo a preguntar al profesor, ¿no es más
genérico y abstracto este derecho, del que aquél no es más que una de sus
posibles concreciones?... ¡Claro que, como todo derecho, éste de decidir, tiene
que reglamentarse! Para eso están los políticos y el ejercicio de la Política;
para concretar en leyes y normas QUÉ, CÓMO, CUÁNDO, QUIÉN O QUIÉNES, ese
derecho. No vale escudarse, hipócritamente, en una interpretación inmovilista y
dogmática de la Constitución y demás leyes. Tanto una como otras se “hacen para
el hombre, y no al revés”. Ciertamente, las leyes están para cumplirlas, pero
también para modificarlas o cambiarlas si han quedado obsoletas para solucionar
los problemas de la convivencia ciudadana. Y más que hipócrita, es indecente
utilizar argumentos falaces como “que España se rompe”…, que cualquiera del más
recóndito pueblo podrá convocar un referéndum, etc., etc. Lo que realmente
rompe, no sólo a España, sino a cualquier sociedad mínimamente justa,
democrática y solidaria es la distribución injusta de la riqueza, que el 1% de
ciudadanos acumule tanta o más riqueza que el 99% restante, que toda una
generación de jóvenes preparados tengan que emigrar porque este País no le
proporciona un futuro digno, que muchos jubilados arruinen sus ahorros por
ayudar a sus hijos y nietos, que muchos trabajadores que perdieron su empleo
hayan disminuido o perdido las prestaciones sociales, etc., etc… Para combatir
todos esos desequilibrios e injusticias se fundaron los partidos socialistas y
comunistas y otras instituciones laborales. Los ciudadanos que hemos militado,
militan o votan a estos partidos se ven cada vez más frustrados, oyendo al PSOE
repetir, como un mantra, que lo importante es la “unidad de España”, pasando a
un segundo lugar la educación o la sanidad, que lo importante ante la
oportunidad de un gobierno de izquierda es no aceptar el “derecho a decidir”,
que sólo muchos barones del PSOE han denominado “línea roja”, imposible de
traspasar. Acabar con la reforma laboral del PP, disminuir la desigualdad
social, terminar con la corrupción, con el saqueo a la reserva de las
pensiones, diseñar un sistema productivo moderno o un sistema fiscal e
impositivo más justo, etc., etc., y, en fin, recuperar todos esos derechos
perdidos, pasan a un segundo término ante el gran descubrimiento de “la unidad
de España”. Si con este “mantra” el PSOE pretende recuperar militancia y ganar
en una muy posible repetición de elecciones, que no se confunda; para esta
tarea están mejor entrenados el PP y los chicos de Ciudadanos. Pensar, como dice Octavio Granado en
mismo número de El País, que la unidad de
España estaría más garantizada con Emiliano Gracia Page o Susana Díaz como
líderes, que con Pedro Sánchez es discutible… Y sigue diciendo: los electores socialistas no merecemos que
nos representen resentidos, ni ambiciosos obsesivos. Ni debemos acudir a unas
elecciones anticipadas con el único reclamo ideológico de la unidad de España.
Y según estoy escribiendo, con el acuerdo a que se ha llegado en
Cataluña, aumentarán las presiones sobre el PSOE y Pedro Sánchez para la
formación de la “gran coalición”, recreando otro antiguo mantra: “la
estabilidad de un Gobierno central fuerte” frente a la reactivación del
“proceso soberanista”. Lo cual no deja de ser otra gran mentira, fomentada por
los mercados y los poderes que les representan. La fortaleza de un gobierno se
basa en la estabilidad que da la coherencia de un Parlamento que dialoga y
pacta entre los diferentes grupos, representantes de los intereses de los
ciudadanos, y que es capaz de hacer cumplir al Gobierno esos pactos,
transformados en Leyes. La mayoría absolutísima que gozó el PP en la anterior
legislatura se ha convertido, en vez de en un Gobierno fuerte, en otro
inmovilista, pétreo y solitario e incapaz de dar solución al mayor problema
político que tiene el Estado, cual es la cuestión catalana, que nos ocupa, por
no hablar de todos los problemas que el aislamiento y el alejamiento del
gobierno de Rajoy ha creado a los españoles. Esa cerrazón y ese inmovilismo
“legalista” de la Moncloa ha “fabricado” el mayor número de independentistas en
toda la historia del soberanismo catalán. Y en este, como en otros temas, el
PSOE ha sido un “fiel escudero” del PP. Por eso han sido los dos partidos que
más apoyo ciudadano, tanto en Cataluña como en el resto de España, han perdido
en las pasadas elecciones. Por eso me cuesta trabajo entender que el PSOE siga
enrocado y aislándose, cada vez más, en Ferraz. E, incluso, ni siquiera ha
esperado a que Rajoy se lo pidiera, para que el portavoz parlamentario, sr.
