MUCHA CASUALIDAD

 

 

   No me gusta pensar en “conspiranóias”; pero, cuando en el transcurso de poco tiempo se dan diversos hechos, cuyo objetivo parece ser el mismo, máxime, si previamente el “gurú” de FAES dijo aquello de “el que pueda hacer que haga”, uno se ve obligado a malpensar así.

    El objetivo –ya lo sabemos- es atacar por tierra, mar y aire hasta hacerlo caer al Gobierno de Pedro Sánchez. Y no será porque las medidas que éste está tomando  sean “socialistas”, o porque la Oposición no tenga derecho a ejercer su cometido, sino porque, simplemente, la derecha política española sólo acepta la alternancia en el poder, si es ella la que lo ocupa. Se creen los amos del cortijo, como diría el camarada Villarrolla.

    De los hechos referidos, sólo destacaré los que considero más importantes:

    1.- Observo que en las Comunidades donde hay incendios, están gobernadas por el PP, y cuyas causas atribuyen a la intencionalidad humana lo cual es muy difícil de probar. Y, cuando, como el ocurrido en Tarifa, de fácil identificación –bastaría con identificar al dueño de la furgoneta quemada-, no dicen absolutamente nada. Por cierto, en un anterior artículo escribí sobre lo sencillo que sería desviar el turismo: bastaría.... que un “terrorista” de la competencia nos pusiera una bombita.... o –añado- algo parecido...

    2.- Los incidentes producidos en los trenes, que, si bien es debido, en parte, al aumento de vehículos, el envejecimiento de vías, a la falta de inversión en el mantenimiento de las estructuras por parte del ministerio de Transporte Y Movilidad Sostenible, a cuyo mando está Óscar Puente, un “ogro” para el Partido Popular, provoca que los turistas  elijan otros medios de transporte, o, simplemente, dejen de venir. Pero esta extorción poco importa a la derecha “patriótica”. Y, como dice el Presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Viajeros Recurrentes de Alta Velocidad de España, en una artº de Ana Ayuso en elDiario.es, de 6-8-25, con cierto pesimismo: “si meten más actores o siguen aumentando la idea de liberalizar (sic), vamos a tener un problema serio. Yo no tengo esperanza de que esto vaya a mejor, Todo lo contrario”.

    3.- Es inexplicable que el sr. Tellado, segundo en el PP, se haya metido con el Presidente del PNV, Aitor Esteban, siendo este partido vasco un aliado natural, y haya dicho de él: “Queremos conocer y queremos llegar al fondo de esta extraña y turbia relación entre esta mafia corrupta y la investidura de Pedro Sánchez en la que el PNV ha participado y Aitor Esteban tiene la obligación de dar explicaciones”. Y a pesar de reconocer que sus relaciones con el PNV son correctas, sigue diciendo este “bocachancla”: Ellos han decidido apoyar la investidura y tienen que hacerse corresponsables. Es una legislatura fallida y el PNV debería replantearse su relación con el PSOE. No sé si desde su ignorancia política (yo diría mala leche), Tellado dice del sr. Esteban que “su apoyo cerrado a la continuidad de Pedro Sánchez, le convierte más que en socia en cómplice de todo lo que ha hecho”. Bonita forma de entender la amistad y lealtad políticas.

    Mucho más probable será que el PP, por afinidad  ideológica y una vez que haya “engullido” a Vox, pacte con Junts, -el partido del malvado Puigdemont- sin a los populares les importe mucho la Ley de Amnistía o el independentismo catalán. Bastaría con que al partido de Núñez Feijóo le hicieran falta los votos de Junts, para conseguir sus sueños: llegar al palacio de la Moncloa y desalojar de éste a Pedro Sánchez.

    4.- Es curioso que PP y Vox, cuyas ideologías debieran defender el mito de la buena convivencia de las “tres culturas”: judía, cristiana y musulmana, en el caso de Jumilla lo olvidan, demostrando, una vez más, su interpretación hipócrita de la Historia. Esta ciudad, como otras, fue “mora”, y en su período andalusí se denominó Gumalla, practicando la religión del Profeta hasta el siglo XIII, que fue tomada por los cristianos. Hoy Jumilla es una ciudad afamada por su vino y en la que viven unos 600 musulmanes de los casi 30.000 habitantes, muchos de ellos nacidos en España, sin que, hasta la llegada de Vox, hayan tenido conflictos en su convivencia.

