LA AMNISTÍA COMO SOLUCIÓN AL “CONFLICTO” ENTRE CATALUÑA Y ESPAÑA

 

   AMNISTÍA.- Olvido legal de delitos, que extingue la responsabilidad de sus autores (RAE).

   INDULTO.- Gracia por la cual se remite total o parcialmente o se conmuta una pena (RAE).

   La Real Academia Española de la Lengua es la institución que fija el significado de las palabras que utilizamos para comunicarnos y entendernos. Por ello, siempre que el texto y la materia me lo permiten, acudo a sus definiciones de su Diccionario. Después, y por esas mismas causas,  esas definiciones se irán complicando y enriqueciéndo con  otras matizaciones  más técnicas, que dificultarán algo su pronta comprensión. Procuro, cuando escribo, no olvidarme de que mi intención es principalmente divulgativa y pedagógica. Ergo....

   Desde el punto de vista jurídico, aunque ambos términos incluyen la condonación de una pena, por razón de quién condona y de la finalidad de cada uno de ellos, son esencialmente diferentes. Para el constitucionalista Pérez Royo la amnistía es un “acto del Estado”, mientras que el indulto es un “acto de Gobierno”. Según el magistrado emérito Martín Pallín, amnistía tiene un carácter eminentemente político y normalmente abarca los hechos considerados como delictivos, cometidos durante un determinado período de tiempo y con unas políticas, que afectan a una pluralidad de personas involucradas en procesos penales..., el indulto se otorga por razones de justicia , equidad o de interés público que justifiquen la reducción, total o parcial, de la pena impuesta a una persona determinada, en un determinado proceso criminal (“la amnistía es compatible con la Constitución”, público.es de 8.2.21) Está claro, pues, que cada una de estas dos instituciones persiguen objetivos distintos.

   La vigente Constitución de 1978 recupera la idea de Nación española de la de 1812 (la Pepa), y reconoce en su artículo 2 que España es una “supernación” integrada por nacionalidades y regiones, a las que se les se les garantiza el derecho a la autonomía. Buscar la fórmula de cómo se integrarán éstas en la Unidad de la Nación que es España es competencia exclusiva de las Cortes Generales y de los respectivos Parlamentos Autónomos. En los artículos 146 y 147 se dice cómo se elaborarán sus respectivos Estatutos (146), que, una vez aprobados por las Cortes Generales, se convertirán en su norma básica  y el Estado los reconocerá como parte integrante de su ordenamiento jurídico (147).

   Hasta 2006 el Estatuto de Autonomía catalán, cuyos posibles fallos se intentaron corregir con su reforma, fue el Estatuto, votado y aprobado en referéndum por el pueblo catalán el 25-X-1979 y promulgado por Ley Orgánica el 18-XII-1979, el documento legal por el que se constituye y gobierna la Comunidad Autónoma Catalana. Se siguieron, pues,  todos los pasos y requisitos exigidos por las leyes. Hasta la aprobación del nuevo Estatuto de 2006 estuvo en vigor. Fue la sentencia de 2010 del Tribunal Constitucional, en respuesta al recurso de inconstitucionalidad presentado por el PP, quien lo  hizo naufragar, creyéndose competente y parte del proceso estatuyente para redefinir la fórmula de integración negociada y pactada entre las Cortes Generales y el Parlament, y ratificada en referéndum por los catalanes. Y de “aquellos polvos, estos lodos”...

   Según el profesor Pérez Royo, son las Cortes Generales por un lado y los Parlamentos de cada una de las nacionalidades y regiones, por otro, las únicas instituciones legitimadas para negociar sus respectivas fórmulas de integración en esa “supernación” que es España. El Tribunal Constitucional solamente puede intervenir en la interpretación  de la fórmula negociada y consensuada por las instituciones mencionadas, Nunca definirla. Esta tarea, que es política, sólo  corresponde a los organismos legitimados democráticamente para ello.  

