Así como no elegimos de qué vientre nacemos ni en qué lugar venimos al mundo, tampoco podemos escoger qué lengua utilizar para satisfacer nuestras primarias necesidades. Nos vemos obligados, pues, a expresarnos en la lengua de nuestros progenitores, la lengua materna; y, salvo que se haya nacido en el seno de una familia bilingüe o se haya dispuesto de medios para asistir a guarderías bilingües, la gran mayoría de españoles hemos pasado nuestra niñez comunicándonos con las personas de nuestro entorno en la lengua o dialecto común. Aprendemos a hablar antes de pensar o conocer las reglas de la Lógica o de la Gramática, Difícilmente, pues, la sola indicación de una ley podrá, con “inmersión” o sin ella, hacernos comprender mejor las matemáticas o la física, que la lengua materna. Ni siquiera la violencia franquista, ni el más cerril anticatalanismo han sido capaces de hacer desaparecer la lengua catalana. ¿Se puede uno imaginar lo absurdo que sería que una ley europea pretendiera sustituir el alemán o el francés por el “esperanto” en una futura Confederación Europea? Así que “pierdan cuidao” los que, con el engañoso pretexto de que el español está en peligro de extinción, fomentan las bajas emociones de los castellano-parlantes del ¡a por ellos!...
Una lengua hablada por casi 500 millones de humanos, con variados modismos o matices, no puede verse en riesgo de desaparecer por muchos que sean los escándalos con pitadas y banderas organizados por un insignificante número del, aproximadamente, 8% que en España la utilizan. Intentar desaprovechar la riqueza que nos brindan los varios idiomas hablados en nuestra piel de toro, sólo pone en evidencia el caciquismo cerril e interesado que obnubila aún la mente de muchos fanáticos españolitos...
Otro bulo que, al grito de libertad, libertad, intenta colar la derechona hispánica es que la LOMLOE acaba con la Enseñanza Concertada. ¡Ójalá fuera así! A lo que más se atreve la nueva ley es suprimir algunos escandalosos privilegios que vienen disfrutando ciertas élites, a las que osan llamar “clase media”, como, p. ej., que con el dinero de todos se pague la enseñanza de sus hijos en centros docentes privados, elegidos a conveniencia, la mayoría de los cuales son de propiedad de la iglesia católica, existentes generalmente en grandes poblaciones o en barrios ricos o semiricos. A este respecto, la ley Wert (LOMCE) vigente, en la programación de la oferta de centros docentes, la Administración, además de tener en consideración los centros públicos y privados/concertados existentes, debía tener también en cuenta la demanda social (art. 109), exigencia omitida por la LOE. No es extraño, pues, que, para garantizar la suficiencia de plazas escolares, satisfaciendo la demanda de los padres, se abriera la posibilidad de construir y gestionar colegios privados concertados sobre suelo público.
Los intereses que el franquismo consolidó a favor de la Iglesia referidos a este tema, obligó al “constituyente” a tener en cuenta una vez más el atado y bien atado en la elaboración de la Constitución vigente. Como afirma el profesor Pérez Royo, los artículos 16 y 27 y los Acuerdos con la Santa Sede son el “corsé” dentro del cual tiene que moverse el legislador para regular el ejercicio del derecho a la educación. Es un “corsé” con el que la derecha española se encuentra muy cómoda, pero es un “corsé” que asfixia a la izquierda. Cada intento de ésta por relajar la presión del “corsé” es denunciado por la primera como anticonstitucional, como ruptura del “consenso constituyente”, denuncia a la que, como estamos viendo, la Conferencia Episcopal se apunta de manera inmediata (“La Ley Celaá, elDiario.es de 22-11-20). Y es que, con el pretexto de Libertad ideológica y religiosa (art.16) y Libertad de enseñanza (art.27), se pretende colar a hurtadillas otros intereses que tienen más que ver con el mantenimiento de ciertos privilegios y con el mantenimiento del negocio, que un sana preocupación por la bondad de la educación. La Constitución de la República de 1931, respetando todos los anteriores derechos, fue menos diletante y más clara (cfr. arts. 27, 48, 49...). No es de extrañar, por otra parte, la cantidad de leyes educativas existentes, mientras esos “corsés” estén impidiendo la falta de consenso entre todos los partidos políticos representativos y demás grupos de presión...