   Por otra parte, esa interpretación mítica e hipócrita de la Historia olvida que por el Decreto de la Alhambra, los Reyes Católicos expulsaron de España a los judíos en 1.492, y que los musulmanes fueron deportados por Felipe III entre 1.609 y 1.914.

    Centrándonos en lo ocurrido en Jumilla, no debería extrañarnos la conducta del PP, que siempre que necesita los votos de Vox, no tiene ningún inconveniente en ir a por ellos. En este caso de manera sibilina e hipócrita. Para que no se note mucho su islamofobia, ha enmendado una ley prohibiendo un uso diferente de las instalaciones público-deportivas. Y, ya me dirán dónde van a celebrar las fiestas que los distintos credos vienen realizando. Hasta ahora, la única confesión religiosa que ha usado, previo pago al Ayuntamiento del alquiler, las instalaciones deportivas ha sido la musulmana. Así que “blanco y en botella”. Pero, además, es inconstitucional (artº 16 C.E) tanto que se les llena la boca de ser partidos constitucionalistas...

    Pero, de todas las personas sensatas e instituciones que han protestado por semejante conducta, hay una que quiero destacar, dado el talante hipócrita de su denuncia: la Conferencia Episcopal Española. Pues su ataque a tal actitud esconde una defensa, porque ¿qué sería del catolicismo –una de las confesiones que más fiestas celebra-. Sin, p.ej., la Semana Santa? Aunque creo que con todo lo católico que se las dan estos capillitas del PP y Vox, hubiera que aplicarles aquello de cuando las barbas de tu vecino....

    5.- Cuando terminaba este artículo, me informan de que por mor de un incendio se ha tenido que parar al tránsito ferroviario Madrid-Ávila. Además otro incendio, cuyas causas, lógicamente, achacarán a otros motivos, ha afectado a la Mezquita-Catedral cordobesa, símbolo mundial del Islám. Con los hechos reseñados y Núñez Feijóo hablando del “bienio negro”, es casi imposible creer que todo obedezca a la pura casualidad....

    Aquí lo dejo.....

                                                                                Manuel Vega Marín (9-8-25)

MORIR DE ÉXITO

 

 

    Hace muchísimo tiempo, cuando las playas eran “salvajes” y aún no se veían bikinis, ni la gran mayoría de españolitos, debido a sus escasas posibilidades económicas, pensaban en vacaciones; cuando cada cual construía por los arenales sin respetar el medio ambiente, y, cuando los gobiernos de turno tenían complejo de regular lo que la Naturaleza y nuestra situación geográfica nos había “regalado”, dije, -no sé si escribí- que ese “regalo”, más temprano que tarde, acabaría haciéndonos “morir de éxito”, como vulgarmente se dice.

    Pues bien, ese momento ha llegado. Y no sólo afecta a las playas “abarrotadas” de bañistas, sino que el turismo ha entrado de lleno en la vida de los españoles, afectando a la vivienda en las ciudades, en el trabajo, etc., etc.

    La juventud actual se ve avocada, aún teniendo trabajo, a tener que convivir con sus mayores hasta muy avanzada edad, y éstos se ven obligados a abandonar sus viviendas por el “ruido” de la avalancha turística, por la carestía de la vida, etc., y porque ya no pueden comprar en la “tiendecita” del barrio. Se ven impelidos por los llamados “fondos buitres” a desalojar sus viviendas de “alquiler antiguo” y buscar dónde vivir con alquileres muchos más caros, sin que los gobiernos se atrevan a intervenir, poniendo límites a aquéllos, ni siquiera en las llamadas “zonas tensionadas”. Sólo buscan “titulares” con los que pretenden dar  a entender que están haciendo algo de provecho para la ciudadanía más necesitada.