   Para más inri, la falta de diálogo y de cintura política del Gobierno de Rajoy, el “conflicto” se sacó de la política, llevándolo torpe e interesadamente al terreno de lo jurídico-penal, acabando en la aplicación por primera vez en 2017 del artº 155 de la Constitución. Como dice Pérez Royo, Un Gobierno sin autoridad, que malamente podía dirigir el Estado, no podía pretender dirigir Catalunya. Y de ahí que optara por no intentarlo siquiera, y encargara a la Fiscalía General y al Tribunal Supremo la respuesta que el Estado debía dar al nacionalismo catalán (“El indulto es peor solución que la amnistía”, elDiario.es de 28-XII-20). Ya sabemos cómo terminó el famoso procès en el Tribunal Supremo y la historia que siguió...

   Y mientras que este asunto no vuelva al terreno de la política, sospecho que no tendrá una solución más o menos “llevadera”.  Las dos elecciones generales (28ª y 10N) celebradas en 2019 no solucionaron el problema. En las autonómicas, celebradas el 14 del Febrero reciente, tampoco parece que vaya a solucionar el conflicto de convivencia entre los catalanes, y entre éstos y el resto de españoles a juzgar por los resultados salidos de las urnas. Mientras haya líderes políticos presos o en el exilio, y no se olvide los delitos supuestamente cometidos por éstos y sentenciados por el Tribunal Supremo, difícilmente se restaurará la convivencia. No basta sólo con la condonación de la pena que supondría el indulto, que no es más que un acto “administrativo” del Gobierno en aplicación de una Ley previa de 1870. Por ello pensamos que lo más adecuado, puesto que estamos ante un problema de naturaleza político-constitucional, es  la amnistía, aunque ella exija una ley ad hoc como manifestación de la voluntad del Estado. Tendrían que ser las Cortes Generales, no el Gobierno, en representación del pueblo español (art. 66.1 CE) el órgano legitimado para sacar del ámbito de lo penal  el “conflicto”, y volver a integrar a Cataluña en su ámbito natural, que es el  político-estatal...

   Ante el aspaviento de la derechona  política por temor a que el Gobierno de coalición  aplique una de las dos medidas de gracia a los presos políticos o exiliados, se plantea si ello es posible legalmente. En lo referente al indulto es tema está bastante claro que sí. Pues raro es el día que en BOE no se publica algún indulto.

   Más dudas presenta lo que respecta a la amnistía. Hay especialistas juristas  que niegan que la Constitución la permita. Pero una gran mayoría que afirman lo contrario. Para éstos últimos la amnistía es perfectamente compatible con la vigente Constitución. Como no soy jurista, mucho menos constitucionalista, acepto con toda confianza lo que sobre el tema dictaminan los dos juristas mentados en este artículo. Para no ser repetitivo, a ellos remito al lector. Es urgente, dice Pérez Royo la aprobación de una ley de amnistía, que incluso puede ser tramitada y aprobada antes que el indulto´.

 

   Manuel Vega Marín. Madrid, 19 de Febr. 2021    www.solicitoopinar.blogspot.com.es

        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

EL MUERTO AL HOYO,... Y EL VIVO AL BOLLO...

   No sé si este dicho es uno de los muchos que se atribuyen a los chinos; pero, desde luego, el pueblo español y sus autoridades lo están poniendo en práctica mucho mejor que aquéllos.

   Es lógico que en una sociedad, cuya manera de vivir sigue el modelo capitalista, ante una catástrofe como la que estamos soportando,  se plantee el falso dilema de la bolsa o la vida; incluso, que una mayoría opte por la bolsa. A tomar esa opción ayudan los medios de comunicación y propaganda en manos de los poderes económicos. Aunque en sus programas de radio y televisión, de manera hipócrita, se hacen eco del negro panorama que anuncian los epidemiólogos y especialistas, y a pesar de que muestran los daños sufridos por el personal sanitario que cuidan de los enfermos en los atascados hospitales y sus secciones de UCI, en el fondo lo hacen de manera tan rutinaria y frívola, que parecieran querer que los tele-audientes se acostumbren a considerar normales las cifras diarias de hospitalizados y de muertos...Parece como si detrás de estos ciudadanos infectados por el virus no hay familiares, amigos o seres queridos, de los que algunos, los que mueren, no pueden siquiera despedirse. Igualmente estos medios critican y denuncian, no sin razón, a los irresponsables que hacen fiestas clandestinas o a los jóvenes insolidarios de los “botellones... Pero muy pocos de estos medios se interesan por saber quiénes promocionan y  mueven los hilos de semejantes saraos.  