El mejor medio de garantizar la igualdad entre ciudadanos libres es la Enseñanza PÚ-BLI-CA... Las desigualdades fácticas con las que nos encontramos desde la cuna y nuestra infantil “dependencia” de nuestros mayores pueden ser corregidas por medio de una enseñanza crítica y a través de la convivencia con las personas de nuestro entorno. Que esto es así, lo viene confirmando el informe que la OCDE emite sobre el sistema educativo de Finlandia, que, junto con otros países nórdicos, son considerados pioneros, siendo público sus sistemas de enseñanza. En sus escuelas se forman ciudadanos libres, con independencia del nivel económico o de la consideración social de las familias. Si se mantiene en el ámbito de lo privado y fuera de las aulas y de los currículos la religión u otro tipo de creencias no científicas o racionales, todas las libertades están aseguradas y protegidas por la observancia escrupulosa de la libertad de cátedra y la participación activa de todos los sectores implicados en esta transcendental empresa. En los centros de enseñanza financiados exclusivamente con dinero público pueden enseñar y expresar sus ideas libremente todos los profesores, sean creyentes, ateos o laicos, los de derechas o de izquierdas... Los únicos filtros existentes para la admisión de alumnos y de profesores son los requisitos legales y los convenidos por todas las partes en la elaboración de programas y currículos. La pluralidad ideológica, pues, no puede estar mejor garantizada...
No es ningún secreto especial el alto nivel alcanzado en los sistemas educativos de los países citados, El quid de la cuestión está en la excelente preparación y consideración social de los docentes y en su justa remuneración económica. Aquello de pasas más hambre que un maestro de escuela se sigue dando en España... El exigente sistema de acceso a la docencia y el subsiguiente control desde la pluralidad y el equipo de colegas, así como el seguimiento individual de los alumnos, dificultan muchísimo el predominio de cualquier ideología y, mucho más la imposición de cualquier forma de adoctrinamiento sectario. Cosa que suele ocurrir en las escuelas privadas, concertadas o no. En estos centros, por más que exista un Consejo escolar, realmente, quien manda, selecciona y contrata a profesores y alumnos, es el propietario, Y, si, como sucede en España, más del 60% de centros concertados es propiedad de distintas órdenes religiosas, el adoctrinamiento está, de alguna sutil manera, asegurado. En esta querido país, además, el erario público paga a los profesores de Religión escogidos pos los obispos.
Cuando la derechona manipula con el supuesto derecho constitucional de los padres a elegir colegio para sus hijos al grito de una libertad que no defendieron en el nacionalcatolicismo, lo que de verdad exigen de los demás ciudadanos es que entre todos les financiemos su elección “caprichosa”, que el distrito único de la ley Wert les facilita. Más que de la calidad de la enseñanza, lo que realmente interesa a esos padres es que sus hijos no se “contaminen” con los alumnos pobres, emigrantes, etc., que son los que se ven obligados por diferentes motivos a abarrotar las aulas de la escuela pública de los barrios obreros o en las deterioradas escuelas de la España “vaciada”, donde no es negocio invertir en enseñanza...
Estos padres tan preocupados por elegir centro escolar buscando una buena educación para su prole, además del artículo 27 deberían exigir el artículo 39 de la Constitución que establece Protección a la familia y a la infancia, en cuyo punto dos demanda la protección integral de los hijos. En relación con este artículo, la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor (LOPJM) de 1996, reclamando de los padres y tutores y de los poderes públicos velar porque la información que reciban los menores sea veraz. Como padre responsable y respetuoso con la libertad y con una moderna forma de pensar de mis hijos, no permitiría que éstos fueran adoctrinados en el “creacionismo” u obligados a aceptar como hecho histórico el mito de Adán y Eva...
Otra de las falsas razones aducidas para tumbar la LOMLOE es que lo que pretende este Gobierno “comunista-bolivariano”, yo añadiría “herodiano”, no es más que cerrar los centros de educación especial para los alumnos que los requieran. Nada más lejos de la verdad. Estos centros jamás desaparecerán, como no desaparecerán otros centros clínicos. Lo que establece la ley Celaá es que en un intervalo de diez años los centros educativos públicos se irán adaptando para poder ofrecer a los chavales discapacitados una educación integral con los demás alumnos, sin tener necesidad de acudir a un centro especializado. Con ello la nueva ley no hace más que seguir las indicaciones de instituciones internacionales y las exigencias de muchos padres. Dice textualmente la ley: El Gobierno, en colaboración con las Administraciones educativas, desarrollará un plan para que, en el plazo de diez años, de acuerdo con el art. 24.2 e de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, y en cumplimiento del cuarto Objetivo de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad...
Y así podríamos seguir...
Sólo sugerir la lectura de los artículos, Los padres no mandan en una educación libre y democrática, de Javier Mestre en público.es de 23-11-20, el de Esther Palomeras, Miente, que algo queda, en elDiario.es de la misma fecha.
Manuel Vega Marín. Madrid, 25, Nov. De 2020 www.solicitoopinar.blogspot.com.es
No hay comentarios:
Publicar un comentario