    Y así seguimos. Es fácil “sacar pecho” cuando los aires del mercado macroeconómico soplan de cola; pero, mientras el turismo siga facilitando trabajo precario, los gobiernos del Psoe y del PP, seguirán, cómodamente, sin preocuparse por crear otro tipo de empleo más estable. Deberían saber que el turismo de sol y playa es enormemente volátil; bastaría que la situación bélica, por ejemplo, existentes en otros Estados, se solventara, que éstos bajaran los precios o que un “terrorista” de la competencia nos pusiera una bombita. De todas maneras, vendrán, más extranjeros o que éstos sean relevados por un turismo nativo; pero lo que sí es cierto es que, precisamente, por la subida de precios que la multitud provoca, los turistas gastan menos. Y eso, sin tener en cuenta los beneficios que los “operadores” extranjeros se quedan.

    Es una pena que con la diversidad cultural que este país ofrece, entre la desidia de los gobiernos de turno, los incendios, provocados o no, por falta de inversión en su prevención, aquéllos no hayan tomado medidas eficaces.

    El vocablo vacacione proviene del latín “vacare”, cuyo significado alude a descansar del trabajo habitual, y que también podríamos tomar en su acepción de “cambiar de actividad”, siendo una “desgracia” que nuestra educación nos haya dirigido a buscar sol y playa principalmente.

    Además, aunque haya gentes o partidos políticos que amenacen con su “deportación”, hemos recibido un sin número de inmigrantes, que, lejos de venir de vacaciones, su situación laboral y social les obliga a aceptar trabajos sin cualificar y salarios de miseria, sin que ello suponga una bajada en la carestía de vida, obligando al resto de “españolitos” a vivir casi en las mismas condiciones.

    Hace unos días el sr. Núñez  Feijóo, el que no gobierna porque no quiere, dijo una frase, que ni  él mismo sabía lo que quiso decir: “las vacaciones están sobrevaloradas”, e inmediatamente toda la oposición montó en cólera. Nosotros, de dicha frase, nos quedamos con el término “vacaciones” como un derecho de los trabajadores recogido en su Estatuto, y dictaminado en la Ley 8/1980 de Marzo del mismo año. No obstante, hay más de cinco millones de trabajadores que por motivos económicos no  pueden ejercer dicho derecho.

   Con ello quiero manifestar que, aunque veamos abarrotadas las carreteras, las estaciones de trenes, aeropuertos y playas, antes que contradecir, más bien reafirma la tesis defendida en el presente artículo.

    Aquí lo dejo......

                                                               Manuel Vega Marín (2-8-2925)

NI SE REGISTRARÁN LAS EMPRESAS CORRUPTORAS POR LA UCO, NI LOS EXMINISTROS MONTORO O CATALÁ IRÁN A PRISIÓN PREVENTIVA COMO HA IDO CERDÁN.

 

   Hace tiempo –concretamente octubre de 1022- dejé de escribir. Tal era mi desánimo respeto de lo que pasaba en España. Pero, como considero que la cosa ha empeorado, no me quiero ir al otro barrio sin, al menos, dejar por escrito mi protesta:

    1.- Me rechina la mente cada vez que oigo la palabra “PRESUNTAMENTE”. Parece que, para denunciar un hecho claramente corrupto, fuera necesario que lo expresara un juez o tribunal mediante sentencia.

    2.- No comprendo la extrañeza que, para muchos, supone la existencia de la corrupción. Hace tiempo que escribí sobre el asunto. Las izquierdas fuimos ingenuas al aceptar la Constitución y, sobre todo, la “ejemplar” transición. Aunque la ley electoral, impuesta por Suarez, llevaba implícito el “bipartidismo”, creíamos que el tiempo y la buena voluntad de los políticos, iría “actualizando” tanto a aquélla, como a éste. No contábamos con que el “atado bien atado y” del recalcitrante franquismo se sobrepusiera a la “modernidad”. En mayo de 2018 escribí: “Cada vez se tiene más claro que los actores sociales y políticos que más lucharon y arriesgaron contra el régimen franquista, tuvieron que conformarse, por la  presión chantajista de los “poderes fácticos” –Ejército, Iglesia y Capital-, con sacar de las cárceles a compañeros condenados, y  confiar en que el paso del tiempo y una nueva mentalidad y educación, más distante de una mentalidad “guerrocivilista”, permitiese ir cambiando y removiendo pacíficamente los obstáculos que impedían que la democracia, estrenada con tanta ilusión, fuese siendo cada vez más homologable con las de nuestro entorno”.  (Escritos sobre temas políticos III, pags. 44-45)