   Contradictoriamente, sin embargo, los mismos que se “desgañitan” ante el cierre de bares y restaurantes, como si la industria hotelera fuese la única perjudicada por la gran crisis económica provocada por la pandemia. Es cierto que la industria turística es una de las que más aporta al PIB. Por ello no es raro que el gremio de bares, restaurantes y hoteles se haya convertido en el lobby de mayor peso para inclinar la balanza de ese falso dilema hacia la bolsa. Los “medios”, conscientes de que en esos locales de copar, mesa y mantel, además de centros de diversión,  han sido también  lugares de tertulias donde se han urdido y  organizado las peores y mejores eventos y “conspiraciones”... Sabedores del “gancho” que los bares tienen entre los españoles, esos mismos medios los han convertido en la gran víctima de la pandemia. Así, como dice Elisa Beni, He oído más testimonios y más dolores y más quejas y más soflamas de los dueños de la hostelería patria, que de las familias dolientes de las víctimas de esta hecatombe sanitaria... He visto en la televisión subir y bajar persianas y limpiar terrazas y contar su drama miles, cientos de miles de veces, muchas más que ataúdes he visto salir en masa hacia los crematorios... (“Baretocracia”, elDiario.es de 13-2-21). Como he dicho anteriormente, la hostelería no es la única víctima. Otros sectores laborales y profesionales también están padeciendo la crisis. Pero, desde luego, las víctimas reales son las que padecen en sus carnes o pagan con sus vidas los daños de este puto virus... Pocos resaltan  lo que dicen los epidemiólogos: que son en esas reuniones y tertulias en donde mejor se trasmite el virus; que las medidas restrictivas en la actividad hotelera han demostrado ser las más eficientes a la hora de rebajar la curva de contagios...

   Sin embargo, esos mismos medios   no descargan la  misma energía en denunciar y criticar la falta de interés de gran parte de ciudadanos y sus representantes por la inversión en ciencia e investigación. Ni el Estado, ni la iniciativa privada están gastando un duro en algo menos abstracto como es la Sanidad que beneficia a todos los ciudadanos. Más bien es la sanidad privada la que intenta “sacar tajada” de la desinversión en la pública.  En Comunidades como Madrid, no sólo no se incentiva a los sanitarios y se mejora sus “contratos basura”, sino que se derrocha dinero en construir “milagrosos” hospitales para llenar los bolsillos de los empresarios del ladrillo.  Ya antes de la pandemia gran parte del personal sanitario clamaba en las calles por una mejora de la Sanidad pública, tan recortada por la anterior crisis. La primera oleada del coronavirus nos cogió de sorpresa. Pero nada hemos aprendido. A duras penas estamos saliendo de la tercera, y ya muchas Comunidades Autónomas están preparando la cuarta, que, según los especialistas, será mucho más dañina que las precedentes. Y todo por salvar la economía... En otras, son los propios jueces y tribunales, los que contravienen las normas restrictivas tomadas por sus gobiernos competentes... Y así indefinidamente hasta, junto con el cambio climático, nos vayamos todos al carajo...

   Debemos tomar conciencia de la incapacidad de nuestro Planeta para absorber y reciclar la gran cantidad de basura y desechos al ritmo que la industrial moderna y el consumismo los produce. Hemos, pues, de preservar y ayudar a nuestro Planeta Azul en esa labor de reciclaje y saneamiento, para lo que es de vital importancia la investigación y descubrimientos de productos bioquímicos que no degraden los diferentes sistemas ecológicos. Porque, si no se invierte en ello, y además no damos tregua a los antígenos naturales, cualquier otro esfuerzo en investigación será inútil y contraproducente... Por mucho que las empresas farmacéuticas, buscando el rápido beneficio, inviertan en curar enfermedades conocidas, en catástrofes como la que actualmente padece la Humanidad, de muy poco servirá de cara a  un futuro incierto...

