Sólo después de casi una hora de “perorata” y ante la pregunta de los periodistas, Pedro Sánchez intenta esquivar el tema acuciante de la “huida” del Emérito con respuestas evasivas. Respuestas, que en coherencia con la conducta que el Psoe viene manteniendo, le alinea con el PP, Vox, C´s y otros grupos sociales, que, más que salvar la institución monárquica, dan clara muestra de lo mucho que se han beneficiado de las corruptelas del “inviolable personaje” que ha ostentado dicha institución. Pretenden hacer un “cortafuego” en torno al “preparao” y heredero Felipe VI, que lo aísle de los “daños colaterales”; pero no lo conseguirán, como no lo han conseguido con el silencio y la adulación mantenidos respecto de la conducta irregular de su “emérito padre”. Juan Carlos, instaurado Rey de España por Franco, pudo “salvar” su dudosa “legitimidad de origen” gracias a una “legitimidad de ejercicio” acordada por los medios de información, que, omitiendo su deber de informar sobre lo que pasaba, crearon una especie de coro cortesano encargado de jalear su “campechanía”, mientras una plebe de empresarios y chupaculos hacían negocios acompañándole en sus cacerías y correrías... En cuanto a la “legitimidad de resultados”, el reinado de Juan Carlos tuvo la suerte de coincidir con el boom económico y turístico a la salida de la dictadura autárquica franquista... Para colmo de exaltación de la monarquía juancarlista –algún día se sabrá la verdad sobre la cuestión- se le atribuye al hoy emérito “escondido” el papel de salvador de la democracia en el “golpe” trajicómico del 23F de Tejero. Si comparamos esas legitimidades de Juan Carlos con las de su hijo, el actual Rey Felipe, el balance es totalmente negativo para Felipe: su legitimidad de origen es “espermatozóica”. La de ejercicio, que pudo ser su 23F, fue desaprovechada el 3 de octubre, saliendo a favor de los del a por ellos en contra de los independentistas catalanes. En cuanto a la legitimidad de resultados, no parece tenerla muy de cara con la crisis sanitaria y económica causada por la pandemia, a las que hay que unir, especialmente ahora, la institucional, ocasionada por el “comportamiento patriótico” de su padre...
Estamos hablando de un tema de Estado, y no de affaire familiar. Que el Presidente del Gobierno no sepa dónde está el exjefe del Estado, o que a la pregunta de su no notificación a su socio Pablo Iglesias, responda diciendo que los asuntos de los despachos entre el Jefe del Estado y el Presidente del Gobierno son discretos y confidenciales, es hacer de esos despachos un cotilleo privado-familiar. Vamos, ¡tomarnos por memos!...
¿Es con esta forma de actuar como quiere fortalecer y estabilizar las instituciones? Pedro se contradice, diciendo a renglón seguido, que éstas (instituciones) tienen que abonarse con ejemplaridad, transparencia y regeneración... Cuando Sánchez considera adecuada la línea marcada por la Casa Real, ¿está refrendando como Presidente la actuación del Jefe del Estado a que se refieren los artículos 56, 64 y 65 de la Constitución? No pienso que lo crea. Si lo creyera, tendría que dimitir por refrendar, como Presidente, conductas privadas del Rey...
Como ya ocurriera en la abdicación de Juan Carlos, este tema de su “exilio” también se ha querido saldar como una cuestión privada-familiar entre padre e hijo. A penas medio folio ha bastado a la Casa Real para dar carpetazo al asunto... Cuando el President Puigdemont y otros Consellers se fueron de España antes de ser siquiera “investigados”, mucha tinta se gastó en primeras portadas para acusarlo de “fugitivo de la Justicia”; igualmente, las tertulias en los platós y emisoras de radio se multiplicaron, sin que tal acusación fuera cierta. Ahora que, al menos, hay hechos constatados e investigados de mucha mayor trascendencia, con un mero comunicado de la Casa Real se pretende liquidar oficialmente la salida de España del rey emérito. Para más inri, tal comunicado es respuesta a la carta de padre a hijo, como si el asunto fuese familiar y no de Estado. Y lo que es aún peor; en dicha misiva el emérito no hace ninguna autocrítica ni asume ninguna responsabilidad. Como dice Escolar en el artículo abajo citado, la carta de despedida del viejo rey es una burla a todos los ciudadanos a los que durante casi cuarenta años representó... No admite culpa alguna, ni siquiera arrepentimiento por todo lo que conocemos hoy. Aún así, como dice la otra articulista, es repugnante escuchar a toda esa masa de vasallos, que, para defender a Juan Carlos, culpan a la parte más progresista del gobierno. Hoy vuelven a arrojar esas culpas a las espaldas de Pablo Iglesias por haber calificado de “indigna” la “huída del rey”. ¡Como si no lo fuera!...