    La corrupción será estructural y sistémica mientras impere el sistema capitalista; pero, al menos, esperábamos que los Gobiernos de turno reglaran y corrigieran lo que de perjudicial tiene el Capitalismo para la ciudadanía. Pero no ha sido así; y el “y tú más” campa a sus anchas por el “noble” ejercicio de la Política. La derecha y ultraderecha patrias sólo aceptan la democracia cuando ellas ganan las ecciones. Aún así, su único proyecto es mantenerse en el poder “cebando” a las empresas de su “cuerda política”. Así que no se trata sólo de “unas manzanas podridas”. Pero la gota que colma el vaso de la corrupción es el caso Montoro. Que desde un despacho fundado por él –Equipo Económico-, las grandes empresas del país modificaran o hicieran las leyes a medida de sus propios intereses, aprovechándose de su ministerio o de la mayoría del PP en las Cortes Generales, es la primera vez que ocurre en la Democracia española. Es lo que se llama “comprar el Boletín Oficial del Estado”.

    Y no terminaríamos nunca si tuviésemos que narrar las muy diversas modalidades de corrupción, que cada día nos proporciona el sistema bipartidista.

    Lo que ha ocurrido en la ciudad murciana de Torrepacheco compendia algo de lo que venimos denunciando.

     4.- Otra de las cuestiones que, aún con mucho trabajo, me han obligado a retomar la pluma de la protesta, es la amplia propaganda que la televisión pública y otros medios “progresistas”  le están haciendo, gratis, a los grupúsculos fascistas; sólo hay que ver el tiempo que los diferentes medios y periodistas le dedican a los mismos. No sólo se conforman con dar la noticia, sino que de su existencia se enteran hasta en los más recónditos rincones. De este hecho son conscientes los propios “fachas”, y de ahí que cada día aumenten y programen nuevas acciones. Una forma de combatirlos sería ignorarlos totalmente. Pero  se ve que algunos periodistas, yo diría que “becarios”, prefieren un puesto de trabajo fijo.

   Otros periodistas, como Jesús Cintora o Javier Ruíz, a los que tengo en gran estima, cultivan la “equivalencia” y, en sus respectivos programas, cuidan mucho la “prudencia” al tratar ciertos temas. No sé si esa circunstancia les viene impuesta, o son sus propias experiencias –el gato escaldado del agua caliente huye-, o ambas cosas a la vez. Además, ambos comunicadores, al tratar sus temas, paracen beber de las mismas fuentes.

    5.- Un pilar fundamental en el que descansa el Estado democrático es el poder judicial. Pues bien, son algunos de los jueces que, precisamente, se hacen famosos, por no respetar ese poder del que están investidos; y aunque en España gozan de una institución, como es el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), para su autogobierno, dicha institución actúa con carácter corporativista y “conservadora”, sin importarle lo que, para su renovación, le exige la Constitución. Y, aunque el bipartidismo reinante lo renovaron, aparentemente, repartiéndose al 50% sus miembros, ese talante corporativista y conservador, incluso “machita”, se ha puesto de manifiesto últimamente en el nombramiento de los Presidentes de las dos Salas más importantes del Tribunal Supremos: la Penal y la de lo Contencioso.

   Y así podríamos seguir denunciando las veces que el CGPJ, aparte de estar controlado por la “derechona”, se inmiscuye en los otros dos poderes, el Ejecutivo y el Legislativo, sin importarle en lo más mínimo el ridículo y el “hazme reír” que su conducta supone para la Justicia europea.

   Estos casos de corrupción resaltados no indican más que el estado de putrefacción en que se encuentra el llamado régimen del 78, y que algunos partidos políticos nos quieren hacer creer que la Transición fue ejemplar y ejemplarizante. Que si los progresistas no tomamos medidas urgentes, la propia Democracia, por la que tanto luchamos y que tanto nos ilusionó, se irá al garete.

    Y aquí lo dejo.....

                                                                                         Manuel Vega Marín

                                                                                             25-Julio, 2025

PODER JUDICIAL Y ESTADO DE DERECHO CONSTITUCIONAL

   Junto con el Legislativo y el Ejecutivo es uno de los tres poderes que configuran el Estado democrático y constitucional. Sendos poderes son independientes entre sí..