   En el dilema la bolsa o la vida, es evidente que los laboratorios farmacéuticos, según están demostrando con su “martingaleo”  en el asunto de las vacunas, se inclinen por la bolsa a pesar de los estímulos inversores recibidos de los Estados. Perciben la gran oportunidad de negocio que les brinda la pandemia. Pero los Gobiernos, de cualquier signo ideológico, no se lo debieran permitir, aunque sólo fuera por la situación excepcional que padece la Humanidad. Pues, además, en el dilema planteado no hay “equidistancia” que valga: o nos vacunamos, salvándonos todos, o, a la larga, no quedará otra alternativa que ¡optar por la vida!...

    Muchos gritan exigiendo a “papa Estado” ayudas directas para intentar aminorar sus problemas, pero poco o casi nada se escucha de pagar y subir impuestos a los que más ganan o están haciendo “su agosto” con el molesto “bichito”... Los mismos que suplican por las ayudas son reacios no sólo a pagar impuestos, sino que justifican a los que hacen como ellos, o aplauden, incluso, a los que eluden el Fisco llevando sus dineros a “paraísos fiscales”, además de dárselas de patriotas y mucho patriotas... Para finalizar, sólo me gustaría, además de exigir a los ciudadanos que cumplan su deber con Hacienda, solicitar de los que están beneficiándose de la pandemia sean generosos y solidarios...

 

 

   Manuel Vega Marín. Madrid, 14 de Febr., 2021    www.solicitoopinar.blogspot.com.es

 

MIENTE EL CONSEJO GENERAL EL PODER JUDICIAL, Y LO PEOR ES QUE LO SABE

   Nos referimos a cuando ese Órgano de gobierno de los jueces dice que la proposición de ley, presentada por los partidos Psoe y Unidad Podemos, para limitar sus atribuciones cuando está en funciones, es una injerencia que rompe el equilibrio de los tres poderes clásicos de nuestra democracia liberal. Más concretamente, el CGPJ considera que esa iniciativa parlamentaria de los grupos que conforman el Gobierno de coalición, interfiere en el poder judicial.

   Si la mayoría de los miembros conservadores del Consejo no mintieran, evidenciarían una absoluta ignorancia del Derecho y de la Constitución, que les incapacitaría para seguir desempeñando tan importante cargo. No sé cuál de las dos actitudes es peor...

   Está bien clarito en el artículo 1, 2 de la Constitución que los poderes del Estado emanan del pueblo español en quien reside la soberanía nacional. El pueblo está representado en las Cortes Generales formadas por el Congreso de los Diputados y el Senado (art. 66.1 CE). El punto 2 de ese mismo artículo describe las tres funciones más importantes del Parlamento: la facultad de promulgar leyes, aprobar los Presupuestos Generales y controlar al Ejecutivo. En el ejercicio de tan notables misiones goza de inviolabilidad, según el apartado 3 del citado artículo. Lo que significa que dicha institución no podrá ser objeto de control o represión externos.

   Es, pues, del pueblo, organizado en las Cortes Generales de donde emanan todas las manifestaciones de su soberanía: para hacer leyes, el Parlamento; para aplicarlas, el Gobierno, y para la resolución pacífica de los conflictos de intereses, los Tribunales de Justicia. La potestad legislativa sólo la tienen en exclusiva las Cámaras Legislativas; ningún otro poder, ni el judicial, ni el ejecutivo pueden inmiscuirse o limitar esa facultad., excepción hecha del Gobierno, cuando una iniciativa parlamentaria afecta a los presupuestos del Estado.

   Similarmente, el poder judicial, según dictamina el art. 117 CE descansa en jueces y magistrados, y ejercen dicha facultad  juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado (ibid. Apdo.3). El poder judicial sólo está facultado para emitir jurisprudencia, esto es; un conjunto de reflexiones e interpretaciones de la Ley, no vinculantes, para una mejor aplicación de ésta.