Hernando, se pusiera a total disposición de la Moncloa. Y lo más exasperante ha
sido oír hace un momento al Presidente del Gobierno, reaccionando a lo que está
sucediendo en el Parlament, con el manido y archirrepetido discurso
dogmático-legalista: bla…,bla…, bla…
Es cierto, y con esto vuelvo al discurso del sr. Vargas-Machuca, que son
las leyes emanadas de un Parlamento democrático las que deben conducir los hechos
y actitudes de los ciudadanos, que configuran la convivencia de una sociedad.
Pero no es menos cierto que, cuando la realidad social cambia, y este es un
hecho atestiguado por la historia, las instituciones y las leyes emanadas de
éllas, también deben cambiar y reajustarse a esos cambios. De no ser así, esas
mismas leyes, además de obsoletas, pueden devenir en “tiránicas”.
En el tema que nos ocupa, con los antecedentes de la sentencia de 1998
de la Corte Suprema de Canadá y la consecuente Ley de Claridad; con la
experiencia del referéndum escocés, y de haberse interpretado el restrictivo
artº. 92 de la Constitución, así como de la ley orgánica de 1980 que lo
desarrolla, de una manera más flexible, como, en su momento, aconsejó el
Tribunal Constitucional, las cosas no hubieran terminado en un posible “choque
de trenes”. Y, para ello, sólo hubiera bastado inteligencia, voluntad y altas
miras políticas. Porque no son los tribunales ordinarios de justicia, ni el
Constitucional, los que deben solventarlo. En nuestro caso, es el Parlamento,
en el que están representados todos los intereses de los españoles, incluidos
los de los catalanes, a quien hubiera correspondido, como dicen los profesores
Eduardo Manzano (CSIC) y Juan S. Pérez Garzón (UCLM) (El País 9-1-16) abordar esa posible Ley de Claridad y
acordar la pregunta clara y precisa que debería hacerse a los catalanes, así
como la mayoría necesaria para adquirir un nivel rotundamente legítimo de
apoyo. En esto, el PSOE, como partido que se autoatribuye el liderazgo del
“cambio”, debiera haber adoptado una actitud menos “seguidista” de la Moncloa y
de Génova, y haber puesto sus oídos más atentos al “clamor de la calle”. Prefirió
esa opción, contraria a la de PODEMOS y otros Grupos que apoyan “la Consulta”,
y ahora se ve rehén del PP y de su “marca blanca”, Ciudadanos… Sin atribuirme facultades de “pitoniso”, me
atrevo a vaticinar que, si “fuerzas extrañas” no se interponen, el “referéndum”
será el hábil “guardagujas” que evite el “descarrilamiento” fatal.
El profesor Vargas en su discurrir, hace afirmaciones que, a mi
entender, derivan de una idea “metafísica” de la Democracia, que la realidad
las puede volver, si no contradictorias, poco “operantes”. Sin duda, dice, (el
derecho) de participación política es
básico e insustituible, pero está circunscrito, resumo, a un contenido
doctrinal: Derechos humanos, y a un entramado procedimental (funcional) que son
las leyes que lo desarrollan y lo aplican. Sin
ese horizonte moral y asiento institucional ninguna comunidad política deviene
comunidad de justicia… Y, en tanto
que procedimiento, (el derecho de participación) opera sobre comunidades políticas como condición previa, que
presupone un ámbito territorial. Desde un punto de vista teórico, se podría
estar de acuerdo. Pero la práctica real desmiente que de esas premisas teóricas
se pueda, si no es de manera interesada y partidista, deducir las conclusiones
del sr. Vargas. Y, antes, debería hacerse varias preguntas: ¿Los Derechos
humanos, tal como están recogidos en la Carta, han existido siempre? ¿Son todos
los que son? ¿Qué ocurre cuando una comunidad no está constituida como tal, o su
asentamiento en un territorio viene precedido por un acto de conquista o de
colonización? ¿Deberán aguantar los “oriundos” cualquier sistema funcional
(procedimental), que los conquistadores o colonizadores les impusieran? Y una
última, para abreviar: ¿Los españoles que tuvimos que soportar el sistema
franquista, también llamado “democracia orgánica”, apoyado por un Estado
jerárquico (la Iglesia Católica), y reconocido o tolerado por otros Estados
democráticos y por instituciones, firmantes de la Carta de los Derechos u otros
documentos internacionales de similar contenido, hubiéramos tenido que
aguantarnos con tal sistema? No dudo que muchos supervivientes o herederos de
aquel régimen lo hubieran hecho muy a gusto. Y hasta se les permite el derecho
de participación que ellos ni permitieron, ni permitirían, si ese mismo derecho
no encajara en los esquemas teóricos o funcionales que ellos tienen de
democracia.