   El Título VI, en su artículo 122 de nuestra Constitución vigente (de l978), regula lo que se refiere a la organización del Poder Judicial. En su apartado 1 dice que una Ley Orgánica regulará todo lo referente a su constitución, funcionamiento y gobierno de los Juzgados y Tribunales, así como el estatuto jurídico de los Jueces y Magistrados... En el 2 determina que el Consejo General del Poder Judicial es el órgano de gobierno del mismo. Y nuevamente remite a una Ley Orgánica, que establecerá su estatuto jurídico y sus funciones.

   Pero es el apartado tercero de este artículo el que ha creado las mayores discusiones, fundamentalmente en torno a la elección de sus 20 miembros. Esas discusiones, más que debidas a interpretaciones técnicas, obedecen a intereses políticos e ideológicos. Pues una lectura desinteresada del precepto los impide. Sus miembros, incluido su Presidente, serán nombrados por el Rey por un período de cinco años. De éstos, doce entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la ley orgánica; cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados y cuatro a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros, entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio en su profesión.

   La primera Ley Orgánica una vez vigente la Constitución  es de Enero de l980. Sobre esta Ley se han venido haciendo sucesivas modificaciones en función de contextos sociales, históricos o electorales. La primera modificación de importancia fue la que se llevó a cabo gobernando el Psoe de Felipe González en 1985. Por esta reforma se introduce la participación del Parlamento en la elección de los doce entre Jueces y Magistrados. Ello no implica que los jueces y sus asociaciones no intervengan en la elección de sus representantes. Pues éstos presentan al Parlamento un listado sobre los que los que eligen los parlamentarios. Hasta entonces los jueces del Consejo eran elegidos por sus pares, como ahora hipócritamente exige el Partido Popular, llegándose a una excesiva representación altamente corporativa y “politizada”, que anulaba el pluralismo social y democrático, incluso entre los propios jueces. Con el actual modelo, no sólo se respeta el pluralismo, sino se está más acorde con la Constitución, que en su artículo primero, apdo.2, que dice que la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado, y con el art. 66 que establece que Las Cortes Generales representan al pueblo español y que están formadas por el Congreso de los Diputados y el Senado. Es muy sospechoso que habiendo tenido la posibilidad de cambiar la Ley Orgánica de 1985 cuando gobernaba el PP, no lo hiciera. Y que siempre que este partido, cuando  está en la Oposición, provoque el conflicto. Cuando el PP pierde en las urnas, pretende conservar el poder que aquéllas le dieron un día. ¿Por qué será?... Quizá estaremos en lo cierto si pensamos que con la prolongación inconstitucional e ilegal intentan encubrir los desmanes y corruptelas cometidos cuando gobernaban.

   Una de las razones que ahora reitera el PP para el bloqueo de casi cuatro años es que Europa exige que sean los jueces los que elijan a los jueces que conforman el CGPJ. Nada más lejos de la verdad. Ni las interpretaciones progresistas de la Constitución, ni de la legalidad vigente nada conduce a la engañosa interpretación del Partido Popular. Me limitaré, pues, a reproducir el pensamiento del jurista Enrique Santiago expuesto en el Diario.es, de 14 de octubre: No existe en la Unión Europea.....norma o acuerdo que indique que para garantizar la independencia judicial en España es necesario que el CGPJ sea elegido mayoritariamente por los propios jueces... La independencia judicial en Europa... no depende de los Consejos de la Magistratura (u órganos similares como en España el CGPJ), sino que se configura por mandato de la Ley y con normas que garantizan que los demás poderes públicos o particulares no van a poder ejercer presión alguna a los jueces y juezas al momento de poner sentencias. Es más, ni siquiera en todos los países pertenecientes a la UE existe un órgano específico que garantice la independencia del Poder judicial. Y en los que existen se denominan igual, ni se configuran de la misma manera.

   En su visita a España de Didier Reyders, Comisario de Justicia de la UE, se expresó de la misma manera que lo hemos recalcado en el párrafo anterior. En todo caso, Reyders repitió las recomendaciones que vienen haciendo un grupo de expertos consultados por el Consejo de Europa, institución sin capacidad normativa, y que rebasan a los 27 países de la Unión Europea.