   El Consejo General del Poder Judicial, sin embargo, sólo es el órgano de gobierno  del mismo según establece el artículo 122. Este artículo remite a una ley orgánica que regulará su organización y funciones. Aunque su rimbombante título invita a la confusión, esta institución, como hemos reseñado en el párrafo precedente, no ostenta el poder judicial. No obstante, y en la práctica, lo ejerce, pues entre sus funciones está la de nombrar los magistrados  del Tribunal Supremo y los presidentes de otros altos tribunales. No es de extrañar, por tanto,,  que muchos jueces que quieren “hacer carrera”, al redactar y emitir sentencias, estén mirando de reojo la connivencia de sus compañeros del Consejo. Este poder que, de facto, tiene este órgano en todos los ámbitos de la política  es lo que provoca su resistencia a ser renovado, y el interés del el nuevo Gobierno en intentar cambiar, legítima y legalmente, la ley orgánica por la que este órgano se rige.

   Es comprensible, aunque no justificable, que las principales asociaciones de jueces, de signo conservador, de las que se nutren tanto el Consejo, como los presidentes y magistrados de los  altos tribunales, critiquen severamente la intención del Gobierno  y amenacen con diferentes recursos al Tribunal Constitucional. Con ello no hacen más que seguir la actitud y la llamada de la mayoría conservadora del Consejo, que, incluso, ha amagado con recurrir a las instituciones europeas, alegando, creo que falsamente, un intento por parte del Gobierno de pretender politizar la Justicia. ¡Hasta en el propio Consejo se manifiesta esa discordancia entre la minoría progresista y la mayoría conservadora!...

   Es engañosa y no ajustada a Derecho la resolución del Consejo al reprochar a la Mesa del Congreso de no respetar la separación de poderes por no haberle solicitado un informe, no preceptivo, sobre la reforma. Los cinco consejeros progresistas, Álvaro Cuesta, Clara Mtnez. de Careaga, Rafael Mozo, Pilar Sepúlveda y Concepción Sáez, en un voto particular critican tal acuerdo, acusando a sus colegas de que han sido ellos los que se han extralimitado y de no respetar el principio de separación de poderes. Según estos cinco vocales, el acuerdo es una confrontación gratuita, infundada e impropia en términos constitucionales, considerando, además, haber perdido toda apariencia de imparcialidad...

   Más contundente se muestra el catedrático Pérez Royo cuando dice que Nadie tiene derecho a dirigirse a las Cortes Generales para solicitar ser oído en el trámite de “deliberación y manifestación de la voluntad del Estado... El CGPJ no puede hacer nada más que aquello que la ley le permite. Su vinculación a la ley, por ser órgano de gobierno del Poder Judicial es la más estricta de todas las imaginables en una democracia parlamentaria (“¿Ignorancia o voluntad deliberada de ejercer de manera desviada su función constitucional?, elDiario.es, 2-2-21).

   Por otra parte, el famoso mensaje de Rajoy a Bárcenas. Luis, se fuerte, hacemos lo que podemos, y las negociaciones, que desde entonces el tesorero ha mantenido con el Partido Popular para obtener beneficios penitenciarios para él y su mujer Rosalía, demuestran la relación de “confianza” existente entre parte de la judicatura y el partido. Muestra, además, que existen jueces que se prestan a chanchullos y otros que se mantienen honestos. No hace falta dar nombres. Como hay corruptos en el “gremio” de los políticos, también los hay en el gremio de los jueces. No hay razón para pensar que el haber aprobado unas oposiciones memorísticas convierta a los jueces en angelitos, libres de sus creencias, ideologías e intereses. Como dice Elisa Beni, la podredumbre no es sólo de los políticos, y precisa de la connivencia de las togas. Significa que en la judicatura hay tantos elementos sospechosos como en los partidos. Que hay grandes ambiciosos dispuestos a todo y que Bárcenas lo sabía, como lo saben tantos (“La Promesa”, en elDiario.es de 7-2-21). Y no es preciso suponer o conjeturar. Ellos mismos en filtraciones interesadas evidencian sus conductas. ¿No recuerdan a Cosidó diciendo aquello de controlaremos al Supremo por delante y por detrás?... Una razón más para explicar la fría resistencia del CGPJ a ser renovado...