En coherencia con su “lógica-metafísica”, el profesor dice que la democracia no fue ideada para hacer o
deshacer Estados, sino para dotarlos de instituciones moralmente valiosas y
gobernarlos de manera justa. Pero, de nuevo la realidad histórica nos
obliga a nuevas interrogaciones: ¿Quién dictamina que esas instituciones son moralmente valiosas y aptas, por tanto,
para gobernar de manera justa? Y, si
eso no es así, según ha demostrado una
práctica secular y una teoría sobre la democracia, ¿qué tienen que hacer
los ciudadanos afectados? ¿Rezar para que “el cielo”, donde habita la teoría
política, les envíe un “demiurgo salvador”, que, “causa gratiae”, les libere de la ominosa situación? Y, como tal
milagro no ocurrirá, ¿no será más humano que sean los propios ciudadanos, con
su inteligencia y lucha política, traten de configurar un demos, pero no a medida, ni moldeado a conveniencia para convertir sus aspiraciones particulares en
derechos y obligaciones universales, como usted, sr. Vargas, afirma
gratuita y dogmáticamente. Ni, mucho menos, tales ciudadanos, independentistas y compañeros de viaje,
son folloneros que aprovechan coyunturas
críticas, que manipulan la democracia para su provecho e intereses
egoístas. Esa conclusión, aparte de ser injusta y dogmática, es tremendamente
ofensiva para tanta gente, incluyendo “camaradas” suyos, que no sólo ahora, sino
desde mucho tiempo atrás, se han visto obligados y, seguramente, otros seguirán
viéndose obligados a pasar “el testigo” a las generaciones futuras, para HACER
REALIDAD ESE CÓDIGO MORAL QUE SON LOS DERECHOS HUMANOS…
Y no quisiera terminar este trabajo con mi ánimo “agriado”. Pero, si
como cree, que en esto consiste la
almendra política del asunto (catalán): que, además de lo reseñado, tampoco hay choque de trenes, sino un asalto
a la democracia, víctima en esta ocasión de una estrategia oportunista e irresponsable,
improcedente legalmente y profundamente inmoral,… Usted, sr.
Vargas-Machuca, no ha entendido nada de este crucial problema, y, por ende, no
es el más adecuado consultor para asesorar a su partido en los “pactos” que su
secretario general, Pedro Sánchez, tendrá que afrontar, si quiere formar
gobierno… Y por lo que a mí respecta, tampoco me gustaría ser discípulo de su
Cátedra…
Pero lo más triste es constatar que la historia se repite, sin que sus
renovados actores aprendan de los errores anteriores. Similar coyuntura a la
actual ya se dio en el tercer mandato de Felipe González (1989-93). En ese
período se produjeron más de 3.000.000 de parados; los casos de corrupción
fueron frecuentes y escandalosos: caso Juan Guerra e Ibercorp, prototípicos de
enriquecimiento personal y tráfico de influencia, Filesa, de financiación
ilegal del PSOE, o el caso Gal, de terrorismo de estado. Sin embargo, Felipe
renovó gobierno, aunque sin mayoría absoluta (de 175 escaños a 159), no
obstante haber obtenido un millón de votos más que en 1989, gracias a su
capacidad de movilización, que hizo aumentar la participación en siete puntos.
Pero Felipe Gonzáles, que no era tonto, y sigue sin serlo, sólo que ahora le
interesan más “otros negocios”, se dio cuenta de aquella “pírrica” victoria,
haciéndole exclamar aquellas frases para los anales de nuestra historia: Quiero que todos los ciudadanos sepan que
he entendido bien el mensaje. Que sé que el triunfo debe ser tomado exactamente
como un mensaje de cambio sobre el cambio…
¡Ojalá que aquel Felipe de entonces y este PSOE de ahora, hubieran sido
consecuentes con tal premonición! Si Felipe hubiera hecho efectivo aquel amago
retórico de dimisión: “dos por el precio de uno”, ¿recuerdan?, Aznar hubiera
tenido que esperar, para que su impaciente ¡váyase,
sr González!, se cumpliera. Seguramente el PSOE no hubiera iniciado el gran
declive que le ha traído al resultado del 20-D. ¡El peor de su historia!... Y,
si Pedro Sánchez sigue sin entender el “mensaje del cambio”…. ¡Uf!...
Manuel Vega Marín. Madrid, 10 de Enero de
2016. Solicitoopinar.blogspot.com.es
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