   Dos son los órganos consultivos del Consejo de Europa referidos habitualmente. Uno, el GRECO (Grupo de Estados contra la Corrupción), y otro, la COMISIÓN DE VENECIA, que se preocupa más por la imparcialidad e independencia de los jueces al impartir la Justicia, que por la de su órgano de gobierno. Es importante el estudio de la Comisión de Venecia, refrendado por el Consejo de Europa, Criterios de verificación del estado de derecho. En el citado documento se fijan, no de forma exclusiva, los cuatro elementos para que se de independencia judicial: a) modo de nombrar a los jueces, b) tiempo en que ejercen sus funciones, c) garantía contra las presiones externas, y d) si la judicatura es percibida como imparcial e independiente.

   En uno u otro grupo de expertos, los epígrafes que sugieren o recomiendan las normas aplicables para conseguir una administración de Justicia justa e independiente, éstas nunca son imperativas, sino “aconsejativas”. Así el GRECO en el caso de España aconseja que en la elección del  grupo de los doce jueces y magistrados, el Parlamento no participe, como así viene siendo, no participe en el proceso de selección de esos jueces y magistrados, y que las Asociaciones de jueces utilicen métodos que garanticen la representación más amplia y proporcional en el CGPJ de todos los niveles de la judicatura, lo cual no sucede. Algo similar aconseja la Comisión de Venecia en cuanto se refiere a los Estados con órganos de gobierno semejante al español.

   Lo importante es evitar tanto el corporativismo, como la politización y, añadiría yo, el “enchufismo”, buscando siempre el equilibrio máximo.

   Concluyo aconsejando leer el artículo de Santiago que me ha servido de guía y entresacando algunas de sus  frases, con las que concuerdo enteramente. La Unión Europea no ha establecido una norma sobre cómo garantizar la independencia del Poder Judicial. Los estudios referidos por los diferentes interesados son sólo sugerencias y recomendaciones elaboradas por los grupos del Consejo de Europa a los que nos hemos referidos. No de la Unión Europea. Cualquier modelo o procedimiento que se use en la elección del CGPJ tiene sus pros y sus contras...

   Lo que no es verdad en absoluto es que EUROPA EXIJA A ESPAÑA QUE LOS JUECES ELIJAN A LOS JUECES,  como, mentirosamente, dice el Partido Popular.

 

 

   Manuel Vega Marín. Madrid, 16, Octubre, 2022    www.solicitoopinar.com.es

 

 

 

SOBRE LA INVIOLABILIDAD DEL REY (JEFE DEL ESTADO)

 

   Este privilegio real viene expresado en el artículo 56.3 de la Constitución española. Dicho apartado dice: La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Y la razón de tal situación radica en que –sigue el aptdo- Sus actos (como Jefe del Estado) estarán siempre refrendados en la forma establecida en el artículo 64, careciendo de validez sin dicho refrendo, salvo lo dispuesto en el artículo 65.2. Es, pues, el refrendante quien asume toda la responsabilidad de los posibles actos delictivos del Rey. De los actos del Rey serán responsables las personas que los refrenden (Art.64.2) La contraparte viene dada en base al art. 59.2, cuando el Rey se aparte de lo regulado por la Constitución, las Cortes Generales podrían, tomando constancia de ello, separarle de la Jefatura del Estado.

   Es el artículo 64.1 el que mandata que Los actos del Rey serán refrendados por el Presidente del Gobierno y, en su caso, por los Ministerios competentes. Es lógico, por demás, lo estipulado en el artículo 99, de que sea el Presidente del Congreso quien refrende la propuesta y nombramiento del Presidente del Gobierno, así como la disolución de la Cortes Generales. No tendría sentido que el Presidente del Gobierno refrendara su propio nombramiento, ni sería coherente que en un sistema democrático el Presidente del Ejecutivo refrendara la disolución de otro poder del Estado.

   Las funciones del Rey como Jefe del Estado y símbolo de la Nación están taxativamente mencionadas en los diez apartados (de la a la j), que no transcribimos por su extensión, pero que en ninguno hay referencia a su actividad privada. Sólo le queda al Rey, sin necesidad de ser refrendados los actos referidos en al artículo 65 (La remuneración del Jefe del Estado y la Casa del Rey).