  Lo más curioso es que tanto el CGPJ, como las Asociaciones Profesionales, no pongan el mismo celo en denunciar seria y contundentemente ante el Constitucional los más de dos años que el actual Consejo lleva en funciones y haciendo nombramientos, infringiendo claramente el mandato constitucional. Si se atiende al “batiburrillo” de declaraciones de los líderes de esas asociaciones de jueces, más bien se deduciría tratarse una pelea corporativista. Mucho mejor harían  estas corporaciones judiciales en interesarse más por la falta de personal, por la  indigencia material  y la escasez de recursos financieros con los que trabajan sus colegas en instancias inferiores.  

   Y termino casi como empecé, pero utilizando las palabras de Pérez Royo, con las que él también concluye su artículo arriba citado: El escrito del CGPJ a la Mesa del Congreso de los Diputados es un escrito impertinente, que únicamente se explica o por “ignorancia” o por “voluntad deliberada” de ejercer de manera desviada la función constitucional que tiene encomendada.

   Razone y concluya el lector...

 

 

   Manuel Vega Marín. Madrid, 7 Febrero, 2021    www.solicitoopinar.blogspot.com.es

 

  

  

 

EL ULTRALIBERALISMO ECONÓMICO ES UN DRAGÓN VORÁZ E INSACIABLE

 

   La RAE en su primera acepción lo define como Animal fabuloso al que se atribuye forma de serpiente muy corpulenta, con pies y alas, y de extraña fiereza y voracidad... Es normal, pues, que, para mantener su fortaleza física, además, sea insaciable. Y nada mejor que la pandemia que la Humanidad padece, para que ésta se convenza de ese desmesurado afán de riquezas.

   La actitud puramente mercantilista de la potente industria farmacéutica respecto de la distribución y venta del único antídoto que, por ahora,  puede librarnos de la pandemia y sus consecuencias, sólo es posible calificarla de criminal, adjetivo incluyente de otras calificaciones menos graves. Pero esa actitud es coherente con la lógica del sistema. De ahí que, en parte, esté de acuerdo con el catedrático sevillano Juan Torres, cuando disculpa a las farmacéuticas, para responsabilizar a la Comisión, al Parlamento y a los gobiernos europeos de semejante conducta (Las culpables no son las farmacéuticas, sino la Comisión, el Parlamento y los gobiernos europeos. Público.es de 29-I-21). Y digo en parte, porque ni dichas instituciones, ni los políticos que las ocupan “han caído” del cielo, sino que han sido “puestos” por los ciudadanos europeos que los eligen, aunque sea indirectamente, sin preocuparse, cuando votan, de que tales instituciones forman parte del sistema vigente, como si fuese la única opción posible y más beneficiosa.

   En la búsqueda de una solución común a una enfermedad global que puede causar millones de muertes, la Unión Europea está actuando como si el COVID-19 fuese una más de las tantas enfermedades que sólo afectan a determinados grupos de personas. Por ello, en la negociación con los laboratorios para la fabricación y distribución de la vacuna, los ejecutivos europeos están actuando como si  la vacuna fuese una medicina más de las muchas que se compran en las farmacias para combatir un simple catarro. La UE, como dice el profesor Torres, ha sucumbido una vez más a las lógicas del capitalismo financiarizado, especulativo y monopolista de nuestro tiempo... Las autoridades de la Unión Europea han renunciado a considerar la solución de la pandemia, las vacunas, como lo que debería ser, un bien público al que debieran acceder de modo gratuito y equitativo todas las personas del mundo, puesto que la Covid-19 es un mal global. Por el contrario, han permitido que se conviertan en una mercancía más, impidiendo su uso generalizado, eficiente, menos costoso y seguro (ibídem).