Ante tales evidencias, ingentes cantidades de palabras, no obstante, son empleadas en largos panegíricos y alabanzas en defensa de un corrupto del más alto rango. No existe, pues, mayor ingeniería verbal al servicio de la ocultación y manipulación...
Sugiero al lector ojear los artículos de Rosa Mª Artal ¿Qué le parece lo que le están haciendo al rey por culpa de Pablo Iglesias? Y de Ignacio Escolar, Destierro sin honor para Juan Carlos de Borbón, ambos en eldiario.es de 4 de Agosto, 2020.
Aunque se sea republicano, no dice bien de una Nación, cuya jefatura de Estado fue ocupada por un Rey, que éste tenga que exiliarse con nocturnidad y a hurtadillas ante la amenaza de ser acusado de haber acumulado ilegalmente durante su mandato un gran patrimonio sin declarar al fisco.
Lo peor es que en esta España no aprendemos de la experiencia. Sobre la figura de Felipe VI los mismos aduladores que llevaron a su padre a la impunidad y al abuso de poder, pretenden hacer lo mismo con el hijo. Quizá porque crean que así conservan su estatus socio-económico. ¿De verdad que Felipe no sabía nada de los negocios de su padre? ¿Ni siquiera sabía que un empresario le costeó parte de su luna de miel con la Reina Letizia?
Pero lo peor es que entre ese coro de aduladores, que, so pretexto de una defensa “ultra” e inmovilista del “pacto de 1978”, se encuentra la parte del Psoe del Gobierno, liderada por su Presidente, instando mediante carta a sus militantes para que se unan a los coristas, haciendo así más llevadero el “trágala borbónico”. Quizá haya que recordarle a Pedro Sánchez las circunstancias en las que se impuso el referido pacto, metiéndonos de rondón una nominal monarquía parlamentaria, sin que ésta fuera debatida por “el Constituyente”, ni votada expresamente por los ciudadanos. Quien realmente rompe ese pacto es la institución monárquica y una parte del Gobierno que aún no han acudido al Parlamento, sede de la Soberanía nacional, a dar cuenta de la bochornosa conducta del emérito.
La actitud de P. Sánchez y de los que le siguen está siendo similar a la que adoptó Rajoy frente a los catalanes. Uno, refiriéndose al pacto de 1978, y otro refiriéndose a la Constitución, guardan semejante talante inmovilista. Todos los pactos, si no se renuevan y reforman, se petrifican, perdiendo su objetivo y razón de ser. Hay que recordar que la sociedad actual es muy diferente a la de 1978, y que de los ciudadanos actuales un porcentaje muy alto, por edad, no pudo votar la Constitución.
Los que por edad tuvimos la ocasión de votar la Constitución que sustenta nuestro sistema democrático parlamentario, tuvimos que aceptar la monarquía sí o sí en la esperanza de que tal institución justificara su viciada legitimidad de origen con una correcta legitimidad en su ejecutoria posterior. Así es como hemos venido presuponiendo el “principio de legitimidad” en nuestro sistema político. Muchos de los que votamos a favor del “paquete constitucional”, monárquicos o republicanos, lo hicimos bajo la disyuntiva de dictadura o democracia. Y, ya que no se nos dio otra opción, lógicamente, optamos por la democracia. Pero, actualmente, una gran mayoría de ciudadanos, votaran o no entonces, tienen todo el derecho a que, al menos, se debatan todas las opciones posibles, y decidir la forma de Estado mejor avalada por el principio de legitimidad, presumible en toda democracia parlamentaria. Esto es importante, porque con el principio de legitimidad interacciona el “principio de legalidad”, integrado por todo el ordenamiento jurídico que rige la actuación de los diferentes estamentos e instituciones que conforman el Estado. El problema grave se plantea, quiérase o no, cuando la confianza que conforma la presunción de legitimidad, afecta a la clave de bóveda del sistema, esto es; a la institución monárquica, el Rey.
Como afirma el constitucionalista Pérez Royo, la quiebra de la presunción de legitimidad del rey es la única que comporta una quiebra en la presunción de legitimidad del Estado. Cuando dicha quiebra se aborda de manera opaca (que es lo que está sucediendo con la forma de solucionar el exilio de Juan Carlos) , la recuperación de la confianza ciudadana en la legitimidad del Estado resulta muy difícil, por no decir que imposible (“Quiebra de la presunción de legitimidad”, eldiario.es de 5-8-20).
Deduzca el lector las consecuencias.....
Manuel Vega Marín. Madrid, 7 de Agosto, 2020 www.solicitoopinar.blogspot.com.es
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