   Como afirman muchos constitucionalistas, los preceptos que anteceden serían más que suficientes  una interpretación razonable de la Constitución en este asunto y muy coherente con el constituyente con los términos usados en la redacción del artículo 56.3. No hubiera hecho falta una norma que pusiera fin a un puñado de interpretaciones “interesadas”. El último intento ha sido del Partido Nacionalista Vasco (PNV) con su “iniciativa legislativa”. No se trata más que de proponer al Congreso su admisión a trámite. Según el artículo 87.1 CE, La iniciativa legislativa corresponde al Gobierno, al Congreso y al Senado, de acuerdo con la Constitución y los Reglamentos de las Cámaras.

   No tengo delante el actual Reglamento del Congreso. Pero me fío del catedrático Pérez Royo en lo que al respecto escribe (Una cacicada más de la Mesa del Congrreso, Diario.es 15-6-22). Tal como está regulada la iniciativa legislativa en la Constitución, artículo 87, y en el Reglamento del Congreso de los Diputados, artículos 124 y siguientes, la Mesa del Congreso no puede no admitir a trámite una proposición de ley presentada por “un Grupo Parlamentario con la sola firma de su portavoz” (art.126.1.2. Reglamento del Congreso).

   No hay ninguna materia sobre la que no se pueda presentar una proposición de ley. Ninguna. En consecuencia, no hay ninguna proposición de ley presentada por quien tiene legitimidad para hacerlo que pueda ser rechazada por la Mesa del Congreso (ibídem).

   Según el artículo 134.6, una proposición de ley, cualquiera que sea su metería, que suponga un aumento o disminución de los ingresos presupuestarios requerirá la conformidad del Gobierno para su tramitación. La Mesa del Congreso debería haberse limitado, pues, a la publicación de la iniciativa legislativa del PNV, y poner en conocimiento del Gobierno, para que éste en el plazo de un mes, manifieste su conformidad o no con la proposición de ley, teniendo en cuenta que su disconformidad con la misma deberá obedecer a motivos presupuestarios, según mandata el art. 126.3  del Reglamento del Congreso de los Diputados (RCD).

   La negativa de la Mesa a admitir a trámite la proposición del PNV, por el contrario, se basa en un informe de los letrados de la Cámara Baja, que, “constituyéndose” en intérpretes de la Constitución, dice que invade la reserva (¿?) constitucional existente en cuanto a los elementos esenciales de la Corona definidos en el Título II de la Constitución, al pretender un desarrollo normativo contrario al régimen jurídico de la inviolabilidad de la Jefatura de Estado, en los términos en que aquélla se configura en el artículo 56.3 de la Constitución, no resultando posible la regulación de esta materia mediante una Proposición de Ley. Ya el lenguaje que los letrados utilizan prejuzga una interpretación “interesada”, muy reñida con la sencillez del que emplea al constituyente al redactar el mencionado artículo.

   La iniciativa de marras del PNV, según su portavoz  Aitor Esteban, como otras del mismo Grupo Vasco, vienen amparadas por el deseo de una “regeneración democrática”. Especialmente por el “desajuste institucional” que se está creando por las diversas interpretaciones del tema de la inviolabilidad del Rey. Por ello insta al resto de Grupos a una reforma urgente que aclare tan importante cuestión. Pero, una vez más, el PSOE se une al PP y a Vox para negarla. Esteban acusa al PSOE de practicar una política de avestruz, meter la cabeza bajo tierra, y de no querer, realmente, democratizar la institución monárquica y su entramado institucional.

   Pero el PNV no debiera conformarse con la actitud tomada por la Mesa del Congreso, ni con el informe de sus letrados. Y, como finaliza Pérez Royo su artículo, recurrir ante la Mesa del Congreso para que revisara su decisión, y, en el supuesto de que no lo hiciera, podría acudir en amparo ante el Tribunal Constitucional.

   Nada mejor que las palabras del constitucionalista, para acabar el mío....

 

 

   Manuel Vega Marín. Madrid, 18, Junio, 2022          www.solicitoopinar.blogspot.com.es