   Como en otros grandes descubrimientos, los inversores y las industrias que lo han puesto en marcha han sido los Estados con el dinero de todos los contribuyentes. Véase Internet o cualquier proyecto de la NASA. En el caso de las vacunas anticoronavirus, además del dinero público, han colaborado y participado en su investigación y veloz invención los conocimientos y tecnologías disponibles en el mundo civilizado. De ahí que denunciemos que a la hora de la comercialización y distribución del “milagroso medicamento”, se prime la política ultraliberal y egoísta de la propiedad intelectual y de patentes.

   Pero es que esa política del pelotazo y de “poner el cazo” es, además de egoísta y mercantilista, es ineficiente desde el punto de vista económico. Es ilusorio pensar en una pronta y equilibrada economía global, sin antes alcanzar la llamada “inmunidad de rebaño”. Y ésta sólo es posible si los pacientes de todos los Países, ricos y pobres, son inmunizados al mismo tiempo. La alternativa, imposible de llevar a cabo, sería cerrar fronteras, lo que además de retroceder, cualquier persona contaminada se las puede saltar, como vemos que sucede.

   Sería absurdo y antieconómico que por no distribuir y garantizar el acceso a las vacunas a los países menos desarrollados, el PIB mundial corriera el riesgo de perder, sólo en el años 2021, 9,2 billones de dólares. Según un informe de la Cámara Internacional de Comercio, que  Juan Torres menciona en su artículo, poner la vacuna a toda la población mundial que la necesite costaría 27.200 millones de dólares, 338 veces menos que costaría no hacerlo. Esa cantidad de dólares sólo representa el 3% de los 750.000 millones de euros previstos por la UE para hacer frente a la pandemia y a sus efectos económicos. Sería una ceguera total del ultraliberalismo mantener su egoísmo cortoplacista, cuando, según esos mismos cálculos, por cada dólar de esos 27.200 millones, podrían retornar a las economías 166 $ (cfr. ibid.).

  En un artículo de 14-XII-2020  decía que a un Estado democrático la Constitución y las Leyes le atribuyen y le obligan a subsanar los problemas básicos y fundamentales que acucian a los ciudadanos, dejando a la solidaridad y a la iniciativa privada la colaboración con aquél. Uno de esos deberes del Estado es el mandato recogido en nuestra Carta Magna es el derecho básico a la salud (Art.43 CE). En dicho artículo defendía la tesis, que sigo manteniendo,  de que al neoliberalismo económico no le interesa, como piensan algunos, la supresión del Estado, sino su control (Al neoliberalismo no le conviene suprimir el Estado, sino ponerlo a su servicio (www.solicitoopinar.blogspot.com.es).

   Estamos convencidos, y la pandemia lo está evidenciando, de que el Mercado no soluciona los problemas importantes de los ciudadanos como creen los economistas liberales. Mucho menos cuando los supuestos sujetos que acudirían a esa lonja a intercambiar sus mercancías, lo hacen imponiendo sus precios y condiciones. Así se vienen comportando el poderoso lobby farmacéutico, en plan oligopolio. Pero en las presentes circunstancias, aun respetando ciertas normas de mercado, el Gobierno Europeo, como cualquier otro Gobierno soberano, no debe consentir el “chuleo” que las industrias farmacéuticas están exhibiendo en la negociación sobre las entregas de las cantidades de vacunas comprometidas. Máxime, si fueron los Estados con el dinero de todos los que impulsaron la investigación y el desarrollo del “suero sanador”. El deber de todo Estado es proteger la salud de sus ciudadanos, y no someterse a los intereses financieros o comerciales de las empresas del medicamento por muy legítimos que sean...

   Podría extenderme en los pormenores de las negociaciones de la Comisión Europea con los distintos laboratorios; pero, para no ser pesado, sugeriré al lector un par de artículos que me parecen interesantes, publicados por infoLibre.es: Así se han burlado de la Unión Europea los laboratorios farmacéuticos, de Rozenn Le Saint (Mediapart) 30-I-21,  y La vacuna, el “Gran Farma” y nuestra hipocresía, de Jesús Maraña, 31-I-21.  

 

 

 

 

Manuel Vega Marín. Madrid, 31, Enero, 2021    www.solicitoopinar.blogspot.com.es